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Son seis o siete personas las detenidas por el caso SENASA, revela abogado de la defensa.
SANTO DOMINGO.– El abogado Jaime Terrero, representante del doctor Iván Minaya, reveló este domingo que “hay alrededor de seis o siete” detenidos por el presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNasa).
«Hay, me dicen que hay alrededor de seis o siete, pero yo solamente visité a mi cliente», aclaró Terrero, quien dijo que su defendido está bien, «esperando el conocimiento de la medida de coerción».
En sus declaraciones, el abogado también hizo una reflexión personal vinculada a su afición a la filosofía. «Yo soy muy adicto a la lectura de la filosofía. Y después que he visto estos procesos, me vino a la mente Esquilo. Esquilo fue un dramaturgo griego, que al final de su vida murió perseguido por los monstruos de ciencia ficción que él creó, y él terminó en un manicomio», expresó.
Por el caso están detenidos también Santiago Hazim, exdirector de la entidad, y el empresario Eduardo Read Estrella.
Recordar que SeNaSa enfrenta una serie de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y financieras bajo la administración de Hazim, que han generado preocupación entre afiliados, proveedores y autoridades gubernamentales. Diversos reportes de medios y comunicados oficiales pusieron el foco en procesos de contratación, pagos a proveedores y manejo de fondos, elevando la demanda de mayor transparencia y eficiencia en la gestión.
Las denuncias llevaron a que autoridades responsables ordenen auditorías y, en algunos casos, inicien investigaciones para determinar responsabilidades.
El pasado 13 de septiembre, el presidente Luis Abinader dispuso que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Edward Guzmán, entreguen ante la Procuraduría General de la República un informe que trata sobre «graves irregularidades» detectadas en SeNaSa.
En esa ocasión, el Gobierno llamó a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SeNaSa.
Dos días después el mandatario aseguró que durante cinco años de gestión ha luchado por acabar con la impunidad, y advirtió que él tiene amigos, «no cómplices».
“Los funcionarios de mi Gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi Gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”, dijo.
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Excluyen al colegio Leonardo Da Vinci del proceso judicial por muerte de estudiante haitiana.
Santiago, R.D.-Por considerar la existencia de negligencia grave y un supuesto encubrimiento del caso, el equipo legal de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada durante una excursión escolar, anunció que presentará una querella formal y solicitará prisión preventiva contra los responsables del colegio Leonardo Da Vinci.
El jurista Shesnel Calcaño explicó que pedirán la medida de coerción más severa debido a la forma en que la institución y su personal actuaron antes, durante y después de que la niña muriera por asfixia mecánica por ahogamiento, cómo establece la autopsia sobre la causa del deceso.
«La prisión preventiva es la medida más idónea ante la magnitud de lo ocurrido y por la conducta que han mostrado los responsables del colegio. Esto no puede quedar en manos de personas que no actuaron con humanidad y que después intentaron manejar la situación para evitar consecuencias», afirmó.
Calcaño aseguró que pasaron aproximadamente 30 minutos antes de que el cuerpo fuera descubierto por tres niños.
Dijo que las maestras no estaban pendientes de los niños, lo que evidencia una falta de supervisión inaceptable.
Calcaño aseguró que la respuesta del colegio y de las autoridades ha sido irregular.
Denunció que solo se entregaron tres de los videos de seguridad, cuando en el lugar habría más cámaras operando.
También aseguró que la madre de la menor fue mantenida apartada por horas y que la institución no llamó al Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 de inmediato.
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Como en los mejores tiempos de guerra EE. UU. moviliza en el AILA tropas y equipos militares.
Santo Domingo, R.D.-Un campamento en los mejores tiempos de guerra ha sido instalado por tropas militares de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), próximo a la pista 17, por donde han arribado al menos tres aeronaves de gran tonelaje, como parte del acuerdo firmado con el gobierno dominicano.
En toda esa área permanecen estacionados vehículos cisterna de combustible, autobuses, camionetas, vehículos livianos, así como equipos de comunicación y otros accesorios de uso militar.
Todo el movimiento logístico es ejecutado bajo supervisión militar y con acceso restringido.
