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El PRM busca curarse de lo que no puede con proyecto de ley que castiga partidos por no entrega de fondos por narcotrafico.
Santo Domingo, R.D.-La dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) busca quitarse el lodo que lo ha enbarrado con dinero procedente del narcotráfico mediante un proyecto de ley depositado en el Senado de la República que tiene el objetivo de evitar la entrega de recursos del bajo mundo a las organizaciones políticas.
La iniciativa entregada el pasado 11 de marzo por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, busca que esas entidades estén obligadas a designar a un “oficial” o crear una unidad encargada de implementar, supervisar y documentar las labores para impedir el uso de recursos ilícitos en las actividades políticas.
No obstante, esta pieza legislativa también contempla imposibilitar de manera específica que las agrupaciones políticas ligadas “directa o indirectamente” con el crimen organizado, a través del recibimiento de dinero, puedan disponer del presupuesto entregado por la Junta Central Electoral (JCE).
La iniciativa asumida por las bancadas oficialistas de los órganos legislativos del Congreso Nacional establece que, “cuando sea posible”, la JCE deberá otorgarle al partido político “un plazo razonable” para subsanar irregularidades documentales, si así la cometieren.
Sin embargo, ese tiempo no aplica cuando se trate de contribuciones prohibidas o ilícitas, “aportes no trazables, ocultamiento del aportante final o incumplimientos que comprometan de manera sustancial la integridad del financiamiento político”.
El tercer párrafo del artículo antes mencionado indica que los fondos no destinados a los partidos, tras haber detectado el uso de dinero mal habido o incumplimiento de algún mandato dictado en la ley, serían reintegrados a la cuenta única del Tesoro.
Los representantes del PRM y sus aliados intentan responsabilizar a un “oficial” o equipo dentro de cada partido, asignándole la atribución de analizar e identificar los recursos externos recibidos, así como “gestionar las alertas de operaciones inusuales o sospechosas” para prevenir el “lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada”.
La disposición intenta que no ocurran, pero si se registrara un caso, los partidos políticos estarían en la obligación de devolver de manera inmediata las contribuciones ilícitas, así como las que no estén conformes con la Ley 33-18.
“(y) reportar a la (Junta Central Electoral) las operaciones inusuales o sospechosas detectadas en el marco de sus procedimientos de debida diligencia, sin perjuicio de las comunicaciones que correspondan a las autoridades competentes conforme al ordenamiento jurídico vigente”, dicta el único párrafo del artículo 64.
El artículo 64 también propone detallar en la definición que son considerados de tipos ilícitos “los aportes provenientes directa o indirectamente de personas físicas o jurídicas vinculadas, directa o indirectamente, a actividades ilícitas, incluyendo el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada”.
Al igual que aquellos los cuales “no sea posible determinar, mediante los procedimientos de debida diligencia, su procedencia u origen lícito”.
Esta nueva regulación entraría en vigencia inmediatamente a partir de la promulgación realizada por el Poder Ejecutivo si así lo decidiera el presidente Luis Abinader, pero antes debe contar con la aprobación del Senado y la Cámara de Diputados.
En la actualidad, la pieza se encuentra sometida al estudio de una comisión especial en la cámara alta, la cual deberá entregar un informe sobre sus observaciones y recomendaciones que después será sometido a votación por los congresistas.
Santo Domingo, R.D.-David Collado, segun el diputado Aníbal Díaz, respalda la propuesta de consenso para la renovación de la dirección nacional del Partido Revolucionario Moderno en una plancha encabezada por el presidente Luis Abinader en la presidencia; Deligne Ascención como primer vicepresidente; Juan Garrigó en la secretaría general y Gloria Reyes en la secretaría de organización.
Las declaraciones del congresista coinciden totalmente con una publicación de El Día, que informó que la plancha de consenso para elegir las autoridades del PRM para el período 2026-2028 estaría integrada por Abinader, Ascención, Garrigó y Reyes.
Dijo que Collado respaldó la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que Juan Garrigó sea postulado como secretario general, dentro de una plancha de consenso que sería aprobada en la asamblea de delegados convocada para el próximo domingo, reveló el diputado Aníbal Díaz.
El PRM escogerá el próximo domingo a sus autoridades nacionales, entre ellas el presidente, el secretario general, el secretario de organización, tres vicepresidencias y tres subsecretarías generales, mediante un acuerdo entre los principales liderazgos del partido, encabezados por Abinader, Mejía y Collado.
