Nacionales
Senado elimina impuesto a compra de bajo valor por internet
El Senado de la República aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas y a unanimidad el proyecto de Ley mediante el cual se deroga el artículo 49 de la Ley 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado, para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, para eliminar la aplicación de impuestos a las compras por internet, cuyos montos no excedan los 200 dólares.
El proyecto convertido en ley por los 27 senadores presentes en la sesión y mediante el cual se elimina el impuesto a las compras por internet, fue introducido en la agenda del día a solicitud del presidente de la Comisión de Hacienda, senador Tomy Galán, quien argumentó que dada la importancia de la iniciativa sea liberada de todo trámite y declarada de urgencia.
Con la iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada este martes en la Cámara de Diputados, queda eliminado la aplicación del impuesto a las compras realizadas por la internet cuyos montos no excedan los 200 dólares, establecido en la recién aprobada Reforma Fiscal.
El proyecto fue motivado por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien dijo que tanto el Congreso Nacional como el Gobierno están en la mejor disposición de escuchar a la población y reiteró que si la aplicación de la Reforma Fiscal afecta a los que va dirigida y debe ser corregida, así se hará.
En la misiva que enviara el presidente Danilo Medina al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, para la derogación del artículo 49 de la Reforma Fiscal, argumenta que la permanencia del citado artículo generaría una situación de grave desigualdad en perjuicio de los consumidores que utilizan para su compra dicho instrumento.
De igual modo, en la sesión de hoy los senadores enviaron a la Comisión Permanente de Hacienda el Proyecto de Ley de Amnistía para el Fortalecimiento de la Capacidad Tributaria del Estado, Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Sostenible, enviado por el Poder Ejecutivo.
Con esta pieza legislativa, de acuerdo a la carta que dirigió el presidente Danilo Medina a Pared Pérez, se procura cumplir con las disposiciones del artículo 42, de la Ley 253-12 al modificar el artículo 268 del Código Tributario, que establece en el párrafo transitorio la necesidad de conceder una Amnistía Tributaria para la regulación de los incrementos patrimoniales no justificados.
Más proyectos
Los senadores aprobaron, además, en segunda lectura con modificaciones y su informe el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual será devuelta a la Cámara de Diputados para que conozca de las modificaciones.
De igual modo aprobaron en segunda lectura con su informe el proyecto de Ley Orgánica para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, del senador Félix Bautista.
También fue aprobada en primera lectura el proyecto de Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas, del senador Charles Mariotti, quien basó su motivación en la necesidad de que sea aprobada la ley que va a contribuir con la transparencia, el control y la capacidad de los funcionarios de esa institución.
José Rafael Vargas
Durante el desarrollo de la sesión, el senador José Rafael Vargas expresó su apoyo y solidaridad con el ex presidente Leonel Fernández, destacando la obra de gobierno que desarrolló durante su mandato.
El senador del PLD por la Provincia Espaillat llamó la atención sobre lo que llamó “una campaña de descrédito y provocación” contra el ex mandatario.
Dijo que el Senado debe ponerse a la vanguardia para defender al ex presidente Fernández, que sectores de la oposición buscan manipular, insultar y dañar la honra del ex jefe de Estado, quien concitó la atención nacional con un discurso dirigido a todo el país el martes en la noche.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.