Opinión
El reloj de la libertad marca la hora del despertar nacional
Por Isaías Ramos
Las naciones no pierden su libertad en un solo día. La pierden cuando dejan de defenderla todos los días. Y la República Dominicana enfrenta hoy uno de esos momentos en que la historia no pregunta si somos optimistas o pesimistas: pregunta si somos responsables.
En silencio —sin estruendo, sin fusiles, sin ocupaciones militares— se ha instalado un modo de gobernar que traslada decisiones estratégicas a contratos de largo plazo, alianzas público‑privadas, fideicomisos y estructuras “corporativas” que, cuando no están sujetas a control ciudadano real, terminan concentrando poder, rentas e influencia en pocas manos. La soberanía se erosiona cuando el pueblo pierde acceso, comprensión y control sobre lo que le pertenece.
Bajo discursos de modernización, eficiencia y crecimiento, se han expandido mecanismos que socializan riesgos y privatizan beneficios. Se promete progreso, pero se normaliza un patrón donde el Estado asume la carga y una minoría captura la renta. Ese patrón se vuelve más grave cuando el endeudamiento limita el margen para invertir en lo esencial, y cuando exenciones y subsidios se vuelven permanentes sin evaluación pública transparente. La pregunta no es ideológica: es republicana. ¿Quién paga la factura? La paga el ciudadano común, con servicios frágiles y con un Estado cada vez menos capaz de protegerlo.
Y la consecuencia más dolorosa no es una estadística: es un rostro. Un país donde demasiados jóvenes quedan fuera del estudio y del trabajo —y donde muchos otros, aun formados, no encuentran oportunidades reales ni un nivel de vida digno— acumula frustración y pérdida de esperanza cívica. Una nación que no puede ofrecer futuro a su juventud compromete su propia continuidad.
Este deterioro no es solo económico o político; es moral, social y espiritual. Un modelo que reduce al ciudadano a espectador y lo público a plataforma de rentas empuja a la sociedad al abismo de la mentira útil, del ego y de la apariencia. Allí donde la justicia se vuelve excepción y la verdad se vuelve propaganda, la democracia se vacía por dentro. Y un pueblo sin verdad no se organiza: se resigna.
Por eso febrero no es un mes decorativo. Febrero es memoria activa. En 1844, Duarte, Sánchez, Mella y los Trinitarios demostraron que la Patria debía ser un proyecto moral antes que un proyecto de poder. La independencia no fue solo expulsar opresores externos; fue afirmar que el bien común debía primar sobre los intereses particulares. Duarte lo advirtió con claridad: la autoridad sin moral y justicia termina traicionando la nación.
Hoy esa advertencia resuena con fuerza, porque el riesgo ya no se presenta como invasión: se presenta como “modelo”. Un modelo sofisticado que captura decisiones estratégicas y oportunidades sociales sin control ciudadano suficiente. Reconocer ese peligro es el primer paso hacia la liberación.
Pero la libertad no se preserva con diagnósticos. Se preserva con acción consciente. Los pueblos que han defendido su soberanía han seguido un camino exigente, pero seguro: despertar la conciencia ciudadana, reconstruir la ética pública y organizar la participación social. Ninguna democracia se sostiene cuando la sociedad renuncia a vigilar el poder.
Liberarse hoy no significa confrontación violenta ni ruptura institucional. Significa rescatar el sentido original de la República: instituciones abiertas, decisiones públicas sometidas al escrutinio ciudadano y políticas orientadas al bienestar colectivo. Significa defender el Estado Social y Democrático de Derecho no como lema, sino como mandato constitucional.
Y esa defensa empieza por lo mínimo indispensable, lo verificable, lo que no admite excusas: contratos completos y anexos públicos; auditorías independientes con resultados comprensibles; y sanciones ejecutadas con evidencia verificable. Si el poder invoca eficiencia, debe mostrar documentos; si invoca el interés nacional, debe abrir la información; si exige cumplimiento, debe exhibir pruebas.
Sin esos candados, lo público se vuelve mercancía y la libertad se reduce a apariencia. Los instrumentos cambian —del grillete a la cláusula—, pero al final producen los mismos resultados. Ayer la opresión se imponía con cadenas y bayonetas; hoy puede imponerse con contratos opacos y estructuras sin control. Cambia el siglo; el daño es el mismo: concentración, dependencia y ciudadanía sin voz.
Como ciudadanos —y como sujetos morales— tenemos una responsabilidad que no se puede delegar ni posponer. Comprender la gravedad de lo que ocurre y abstenerse de actuar es quedar fuera de lugar en el tiempo histórico. Defender la Patria hoy no exige odio ni caos; exige coherencia ética, disciplina cívica y vigilancia permanente.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social lo afirmamos con sentido de urgencia y con esperanza: el reloj de la libertad sigue marcando su hora. Febrero nos convoca a despertar. No a gritar más fuerte, sino a pensar más claro. No a odiar, sino a exigir. No a destruir, sino a rescatar la República.
Que este Mes de la Patria sea un llamado a la conciencia nacional. La gran pregunta que enfrenta hoy la República Dominicana no es solo política o económica: es histórica, moral y espiritual. Decidir si seremos la generación que dejó que el reloj de la libertad se apagara, o la generación que lo hizo sonar con la fuerza de la conciencia, la justicia y Dios.
Despierta RD!
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.