Opinión
Venezuela: en la pendiente enjabonada de Washington
Por Narciso Isa Conde
La figura de Laura Dogu se destaca como representante clave en la estrategia de cambio de régimen en Venezuela.
Santo Domingo.– Las señales que da la evolución posterior a la agresión terrorista y genocida de EEUU de la situación venezolana, es como que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, su Gabinete y la Asamblea Nacional, pasaron a gobernar desde una cárcel invisible, con tremendas pistolas gringas en la cabeza, manipuladas virtualmente desde Washington bajo las órdenes de Donald Trump y Marcos Rubio; periódicamente trazadas por enviados/as especiales de altos rangos y permanentemente fiscalizada por la nefasta representante estadounidense, Laura Dogu . ( Ver: Laura Dogu y la estrategia para el cambio de régimen: Nicaragua, Honduras y Venezuela // Jhon Perry y Roger Harris / 13 de febrero 2026)
Gobierno venezolano y EEUU: tensiones tras agresión y cambios políticos
Por lo que conocía de Delcy Rodríguez, jamás pensé que haría lo que está haciendo e incluso la defendí cuando la sindicaron de traidora; previos intercambios con fuentes venezolanas, que todavía le daban a su favor el beneficio de la duda.
Pero los pasos consecutivos dados recientemente son realmente alarmantes y han generado, con razón, críticas, desconfianzas y confusiones en Venezuela y en el exterior.
Las sucesivas recepciones oficiales en el Palacio de Miraflores de la enviada especial de Trump, Laura Dogu, del Jefe de la CIA y el Ministro de Energía de EEUU… las palabras de la presidenta y los discursos y declaraciones de los visitantes en esas ocasiones, más los acuerdos anunciados, hieren la conciencia antiimperialista y le crispan los pelos a cualquier auténtico patriota latino-caribeño.
A todas luces está en marcha un retroceso político, posturas y concesiones onerosas en materia de soberanía, petróleo y dignidad nacional.
Y para ofensa mayor, tal complacencia de la parte venezolana, ha dado pie a que Trump, quien descaradamente dice ser el presidente de Venezuela, haya anunciado unilateralmente su visita a la vilmente agredida patria de Bolívar y Chávez; mientras su presidente legítimo y su compañera secuestrado/a, sufren drásticos rigores de prisión en una ergástula estadounidense.
El debilitado Gobierno venezolano, intervenido y atrapado por EEUU después del 3 de enero, evidentemente se ha distanciado demasiado de las gestiones de Chávez y del propio Maduro. Ya no es su continuidad, no está inspirado en el chavismo soberano y antiimperialista; y en tales condiciones, es cuesta arriba defenderlo desde posiciones de la izquierda antiimperialista.
Críticas internas y perspectivas del chavismo antiimperialista
· LA REVOLUCIÓN TRUNCADA.
Esa nueva y enojosa realidad explican estas palabras del apreciado compañero y amigo Ramón Antonio-Negro- Veras, quien ha sido un defensor intransigente de la revolución bolivariana y de la revolución cubana.
«Los dirigentes políticos chavistas ahora en el poder del Estado no han respondido a Estados Unidos con una actitud ajustada a la línea y principios de la Revolución Bolivariana.»–
«En lugar de firmeza política bolivariana, dirigentes chavistas oficialistas están contemporizando con representantes de los intereses monopolistas norteamericanos.»
«La Revolución Bolivariana luce hoy entregada en cuerpo y alma a las aspiraciones del señor Donald Trump. Lo que se está viendo es el proceso político y social bolivariano amputado, cortado el 3 de enero de 2026.»
«En la Venezuela de hoy se hace necesario que, dentro de las fuerzas chavistas, civiles y militares, surja un movimiento para revertir, restituir el camino de antes del 3 de enero.»
(La Revolución Bolivariana trunca / Ramón Antonio Veras Santiago de los Caballeros RD,16 de febrero de 2026.// Nociassin)
Además, crecen las críticas de no pocos chavistas y de comunicadores y escritores de izquierda.
Es claro que este nuevo gobierno venezolano no es continuidad del chavismo auténtico y que por el contrario «está transitando por la pendiente enjabonada de Washington» como catalogaba el profesor Juan Bosch las manifestaciones de entreguismo en los tiempos del PLD antiimperialista y del PRD claudicante.
Ese viraje a la derecha lo ha facilitado y asumido el nuevo gobierno venezolano, ya sea porque la acción del 3 enero quebrara o ablandara a un sector de sus dirigentes o porque previamente una facción del chavismo traicionó los ideales y metas de la revolución bolivariana, incluidos importantes jefes militares. Eso está por determinarse.
En las Fuerza Armadas Bolivariana primó la pasividad frente a la agresión del 3 de enero.
De todas maneras, el neofascismo trumpista no confía ni siguiera en el chavismo ablandado y por eso apuesta al cambio de régimen con el nombre de la transición y es esa la misión de Laura Dogu; procurando unir la fraccionada fórmula ultraderechista que lo reemplace, o estructurando una opción parecida a la fórmula del traidor Lenin Moreno y la facción derechista de Alianza País en el Ecuador
Pero la verdad es que en Venezuela no está dicha la última palabra, ni desplegadas las posibles reacciones e iniciativas del chavismo antimperialista, presente en la conciencia colectiva de las mayorías populares y sectores defensores de la autodeterminación y del gran proyecto de Bolívar rescatado por Chávez.
Está por verse la reacción a corto y mediano plazo del pueblo chavista, y si habrá o no expresiones de rebeldías del antiimperialismo sembrado a nivel civil y militar por Chávez y sus más consecuentes seguidores.
A las entidades, organizaciones y personas que asumimos la solidaridad con la revolución bolivariana, ahora obstruida, nos toca rechazar esa nueva ruta entreguista, condenar la intervención gringa en todas sus expresiones, defender la autodeterminación venezolana y de Nuestra América, demandar la libertad de Maduro y de Cilia, y favorecer una opción alternativa independiente que opte por la autodeterminación y por la participación de su Estado en los BRICS y el Sur Global, en lugar de la inaceptable subordinación al imperio genocida.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.