Santo Domingo.– Durante los primeros cinco meses de 2026 el Fideicomiso RD Vial recaudó RD$5,778,179,800, producto del tránsito de 42,323,519 vehículos por las diferentes estaciones de peaje del país.

La entidad, dirigida por Hostos Rizik Lugo, indicó que el promedio mensual de recaudación superó los RD$1,155 millones, mientras que el flujo vehicular promedio fue de 8.4 millones de vehículos por mes.

Según explicó Rizik, la mayor parte de estos recursos se destina al financiamiento, ampliación y construcción de importantes infraestructuras viales ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

RD Vial destacó que, entre enero y abril de 2026, las inversiones realizadas mediante los recursos administrados por el fideicomiso alcanzaron los RD$3,080,448,976.78.

Asimismo, informó que el monto acumulado invertido entre 2021 y abril de 2026 asciende a aproximadamente RD$59,266 millones.

Estos recursos han sido destinados al avance de proyectos estratégicos de infraestructura vial en distintas regiones del país.

La institución también informó que mantiene una cartera de proyectos viales valorada en RD$38,700 millones, entre obras adjudicadas y en proceso de licitación.

Entre estas iniciativas destacan la Autopista del Ámbar, con una inversión proyectada de RD$32,000 millones; los elevados de los kilómetros 17, 22 y 28 de la Autopista Duarte; así como la ampliación de la avenida Sánchez.

La estación de peaje de la Autopista Duarte registró la mayor recaudación del período enero-mayo, al generar RD$784.2 millones mediante el tránsito de más de seis millones de vehículos, equivalentes al 14.19 % de los ingresos totales.

Le siguieron las estaciones de Las Américas, con RD$531.3 millones; el Tramo I de la Circunvalación Santo Domingo, con RD$482.6 millones; la Autopista 6 de Noviembre, con RD$353.5 millones; y la Autovía del Coral, con RD$355.4 millones.

RD Vial destacó que las 17 estaciones de peaje del país movilizaron más de 42.3 millones de vehículos durante los primeros cinco meses del año, generando recursos que son reinvertidos en el desarrollo y modernización de la infraestructura vial nacional.

Santo Domingo.- Luis Peña Núnez, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), informó este domingo que su gestión ha identificado una serie de irregularidades en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS), tras evaluaciones financieras y administrativas realizadas durante los últimos cinco meses.

Sin embargo, el gremialista evitó confirmar versiones que circulan de manera extraoficial sobre un presunto desfalco de hasta 50 millones de pesos, al insistir en que las investigaciones aún no han concluido.

“Estamos haciendo los procesos investigativos. Posteriormente, cuando concluyan, ofreceremos los detalles precisos y oportunos”, afirmó.

De hecho, este lunes el que el Gran Bloque Unitario, conformado por pasados presidentes y otros miembros, ha convocado a una rueda de prensa para denunciar un alegado desfalco en el IPPS, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por la actual directiva del CMD.

Aunque Peña Núñez se rehusó a aclarar quién investiga y a quiénes investiga, datos extraoficiales también apuntan a que esta involucra a empleadas de una entidad financiera privada, así como cuatro gestiones pasadas del gremio médico.

Peña Núñez explicó que, desde su llegada al gremio hace cinco meses, se dispuso una investigación exhaustiva para evaluar la situación financiera del instituto, detectando inconsistencias que están siendo analizadas bajo los procedimientos legales correspondientes.

El presidente del CMD subrayó que el proceso no es breve debido a la complejidad de los hallazgos y a la necesidad de respetar el debido proceso.

“Es una investigación profunda y exhaustiva. Tenemos que actuar con calma para hacer las cosas correctamente”, sostuvo.

Agregó que los resultados podrían darse a conocer en un plazo aproximado de un mes o incluso antes, una vez concluyan los análisis técnicos.

El dirigente médico insistió en que, hasta el momento, no se han establecido responsabilidades ni se han formulado acusaciones formales.