De acuerdo con informaciones obtenidas por medios de comunicación a través de una fuente confiable, los aviones continúan aterrizando y despegando de forma escalonada desde la referida pista, mientras personal militar estadounidense se mantiene coordinando la descarga y distribución de las cargas, las cuales son trasladadas directamente al campamento improvisado establecido en el área.
Las cargas transportadas incluyen vehículos, equipos de comunicaciones, alimentos y otros suministros especializados, vinculados al plan de ayuda humanitaria que despliegan las autoridades estadounidenses con la cooperación del Gobierno dominicano.
Estos movimientos militares forman parte de un plan de ayuda humanitaria y apoyo logístico coordinado entre los gobiernos de ambos países, en una operación que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un marcado hermetismo oficial.
Entre las aeronaves observadas figuran los imponentes C-5 Super Galaxy y C-17 Globemaster III, reconocidos por su enorme capacidad de carga y su uso en misiones especiales de carácter humanitario, logístico y estratégico.
En las áreas cercanas a la cabecera de la pista 17 del AILA se pudo observar, a cierta distancia, un amplio despliegue de seguridad compuesto por personal militar estadounidense y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), quienes trabajan de manera coordinada durante las operaciones de aterrizaje, descarga y despacho de los equipos.
No se permite el acceso a representantes de los medios de comunicación acreditados en el aeropuerto ni a empleados civiles de la terminal, como parte del protocolo de seguridad implementado.
Un ejecutivo de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) explicó que la concesionaria no tiene participación directa en las operaciones que realizan las autoridades estadounidenses, limitándo su rol a facilitar la operatividad normal de la terminal aérea bajo las disposiciones del Estado dominicano.
Se informó que la primera de las aeronaves, un C-5 Super Galaxy, aterrizó en la Base Aérea de San Isidro, mientras que un C-17 Globemaster III lo hizo en el AILA el pasado domingo, en vuelos que se produjeron de manera simultánea.
El pasado 26 de noviembre, el gobierno dominicano autorizó de manera temporal el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el AILA, para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El anuncio lo hizo el presidente Luis Abinader, tras una reunión a puertas cerradas con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, celebrada en el Palacio Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Un proyecto de ley sometido en el Senado de la República el pasado fin de semana modifica el nuevo Código Penal, para quitar a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas como entes exentos de responsabilidad penal.
Si ambas cámaras congresuales aprueban la legislación y esta es promulgada por el Poder Ejecutivo, los partidos, movimientos y agrupaciones políticas podrán ser procesados como personas jurídicas, con el mismo régimen que las empresas, las ONG y demás entidades.
La modificación a la Ley 74-25, orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, promulgado el 3 de agosto de 2025, hará posible que los partidos, como institución, sean acusados penalmente por delitos cometidos en su beneficio, tales como lavado de activos, financiamiento ilícito, corrupción, malversación o desvío de fondos, fraude electoral, sobornos, entre otros actos.
El proyecto de ley fue sometido en la Cámara Alta el pasado 5 de diciembre por el senador Antonio Taveras (PRM-Santo Domingo).
La norma legislativa modifica el artículo 13 del nuevo Código Penal, para establecer que el Estado dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, las alcaldías, distritos municipales, las juntas de los distritos municipales, los órganos autónomos descentralizados provistos de personalidad jurídica y de derecho público con competencias y prerrogativas públicas y los órganos administrativos habilitados a ejercer potestades públicas, “no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Al sacar a los partidos en dicha disposición, el senador perremeísta los incluye dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El legislador considera que el excluir a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas crearía una brecha normativa “injustificada” y contraria a los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, que permitiría que organizaciones con incidencia directa en la conducción de los asuntos públicos puedan evadir responsabilidad penal frente a delitos graves que afectan la integridad democrática y el interés general.
Con esta son dos las iniciativas que buscan modificar la Ley 74-25, la cual entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026. La primera propuesta es del diputado Ramón Raposo, del PRD
Antonio Taveras explica que debido a la naturaleza jurídica, estructura organizativa, capacidad de movilización social y el acceso que tienen las organizaciones políticas a recursos públicos y privados pueden ser utilizadas, de forma deliberada por falta de controles internos, “como vehículos para la comisión de delitos que trascienden la actividad electoral”, por lo que exige a esas entidades prevención, vigilancia y responsabilidad penal.