Opinión
Guerra, crisis global y propuesta de pacto del presidente lacayo de República Dominicana
Por Narciso Isa Conde
«Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos.»
La guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán tiende a agravar en grande la crisis energética hasta convertirla en crisis económica y social mundial con tendencia a una gran depresión
Abinader, lacayo al fin, se comprometió con la agresión a Venezuela y apostó a EEUU y a Israel contra Irán, pelándose el billete vasallo.
Igual aconteció con toda la partidocracia y la plutocracia dominante en este país, colocada al servicio de EEUU y del facineroso trumpismo dominante; al margen de los cambios mundiales en gestación: BRICS, Sur Global, China, Rusia y nuevo orden mundial multipolar.
Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos…
Estamos ante una cadena inflacionaria en la producción, servicios y distribución: alzas de alimentos, bebidas, agua, ropa, viviendas, transporte, salud, educación…
La guerra global infinita, como respuesta imperialista a su decadencia, ha encontrado en Irán el pantano mayor y el revés que precipita la tendencia a su caída.
Los hay beneficiarios de las guerras, aunque las pierdan: el Complejo militar industrial, el sistema financiero, las industrias armamentistas, los consorcios petroleros, mineros y micro-electrónicos, y las elites capitalistas dominantes.
Los cruelmente castigados por las guerras, la destrucción, las muertes y la carestía, están a la vista: pueblos y países oprimidos no
La propuesta del pacto nacional del lacayo Abinader incluye a culpables y no culpables; a responsables y no responsables de genocidios, destrucciones, penurias, carestía, inflación generalizada e incremento brutal de las desigualdades sociales.
· ¿CUÁL TRANSFORMACIÓN FISCAL?
De nuevo se habla de reforma fiscal para imponer una contra-reforma o una reforma tributaria regresiva en el marco de un pacto en que gobierno, estado y elites capitalistas ejercen el poder contra el pueblo trabajador.
Nos quieren cargar la inflación de las guerras que ellos han respaldado, plegándose a EEUU e Israel, renunciando a una política de paz o guardando silencio cómplice frente a la prepotencia criminal del neofascismo imperialista.
Se proponen aumentar impuestos al consumo, mantener los impuestos a los combustibles, prolongar los privilegios, evasiones y exenciones; y obligar al pueblo a pagar combustibles, medicamentos, alimentos, servicios de salud y educación y transporte. muchos más caros, apenas pellizcando a los tutumpotes.
Esto es inaceptable.
Los movimientos sociales y las izquierdas transformadoras no tienen que pactar nada con este gobierno, este Estado y la clase que los usurpa, sino arrancarle a las elites capitalistas y a la partidocracia lo que se roban todos los días.
Una transformación fiscal progresiva obliga a modificar y ampliar las fuentes de ingresos del Estado para cubrir gastos y financiar inversiones públicas, planes sociales, políticas de bienestar colectivo, servicios públicos, mejorar la producción nacional, recuperar soberanía, adquirir insumos y equipos vinculados a la investigación y realizar inversiones relacionadas con las ciencias, tecnologías de punta y humanidades.
En consecuencia, implica aumentar los ingresos del estado, revisar y reformar el gasto público, redefinir prioridades, eliminar y/o recortar exenciones y exoneraciones, erradicar dispendios y detener derroches; suprimir prebendas, privilegios, gastos suntuarios y corruptelas…
En ese tipo de transformación es fundamental, por tanto, definir y precisar el propósito general de la misma.
Con esos fines, en estas condiciones de desigualdades y abismos sociales dramáticos, de empobrecimiento material y espiritual creciente, en una sociedad con volúmenes enormes de personas en la miseria y elites burguesas opulentas, es imprescindible adoptar medidas que garanticen mejorías significativas en las condiciones y calidad de vida del pueblo de a pie; así como igualdad salarial y de ingresos por trabajos similares de hombres y mujeres, y en todas las edades de la fuerza humana laboral disponible.
En caso contrario, no será una reforma progresiva, sino regresiva o más bien, contra-reforma.
Pero, además, a esto emplaza:
1.-La enorme degradación ambiental, las carencias y déficits brutales en educación, en alimentación y bajos salarios,
2.-El alto desempleo, el enorme subempleo, la dramática marginalidad económica-social, y los graves problemas de salud, seguridad social y seguridad ciudadana…
3.- El altísimo déficit de viviendas, agua y electricidad, con un estado delincuente, la dependencia galopante y significativos déficits en la producción nacional y la balanza comercial.
La REFORMA FISCAL para ser una transformación del sistema fiscal que beneficie a los pobres, debe centrarse en mejorar las condiciones de vida del pueblo empobrecido, con un plan preciso que toque todos esos capítulos interrelacionados.
