Santo Domingo, R.D.-La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, sostuvo que el acceso a la justicia es un pilar fundamental sobre el cual se construye la paz social y destacó que es una responsabilidad colectiva asegurar que este derecho, más que una promesa, sea una realidad tangible para cada persona.

En ese orden, expuso que reconoce los desafíos que enfrenta el país de fortalecer sus instituciones, la urgencia de acercar la justicia a las comunidades más vulnerables y la importancia de educar a los ciudadanos desde las escuelas sobre sus derechos y responsabilidades legales a fin de empoderarlos.

La magistrada Germán Brito abordó el tema al dictar una charla en la provincia Peravia sobre «Acceso a la ley como medio de preservación de la paz», durante la cual manifestó «debemos asegurar que cada dominicano, sin importar su origen o condición, tenga acceso a la justicia«.

Indicó que la ignorancia de los derechos es un obstáculo para el acceso a la justicia, por lo que dijo es esencial la promoción de programas de educación legal en escuelas, universidades y comunidades, a fin de fomentar una cultura de legalidad como componente de la convivencia pacífica.

Agregó que garantizar el acceso a la justicia es vital para la paz social, al destacar «que una sociedad que promueve el acceso a la justicia, es una sociedad que fomenta la armonía, reduce la violencia y fortalece la democracia».

«La paz social se nutre de la confianza en las instituciones, de la certeza de que, ante la ley, todos somos iguales, y que nuestras voces serán escuchadas sin distinción», declaró.

«El acceso a la justicia no es un lujo, es un derecho humano básico que asegura la protección de todos los demás derechos e intereses legítimos. Este comporta, a grandes rasgos, la capacidad de cualquier persona para utilizar los mecanismos jurídicos disponibles para defender sus derechos, resolver conflictos y buscar reparación ante los agravios», expresó la máxima representante del Ministerio Público.

Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.

El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.

El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.

En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.

El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.

Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.

Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.

El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.

El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.

Acusación

Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.

También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.