Más Noticias
Promulgación inminente de ley que autoriza pago de deuda a ingenieros sin contrato.
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional el pasado 12 de enero convirtió en ley el proyecto que le ordena al Poder Ejecutivo saldar una deuda económica inespecífica a ingenieros y empresas por haber desarrollado obras públicas sin la formalización de un contrato.
Con el rechazo de las bancadas opositoras, los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados decidieron declarar de urgencia el tratamiento legislativo que le darían a la pieza, permitiéndoles favorecerla en dos lecturas consecutivas.
Tras la aprobación, el órgano legislativo tiene que enviarle el documento al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, debido a que previamente fue conocido por el Senado de la República.
El presidente Luis Abinader tiene un único plazo de cinco días para escoger su decisión, después de haberla recibido.
Así lo establece el artículo 101 de la Constitución, indicando que, “de ser aprobada bajo la declaratoria de urgencia”, el Gobierno solo tendrá el periodo antes mencionado para presentar su observación ante el Poder Legislativo. Si no lo hiciere, el proyecto convertido en ley por el Congreso Nacional quedaría “promulgado” y la última cámara legislativa que realizó la aprobación tendría que publicarla.
“Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si este no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez de la fecha de la promulgación”, de esta manera versa el artículo en la Carta Magna.
Es por esta razón que, de no haber presentado ninguna propuesta para modificar el documento, la ley debería ser promulgada con el contenido enviado por la cámara baja, luego de que procediera a enviarla el pasado 13 de enero.
Reporteros de este medio intentaron contactar a la Consultoría Jurídica de la Presidencia con el objetivo de conocer el estado en el cual se encontraba la ley. Sin embargo, no lograron comunicarse con las autoridades.
Los legisladores de la bancada perremeísta, y sus aliados, aprobaron esta ley sin conocer cuál será el monto final que deberá pagar el Ministerio de Hacienda y Economía a empresarios e ingenieros que edificaron infraestructura, sin las autoridades gubernamentales haber formalizado la contratación.
La pieza, elaborada por el senador Franklin Romero, es promovida por el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), quien ha manifestado la necesidad que tienen los integrantes de ese gremio, de recibir sus prestaciones por las alegadas construcciones y remozamientos desarrollados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó el pasado lunes que la lista de endeudamiento registra pagos sin completar desde el año 1990, hasta la fecha.
¿Por qué el rechazo de los opositores?
La principal preocupación manifestada por el bloque de representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) es la falta de información y detalles que tiene el órgano legislativo sobre la cantidad de dinero que pagará el Gobierno.
“Este proyecto de ley tiene una falencia muy importante: no tiene monto de obras y no tiene fecha de la ejecución de la obra”, expresó el vocero de la FP, diputado Rafael Castillo, al referirse el pasado lunes a la pieza antes de que fuese aprobada.
Los diputados de ambas agrupaciones aclararon no estar en desacuerdo con la finalidad de la ley. Pero, la FP en la cámara baja advirtió sobre la posibilidad de que pueda utilizarse para beneficiar a empresarios vinculados al Gobierno.
“La FP que está 100% constante de que se le pague a todas las personas, pero nosotros no creemos que es justo pagarle a personas que vayan a aprovecharse de esta dispensa porque tienen algún vínculo con el gobierno. No tenemos el monto de lo que se va a pagar y no tiene la descripción de la obra”, dijo Castillo.
Más Noticias
Cien aspirantes a ser agentes antinarcóticos reciben bienvenida del presidente de la DNCD.
Santo Domingo.– El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el marco de lo que llamó fortalecimiento institucional, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, dio la bienvenida a un nuevo grupo de aspirantes que se integran al proceso de formación para convertirse en agentes antinarcóticos.
El encuentro tuvo lugar en la sede central de la DNCD, donde 100 jóvenes bachilleres, conformados por 90 hombres y 10 mujeres, comenzaron oficialmente su preparación como parte de la primera promoción del año, cuyo programa académico y operativo está previsto concluir a mediados del mes de junio.
