Agencia EFE

Redacción América.-Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum, encabezan por segundo mes consecutivo la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, aunque ambos registran una caída en sus niveles de aceptación frente a junio, según un sondeo de CB Global Data, en el que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cae al último lugar.

Bukele lidera la tabla con un 67,4 % de favorabilidad y un 28,3 % de imagen negativa. Aunque conserva el primer lugar, su respaldo cayó 1,7 puntos porcentuales respecto a junio, cuando alcanzó el 69,1 %. El mandatario salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como eje de su política de seguridad contra las pandillas.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, ocupa el segundo lugar con una imagen positiva del 65,1 % y un 30,2 % de rechazo, 0,4 puntos porcentuales menos que el 65,5 % obtenido en junio. Durante el período evaluado, México fue anfitrión, junto con EE.UU. y Canadá, del Mundial de Fútbol de 2026.

Completa el podio Laura Fernández, quien asumió recientemente la Presidencia de Costa Rica, con un 55,5 % de favorabilidad frente a un 38,2 % de imagen negativa, 0,6 puntos porcentuales por debajo del 56,1 % registrado el mes anterior.

Además, fue la mandataria que más cayó en la medición de julio, al perder 6,8 puntos porcentuales respecto al 29,5 % de junio. Venezuela sufrió dos devastadores terremotos el 24 de junio que han dejado cerca de 5.000 muertos y miles de heridos, además de una compleja emergencia humanitaria y de reconstrucción.

En el penúltimo lugar está el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, con un 23 % de aceptación y un 68,5 % de rechazo. No obstante, fue el presidente que más mejoró en la medición mensual, al ganar 4,8 puntos porcentuales respecto al 18,2 % de junio. Balcázar entregará el poder el próximo 28 de julio a la derechista Keiko Fujimori, vencedora de las elecciones presidenciales.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, completa el grupo de mandatarios peor valorados, con un 30,8 % de apoyo y un 63,4 % de imagen negativa, 2,3 puntos porcentuales menos que en junio, cuando registró un 33,1 % de favorabilidad.

En cuarto lugar figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con un 51,2 % de imagen positiva y un 45,7 % de rechazo, tras mejorar respecto al 48,3 % de junio. Le sigue el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 50,6 % de favorabilidad y un 47,1 % de imagen negativa, por encima del 47,6 % registrado el mes anterior.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia desde noviembre pasado, ocupa el sexto lugar con un 49,1 % de imagen positiva y un 47,7 % de rechazo, también por encima del 46,4 % que obtuvo en junio.

En la mitad de la tabla aparecen el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 48,7 % de favorabilidad y un 48,1 % de imagen negativa; el hondureño Nasry Asfura, con un 45,3 % de respaldo y un 50,3 % de rechazo; y el chileno José Antonio Kast, con un 44,6 % de aceptación frente a un 52,8 % de imagen negativa.

Les siguen el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 41 % de apoyo y un 55,9 % de rechazo, y el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien comparte el cargo con su esposa, Rosario Murillo, con un 40,2 % de favorabilidad y un 58,6 % de imagen negativa.

También integran la parte baja del sondeo el uruguayo Yamandú Orsi, con un 37,4 % de apoyo y un 57,5 % de imagen negativa; el argentino Javier Milei, con un 36,8 % de favorabilidad y un 61,3 % de rechazo; y el panameño José Raúl Mulino, con un 34,2 % de aceptación frente a un 61,2 % de imagen negativa.

El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 3 y el 8 de julio de 2026 a ciudadanos de 18 países de Latinoamérica, con muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±1,2 % y ±1,4 %.

Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el  juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.

Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.

También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.

Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.

Santo Domingo, R.D.-El proceso para la modificación del Código Penal se detuvo y no siguio el curso esperado por el amontonamiento que han provocado los más de 80 observaciones en  la Cámara de Diputados  para cambiar algunos articulos de la ley, aunque el Congreso lleva a la carrera los cambios del mismo.

El plan de la Cámara de Diputados era aprobar ayer los cambios al Código Penal, pero la comisión que estudia el tema se ahogó en propuestas y discusiones, y no logró completar el proceso, por lo que los legisladores decidieron aplazar la votación del nuevo Código Penal para este viernes, durante una sesión extraordinaria.

«Estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho», admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al anunciar que la sesión convocada para ayer a las 3:00 de la tarde fue pospuesta para hoy.

«Vimos que el tiempo material que teníamos era prácticamente muy difícil«, sostuvo el legislador.

Cuestionado por las críticas de quienes atacan al Congreso por llevar rápido el estudio de las modificaciones, Pacheco replicó que el final de todas las legislaturas siempre viene cargado con proyectos delicados que se aprueban en la recta final del periodo para evitar que periman.

El Congreso aprobó el nuevo Código Penal hace un año y el presidente Luis Abinader lo promulgó en agosto. El artículo final de la Ley 74-25 daba un plazo de un año para que la normativa entre en vigencia con el objetivo de que todos los sectores conozcan el texto y que, además, la pieza se mejore con proyectos de modificación.

Sin embargo, las modificaciones nunca se ejecutaron durante todo un año y, casi a la entrada en vigencia de la ley, prevista para inicios de agosto, el Código Penal fue atacado por contener artículos que vulneran la libertad de expresión, como la difamación, el ultraje o la responsabilidad penal de los medios de comunicación.

Ese texto del Gobierno es el que ha imperado para modificar el nuevo Código Penal, pero el Congreso cuenta con alrededor de 84 propuestas de legisladores, juristas, universidades, partidos políticos y entidades que proponen cambios a la pieza.

Con el tiempo encima y apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el 26 de julio, los legisladores impulsan cambios al nuevo Código Penal e insisten en que aún hay tiempo para modificar la ley.

Pacheco aseguró que todas las propuestas depositadas por los diferentes sectores serán escuchadas y evaluadas, y añadió que, en los casos en que alguna observación no sea acogida, el Congreso establecerá un mecanismo para informar a sus proponentes si la iniciativa fue descartada o si quedará pendiente para una discusión posterior.

Antes de que concluyera el plazo para presentar observaciones, diversos sectores acudieron al Congreso con planteamientos para modificar artículos específicos del Código Penal.

El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez propuestas que incluyen eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, endurecer las penas por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial y deepfakes en delitos contra el honor, eliminar el delito de ultraje y presentar un texto alternativo sobre las tres causales para proteger la vida de la mujer si estas no son aprobadas.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, propuso mantener el límite máximo de 30 años de prisión, revisar el aumento de las penas contempladas en el proyecto, eliminar figuras penales abiertas y disposiciones que, a su juicio, criminalizan la opinión y otorgan un trato privilegiado a funcionarios públicos.

De igual manera, un grupo de más de 70 juristas solicitó modificar los artículos 110 y 111 para incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y reformar la disposición sobre aborto forzado, mientras que una coalición integrada por Juventud con una Misión (Jucum), Acción Cristiana, Orozco & Asociados y otras organizaciones objetó varios artículos por entender que afectan la libertad de expresión y rechazó la inclusión de las tres causales.