Santo Domingo. – Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, informó que el presidente de la República promulgó en la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley núm. 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la Sentencia TC 0765 24 que ordenó sustituir la Ley 10-15.

Peralta Romero indicó que esta reforma, por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.

Destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de Derecho.

Dijo que, entre los elementos destacables del texto promulgado, está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.

El consultor jurídico expresó que es igualmente notorio que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos. Se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.

Añadió que, los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para que la defensa presente su escrito. Además, se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían límite.

Asimismo, en el régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión obligatoria, respondiendo a las exigencias de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para la restricción de libertad. Se incluye el criterio explícito de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su cómputo. Adicionalmente, se garantiza un recurso de apelación efectivo al eliminar el «nuevo juicio» y otorgar facultades a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional.

En definitiva, sostuvo, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto. Por demás, presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones.

En ese sentido, explicó, las extensas sesiones de trabajo que dieron como resultado esta importante reforma, participaron, además de los legisladores, importantes sectores de la sociedad y el Estado, lo que permitió que se arribaran a consensos importantes. Estuvieron presentes en el proceso el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y distintos representantes de la comunidad jurídica.

Con estas transformaciones, que se une la Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penal, entre otras normas de reciente impulso, la República Dominicana consolida una justicia penal más humana, moderna y efectiva, en sintonía con los estándares constitucionales y los desafíos del sistema judicial contemporáneo.

Santo Domingo.– El empresario Eduardo Read Estrella, propietario de «Khersun S.R.L.», una empresa que habría sido contratada por el Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado.

Según los registros vinculados a la investigación, bajo su administración la empresa habría recibido pagos mensuales fijos «por cápita» por cada afiliado asignado, independientemente de si los beneficiarios utilizaban los servicios médicos o no.

Su empresa habría llegado a gestionar la atención de miles de afiliados, lo que la convertiría en uno de los principales proveedores privados del sistema público de salud.

Las autoridades señalan a Eduardo Read como parte de un presunto esquema de corrupción y fraude millonario.

Los contratos con Khersun y los pagos «por cápita» estarían entre los mecanismos usados para facturar servicios de salud sin garantizar que estos se prestaran realmente.

Se investiga que existía un sistema irregular de autorizaciones de procedimientos médicos y compras de medicamentos, en algunos casos gestionados mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, sin el consentimiento de los afiliados y que los pagos se realizaban rápidamente, eludiendo controles internos.

En los días recientes, durante la investigación del «caso Senasa», Eduardo Read acudió a la PGR voluntariamente este sábado, y fue detenido bajo presunta vinculación con los hechos investigados, junto al exdirector de Senasa y ortopeda, Santiago Hazim, y otras personas vinculadas al caso.

Ahora permanece bajo custodia en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional mientras se formaliza la solicitud de medidas de coerción y se profundizan las investigaciones.

SANTO DOMINGO.-La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso y el Ministerio de Educación (Minerd) establecieron una Mesa de Trabajo permanente para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los niños en el sistema educativo de la República Dominicana.

El acuerdo, enfocado en la prevención y respuesta oportuna, garantiza la acción inmediata de las autoridades ante cualquier caso.

La mesa de trabajo fue establecida tras una reunión entre la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García.

El acuerdo subraya la importancia de la cooperación interinstitucional y el enfoque preventivo, teniendo como objetivo principal elaborar una guía para abordar temas que afecten a la población estudiantil.

En cuanto a los temas a tratar, se incluye la violencia en el espacio escolar y sus entornos, bullying, entre otros, además del inicio de trabajos operativos: Los trabajos se iniciarán por la provincia de Santiago, en donde de acuerdo a los indicadores, se requiere una atención especial.

Acordaron, además, realizar inspecciones conjuntas de centros educativos donde han ocurrido incidentes, estableciendo un monitoreo permanente con un informe de novedades en tiempo real.

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