Durante este período, los aspirantes serán sometidos a un riguroso proceso de capacitación, que incluye entrenamientos especializados impartidos por técnicos de agencias de inteligencia, así como por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, enfocados en fortalecer sus habilidades, disciplina y desempeño profesional.
La DNCD informó que, como parte de su estrategia de fortalecimiento y modernización, tiene previsto durante el año 2026 incorporar nuevos agentes, con el objetivo de robustecer su capacidad operativa y de inteligencia frente a los desafíos del narcotráfico en el territorio nacional.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Cientos de personas marcharon este domingo y reclamaron a las autoridades que profundicen en la búsqueda de la niña de 3 años Brianna Genao Rosario, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en el municipio Imbert, de Puerto Plata.
La caminata partió desde el cruce de Barrero, en Navarrete, donde vive la familia paterna de la menor, pasó por Villa Tabacalera, donde reside la infante junto a su abuela materna, y culminó en el parque Rosa Duarte.
La marcha fue encabezada por los padres de la niña, quienes al igual que sus acompañantes vestían camisetas rosadas con la imagen de la pequeña y los mensajes: «a los niñas uña niñas no se tocan» y «queremos que aparezca sana y salva».
jt-am
Santo Domingo, R.D.-Treinta y cinco decisiones de inhabilitación de registro de proveedores del Estado, algunas de ellas temporales, por incumplimiento contractuales y permanentes, por documentación falsa o adulterada, segun lo informó la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).
A esa decisión se sumaban la cancelación y suspensión de oficio de 91 registros de proveedores de personas condenadas o procesadas por delitos de corrupción.
Aunque la rendición no indicaba la cantidad de empresas que ofrecen servicios a las instituciones gubernamentales, de acuerdo al listado de proveedores del Estado dominicano, registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y actualizado el pasado 14 de enero de este 2026, en el país hay unas 80,034 empresas activas suplidoras del Estado.
Dentro del grupo de empresas activas se encuentran entidades reconocidas que fueron creadas entre el 1932 y 1985, aunque todas se inscribieron como suplidoras del Estado a partir de 2005, cuando inició un proceso para “modernizar” las compras públicas.
Del total de las 80,034 empresas activas, unas 8,568 corresponden a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
El listado de proveedores del Estado registrados en el SECP, posee más de 125 mil empresas, debido a que agrupa aquellas que su razón social fue cancelada, desactualizada, está inactiva o suspendidas.
En total, y de acuerdo al listado, Compras y Contrataciones ha cancelado 9,159 empresas; ha desactualizado 32,019; unas 3,126 están inactivas; 124 inhabilitadas y 653 han sido suspendidas.
Dentro de las últimas empresas suspendidas por la DGCP, a través de la resolución DGCP44-2025-005056, están aquellas ligadas al entramado del pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), estás son: Farmacard, KHERSUN, Deleste, propiedad del grupo Read, cuyo representante es Eduardo Read Estrella y la empresa JCMV Despacho Legal, también vinculada a él.
Otras empresas suspendidas fueron Nutri-Med Cas, Nutrición & Medicina, de Cinty Acosta; Lufarca, propiedad de Ana Ledesma; Flavorheart Food Parts, de Heidi Pineda Perdomo; Grupo Siulrod de Ramón Alan Speakler Mateo.
Comercializadora Netofa, Comercializadora Gabao y Comercializadora Harif, empresas de Ramón Frankelis Liriano Fabián que fueron usadas por José Pablo Ortiz Giráldez para el cobro de sobornos. Además, las empresas creadas por Ortiz Giráldez para el cobro de sobornos como PDSS Servicios A Tu Salud, OGSS Prestadora De Servicios De Salud.
El pasado 14 de diciembre el juez Rigoberto Sena, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Santiago Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de servicios de Salud; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; además de los suplidores Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Mientras que en contra de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, se dictó prisión domiciliaria.