Latinoamericanas
Bolivia adelanta un proyecto piscícola en zona de conflicto con Chile
El presidente Evo Morales ha ratificado en más de una oportunidad que sólo defiende el derecho a decidir sobre sus propios recursos, en referencia al manantial del Silala, desde el cual construyó Chile canales para llevar agua a sus pueblos fronterizos.
El Gobierno de Bolivia continuará esta semana las obras de construcción de cuatro infraestructuras para el aprovechamiento del manantial de Silala, en el departamento de Potosí (suroeste), un proyecto que ha generado malestar en Chile, debido a que dicha corriente fluvial surte de agua a parte del norte de la nación austral.
La iniciativa comprende un sistema de riego, una planta hidroeléctrica, una planta envasadora de agua y la piscifactoría de la trucha. “Es un conjunto de obras que beneficiará a más de 600 familias en la región de San Pedro de Lípez”, indicó el gobernador de Potosí, Félix González.
La decisión de levantar escolleras en la zona para la cría de unas 21 mil truchas anuales no cayó bien en Santiago, pues parte de las aguas que antes iban a territorio chileno, ahora se quedarán en suelo boliviano.
González agregó que, gracias al proyecto, la región podrá producir anualmente alrededor de cinco mil 400 kilogramos de trucha.
El inicio de las obras civiles del primero de seis almacenamientos de agua se ejecutó este sábado. De las seis piscinas, cuatro serán destinadas para la crianza de truchas de distintas edades y las otras dos para alevinos, con una capacidad de producción de 28 mil 800 al año.
Por su parte, el Gobierno de Sebastián Piñera pidió informes sobre los planes de la gobernación de Potosí, y calificó la obra como una “innecesaria provocación” de su vecino país.
Frente a ello, el presidente Evo Morales ha ratificado en más de una oportunidad que sólo defiende el derecho a decidir sobre sus propios recursos, en referencia al manantial, desde el cual construyó Chile canales para llevar el agua a sus pueblos fronterizos
Asimismo, la presidenta de la Cámara de Senadores boliviana, Gabriela Montaño, rechazó tales acusaciones y recordó “el derecho de Bolivia de explotar las referidas aguas”.
«Bolivia tiene todo el derecho de beneficiarse con las aguas del Silala y no tiene por qué consultar sobre qué va a hacer en una vertiente que le pertenece al pueblo boliviano y que debe beneficiar de manera directa a la población que se encuentra en esa zona», detalló.
También aseguró que su país jamás buscará un enfrentamiento con Chile. “Aquí lo único que estamos haciendo es respetar nuestros derechos, y lo seguiremos haciendo. Bolivia siempre ha mostrado predisposición al diálogo con Chile, pero por ello no dejaremos atrás nuestros proyectos», comentó Montaño.
El curso de las aguas bolivianas del Silala fue trazado artificialmente por Chile, décadas atrás, para llevarlas hasta su territorio, con el objetivo de abastecer de agua a la regi´no fronteriza.
Los dos países, que carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, determinaron a principios de 2011 que Chile pagaría por el consumo de hasta un 50 por ciento de las aguas del Silala, mientras se realiza un estudio para establecer el origen de todo el afluente. No obstante, el acuerdo no ha entrado en vigencia.
El gobierno de Potosí he explicado que el torrente del Silala se verá mermado en un 30 por ciento «mientras se construyen la sobras, pero luego continuarán corriendo las aguas por la ruta que los chilenos han diseñado».
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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