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Juicio de fondo ahora en agosto para acusados de los casos Camaleón, Calamar y Jet Set.
Santo Domingo.- En este mes habrá tres procesos judiciales de gran relevancia con el conocimiento del juicio de fondo en República Dominicana de los casos de corrupcion administrativa y por homicidio involuntario, relacionado el último con el derrumbe de la discoteca Jet Set, tragedia que conmocionó a la sociedad dominicana y que dejó 236 personas fallecidas y cientos de heridos.
Se trata de los expedientes de los casos denominados Camaleón, Calamar y Jet Set, que entran en la fase de juicio de fondo, en la que serán discutidas las pruebas aportadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los imputados.
En el caso Jet Set también se escucharán las declaraciones de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe del centro de diversión, quienes narrarán lo que vivieron durante el hecho y el proceso de rescate realizado por los organismos competentes.
En esta fase, el Ministerio Público pedirá condenas contra los implicados en los casos Camaleón, Calamar y Jet Set por los hechos que se les atribuyen.
Los involucrados en el caso Camaleón, encabezados por el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), enfrentarán el juicio de fondo por su presunta participación en un proceso de adjudicación fraudulenta de un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Además, figuran como empresas involucradas en el expediente Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
El miércoles 19, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Arlyn Ventura, iniciará el conocimiento del juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el abogado Ángel Lockward y los demás implicados en el caso Calamar, acusados de integrar un presunto esquema de expropiaciones fraudulentas mediante el cual habrían sustraído más de RD$19,000 millones del Estado dominicano.
Se recuerda que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, envió a juicio a un grupo de imputados, mientras que otros fueron favorecidos con un auto de no ha lugar.
También enfrentarán el juicio los imputados Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Manuel Milcíades Morilla Soto, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón y Marino Cabrera Ramón.
Asimismo, enfrentarán el proceso Daniel de Jesús Caamaño Santana, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Claudio Silver Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete, Omar Manuel Miqui Arias, Edwin Óscar Brito Martínez y Manuel Milcíades Morilla Gil, al considerar el tribunal que existen suficientes elementos de prueba que los vinculan con los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
Mientras tanto, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación con el objetivo de revocar el auto de “no ha lugar” emitido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como de otros tres acusados en el caso Calamar.
Los recursos de apelación fueron notificados también a Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien fue enviado a juicio de fondo, así como a Marcial Reyes y Rosa Arias, antes de remitir el expediente a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esto ocurrió antes de remitir los recursos de apelación a la Presidencia de la Sala Penal, para que apodere a una de las tres cortes de apelación para conocer los recursos interpuestos por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
Ambas instancias buscan que se revoque el auto de “no ha lugar” y que los acusados sean enviados a juicio.
Los recursos fueron interpuestos con el propósito de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque la resolución emitida el pasado 29 de mayo por la jueza Altagracia Ramírez y ordene la apertura de un juicio de fondo contra los exfuncionarios.
El próximo 28, el juez de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Franny González, iniciará el juicio contra los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas y las lesiones sufridas por cientos de afectados durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril de 2025.
Se recuerda que el pasado 15 de junio, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, envió a juicio de fondo a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat.
Ambos están acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas y las lesiones sufridas por cientos de afectados durante el derrumbe del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025, además de otros delitos.
Santo Domingo.- Los informes correspondientes a abril, mayo y julio sobre su desempeño fueron depositados este cinco agosto por los 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que debieron ser sometidos a evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Los documentos fueron recibidos por la Secretaría del CNM en diferentes horarios durante esa jornada. Los sellos colocados en los expedientes muestran que las entregas comenzaron a las 10:35 de la mañana y se extendieron hasta las 4:45 de la tarde. Por tanto, aunque todos fueron recibidos el mismo día, no fueron depositados a la misma hora.
