Opinión
Colombia, Petro insumiso y la insurgencia guerrillera
Por Narciso Isa Conde
Petro rechaza la caracterización de las guerrillas y defiende su papel en el contexto político actual.
Santo Domingo.– En la entrevista que recientemente le hiciera la BBC de Londres a Gustavo Petro el presidente colombiano hizo una valiosa y veraz exposición sobre el narcotráfico en todas sus facetas: micro y macro tráfico, cultivo, laboratorios de coca, rutas, mercados, coca, fentanilo, lavado, las falsedades de EEUU-DEA de «lucha contra las drogas» y eficacia de lucha contras los dueños del negocio, narco- burguesía y narco-economía.
Habló con sentido de justicia de los campesinos cultivadores, los jóvenes asalariados, los capos empresarios de las drogas, los políticos y funcionarios del estado cómplices de las mafias, los grandes bancos en funciones de lavado.
Denunció las asociaciones delictivas de la narco-burguesía internacional con la oligarquía colombiana, la fiscalía y las instancias militares que protegen el negocio, y critico responsablemente las estructuras impunes en EEUU, las complicidades de los gobiernos de Uribe y Duque, las mentiras de Donald Trump y sus bombardeos criminales contra lanchas indefensas.
¿Qué aspectos del narcotráfico destacó Gustavo Petro?
Entre otros aportes de alta valía, en esa y otras comparecencias de Petro, merece destacarse todo lo relacionado con el cambio climático y el calentamiento global.
Igual debe valorarse su positivo viraje, todavía pendiente de profundización y despliegue necesario, en el tema crucial de la autodeterminación, la soberanía, bolivarianismo, y las críticas al estado neocolonial y terrorista de EEUU.
Así como su persistente condena al régimen genocida de Israel, al santanderismo y a la degradada y corrompida institucionalidad colombiana que lo acosa; al fascismo, al trumpismo, al holocausto palestino, a la ocupación militar del Caribe por el Comando Sur, a los planes de agresión contra Venezuela y al bloqueo criminal y las amenazas militares a Cuba.
· UNA DIFERENCIA NECESARIAMENTE INSURGENTE.
Ahora bien, esas coincidencias, no me impiden expresar mi desacuerdo sobre la caracterización que hizo Petro de las organizaciones armadas de Colombia en la entrevista que le hiciera la BBC, cuestionando el empantanamiento y/o fracaso de su propuesta de «paz total» en tiempos agresiones imperialistas y en el contexto de las características criminales del Estado colombiano, del narco paramilitarismo protegido por las ultraderechas colombiana y por las fuerzas castrenses y de las bases y estructuras militares estadounidenses presentes en su territorio y en sus costas.
Petro afirmó categóricamente que en Colombia «ya no hay guerrillas ni insurgencia» que solo «existen grupos armados protectores de cultivos de coca» e involucrados en vertientes del narcotráfico, por lo que en su opinión ya no es válida la negociación política y sólo procede la negociación de las penas que supuestamente les corresponde a todos por los delitos cometido.
La generalización es brutal e improcedente.
Mucho de mentira y medias verdades tienen su respuesta a una BBC bajo presión del trumpismo.
¿Cuál es la postura de Petro sobre las organizaciones armadas?
Eso es falso cuando se habla de las FARC-Nueva Marquetalia, del ELN y otras organizaciones de larga y heroica tradición guerrilleras, comandadas por Manuel Marulanda, Jacobo Arena, Alfonso Cano, Jesús Santrich Camilo Torres, el cura Manuel Pérez y otros héroes y heroínas de la Colombia insurrecta.
Es injusta, ofensiva y desatinada tal calificación a organizaciones políticos-militares, sustentadoras de programas políticos, económicos, culturales transformadora, actualmente dirigidas por comandantes del calibre intelectual y moral de Iván Márquez, Antonio García y Nicolás Rodríguez.
Mis vivencias, las relaciones históricas y presentes con las izquierdas colombianas, legales e ilegales, insurrectas y pacíficas, no permiten guardar silencio frente a esa abusiva calificación.
Petro sabe más que nadie quienes son los terroristas y quienes representan la rebeldía revolucionaria armada; sabe perfectamente que en las condiciones actuales de Colombia y de esta región el desarme de esas organizaciones guerrilleras, de esos ejércitos políticos revolucionarios, tiene una connotación suicida.
Sabe, además, lo útiles que pueden ser en caso de materializarse las agresiones militares de EEUU a Venezuela y a Colombia, situación en la que denominada guerra asimétrica o guerra irregular de todo el pueblo, se tornaría imprescindible.
Definitivamente ninguna diferencia táctica en el campo antiimperialista, ni ningún yerro en una determinada concepción de paz total, pretendiendo el desarme total suicida de la izquierda insurrecta, deben ser tratada o abordada, de esa manera.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.