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Comunidades fronterizas son supervisadas por autoridades que escuchan demandas de pobladores en la zona
Santo Domingo. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizaron un recorrido por comunidades de la frontera norte, como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la seguridad en la zona y promover el desarrollo comunitario.
Durante la visita, las autoridades se trasladaron hasta la zona fronteriza de Tilori, donde pudieron constatar de primera mano las dinámicas comerciales entre República Dominicana y Haití. En el lugar observaron el intercambio de productos y actividades económicas que forman parte de la vida cotidiana en esta área de la frontera dominico-haitiana.
Posteriormente, los ministros visitaron la comunidad de Guayajayuco, donde sostuvieron un encuentro con líderes comunitarios y representantes locales. En la reunión, los comunitarios de la zona fronteriza presentaron diversas solicitudes al Gobierno, relacionadas con infraestructura, servicios básicos, seguridad y desarrollo local.
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Este recorrido en la frontera norte reviste un alto valor estratégico, ya que responde al interés del Gobierno de República Dominicana de mejorar las condiciones de vida en las comunidades fronterizas, al tiempo que se refuerza la seguridad nacional y el control territorial en la frontera con Haití.
Las autoridades indicaron que estas acciones buscan fortalecer la presencia del Estado dominicano en la frontera, facilitar el cumplimiento del deber de resguardar la soberanía nacional y promover el desarrollo económico y social de la región fronteriza.
Asimismo, reiteraron que la presencia institucional en la zona fronteriza es fundamental para garantizar el orden, impulsar oportunidades de desarrollo y apoyar a las comunidades que viven en la línea limítrofe entre República Dominicana y Haití.
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Será el 5 de mayo continuación de medida de coerción a fiscal acusado de recibir 10 mil dólares
Santo Domingo, R.D.-La medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares continuará el 5 de mayo, según lo dispuso la jueza de Instrucción Especial, Isis Muñiz.
La magistrada conocerá a las 2:00 de la tarde la solicitud de medida de coerción presentada contra el fiscal, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La jueza dispuso la continuación de la audiencia luego de que el pleno de la cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara una recusación presentada en su contra por la defensa del imputado.
Cabe destacar que sobre el caso el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declaró su incompetencia para conocer dicha recusación, remitiéndola al pleno de la Corte para que decidiera sobre la misma.
La magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien se encontraba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El recurso fue interpuesto por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz ha comprometido su imparcialidad.
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Dada la gravedad de los hechos y la condición de fiscal del imputado, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.
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Imputados en caso Senasa, incluido Santiago Hazín, son mantenidos con prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-El Septimo Juzgado de la Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, ratificó la prisión preventiva en contra de Santiago Hazim y otros siete imputados vinculados al desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción, el tribunal determinó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida original, asegurando que la privación de libertad sigue siendo la vía idónea para garantizar la presencia del encartado en el proceso.
En ese sentido, dispuso el mantenimiento en prisión de Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma.
Atendiendo a la posible pena imponible según la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, la prisión preventiva se considera una medida equilibrada.
Tras analizar la provisionalidad de las medidas de coerción, el tribunal concluyó que los elementos de prueba y las circunstancias actuales no justifican el otorgamiento de una libertad bajo fianza o medida menos gravosa.
Asimismo, el juez fijó para el próximo 21 de mayo, la lectura integra de la decisión, fecha a partir de la cual empezarán a correr los plazos legales para que las partes interpongan los recursos de apelación que consideren pertinentes.
Igualmente, el tribunal fijó para el 30 de julio del presente año el conocimiento de la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, quedando las partes presentes y representadas formalmente citadas para dichas comparecencias.
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«No existen presupuestos para variar prisión a imputados del caso Senasa», dice Wilson Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, solicitó al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mantener prisión preventiva contra los imputados en el desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), argumentando que las defensas no han presentado elementos nuevos que justifiquen su libertad.
Durante el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción, planteó al juez Deiby Timoteo Peguero que señalar que los documentos depositados por los abogados de los encartados carecen de la «novedad y suficiencia» que exige el Código Procesal Penal para variar una medida ya impuesta.
El procurador adjunto explicó que un presupuesto legal no es simplemente cualquier documento nuevo, sino uno que sea proporcionalmente útil para desvirtuar el peligro de fuga.
Camacho calificó como «insuficientes» los argumentos de salud de familiares, recordando que la ley solo contempla variaciones por enfermedades graves o terminales del propio imputado.
Wilson Camacho recordó la gravedad de los hechos vinculados a la investigación, destacando que el dinero sustraído estaba destinado a la salud de los dominicanos más vulnerables.
«Se han robado el dinero de la salud del pueblo. Quince millones de pesos sustraídos no son solo números; se traducen en una persona de la tercera edad o un enfermo terminal que va a un hospital y no encuentra el medicamento que necesita para vivir», acotó Macho.
El Ministerio Público, representado también por la procuradora general de la República, solicitó formalmente al tribunal rechazar todos los pedimentos de las defensas por no presentar presupuestos que hagan variar las condiciones originales.
Mantener la prisión preventiva y demás medidas de coerción impuestas, debido a que persiste el riesgo de afectar el proceso y la gravedad del daño al patrimonio público permanece inalterable.
En el caso figuran como acusados Santiago Hazim (exdirector de Senasa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma, quienes solicitaron al tribunal variar la medida de coerción dictada en su contra.