Con esas grandes metas pendientes, las verdaderas reformas no pueden ser «equitativas» o «equilibradas» en cuanto a su impacto sobre ricos y pobres, como mañosamente se pregona.
No debe serlo, ni en el orden de los ingresos ni de los gastos.
Las transformaciones deben parcializarse; esto es, destinarse a favorecer a los pobres y a enfrentar los males acumulados.
Alejarse de ser instrumentos de los ricos y muy ricos.
Necesitan ser inclinadas a revertir un orden tributario basado en impuestos al consumo, que penaliza sobre todo y en gran medida a la pobrecía y a sectores de las capas medias.
Requieren reducir gastos corrientes no prioritarios y aumentar las inversiones productivas.
Deben, al menos, quitarle algo significativo a los que poseen riquezas escandalosas y a la vez reciben ganancias insultantes, para redistribuir esos bienes y esos dineros a beneficio de los que menos tienen,
Eso requiere aumentar escalonadamente, a niveles muy superiores a los actuales, los impuestos a la renta; gravar las grandes fortunas, ponerles fuertes impuestos a propiedades mega-millonarias, al consumo lujoso, y a la usura (bancos); y, además, recuperar sumariamente las enormes riquezas robadas al estado y al patrimonio público y natural del país.
Los cambios deben dirigirse a captar los recursos y reducir gastos asignados, o indebida e injustamente apropiados, actualmente destinados a beneficiar unilateralmente a la clase dominante, sectores opulentos, parasitarios y corruptos…para entonces destinarlos a satisfacer necesidades imperiosas de PUEBLO TRABAJADOR.
Ingresos y gastos mal orientados, guardan ahora una fuerte relación con un presupuesto actualmente insuficiente, deficitario, con una ridícula asignación en gasto de capital y un abultado gasto corriente, sensiblemente menguado, en más de un 30 %, por el pago de los servicios de la deuda pública. Algo que es preciso reformar y superar.
Entiendo inaceptable que, en nombre de una reforma fiscal y de la necesidad de aumentar los ingresos y racionalizar el gasto, sean afectados los/as de abajo y los/as del medio.
El sentido de justicia debe primar ante a un cuadro de crecimiento económico brutalmente desigual y bárbaramente injusto en su distribución, en la apropiación y disfrute de las riquezas producidas, y las penurias impuestas a las mayorías populares despojadas de toda fortuna.
La ley del embudo debe comenzarse a desmontar sin vacilaciones
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?
Por Oscar López Reyes
En los entretelones de palabras y conceptos cada vez más laberínticos/sofisticados y las brumas del enfado por la indecencia y el desenfreno de las redes sociales, ciudadanos de todas las estirpes se preguntan por qué estas no son controladas por el Gobierno. Esos intranquilos no se percatan que los ecosistemas digitales son operados por corporaciones transnacionales privadas desconcentradas en los planos tecnológicos y jurídicos, amparadas en el derecho a la información. Dominan el mercado y la geopolítica.
Los Social Media influencian e imponen, como las especies en el firmamento de un hábitat, un puñado de conglomerados enclavados en su mayor parte en Estados Unidos, que poseen una singular capacidad para recopilar datos y liderar puntales esenciales en bolsas y valores, como la inteligencia artificial, y alcanzar una primaria capitalización en el mercado bursátil mundial, por sus impactantes sistemas de producción que modifican sustancialmente los patronos de interacción y laborales.
Los titanes de la información y la comunicación (TIC) se asemejan a la naturaleza y a la idiosincrasia de los núcleos societarios. Las especies prevalecientes, como los árboles o pastos, y los superdepredadores, como el jaguar, el león, el lobo, las hiernas y las abejas reinas controlan los recursos y el ecosistema ecológico, e imponen la estructura del entorno. En las comunidades patriarcales ocurre igual con el padre o varón, que asumen toda la autoridad y el poder, sin resquicios.
El comercio de las redes sociales y plataformas digitales está servido, en la esfera universal, por las gigantes Big Tech o «Gran Tecnología» Meta Platforms (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threaads), Alphabet: Google (YouTube), Microsoft (LinkedIn y Skype), Apple iMessage y FaceTime; Amazon (Twitch) y Scorp (X, antes Twitter), Snap (Snapchat), Reddit (noticias), Pinterest (visual e intercambio de ideas), Discord (videojuegos), Nvidia (procesadores para Inteligencia Artificial) y OpenAI ( ChatGPT).
