Cuatro ministros del gobierno panameño se trasladaron hasta Colón para reunirse con los principales líderes de los grupos sociales que se oponen a la ley 72 y buscar una salida pacífica. Sin embargo, los colectivos sociales pidieron como condición «no negociable» la derogación de dicha ley.
Los manifestantes denuncian la represión policial hacia la concentración (Foto:EFE)
Una delegación del Gobierno de Panamá compuesta por cuatro ministros llegará este martes a Colón (norte) para tratar de mediar sobre el conflicto que se originó a causa de la aprobación de la ley 72 que ha dejado un muerto, varios heridos y al menos 140 detenidos en una semana de protestas.
Esta delegación gubernamental estará compuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima; de Gobierno y Justicia, Jorge Ricardo Fábrega; de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias y la viceministra de la Presidencia, Sygrid Barragán; así como autoridades gubernamentales de la provincia de Colón.
Diversos colectivos sociales unidos en el Frente Amplio de Colón pidieron la supresión de la ley como condición “no negociable” para iniciar el diálogo con estos funcionarios.
En las diversas manifestaciones, que se han llevado a cabo desde la semana pasada, participan los partidos Revolucionario Democrático y Panameñista, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, la Cámara de Comercio de Colón.
También participan en las manifestaciones en rechazo a la nueva ley, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (trabajadores y grupos indígenas), varios gremios docentes, el Frente por la Democracia, estudiantes de varias facultades de la Universidad de Panamá, entre otras organizaciones de la República.
Colón ha sido objeto de enfrentamientos a causa de la represión policial contra las manifestaciones que rechazan la aprobación de la ley 72 contra por el Congreso y que autoriza la venta de tierras en la zona franca de esa provincia.
La polémica ley fue promovida por la Asamblea Nacional de Diputados y firmada por el presidente Ricardo Martinelli, la cual permite la venta de los terrenos ubicados en la zona libre de impuestos de Colón, la cual es la más grande y antigua de Latinoamérica. La ley fue aprobada en tres debates por amplia mayoría de los diputados y firmada el mismo día por el presidente.
Esta ley ya había sido rechazada en múltiples ocasiones por la población y los comerciantes. Hasta antes de la aprobación de la ley, los terrenos eran alquilados a diversas empresas, reportándole ingresos de alrededor de los 33 millones de dólares anuales al estado.
Las represión policial en Colón dejó el lunes tres heridos y 60 detenidos. El pasado viernes durante otra manifestación civil un niño de 10 años muerto y otras 30 personas resultaron heridas, entre civiles y policías.
La colaboradora de teleSUR en ese país, Claudia Figueroa, confirmó en su momento que la muerte del niño se debió a causa de un disparo en el abdomen. Figueroa también informó sobre la detención de 80 personas durante los enfrentamientos.