Santo Domingo, RD. – Ingrid Jorge, acusada de presunta difamacion e injuria contra la ministra de Interior y Policia, Faride Raful, fue declarada en rebeldia por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

La magistrada Yanibet Rivas emitió además una orden de conducencia contra Jorge, luego de que la imputada no se presentara a la audiencia pautada para el conocimiento del juicio preliminar.

El abogado de la funcionaria, Miguel Valerio, informó que la parte querellante ha mantenido disposición de alcanzar una solución alterna al conflicto judicial.

Según indicó, una vez Ingrid Jorge comparezca ante el tribunal, se procederá al levantamiento de la rebeldía y se fijará una nueva fecha para continuar el proceso.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público de la República Dominicana, Jorge enfrenta cargos por presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además del artículo 367 del Código Penal Dominicano.

El documento judicial argumenta que dichas afirmaciones carecen de fundamento y habrían tenido como objetivo afectar la reputación, el honor y la imagen pública de la ministra.

A lo largo del proceso, Raful ha sostenido que acudió a los tribunales para defender su derecho a la intimidad y al honor frente a lo que considera campañas de difamación y desinformación.

La funcionaria ha reiterado su confianza en el sistema judicial y en que el caso siente precedentes sobre la responsabilidad legal derivada de contenidos difundidos en plataformas digitales y medios de comunicación.

Santo Domingo. – El contraperitaje presentado por la defensa de los hermanos Espaillat es considerado contradictorio y carente de conclusiones claras, sino que además que refuerza la teoria de negligencia sostenida por el Ministerio Público, según los abogados de las víctimas del caso Jet Set.

Uno de los representantes legales afirmó que el documento “le salió el tiro por la culata” a los imputados, debido a que el propio informe habla de un deterioro progresivo y estructural de la edificación, lo que —a su juicio— evidencia que el colapso era previsible y pudo evitarse.

El contraperitaje, en lugar de ayudarlos, lo que hace es agravar la situación y robustecer la teoría de negligencia grave prolongada en el tiempo”, expresó el jurista, quien sostuvo que la calificación jurídica, basada en el artículo 319 del Código Penal, debe mantenerse.

El abogado cuestionó, además, la imparcialidad y el carácter técnico del informe elaborado por los peritos contratados por la defensa, calificándolo como “un resultado buscado y pagado para eso”.

Otro de los abogados de los querellantes señaló que el peritaje incumple el mandato emitido por el tribunal, debido a que los expertos no abordaron varios de los aspectos técnicos ordenados por el juez y, en cambio, se dedicaron a cuestionar el informe realizado por las autoridades.

«El tribunal ordenó una cosa y eso fue otra. No concluye nada y reconoce que no tuvo tiempo suficiente para terminar pruebas importantes”, indicó.

Asimismo, criticó que se intentara presentar el informe como una contradicción al peritaje oficial, al tiempo que recordó que el desplome dejó 236 muertos, 180 heridos y decenas de niños en la orfandad.

• «Ustedes pueden hablarme de todas las fórmulas que quieran, pero eso no elimina la responsabilidad penal ni civil», manifestó.

De igual forma, otro abogado de las víctimas calificó el documento como un “contraperitaje contradictorio”, al entender que no establece de manera definitiva las causas reales del derrumbe del techo del centro nocturno.

«Hablan de probabilidades y, cuando se habla de probabilidad, no hay conclusión. Por eso entendemos que el juez debe excluir completamente ese informe”, expresó.

Según explicó, los peritos atribuyen parcialmente el colapso al deterioro de una estructura con más de 50 años, mientras también mencionan posibles fallas de construcción, argumentos que consideró incompatibles entre sí.

Además, varios representantes legales adelantaron que solicitarán formalmente la exclusión del peritaje durante el juicio de fondo, alegando violaciones al principio de contradicción y al debido proceso, debido a que la prueba fue depositada luego del cierre de la etapa procesal.

Hace un mes que este proceso cerró y ahora pretenden incorporar una prueba que no fue debatida ni conocida por las partes. Eso viola el artículo 69 de la Constitución”, sostuvo uno de los abogados.

Los juristas insistieron en que el informe oficial del Ministerio Público mantiene mayor credibilidad y que las evidencias visuales y técnicas apuntan a una sobrecarga estructural interna y a una falta de mantenimiento prolongada en el tiempo.

Fue suspendida este miércoles  la reunión programa para este jueves a las diez de la mañana entre una delegación del gremio de jueces y el Consejo del Poder Judicial, a fin de integrar a representantes de todos los sectores judiciales, según informó la presidenta de la Asociación de Jueces, Rosanna Vásquez.

En la jornada, los magistrados tienen previsto presentar sus demandas sobre aumento salarial, pensiones y contratación de personal, en medio de las tensiones generadas tras la huelga que paralizó tribunales y audiencias en distintas jurisdicciones del país.