Por Rommel Santos Diaz

El Estatuto de Roma facultó a la Corte Penal Internacional para solicitar la cooperación de los Estados Partes. Estas solicitudes serán normalmente por escrito  y serán tramitadas por la vía diplomática, salvo que el Estado especifique lo contrario.

En algunos casos de urgencias, los requerimientos podrán tramitarse por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, como facsímiles o correo  electrónico, siempre que la solicitud sea confirmada  por el método apropiado.

Las solicitudes de la Corte Penal Internacional y cualquier otra documentación de apoyo serán traducidas al idioma oficial del Estado requerido o en uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Los idiomas de trabajo de la CPI son el  inglés  y el francés.

El Estatuto de Roma señala los contenidos necesarios de la mayoría de las solicitudes de cooperación. La Corte Penal Internacional deberá cumplir  con una exposición concisa de su propósito y fundamentos jurídicos y los motivos de la asistencia solicitada.

La CPI, también deberá presentar una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud hecha al Estado. Asimismo deberá ofrecer información detallada acerca del paradero o la identificación de la persona o el lugar de la búsqueda o identificación.

Según el Estatuto de Roma la CPI, es importante para las solicitudes de cooperación de los Estados  precisar las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito  que deba cumplirse.

Finalmente, se requiere según el Estatuto de la CPI cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud. Los Estados deberán comunicar a la Corte cualquier disposición específica de su derecho interno al respecto.

El Estatuto de Roma prevé que las solicitudes de asistencia sean ejecutadas de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido.

Sin embargo, si el derecho interno no lo prohíbe, la CPI podrá especificar la forma de proceder, incluidos  los procedimientos indicados y la autorización a las personas que deberán estar presentes o que deberán asistir en el proceso de ejecución.

En el caso de una solicitud de cooperación y asistencia de la Corte Penal Internacional  urgente, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán tramitados con urgencia.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

Por Isaías Ramos

Pueblo Viejo debe estudiarse como advertencia nacional sobre lo que ocurre cuando un Estado dueño del recurso firma desde la debilidad ética, patriótica, social e institucional; acepta fórmulas opacas y coloca el patrimonio de la Nación detrás de la rentabilidad privada.

Hubo inversión, empleos, exportaciones y pagos fiscales. Pero ¿puede llamarse desarrollo a un modelo donde la empresa cobra, deduce, recupera y asegura su rentabilidad primero, mientras el Estado espera y el pueblo queda expuesto al agua bajo sospecha, al pasivo ambiental y a la incertidumbre?

El contrato original nació en 2002, bajo Hipólito Mejía, con Placer Dome. Barrick entró en 2006, al adquirir Placer Dome. Pero el desequilibrio se agravó en 2009, bajo Leonel Fernández, cuando la Primera Enmienda colocó al Estado detrás de la recuperación de inversión y de una Tasa Interna de Retorno del 10% para la empresa. La renegociación de 2013, bajo Danilo Medina, corrigió parte del desastre, pero no la lección.

Ese diseño debe recordarse como el peor contrato minero conocido de nuestra historia. Su mayor gravedad fue permitir que la empresa recuperara primero la inversión reconocida y alcanzara una TIR del 10% antes de que el Estado participara plenamente mediante el PUN.

El país dueño del recurso aceptó esperar mientras la empresa aseguraba capital, rentabilidad y ventaja contractual. Eso no fue desarrollo; fue subordinación fiscal. Fue convertir el patrimonio nacional en plataforma de rentabilidad privada desproporcionada: la empresa cobraba primero, deducía primero, recuperaba primero y el pueblo quedaba esperando.

A eso se sumaron privilegios fiscales y exenciones tributarias. Cuando el pueblo pone el oro, el agua y el territorio, pero la empresa recibe exenciones, deducciones, estabilidad contractual y recuperación prioritaria, el contrato deja de parecer desarrollo y empieza a parecer privilegio estructurado y despojo contractual autorizado.