Entre quienes completaron sus expedientes figuran Luis Henry Molina Peña, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Idelsa Salcedo Fernández y María Gerinelda Garabito Ramírez, quienes declinaron continuar en el proceso de evaluación. Los otros siete magistrados mantienen sus expedientes dentro del proceso.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, quien declinó someterse a una nueva evaluación, depositó su documentación a las 4:25 p. m. del 5 de agosto, según el sello de recepción del CNM.
En el informe correspondiente a abril-julio se establece que durante ese período el Pleno y las Salas Reunidas emitieron y publicaron 223 sentencias. También fueron aprobadas 223 resoluciones, 61 sentencias y 12 actas del Pleno. No constan votos disidentes, votos salvados ni recusaciones y se registra una inhibición.
El documento general de su gestión 2019-2026 destaca además la reducción de la mora judicial, al señalar que la Suprema pasó de tener casos pendientes desde 1982 a resolver el 90 % de los expedientes en un año o menos. Asimismo, indica que el tiempo promedio de tramitación de la casación disminuyó de 707 a 27 días.
Manuel Ramón Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la SCJ y presidente de la Tercera Sala, también declinó continuar en el proceso. Su expediente aparece recibido por el CNM a las 4:45 p. m. del 5 de agosto. Aunque la comunicación que encabeza el informe está fechada el 6 de agosto, el sello de recepción establece que fue recibido el día 5.
Entre abril y julio, Herrera Carbuccia presentó 400 ponencias dentro de las 959 sentencias dictadas por la Tercera Sala: 61 en abril, 55 en mayo, 176 en junio y 108 en julio. También asistió a las 12 sesiones del Pleno celebradas durante esos meses.
La segunda sustituta del presidente de la Suprema y miembro de la Segunda Sala, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, figura entre quienes declinaron ser evaluados nuevamente. Su informe fue recibido a la 1:55 p. m. del 5 de agosto.
Durante los cuatro meses reportó 217 decisiones motivadas, distribuidas en 109 resoluciones y 108 sentencias, además de participación en 251 audiencias. También intervino en 20 de las 22 reuniones de deliberación celebradas por la Segunda Sala y en la aprobación de 108 expedientes.
El presidente de la Primera Sala, Justiniano Montero Montero, continúa dentro del proceso de evaluación. Su documentación fue recibida a las 4:20 p. m. del 5 de agosto.
Montero recibió 687 expedientes entre abril y julio, de los cuales decidió 674, quedando siete pendientes y seis descargados. El magistrado también asistió a las 15 sesiones de la Primera Sala y a las 12 sesiones del Pleno de la Suprema.
El presidente de la Segunda Sala, Francisco Antonio Jerez Mena, continúa en el proceso de evaluación y depositó su informe a la 1:54 p. m. del 5 de agosto.
Entre abril y julio registró 271 decisiones, correspondientes a 38 autos, 130 resoluciones y 103 sentencias. Asimismo, participó en 462 audiencias, 445 de ellas vinculadas a recursos de casación, y estuvo presente en las 22 reuniones de deliberación de la Segunda Sala.
Samuel Amaury Arias Arzeno, juez de la Primera Sala, continúa en evaluación. Su expediente registra recepción a las 4:20 p. m. del 5 de agosto.
El magistrado asistió a 10 de las 12 sesiones del Pleno celebradas entre abril y julio. También suscribió 55 resoluciones y 194 sentencias del Pleno y las Salas Reunidas y figura como ponente en ocho expedientes y dos temas.
La jueza de la Primera Sala Vanessa Elizabeth Acosta Peralta mantiene su participación en el proceso. Su informe fue recibido a las 4:20 p. m. del 5 de agosto.
Acosta Peralta recibió 220 expedientes durante esos cuatro meses y decidió 208, mientras siete permanecían pendientes y cinco fueron descargados. Además, asistió a las 15 sesiones de la Primera Sala y a las 12 sesiones del Pleno.