Aunque estas tecnológicas estadounidenses ejercen supremacía en ese negocio en Asia y Europa, en estos continentes regentean consorcios nativos, como Tencent Holdings y ByteDance, administradora esta última de la aplicación de origen chino TikTok, cuyos inversionistas mayoritarios son norteamericanos, y Alibabá Group de China. También, Line Corporation (Japón), Naver Corporation y Kakao (Corea del Sur), BeReal (Francia), Mastodon (Alemania) y otras de menor dimensión.
Esos emporios monopolizan el mercado financiero y la economía, y moldean a miles de millones de usuarios a los que ofrecen servicios de publicidad digital, entretenimiento y transmisión de videos en vivo, computación en la nube, realidad aumentada integrada y contenido de formato corto, red de microblogging y noticias en tiempo real, interacción en videos, plataformas de voz/videollamadas, comunicaciones móviles, videollamadas cifradas, correo y videoconferencias.
Asimismo, plataformas globales para noticias en tiempo real, aplicaciones de mensajería multimedia, descubrimiento y comunicación visual, mensajería instantánea, comunidades de videojuegos, teléfonos inteligentes, chips de memoria y pantallas, semiconductores y hardware, software, motores de búsqueda, comercio electrónico y otros servicios.
¿Por qué la ausencia de controles estatales de esos digitales globales? Basta simplificar en tres vertientes:
1.- Infraestructura sin control: Las corporaciones operan, tecnológicamente, como redes globales sin una dirección o administración central, o sea, sueltas. Impedir el acceso o bloquear la internet conlleva la innovación de otra arquitectura, compleja y altamente costosa. El cifrado de extremo a extremo (E2EE) emerge como un sistema de ciberseguridad que, con un código secreto en un dispositivo, asegura que los mensajes solo puedan ser leídos por el emisor y el destinatario.
2.- Normas jurídicas: Las compañías referidas han instituido parámetros legales que le permiten decidir qué contenidos difundir en sus sistemas operativos. En Estados Unidos, distintas jurisdicciones, entre ellas el Tribunal Supremo, han ratificado que las tecnológicas están revestidas de derecho para fijar sus propias directrices.
3.- Divulgación libre: Amparadas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la facultad para expresar ideas, creencias y opiniones sin censura ni restricciones gubernamentales.
¿Cuál es la alternativa?
A la zaga de las regulaciones estatales para achicar el imperio del mercado por contadas corporaciones, para asegurar la soberanía digital, esquivar la adicción y el ciberacoso y proteger especialmente la salud mental de niños y adolescentes, ingenieros de datos, arquitectos Web, desarrolladores de software y otros expertos en algoritmos y modelos matemáticos no cesan de ensayar diseños de modelos alternativos para transformar el asfixiante y bochornoso panorama informático/dactilar. Estas son sus proposiciones:
1.- Sancionar nuevas disposiciones legislativas para la regulación digital, similar a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que estatuyan límites, prohibiciones, condicionamientos y sanciones a los oligopolios extranjeros.
2.- Prohibir, como en China con el “Gran Cortafuegos”, Rusia, Corea del Norte e Irán; bloquear y restringir el tráfico de internet y el acceso a las redes sociales y plataformas digitales, con la utilización de sistemas de filtrado centrado de contenido.
3.- Instalar redes sociales nacionales, con inversiones privadas y estatales de decenas de miles de millones de dólares, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, China y Rusia.
4.- Viabilizar las Redes de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN), que facilita que ciudadanos accedan a información no filtrada y que aporten sus propios hardware para constituir una red global, en contraposición a la centralización del servicio en el cual pocas corporaciones invierten miles de millones de dólares.
5.- Implementar los proyectos y plataformas concebidos, como la Inteligencia Artificial Descentralizada, para descalabrar a los oligopolios tecnológicos. En vez de sujetarse a datos controlados por esas corporaciones, con las redes distribuidas y nuevas tecnologías, se logrará la visualización y democratización de fuentes de datos y la gestión participativa.
6.- Crear redes de código abierto (posibilita mejorarlas libremente) y separar el servicio de alojamiento de datos de la curación de contenido (el algoritmo), para facilitar que terceros desarrollen sus propios algoritmos, organicen la información y eliminen el control monopólico.
¿Comprendió usted este vanguardista engendro cibernético? El repaso secuencial de los apuntes precedidos despejan la vereda para la recapitulación: Las naciones en desarrollo, como la República Dominicana, afrontan impedimentos para bloquear o prohibir mensajes en las redes sociales, y para instalar las propias, por carecer de recursos financieros para el montaje de infraestructuras locales de telecomunicaciones, como centros para almacenar datos; profesionales especializados en ingeniería y ciberseguridad e inconvenientes para conminar a las corporaciones extranjeras a cumplir las leyes nacionales, entre ellas las relativas a la obligación legal del pago de impuestos.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
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