Según denunció Danilo Medina en 2013, de cada 100 dólares de exportación, 97 quedarían para Barrick y apenas 3 para el pueblo dominicano. Eso fue subordinación inaceptable para una nación dueña del yacimiento.

Si hubo que renegociar en 2013, fue porque el contrato era indefendible. Y sin una auditoría independiente e integral, sigue pendiente la pregunta esencial: ¿cuánto de esa “inversión” fue real, cuánto fue deducido y cuánto redujo lo que debía recibir el pueblo?

La trampa está en el lenguaje. Al pueblo se le habla de PUN y porcentajes, pero casi nunca se le explica la participación bruta equivalente por onza. El PUN no es 28.75% de cada onza exportada. Es 28.75% de un flujo neto, después de costos, deducciones, amortizaciones y fórmulas contractuales.

Si el Estado exigiera su parte en metal, el pueblo vería que no recibiría 28.75 onzas de cada 100 exportadas. En 2021, esa equivalencia pudo rondar 11 onzas por cada 100; en 2022, apenas 2. Por eso debe evaluarse por participación bruta real y auditada, no por porcentajes anunciados.

El peor contrato puede terminar haciendo que el pueblo cobre poco, condicionado o no cobre justamente nunca, mientras hereda agua bajo sospecha, pasivos ambientales y miseria territorial.

El artículo 67 es claro: todo contrato o permiso para explotar recursos naturales lleva incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, prevenir daños y restaurar el ambiente si resulta alterado. Además, prohíbe desechos tóxicos y peligrosos, e impone responsabilidad y reparación.

Entonces, ¿qué son los relaves? Los relaves —lodos y desechos mineros— no son sobrantes inocentes. Son residuos que quedan después de triturar roca y extraer oro; pueden contener metales pesados, químicos y materiales capaces de comprometer suelos, ríos y acuíferos. Si pueden liberar sustancias tóxicas o peligrosas, el Estado debe prevenirlos, auditarlos, exigir garantías reales y, si procede, impedirlos.

La Constitución entró al contrato. Aunque no la quieran ver, está ahí.

El artículo 14 es claro: el oro y los recursos mineros no renovables son patrimonio de la Nación, no propiedad privada de una empresa. El artículo 51 protege la propiedad privada, pero no privatiza el patrimonio de la Nación; una concesión permite aprovechar temporalmente un recurso bajo condiciones estrictas, no apropiarse de lo que pertenece al pueblo dominicano.

Por eso, en el Frente Cívico y Social entendemos que Pueblo Viejo debe ser auditado integralmente. No bastan conciliaciones de pagos ni estados financieros de la empresa. El país necesita una auditoría independiente, coordinada por el Estado, con firmas internacionales, universidades, laboratorios especializados y participación técnica nacional.

Esa auditoría debe responder: ¿cuánto se invirtió? ¿Cuánto se recuperó? ¿Qué se dedujo? ¿Cuánta agua se usó? ¿Qué desechos quedan? ¿Qué garantías existen para cierre y post-cierre? ¿Qué pasivos cargará el pueblo?

Auditar no es atacar la inversión. Auditar es defender el Estado de Derecho. Si una auditoría demuestra deducciones indebidas, pagos incompletos, riesgos hídricos o pasivos no garantizados, el Estado tiene el deber constitucional de actuar.

Pueblo Viejo debe quedar como referencia mundial de lo indebido: cuando un Estado firma débilmente, la empresa extrae oro, pero el pueblo puede terminar pagando la factura ambiental, fiscal y soberana.

Ya basta de contratos que brillan para el mercado y oscurecen el territorio. Ya basta de porcentajes maquillados que confunden al pueblo. Ya basta de propaganda que disfraza como minería responsable lo que puede dejar lodos, químicos y pasivos ambientales. Ya basta de minería sin auditoría nacional independiente.

Primero la Constitución.

