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Sigue vigente por ser exhortiva ley disciplinaria militar y policial y se espera que Congreso decida cambios.
Santo Domingo.-Tiene caracter exhortativo la Sentencia TC/1225/25, que aborda la constitucionalidad del artículo 260 relativo a las relaciones entre policías y militares dentro del régimen disciplinario, lo que significa que no queda derogada de manera inmediata y continúa vigente hasta que el Congreso Nacional realice las modificaciones correspondientes.
La explicación la ofreció el abogado constitucionalista Eduard Moya, quien precisó que esta decisión del Tribunal Constitucional coloca la responsabilidad en el legislador, quien deberá adecuar la normativa para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la coherencia con los estándares constitucionales actuales.
«Desde la óptica del derecho constitucional moderno, basado en las garantías que ella otorga y el papel del juez constitucional como guardián de la Constitución, en una democracia moderna no puede coexistir una ley que vulnere derechos fundamentales; cabe destacar que la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional se trata de una sentencia exhortativa la cual deja dicha tarea al Congreso Dominicano, lo que implica que la referida ley seguirá siendo vigente, hasta tanto se legisle sobre ella», declaró.
Moya agregó que el desafío legislativo consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la preservación del régimen disciplinario de las instituciones militares y policiales. Recordó que la carrera militar implica la aceptación voluntaria de ciertas restricciones propias de la doctrina castrense, criterio también reconocido en otros tribunales constitucionales del continente.
«Desde el punto de vista de los derechos que se confrontan, el desarrollo de la persona, la no discriminación y las reglas disciplinarias en el ámbito militar habría que diseñar una normativa que puede encajar de manera acertada en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, sin afectar el régimen disciplinario de los cuerpos militares y policiales», manifestó.
«Lo que ha sido debatido en los tribunales constitucionales de otros países, donde se ha acuñado la línea jurídica de proteger las escuelas militares y de policías, cuando se trata del adoctrinamiento y el régimen militar», indicó.
En este contexto, de acuerdo con lo que explicó Eduard Moya, la discusión queda ahora en manos del Congreso Nacional, que deberá diseñar una normativa capaz de conciliar la protección de los derechos fundamentales con las exigencias propias del régimen disciplinario militar y policial. El desafío consiste en construir un marco legal que respete la dignidad humana y el libre desarrollo de la persona, sin desnaturalizar los principios de disciplina, moral y conducta que rigen las instituciones castrenses.
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.