Santo Domingo, R.D.-El magistrado Joob García, juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, impuso una medida de coerción consistente en garantía económica de ocho millones de pesos contra 6 implicados en el caso de la muerte de la niña de nacionalidad haitiana, Stephora Joseph, de 11 años, quien ahogó en una piscina.
La medida fue dictada tanto contra personas jurídicas como físicas vinculadas al hecho. Entre los imputados figuran la Asociación Leonardo Da Vinci, Inc.; su presidente, Eduardo Rafael Estévez Bretón; el director académico Freddy Núñez; así como la empresa Hacienda Los Caballos, S.R.L., junto a Pedro Pablo Muñoz Puntiel, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, estos últimos relacionados con la referida propiedad.
Los abogados de la familia de la víctima, Miguel Valdemar Díaz Salazar y Shesnel Alejandro Calcaño Mena, valoraron parcialmente la decisión del tribunal, al tiempo que cuestionaron la ausencia de medidas de coerción personales.
Díaz Salazar explicó que la disposición judicial busca garantizar una eventual reparación civil en caso de que se determine responsabilidad en el proceso.
“Se trata de una medida de coerción real, no personal, cuyo objetivo es asegurar que la víctima o sus familiares puedan ejecutar una indemnización en el futuro”, indicó.
Asimismo, señaló que el tribunal acogió de manera parcial los planteamientos de la parte querellante, permitiendo que los imputados enfrenten el proceso en libertad, bajo la obligación de presentar la garantía económica establecida.
De su lado, el abogado Shesnel Alejandro Calcaño Mena sostuvo que durante el proceso el Ministerio Público no ha actuado con la contundencia esperada, alegando que existen elementos que comprometen a algunos de los involucrados.
Indicó además que, según informaciones ventiladas en audiencia, representantes del centro educativo tenían conocimiento de restricciones relacionadas con las actividades que se realizaban al momento del hecho.
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de Participacion Ciudadana, Leydi Blanco, sostuvo que la reciente restricción de la Junta Central Electoral (JCE) con respecto a las publicaciones de encuestas políticas puede identificarse como un acto de «buena fe» hacia la ciudadanía, pero eso no quiere decir que se trate de una decisión legal.
«Yo puedo entender esa buena fe de la Junta Central Electoral de no utilizar las encuestas como instrumentos clientelares y proselitistas antes que un proceso electoral; sin embargo, eso no quiere decir que la decisión sea legal, legítima», advirtió.
Explicó que aun cuando tal vez el ciudadano pueda estar cansado de las campañas a «destiempo» de los aspirantes políticos, el artículo 128 de la ley establece que antes de los ocho días del proceso electoral no se puede seguir realizando estas encuestas.
A su entender, consideró que lo correcto es seguir fortaleciendo el sistema electoral para que las encuestas sean reguladas apelando a una modificación de la ley electoral.
«Lo que yo creo que como sociedad es que hay que hablar de una modificación a la ley electoral, debilitando nuestros procesos electorales como el clientelismo con el proselitismo, que nos desvían de la función real, que es generar bienestar general a la comunidad dominicana», comentó con resolución.
De su lado, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, explicó que, aunque puede comprender y respetar la decisión del órgano electoral, esta herramienta continuará usándose, ya sea para el trabajo de campaña electoral, consumo interno, para saber y tomar la temperatura de cómo anda el país o lo que siente la población con ciertas figuras políticas.
Bajo el argumento de que se trata de «herramientas de trabajo que reflejan lo que siente el país en términos electorales», sostuvo que están para usarse y no hay que temer su uso.
«Yo pienso que las encuestas reflejan lo que se siente el día de hoy; en base a ellas hay que trabajar y punto. Yo respeto mucho lo que ha dictaminado la Junta Central Electoral», manifestó.
El abogado Manuel Fermín explicó que el Tribunal Constitucional ha dado varias decisiones que refieren que la libertad de empresa, trabajo o de expresión no hacen referencia a libertades absolutas y pueden ser reguladas siempre y cuando se resguarde el núcleo esencial del derecho.
En el caso de la JCE, aclaró que la entidad no prohibió en ningún momento la publicación de encuestas, sino más bien que estas serán usadas en un momento determinado, específicamente a partir del 2027.
“Es un tema de discusión, yo no digo que sea un tema fácil. Ahora, lo que hay que entender es el alcance del poder reglamentario. La JCE ha entendido que en este momento esas encuestas están haciendo daño en lo que puede ser quizás la manipulación, por ejemplo, de la ciudadanía con encuestas que pueden ser posicionamiento y no encuestas que reflejen realmente lo que es el escenario electoral actual”, aseveró.
A su juicio, todo responde a un ejercicio de la protesta reglamentaria que se ajusta a lo que constitucional y legalmente establecen en este caso la constitución y la ley 20-23.
Santo Domingo, R.D.-Héctor Porcella, director de la Junta de Aviación Civil (JAC), anunció que a partir de este 30 de mayo el espacio aéreo y la conectividad con Haití serán reabiertos tras más de dos años de restricciones entre las dos naciones que comparten isla.
“Ya la Junta de Aviación Civil se juntó e hizo una reunión con todos los organismos de Estado que tienen que incidir en la reapertura de los vuelos de Haití hacia la República Dominicana; emitimos una resolución que a partir del 30 de mayo quedará oficialmente abierto el espacio aéreo y la conectividad aérea con la República hermana de Haití”, indicó.
