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Si mi hijo es culpable, que caiga sobre él todo el peso de la ley, dice juez Vasquez Montero.
Santo Domingo, R.D.-El juez del Tribunal Superior de Tierras, Jose Vasquez Montero, dijo que «Confiamos en la justicia norteamericana y él tiene que probar la inocencia que alega. Y si resulta culpable, que caiga sobre él todo el peso de la ley», refiriéndose a su hijo.
La atención mediática durante las entrevistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se centró precisamente en Vázquez Montero, quien aspira a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La razón: el proceso judicial que enfrenta su hijo.
Ethian aceptó la semana pasada su extradición voluntaria hacia Puerto Rico, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de activos, según informó el Ministerio Público.
Las autoridades puertorriqueñas lo reclaman por la presunta distribución de más de cinco kilos de cocaína destinados a ser ingresados ilegalmente a su territorio, así como por asociación delictuosa para lavado de dinero.
Esteffany José Vásquez es también expareja de la diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana, Jacqueline Fernández.
Durante su participación en las vistas públicas, Vázquez Montero no recibió preguntas de los ocho miembros del CNM. Su intervención quedó truncada desde el inicio: se excedió del tiempo máximo de cinco minutos para presentar su hoja de vida y comenzó a exponer algunas de sus propuestas.
Cada aspirante tiene 20 minutos para exponer su hoja de vida y responder a las preguntas de los miembros del CNM.
La vicepresidenta Raquel Peña, sin embargo, interrumpió su presentación para recordarle que ya había agotado el tiempo.
“Excúseme Vásquez ya pasaron los cinco minutos estipulados para su presentación”, dijo Peña. “Si fuera tan amable, ya voy a concluir”, respondió Vásquez. “No, no. Son cinco minutos eso es lo que está estipulado y lo que le hemos dado a todos los demás postulantes”, replicó Peña.
Tras ese momento, ningún consejero formuló preguntas, aunque el protocolo del CNM señala que estas no son obligatorias. La sala permaneció en silencio por unos segundos.
Preguntada sobre la formulación de preguntas, la secretaria del CNM, Nancy Salcedo, dijo: “El Consejo tiene la facultad, porque lo dice la ley y el reglamento, de hacer las preguntas si lo entiende pertinente o no”.
El juez solicitó a Peña la oportunidad de concluir sus propuestas, pero la vicepresidenta lo negó, argumentando que el trato debe ser igualitario para todos los aspirantes.
“Quisiéramos complacerle, pero no es posible. El tiempo estipulado para esa parte tiene que ser igual a todo el mundo y así lo hemos hecho con todos los postulantes”, dijo la vicemandataria.
Consultado luego sobre si esa experiencia en la audiencia tenía relación con el caso de su hijo, Vázquez Montero respondió a los periodistas: «No, bajo ningún concepto, porque las penas son personales».
Este jueves ha concluido el proceso de entrevistas del CNM a los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. En total, el CNM entrevistó a 81 candidatos a jueces.
Las entrevistas se dividieron en cuatro días y se celebraron en el Palacio Nacional.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.