Primero el agua.

Primero la soberanía.

Primero el pueblo.

Ya basta de improvisar, es tiempo de gobernar con orden constitucional.

Por Oscar López Reyes

LA Semanal con la Prensa relumbró en la cercanía de la silueta de un toque de queda y tuvo más impacto socio-colectivo que las campañas publicitarias del Gobierno, a un bajísimo costo financiero. En diciembre de 2025, cuando fue puesta en pausa, la valoración del desempeño del presidente Luis Abinader era de un 63% y 58.4%, según las firmas encuestadoras Sondeos y Red Estelar, y en mayo de 2026 un 51.7% juzgó que Abinader “ha sido un buen presidente”, según otro estudio de Gallup/ Diario Libre. Esa reducción, ¿acaso ha sido por la opacidad ante el receso aparentemente temporal de La Semanal?

El descenso de un promedio de 10 puntos del porcentaje de favorabilidad, en la muralla de la credibilidad, no ha sido tan pronunciado en comparación con la volatilidad económico-financiero e inflacionaria enroscadas por las turbulencias internacionales. Ha sido el reflejo, según se infiere de los indicios más concordantes, de su sostenida alta apreciación de honestidad y la evidente preocupación en sus funciones presidenciales.

Las estadísticas antes citadas ratifican que a menor visibilidad, menor aceptabilidad, y retrotraen las teorías del comportamiento humano de que en la aprobación de un sistema o producto inciden la utilidad conocida y la facilidad de uso percibida. Por esa premisa, el Ministerio de Turismo, el más publicitado del Gobierno, arroja la más alta acogida en encuestas de diferentes compañías especializadas.

¿Hace falta LA Semanal? ¡Hola mamá! ¡Hola papá! Voces opositoras están de pláceme con la consumación de un proyecto de canalización mediática gubernamental visible, que ahora le ha permitido colocarse a la ofensiva, para atizar el fuego proveniente de Ucrania e Irán. Sin LA Semanal se evade la extensa matriz explicativa del conflicto social, en contravención con la imponente mega-tendencia universal de la transparencia interactiva.

Para abrigarse con la prudencia ultraconservadora y descansar ante el presunto desgaste de LA Semanal, se acudió a la fuga y, en ese pozo, el Gobierno ha reducido o eliminado el interaccionismo simbólico -o cara a cara- en el espejo de la sinceridad. En esa encrucijada temática, con ausencia de sonido, se entrecruzan la mudez terapéutica (personal) y la información del silencio (social).

La suspensión referida ha agravado, sin ton ni son, la inconsciente, vieja y visceral política defensiva estatal y estaría acumulando neumáticos incendiarios para que el jefe de Estado actúe en peligrosa improvisación de apagafuego comunicacional tardío, en crisis situacionales. ¿Riesgo contingente?

En esa tónica, conviene al presidente de la República: ¿callar o conversar, mucho o poco?

En el análisis dimensional, se asoman tres escenarios: el accionar extrovertido y reservado de los últimos jefes de Estado: Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.

Hipólito Mejía: dialogaba con los periodistas dos y tres veces en un solo día, en una sobreexposición, con una desventaja psicolingüística muy contradictoria y perjudicial. Amortiguaba ligeramente con la jocosidad de sus mensajes. Preserva una singular simpatía.

Danilo Medina: aplicaba la espiral del silencio absoluto y suministraba la información a través de su Dirección de Comunicación Estratégica, en evasivas y prolongadas pausas intencionales que se tendían como una autocensura presidencial, sin un rendimiento eficaz y a la vez contraproducente. ¿Qué le ha pasado…?

Luis Abinader: LA Semanal se patentó como el epicentro de su estrategia comunicativa gubernamental más impactante, útil y económica que cualquier campaña publicitaria. La voz presidencial no lineal, sino horizontal, en un tubo de análisis espontáneo, empujó en la construcción noticiosa y compartió su lenguaje en tiempo real del ecosistema digital, sin exceso de exposición. En cuatro y cinco actividades diarias, el mandatario no divulgaba datos clave ni concedía entrevistas, porque los aguardaba para LA Semanal.

