Por Isaías Ramos

Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.

La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.

Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.

La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.

Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.

La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.

Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.

La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.

La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.

También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.

En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.

Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.

Por Rosario Espinal

La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.

La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.

El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.

Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.

Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.

Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.

La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.

Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.

De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.

La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.

El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.

Bibliografía

Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.

Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana

Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?

Por Oscar López Reyes

En los entretelones de palabras y conceptos cada vez más laberínticos/sofisticados y las brumas del enfado por la indecencia y el desenfreno de las redes sociales, ciudadanos de todas las estirpes se preguntan por qué estas no son controladas por el Gobierno. Esos intranquilos no se percatan que los ecosistemas digitales son operados por corporaciones transnacionales privadas desconcentradas en los planos tecnológicos y jurídicos, amparadas en el derecho a la información. Dominan el mercado y la geopolítica.

Los Social Media influencian e imponen, como las especies en el firmamento de un hábitat, un puñado de conglomerados enclavados en su mayor parte en Estados Unidos, que poseen una singular capacidad para recopilar datos y liderar puntales esenciales en bolsas y valores, como la inteligencia artificial, y alcanzar una primaria capitalización en el mercado bursátil mundial, por sus impactantes sistemas de producción que modifican sustancialmente los patronos de interacción y laborales.

Los titanes de la información y la comunicación (TIC) se asemejan a la naturaleza y a la idiosincrasia de los núcleos societarios. Las especies prevalecientes, como los árboles o pastos, y los superdepredadores, como el jaguar, el león, el lobo, las hiernas y las abejas reinas controlan los recursos y el ecosistema ecológico, e imponen la estructura del entorno. En las comunidades patriarcales ocurre igual con el padre o varón, que asumen toda la autoridad y el poder, sin resquicios.

El comercio de las redes sociales y plataformas digitales está servido, en la esfera universal, por las gigantes Big Tech o «Gran Tecnología» Meta Platforms (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threaads), Alphabet: Google (YouTube), Microsoft (LinkedIn y Skype), Apple iMessage y FaceTime; Amazon (Twitch) y Scorp (X, antes Twitter), Snap (Snapchat), Reddit (noticias), Pinterest (visual e intercambio de ideas), Discord (videojuegos), Nvidia (procesadores para Inteligencia Artificial) y OpenAI ( ChatGPT).

Aunque estas tecnológicas estadounidenses ejercen supremacía en ese negocio en Asia y Europa, en estos continentes regentean consorcios nativos, como Tencent Holdings y ByteDance, administradora esta última de la aplicación de origen chino TikTok, cuyos inversionistas mayoritarios son norteamericanos, y Alibabá Group de China. También, Line Corporation (Japón), Naver Corporation y Kakao (Corea del Sur), BeReal (Francia), Mastodon (Alemania) y otras de menor dimensión.

Esos emporios monopolizan el mercado financiero y la economía, y moldean a miles de millones de usuarios a los que ofrecen servicios de publicidad digital, entretenimiento y transmisión de videos en vivo, computación en la nube, realidad aumentada integrada y contenido de formato corto, red de microblogging y noticias en tiempo real, interacción en videos, plataformas de voz/videollamadas, comunicaciones móviles, videollamadas cifradas, correo y videoconferencias.

Asimismo, plataformas globales para noticias en tiempo real, aplicaciones de mensajería multimedia, descubrimiento y comunicación visual, mensajería instantánea, comunidades de videojuegos, teléfonos inteligentes, chips de memoria y pantallas, semiconductores y hardware, software, motores de búsqueda, comercio electrónico y otros servicios.

¿Por qué la ausencia de controles estatales de esos digitales globales? Basta simplificar en tres vertientes:

1.- Infraestructura sin control: Las corporaciones operan, tecnológicamente, como redes globales sin una dirección o administración central, o sea, sueltas. Impedir el acceso o bloquear la internet conlleva la innovación de otra arquitectura, compleja y altamente costosa. El cifrado de extremo a extremo (E2EE) emerge como un sistema de ciberseguridad que, con un código secreto en un dispositivo, asegura que los mensajes solo puedan ser leídos por el emisor y el destinatario.

2.- Normas jurídicas: Las compañías referidas han instituido parámetros legales que le permiten decidir qué contenidos difundir en sus sistemas operativos. En Estados Unidos, distintas jurisdicciones, entre ellas el Tribunal Supremo, han ratificado que las tecnológicas están revestidas de derecho para fijar sus propias directrices.

3.- Divulgación libre: Amparadas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la facultad para expresar ideas, creencias y opiniones sin censura ni restricciones gubernamentales.

¿Cuál es la alternativa?

A la zaga de las regulaciones estatales para achicar el imperio del mercado por contadas corporaciones, para asegurar la soberanía digital, esquivar la adicción y el ciberacoso y proteger especialmente la salud mental de niños y adolescentes, ingenieros de datos, arquitectos Web, desarrolladores de software y otros expertos en algoritmos y modelos matemáticos no cesan de ensayar diseños de modelos alternativos para transformar el asfixiante y bochornoso panorama informático/dactilar. Estas son sus proposiciones:

1.- Sancionar nuevas disposiciones legislativas para la regulación digital, similar a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que estatuyan límites, prohibiciones, condicionamientos y sanciones a los oligopolios extranjeros.

2.- Prohibir, como en China con el “Gran Cortafuegos”, Rusia, Corea del Norte e Irán; bloquear y restringir el tráfico de internet y el acceso a las redes sociales y plataformas digitales, con la utilización de sistemas de filtrado centrado de contenido.

3.- Instalar redes sociales nacionales, con inversiones privadas y estatales de decenas de miles de millones de dólares, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, China y Rusia.

4.- Viabilizar las Redes de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN), que facilita que ciudadanos accedan a información no filtrada y que aporten sus propios hardware para constituir una red global, en contraposición a la centralización del servicio en el cual pocas corporaciones invierten miles de millones de dólares.

5.- Implementar los proyectos y plataformas concebidos, como la Inteligencia Artificial Descentralizada, para descalabrar a los oligopolios tecnológicos. En vez de sujetarse a datos controlados por esas corporaciones, con las redes distribuidas y nuevas tecnologías, se logrará la visualización y democratización de fuentes de datos y la gestión participativa.

6.- Crear redes de código abierto (posibilita mejorarlas libremente) y separar el servicio de alojamiento de datos de la curación de contenido (el algoritmo), para facilitar que terceros desarrollen sus propios algoritmos, organicen la información y eliminen el control monopólico.

¿Comprendió usted este vanguardista engendro cibernético? El repaso secuencial de los apuntes precedidos despejan la vereda para la recapitulación: Las naciones en desarrollo, como la República Dominicana, afrontan impedimentos para bloquear o prohibir mensajes en las redes sociales, y para instalar las propias, por carecer de recursos financieros para el montaje de infraestructuras locales de telecomunicaciones, como centros para almacenar datos; profesionales especializados en ingeniería y ciberseguridad e inconvenientes para conminar a las corporaciones extranjeras a cumplir las leyes nacionales, entre ellas las relativas a la obligación legal del pago de impuestos.

……………………………………………

El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.

…………………………………………..