“Nosotros no hemos hecho ninguna acusación. Estamos informando que hay situaciones que se están investigando”, puntualizó.

Reiteró que, de comprobarse irregularidades que comprometan el patrimonio institucional o violaciones a la ley, los hallazgos serán remitidos a las autoridades competentes.

Peña Núñez aseguró que la actual Junta Directiva 2025-2027 actúa sin responder a intereses particulares y con el objetivo de proteger los recursos del gremio médico.

“Nuestro compromiso es salvaguardar los intereses de todos los médicos y garantizar el cumplimiento de la ley”, expresó.

El Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS) tiene como función principal ofrecer apoyo a los galenos, incluyendo ayudas económicas, préstamos, pensiones y asistencia en situaciones familiares, como fallecimientos.

En ese sentido, el presidente del CMD enfatizó la importancia de esclarecer cualquier situación que pueda afectar los recursos destinados a la protección social de los médicos.

Mientras avanzan las investigaciones, el gremio mantiene la expectativa sobre los resultados que arroje la auditoría interna, en medio de señalamientos externos aún no confirmados.

“Cuando tengamos todos los detalles, los daremos con transparencia a los medios y a los médicos”, dijo Peña Núñez.

Santo Domingo, R.D.-La jueza titular del SextoJuzgado de Instruccion del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, decidió que todos los imputados en el caso de corrupción del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) deben pasar a la fase final del juicio, donde será determinada su culpabilidad o inocencia.

Dentro de los principales imputados está el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José (Jochi) Gómez Canaán, señalado por el Ministerio Público como eje central del esquema fraudulento por mantener vínculos societarios con la empresa Transcore Latam, beneficiada en 2023 supuestamente de manera irregular con un contrato de un valor superior a RD$1,300 millones.

El proceso de licitación tenía el objetivo de mejorar la red de semáforos de la provincia Santo Domingo. Sin embargo, fue suspendido ese mismo año por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) tras haber detectado “un entramado societario difuso”. Esto provocó que en octubre de 2024 el MP solicitara medida de coerción en contra de Beras, Gómez, funcionarios y otros involucrados.

Dentro de la lista de los ciudadanos que pasarán a juicio de fondo se encuentran Pedro Vinicio Padovani Báez, exsupervisor del centro de control de tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

Además, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Mientras que las compañías judicializadas son Aurix S.A.S., propiedad de Jochy Gómez; Transcore Latam S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Con el dictamen de la magistrada Rivas, varias tipificaciones penales atribuidas por el MP a los imputados fueron suprimidas, ya que no contaban con la argumentación necesaria. Dentro de la lista de calificaciones jurídicas excluidas se encuentran el terrorismo y la falsedad de documentos privados.

El tribunal acogió la supuesta violación cometida en contra de los artículos 123 y 124 del Código Penal que hacen referencia a coalición de funcionarios. Por este tipo penal son señalados Hugo Beras, Fran Atilano, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, ya que, “en su calidad de funcionarios y empleados públicos”, dispusieron medidas contrarias a la antigua ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

“De ahí la identificación que hace el tribunal del tipo penal de estafa, cuyo elemento objetivo es el empleo de maniobras fraudulentas para obtener fondos ajenos, en este caso los fondos del erario”, precisó la magistrada durante la audiencia.

Además, adicionó los tipos penales de desfalco y asociación de malhechores para los imputados Hugo Beras, Fran Atilano, Juan Francisco, Jochi Gómez, Carlos José Peguero y Pedro Padovani.

Contempla también el artículo 146 sobre falsedad cometida por el imputado Juan Francisco, con miras supuestamente de estafar al Estado. “Se emitieron certificaciones falsas, como la certificación de que se contaba con fondos que hizo supuestamente”, dijo la jueza.

En cuanto a las imputaciones de Pedro Padovani, José Peguero y Jochi Gómez, se les atribuye además en esta línea de investigación los tipos penales dictados en los artículos 150 y 151 del Código Penal, los cuales penalizan la falsedad de documento privado y el uso de documentos falsos.