Díaz, uno de los colaboradores más cercanos del proyecto presidencial de Collado, afirmó que el ministro de Turismo y el expresidente Mejía mantienen una relación de colaboración y respeto mutuo, conscientes de la responsabilidad que tienen de preservar el equilibrio y la unidad de la organización política.
Según explicó, la secretaría de organización correspondería a la alianza entre David Collado y Eduardo Sanz Lovatón, quienes acordaron apoyar a Gloria Reyes para esa posición.
«David Collado le ha manifestado a Hipólito Mejía que, si ese es su deseo, él respalda la posición que tenga Hipólito Mejía, en el marco del manejo prudente y coherente que ambos han mantenido durante los últimos casi tres años, con una relación fluida, cordial y de respeto mutuo», afirmó Díaz.
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» Nuevo Código Penal responde a nuevas realidades delictivas», sostiene presidente del Senado.
Santo Domingo. – Ricardo de los Santos, presidente del Senado, valoró de manera positiva la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, al considerar que éste responde a la necesidad de actualizar y desfasar y hacer menos distantes de las nuevas modalidades delictivas.
De los Santos rechazó, además, las críticas que buscaban impedir la entrada en vigencia de la normativa, al asegurar que lo que se plantea es proteger la dignidad, la vida privada y las familias frente a ataques injustificados.
“La República Dominicana continúa siendo un país democrático y de derecho. Las críticas y expresiones públicas están permitidas dentro de los límites establecidos por la prudencia y el respeto a los demás”, aseguró el presidente del Senado.
Dijo que “el antiguo Código Penal fue creado hace más de un siglo y ya no respondía a los avances tecnológicos y sociales actuales”. En ese sentido, valoró que la nueva ley incorpora disposiciones y herramientas adaptadas a la realidad moderna, al contemplar nuevos tipos penales y adecuar las penas a las exigencias del presente.
Ricardo de los Santos reafirmó el compromiso del Congreso Nacional de permanecer abierto a introducir las modificaciones que la sociedad entienda necesarias.
“La aprobación del Código Penal fue una decisión política que se tomó con responsabilidad, debido al prolongado tiempo que la pieza permaneció en discusión en el Congreso”, dijo De los Santos.
El presidente del Senado se refirió también al proceso de evaluación para la selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, destacando la transparencia con que se desarrolla el proceso, que incluye evaluaciones públicas, y ratificó su compromiso con la escogencia de candidatos independientes, con trayectoria y reconocimiento social.
SANTO DOMINGO.– El socio fundador del Grupo Ramos y un referente de la vida empresarial dominicana, Román Ramos Uria, ha fallecido, según lo informaron sus familiares, cuyo deceso se produjo este 5 de agosto del 2026.
Ramos Uría dedicó más de seis décadas al desarrollo de una empresa que se convirtió en una de las principales compañías comerciales de la República Dominicana, país que escogió como hogar, donde formó su familia y consolidó un proyecto empresarial basado en el compromiso, el trabajo y la responsabilidad social.
La familia destacó que su trayectoria estuvo marcada por el respeto a las personas, la valoración del trabajo bien hecho y el cumplimiento de la palabra empeñada, principios que se reflejaron en la relación de la empresa con clientes, colaboradores y las comunidades donde opera.
En 2025, recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada, un reconocimiento oficial a sus aportes al país y a una vida de más de seis décadas de integración a la sociedad dominicana.
“Don Román era dominicano de corazón”, expresó la familia al resaltar que su legado permanece en la cultura empresarial de Grupo Ramos y en las generaciones que continúan impulsando la organización.
Román Ramos Uría nació el 18 de octubre de 1941 en Pola de Allande, Asturias, España. Llegó a Santo Domingo el 15 de octubre de 1959, con 17 años, y comenzó a trabajar al día siguiente de su llegada.
En 1963 asumió la administración de La Sirena, una pequeña tienda ubicada en la avenida Mella, y dos años más tarde adquirió el negocio, iniciando el camino que posteriormente daría origen a Grupo Ramos y transformaría el comercio al detalle en la República Dominicana.
Durante su trayectoria recibió importantes reconocimientos. En 2016, España le otorgó la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, por sus aportes y vínculos con ese país, mientras que en 2025 la República Dominicana le concedió la nacionalidad privilegiada como reconocimiento a su contribución al desarrollo nacional.
Como socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos, dejó una profunda huella en la empresa, que actualmente cuenta con más de 8,600 colaboradores y opera 94 establecimientos comerciales bajo las marcas Sirena, Sirena Market, Aprezio y Multiplaza.
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