Aunque detalló que hay protocolos a seguir en el área de salud y seguridad establecidos en este proceso, todos están coordinados y organizados con los diferentes departamentos del Estado para iniciar el vuelo entre el Cabo Haitiano y los aeropuertos del país, recordando que ante la situación de violencia y criminalidad de la vecina nación, todo se llevará de forma gradual para garantizar seguridad.
Entre estos protocolos está un formulario que tendrán que llenar todos los pasajeros que vienen desde Haití, coordinar la cantidad que entrará en el país, revisar sus documentos personales y otros controles de monitoreo para seguir con detenimiento la apertura de conectividad aérea.
“Ya está todo coordinado con las diferentes instituciones del Estado para darle apertura a los vuelos de Haití, pero con una coordinación ordenada y gradual. Hay que cumplir con unos protocolos que ya se coordinaron con todas las agencias del Estado y asegurar que todos los pasajeros que vengan de Haití sean bien depurados; tienen un formulario sanitario que es importante y en eso estamos”, subrayó.
De acuerdo a sus declaraciones, la iniciativa fue tomada con decisiones e instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, y en conversaciones con el gobierno de Haití para reabrir el espacio aéreo e impulsar la conectividad a través de instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), se hizo la resolución.
La reanudación de los vuelos estaba en un principio tentativamente para el primero de mayo; al entablar conversaciones con instituciones del Estado dominicano, acordaron realizar el protocolo mencionado con todo el órgano estatal involucrado y extender la operación dentro de 30 días más.
En su momento, Porcella indicó al Listín que el proceso no había sido abandonado, pero sí replanteado.
De esta forma, en la última reunión de la JAC aprobaron la resolución para iniciar el proceso.
“Ya está todo coordinado con las diferentes instituciones del Estado para darle apertura a los vuelos de Haití, pero con una coordinación ordenada y gradual”, acotó.
Aclaró que para apoyar la conectividad aérea, los vuelos privados y vuelos chárter también estarán abiertos y continuarán con los vuelos humanitarios de emergencia bajo la modalidad y el protocolo establecido por el MIREX.
Como las operaciones aéreas de pasajeros y cargas serán a través del Aeropuerto Internacional de Cap-Haïtien, el funcionario explicó que, según el resultado de los protocolos establecidos, se evaluará si continuarán o no ampliando las rutas a los diferentes aeropuertos de Haití.
La decisión toma lugar tras la reanudación del diálogo bilateral entre Haití y República Dominicana con el canciller Roberto Álvarez y su homóloga Raina Forbin centrándose en seguridad fronteriza, el comercio, el transporte y los mecanismos de cooperación bilateral.
Santo Domingo, R.D.-Fue puesto en funcionamiento este jueves por el Gobierno el proceso que les permitirá la entrega, de manera digital del permiso a los menores de edad para viajar fuera del país.
Aunque no especificaron el tiempo que tardarían los padres en recibir el documento que deben presentar en el aeropuerto, las autoridades gubernamentales aseguraron la agilidad que permitiría el nuevo procedimiento.
Así lo expresó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante un acto realizado en el Palacio Nacional, donde informó que la utilización de ese servicio tendrá una tarifa fija de RD$6,300, antes situada en RD$5,700 y “hasta RD$20,000 pesos en zonas turísticas”.
Paliza indicó que han logrado establecer un acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios para colocar un tope de RD$3,000 al costo por la asesoría legal.
Además, la Dirección General de Migración (DGM) informó que el documento digital estará exento de costo para los usuarios durante los primeros 30 días. No obstante, sería únicamente “para los padres dominicanos”.
“Para permitir al solicitante adaptarse a esta nueva modalidad de servicio digital. Hemos dado un gran paso muy presente en la ruta hacia la modernización de los servicios”, dijo el director de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.
Según explicó ante el presidente Luis Abinader, Migración tardaba hasta dos semanas en algunos meses del año para entregarle la autorización a los padres.
Sin embargo, con el nuevo sistema que estará en la página web de esa entidad, “una madre podrá autorizar a su hijo desde cualquier dispositivo tecnológico, quedando registrado en nuestro sistema y vinculado al pasaporte”.
“Un permiso de salida de menores más rápido, más transparente y pensado para facilitar la vida de la familia. No significa reducir controles, significa procesos más accesibles y seguros para los usuarios”, manifestó Ballester.
Precisó que entre 2025 y 2026 la entidad migratoria ha emitido más de 83,000 permisos de menores, lo cual evidencia la importancia de ese servicio. “Por eso entendíamos que sabíamos seguir mejorando”.
Migración tardaba hasta dos semanas en algunos meses del año para entregarle la autorización a los padres.Fuente externa
Participación “sin costo”
El presidente Luis Abinader, quien encabezó la actividad, agradeció el acompañamiento que realizó la empresa Bloomberg Filantropía para la transformación digital desarrollada en Migración.
“Quiero decirle que esto es una colaboración de ellos sin ningún pago, solamente con el compromiso de ayudar a mejorar la calidad de vida de la República Dominicana”, aseveró.
“Menos burocracia”
Abinader, según expresó, considera que este tipo de iniciativas públicas son fundamentales para la ciudadanía.
“Esto es hacer que una madre pierda menos tiempo en un trámite, que una familia tenga menos preocupaciones, que un padre pueda resolver una gestión sin dejar el trabajo o recorrer varias oficinas”, resaltó.
De acuerdo con su exposición, el Poder Ejecutivo está consciente de que “detrás de cada servicio público hay personas reales con necesidades reales”.
“Estamos respetando su tiempo, su tranquilidad y su dignidad, porque cada minuto que un ciudadano pierde en burocracia es tiempo que le quitamos a su familia, que le quitamos a su trabajo, a sus proyectos y a sus sueños”, destacó.