Opinión
RD al Límite
Por Isaías Ramos
Hay épocas en la vida de un pueblo en las que tolerar el abuso y la indiferencia se convierte en una forma silenciosa de autodestrucción. Tolerar el abuso es normalizarlo.
En esos momentos, la historia se vuelve espejo y advertencia: cada generación decide si honra su pasado o lo traiciona. La República Dominicana, nación nacida del sacrificio y la visión de quienes pusieron la patria por encima de sus vidas, enfrenta hoy una crisis moral que amenaza los cimientos de su identidad.
Durante las últimas décadas, una élite política y económica ha cultivado una insensibilidad inquietante ante el hambre, la miseria y el sufrimiento del pueblo, mientras sus lujos y excesos contrastan con la lucha diaria de millones de dominicanos que sobreviven entre salarios precarios, servicios públicos debilitados y promesas que no se cumplen.
Esa élite, escoltada por oportunistas de turno, parece dispuesta a conducir al país al deterioro antes que renunciar a su avaricia o asumir la responsabilidad de sus actos. Su respuesta ante el llamado a rectificar es la burla; su reacción ante la crítica, el desprecio. Duarte lo dijo con precisión: “Sed justos lo primero, si queréis ser felices; y sed unidos.”
Cada aniversario de la Constitución se ha convertido en un doloroso espectáculo. Funcionarios que deberían ser guardianes de la legalidad celebran la Carta Magna mientras la ignoran, como si la ley fuera un adorno y no la columna vertebral de la República.
Sánchez murió fusilado defendiendo la legalidad; Duarte murió pobre defendiendo la dignidad; Mella murió joven defendiendo la libertad. Y, sin embargo, hay quienes se pasean como dueños de un país que no les pertenece, creyéndose inmunes al juicio ciudadano y a las consecuencias de la historia.
Lo que vivimos no es sólo una crisis económica o política. Es una crisis de sentido, una degradación profunda del alma colectiva. La corrupción normalizada, la impunidad y el desprecio por la verdad han erosionado la fibra ética de la nación.
Luperón lo expresó con contundencia: “No hay patria donde no hay civismo.” El ejemplo de los que mandan educa; y cuando educa en la arrogancia impune, siembra desorden.
Pero este país nació de una visión moral. Nació para ser una república libre, una sociedad justa, una patria donde la dignidad humana sea sagrada. Los padres de la patria no buscaron privilegios: buscaron redención nacional.
Este no es un llamado a la confrontación ni al odio ni a la división. Es un llamado a despertar. Convoca a todos —también a quienes sirven con honestidad— porque la patria necesita suma, no excusas.
Hoy, más que nunca, debemos recuperar la conciencia moral que movió a los fundadores, recordar que ningún poder es eterno y que ninguna injusticia prevalece cuando un pueblo abre los ojos. Defender la Constitución no con discursos vacíos, sino con acciones.
Acción cívica, aquí y ahora: Infórmate. Exige. Participa. Cada gesto cuenta; cada voz recta fortalece la República.
Duarte habló sin rodeos: “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor.” Y hoy añadimos: vivir sin conciencia es dejar la patria en manos de quienes desangran la dignidad de la República. La República Dominicana no está perdida. La patria está herida, pero no vencida; espera que sus hijos tengan el valor de salvarla con la fuerza de la ley y la altura del ejemplo.
Un país vale lo que vale la dignidad de su pueblo. Este pueblo —trabajador, creyente, noble y resistente— merece un futuro que honre su historia. La patria no está perdida si cada uno da un paso hoy. En el Frente Cívico y Social trabajamos día a día para elevar la conciencia moral y patriótica de nuestra nación, convencidos de que la restauración de la dignidad nacional es una tarea colectiva y urgente.Si la dignidad despierta, despierta la República.
Despierta, RD
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.