Abinader se delineó en un punto intermedio entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, y se acerca –en un tercer lugar- a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en mayo de 2026 lidera el ranking de popularidad de América Latina, con un 67,8%, conforme con la última encuesta de CB Global Data. A Sheinbaum le ha ayudado sustancialmente “La Mañanera del Pueblo”, en la cual diariamente hace un buen ejercicio para la evitación y responder las preguntas incómodas. Sus narrativas le permiten dominar la agenda pública y mantener envidiables niveles de aprobación, que ha fluctuado entre 70 y 85%.

Esta época de geolocalización y sensores, registrada por las evolutivas Web 2.0 para la interacción social y la Web 4.0 o Inteligencia Artificial como push y pulll, obliga a la comunicación bidireccional, centrada en las generaciones humanas y demográficas Millennials o Y (nacidos entre 1981 y 1996, en el advenimiento de internet), Z o Zoomers (entre 1997 y 2012, llegada de smartphones y redes sociales) y Alpha (2013-2026, nativos digitales de la pantalla táctil interactiva), que representan el 70% de la población total. ¿A ellos llegan los discursos apresurados, sin tiempo ni aclaraciones en eventos breves y encuentros con élites mediáticas?

Estas generaciones son mucho más exigentes que sus antecesoras: la Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) y la X (entre 1965 y 1980), y para convencerlas y fidelizarlas en sus dispositivos móviles se invita a la aplicación del neuromarketing, en un mapa de empatía, como la interacción en El Café, la Tertulia o LA Semanal, y no con información a través de terceros inexpresivos y sin reconocimiento colectivo.

Y, en la conexión con las audiencias clásicas y los nuevos ciudadanos para la brillantez reputacional y observar el Derecho a la Información, sin jugar a escondidas en la mediación tecnológica ni huir a los peligros de la cámara lúcida en la semántica textual, cinco son los recetarios:

1.- Escuchar y ser escuchado, y dar respuesta inmediata, en el tú a tú, a los reclamos, sugerencias y quejas masivas.

2.- Desarticular a tiempo incertidumbres y rumores, y no como información pasiva en el inmediatismo de la difusión tanto presencial como digital.

3.- Maximizar la transparencia pública, en el ángulo estratégico gubernamental.

4.- Mostrar ser proactivo, en un acceso directo y social media emocional con los destinatarios de interés.

5.- Alimentar noticiosamente a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, sin la presunción del escaparate de la mordaza ni el monopolio de jerarcas mediáticos.

Después de dos años, tres meses y 10 días de productiva existencia, LA Semanal se deslizó como una urgencia mediática y colectiva, lógicamente con la pertinencia en este instante de su perfeccionamiento para una mayor eficacia, soportada en la medición.

Por las predichas conceptualizaciones sugerimos, con el permiso de sabios y notables expertos, la recontextualización de LA Semanal, para su relanzamiento detrás del fortalecimiento de la información y el debate, en la incertidumbre gestada por cohetes que piruetean en ultramar. ¡Ah!, y a la puerta de un certamen comicial en que sobre el Gobierno caerán todas las cruces, manipuladas por judas y renegados que pérfidamente medran en todos los gobiernos, sin lealtad.

Proponer como experto, en un periquete crucial, el acomodo en un rincón desolado -¡Adiós, irrevocablemente, a LA Semanal!- huele a una invitación funesta, que abre trochas para la estampida en el escondrijo de saltarines con sobradas habilidades para impresionar. En la congruencia y filosofía comunicativa, bajar la presencia mediática desajusta más la tuerca que anunciar, a destiempo, la no jugada electoral, sembrando implícitamente la percepción de que han terminado los días de gloria gubernamental.

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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).

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