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Nuevo Código Penal sanciona empresas que dañen el medio ambiente, advierte Rosalba Ramos
Santo Domingo, R.D.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió este jueves que las empresas que dañen el medio ambiente ya no solo se exponen a sanciones administrativas en el nuevo Código Penal, también sus administradores, directivos o encargados pueden ser condenados penalmente e ir a las cárceles con la nueva Ley 74-25.
Ramos dijo que, aunque la normativa, que entrará en vigencia el próximo año, no sea exclusivamente ambiental, su aplicación en el ámbito ecológico implicará «que las conductas que atenten contra el medio ambiente, por ejemplo, contaminación grave, explotación de recursos sin autorización, vertidos, puedan tener consecuencias penales.
En consecuencia – continuó la funcionaria- los administradores, directivos o encargados de empresas pueden enfrentar sanciones de prisión mayor y multas significativas, dependiendo de la gravedad del daño causado y del grado de culpabilidad«.
Consideró que, por su novedad de castigar penalmente el daño al medio ambiente, la Ley 74-25 «consolida una tendencia moderna del derecho sancionador, en la que las empresas no pueden excusarse en la actuación individual de sus empleados».
En ese orden, subrayó que «ya no basta con cumplir regulaciones ambientales básicas, ahora la dimensión penal y de responsabilidad jurídica se torna central».
Para Ramos, los operadores económicos generalmente, suelen considerar el medio ambiente como un bien público del que tiene que hacerse responsable el Estado solamente, en lugar de hacerlo el causante de los daños que se le hayan infligido.
Christy Luciano, presidenta interina del consejo directivo de Ecored, destacó que el desarrollo empresarial y la protección del medio ambiente no son caminos opuestos, sino rutas complementarias que deben avanzar juntas para aspirar a un futuro verdaderamente sostenible.
Marca un hito
La presidenta de Ecored, Chisty Luciano, señaló que la próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal, con sus disposiciones sobre delitos ambientales, marca un hito en la evolución del marco legal dominicano.
Al intervenir en el encuentro, en el Hotel El Embajador, Luciano enfatizó que «más allá del cumplimiento, este cambio representa una oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos ambientales, mejorar la gobernanza corporativa y proteger la reputación de nuestras organizaciones».
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.