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El 85 % de las amenazas de violencia son cometidas por jóvenes menores de 34 años, segun Procuraduría
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, presentó cifras de violencia que afectan a la sociedad dominicana, haciendo un llamado urgente a desmontar la cultura del conflicto y a centrar las políticas públicas en la juventud.
La magistrada, al presentar su rendición de cuentas 2026, dijo que el Ministerio Público recibió «la abrumadora cifra» de 73,291 casos relacionados exclusivamente con violencia de género, intrafamiliar y sexual durante el último año.
Reynoso destacó que, más allá de los delitos graves, las denuncias por amenazas alcanzaron los 25,024 casos.
Reynoso señaló que 6 de cada 10 homicidios en el país se originan por conflictos sociales y que, según los datos validados al 100 %, el 59 % de las muertes violentas no son producto del crimen organizado, sino de altercados ciudadanos; una cifra que revela una profunda crisis en la resolución pacífica de diferencias.
«De cada 10 homicidios, seis son por conflictos sociales. Si a esto le sumamos que el 80 % de los involucrados son menores de 35 años, tenemos datos suficientes para entender que debemos trabajar como sociedad», advirtió Reynoso.
La magistrada anunció que, como parte de la iniciativa «Vitaria», el Ministerio Público publicará cada tres meses un boletín especializado en violencia de género e intrafamiliar.
Explicó que este documento servirá como herramienta de análisis para las 31 instituciones aliadas y la sociedad civil, permitiendo una persecución basada en datos científicos y no en reacciones mediáticas.
«Rendir cuentas es nuestra obligación. La transparencia no es solo colgar datos, es permitir que la sociedad cuestione, pregunte y evalúe la meritocracia y el sistema de consecuencias que estamos consolidando», concluyó.
Para el 2026, la magistrada prometió una transformación total en la metodología de investigación criminal, incluyendo una nueva sede de investigación.
Sostuvo que, por disposición del presidente Luis Abinader, las unidades de investigación y procuradurías especializadas se trasladarán en menos de 90 días al edificio donde opera actualmente el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), el cual será convertido en una sede moderna y tecnificada.
Manifestó que, junto a la Policía Nacional y la Dicrim, se implementará un modelo más técnico, fortaleciendo los laboratorios y digitalizando procesos para garantizar una «calidad técnica sin precedentes».
Reynoso también se refirió a los procesos judiciales por corrupción administrativa. Aseguró que la institución no se dejará amedrentar por presiones externas ni por la coyuntura política.
Asimismo, anunció que el país alcanzará este año la independencia científica en materia forense.
Sostuvo que antes de que concluya el 2026, el país contará con la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) más avanzada de la región y tendrá la capacidad de procesar el 100 % de las pruebas de ADN en territorio nacional.
«Tener que pedir asistencia a Puerto Rico para realizar pruebas de ADN será cosa del pasado», sentenció la magistrada, al tiempo que anunció la creación de un fondo especial para que ningún caso se quede sin esta prueba científica por falta de recursos.
La procuradora reveló que se han ejecutado más de 34 operaciones de alto impacto contra el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y cibercriminalidad.
Además, anunció que a partir del 1 de abril, la interoperabilidad con la Policía Científica será del 100 % y el 100 % de los allanamientos realizados por fiscales serán grabados con cámaras corporales (bodycams) de última generación para garantizar la transparencia y el respeto al debido proceso.
La institución ha sistematizado el 70 % de sus procesos con el objetivo de llegar al 100 % en línea para el cierre de 2026. Se eliminarán los libros de récords físicos, utilizando firmas digitales y registros biométricos.
Finalmente, destacó la creación del Sistema Automatizado de Información Penitenciaria, que ha captado los datos biométricos de toda la población carcelaria en los 51 centros del país.
Este sistema será entregado al Ministerio de Justicia para interoperar con las agencias de inteligencia y defensa del Estado.
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.