Nacionales
Como si tuvieran llenos de vergüenza imputados llegan a tribunal con rostros cubiertos
Santo Domingo, R.D.-Con el rostro cubierto con mascarillas los acusados del robo multimillonario en SeNASA llegaron al tribunal que conoce el caso, la Oficina de Atención Permanente, la cual intentará conocer la solicitud de coerción contra los imputados del fraude contra la ARS del Estado.
Los 10 acusados del fraude al Senasa que causó más de 15 mil millones de déficit a esa única ARS estatal fueron trasladados al tribunal que le conocerá medidas de coerción, aunque la mayoría de los abogados adelantaron que solicitarán se aplace para ellos poder leer bien el expediente depositado ayer por el Ministerio Público.
El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso, bautizado como Operación Cobra, se declare complejo.
El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante varios años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.
La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.
Según la investigación, la red habría sido encabezada por el entonces director ejecutivo del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos. Este grupo, de acuerdo con la imputación, creó un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales y permitía manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
La acusación también detalla un esquema de corrupción interna mediante el cual se negociaba la aprobación, ampliación o habilitación de prestadores a cambio de sobornos. Para ello, se habría utilizado un «comité operativo» integrado por gerentes cercanos al director ejecutivo, encargado de centralizar las decisiones sensibles del seguro.
El Ministerio Público afirma que se trató de un mecanismo diseñado para vulnerar los requisitos regulatorios y facilitar beneficios económicos ilícitos.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no se opone a que se otorgue una prórroga al Ministerio Público para presentar acusación.
El doctor Miguel Valerio dijo que es un caso complejo y que es un derecho que tienen los fiscales de la de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Mientras que el abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado German Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa, tampoco puso oposición a que se dé un tiempo al Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión luego de que la defensa del imputado, Francisco Minaya no compareciera a la audiencia, debido que su padre falleció la noche del martes y se encontraba en la funeraria.
Wilson Camacho y Mirna Ortiz procuran que se de cuatro meses más para presentar acusación formal, pedimento que se suman los abogados que representan al Estado dominicano.
Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.