El tribunal también admitió la Asociación de Malhechores y la Estafa para las empresas DKolor y Pago RD por  “la manipulación que hubo en los montos y las deudas supuestamente generadas a través de las adendas”.

Asimismo, permitió que Jochi Gómez fuese juzgado por haber recibido, a través de la empresa Aurix de la que es propietario, un acuerdo irregular con el Ministerio de Defensa (MIDE) con el cual “tuvo acceso privilegiado a informaciones sensibles de carácter militar y de seguridad nacional”.

Además, el Tribunal acogió en contra de Gómez, Padovani y José Peguero la clasificación jurídica del sabotaje, contemplada en el artículo 11 de la Ley 5307 sobre delitos y delitos de alta tecnología, el cual indica que ese delito tiene el objetivo de “alterar, dañar, causar mal funcionamiento a sistemas electrónicos e informáticos”.

“En ese mismo orden de ideas se atribuye la violación al artículo 28 de la citada ley en cuanto a los crímenes y delitos contra la nación”, expresó la magistrada.

Jochi Gómez, Pedro Padovani, José Peguero y José Ángel Gómez también serán juzgados por supuesto robo de identidad, tipificado en el artículo 17 del conjunto de leyes penales.

Mientras que únicamente para Gómez estará la calificación jurídica de contrabando agravado.

Según establece el órgano persecutor, Gómez, con la asistencia de Beras, habría provocado durante la última semana de agosto de 2024 un sabotaje a la red de semáforos de la provincia Santo Domingo.

No obstante, la titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional explicó en la audiencia que en la narrativa del MP no existe “ningún elemento que dicha conducta estuviese dirigida a provocar muertes, lesiones físicas o psicológicas a personas, ni tampoco a generar estragos materiales en infraestructuras estratégicas”, por lo que declaró inadmisible la judicialización por terrorismo.

«No basta con la realización de una acción que provoque un desorden en el tránsito. Tampoco precisa víctimas determinadas o indeterminadas que hayan sufrido afectaciones físicas o psicológicas”, reiteró.

La titular del tribunal utilizó el único hecho condenado como terrorismo en el país, registrado en 2014, para contrastar su decisión: el atentado realizado en el metro de Santo Domingo.

“Esa sentencia le permite al tribunal hacer un contraste, puesto que así se evidencia que en este proceso no se produjeron lesiones a personas, no se generaron graves daños a las infraestructuras ni se creó un estado de temor generalizado en la población”, concluyó Rivas.

El Tribunal eliminó la tipificación penal de contrabando en contra de Pedro Padovani y José Peguero, “en vista de que el Ministerio Público no desarrolló ninguna relatoría de hecho que describa cuál fue la acción que tuvieron estos imputados; en el tema del contrabando, no se establece ninguno de los verbos rectores en cuanto a producir, adquirir, recibir u ocultar”.

El tribunal aclaró que José Peguero es imputado, a pesar de los esfuerzos de su defensa para presentarlo como “prueba testimonial”.

“Carlos José Peguero, que el abogado se ofertó al imputado como testigo y el imputado no es testigo en el proceso”, indicó la magistrada.

La jueza decidió mantener el impedimento de salida del país a Jochi Gómez, ya que “el derecho al libre tránsito de este ciudadano amerita ser controlado por el tribunal. Hasta ahora a él se le han dado los permisos y eso permite una supervisión efectiva de sus movimientos”.

Además, aceptó imponer presentación periódica contra Mariano Agustín, Eduardo Mora y Darío Félix.

¿Cuáles son los señalamientos realizados por el MP?

Según una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, el MP, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, señala a Jochi Gómez como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, las cuales eran responsables del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.

Frank Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.

Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.

Juan Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.

Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.

José Peguero movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L.

Mariano Gustini y Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.

Darío Feliz operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.

Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.

Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.

Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.

Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.