María Gerinelda Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala, es la cuarta magistrada que declinó continuar en el proceso. A pesar de su decisión, completó su expediente, recibido a la 1:56 p. m. del 5 de agosto.
Su informe registra 232 decisiones entre abril y julio, correspondientes a 122 resoluciones y 110 sentencias. También participó en 293 audiencias y en 17 de las 22 reuniones de deliberación realizadas por la Segunda Sala.
El juez de la Segunda Sala Fran Euclides Soto Sánchez, quien continúa en evaluación, depositó su documentación a la 1:56 p. m. del 5 de agosto.
Soto Sánchez reportó 256 decisiones motivadas, de las cuales 133 fueron resoluciones y 123 sentencias. También participó en 347 audiencias, incluidas 330 relacionadas con recursos de casación.
Rafael Vásquez Goico
El magistrado de la Tercera Sala Rafael Vásquez Goico continúa en el proceso de evaluación y fue el primero de los 11 jueces cuyos informes fueron recibidos ese día, a las 10:35 a. m.
En su informe señala que entre enero y julio de 2026 fueron dictadas bajo su ponencia 553 sentencias y 182 resoluciones en materias contencioso-administrativa y tributaria. También reporta 23 ponencias en las Salas Reunidas y participación en la deliberación de otros 281 casos.
Finalmente, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala y quien continúa en evaluación, entregó su informe a las 11:20 a. m. del 5 de agosto.
Entre abril y julio presentó 146 ponencias dentro de las 959 sentencias dictadas por la Tercera Sala, distribuidas en 49 durante abril, 31 en mayo, 34 en junio y 32 en julio.
Con estas entregas, los 11 magistrados completaron la documentación de desempeño hasta julio, aunque cuatro de ellos, Molina, Herrera Carbuccia, Salcedo y Garabito, decidieron no continuar en el proceso de evaluación. Los otros siete permanecen sujetos a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura.
Santo Domingo, R.D.-Son robos agravados las sustracciones de celulares según lo consigna el nuevo Código Penal dominicano por ser las más frecuentes en el país, de acuerdo con la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien afirma que la sanción por el hurto a esos dispositivos podría llegar hasta los 20 años de prisión.
El robo de metales, el tercer bien más sustraído en la República Dominicana, también se tipifica como agravado en la nueva Ley 72-25, vigente desde hace una semana y que introduce 70 nuevos delitos y «toca o reforma 109».
Según explicó Reynoso, el robo de metales se sitúa solo por detrás del de las motocicletas, que ocupan el segundo lugar de la lista.
Señaló que han tenido casos en los que se sustraen metales cuyo costo de instalación para el Estado supera los 300 dólares, mientras que quienes los roban los venden por apenas 70 pesos. Recordó además que la pérdida no es únicamente económica, sino que en muchas ocasiones implica la vida de un ciudadano.
Entre las circunstancias que ahora califican un robo como agravado se incluyen:
· El uso de un vehículo de motor para cometer el hecho.
· Si se ejecuta en terminales o puntos de acceso al transporte público.
· Si está precedido por la destrucción o el deterioro evidente de los bienes de la víctima.
· El uso de máscaras o disfraces para ocultar el rostro.
· Su comisión durante la noche (este agravante estaba contemplado en la ley anterior).
· Que el perpetrador sea empleado o asalariado de la víctima (agravante que también ya se contemplaba en la legislación abrogada).
Más severo cuando son bienes públicos
El artículo 226 sobre las circunstancias que hacen más severa la pena del robo es si este «recae sobre bienes del dominio público o privado del Estado, o sobre bienes privados dedicado al servicio público» y que, establece ese mismo artículo, contempla una pena de hasta «veinte años de prisión mayor».
A quien vende lo robado
El robo agravado está contemplado en los artículos 225, 226 del Código Penal y el 227. Este último trata sobre el comercio de los artículos sustraídos, imponiendo una sanción para «quien venda, permute, empeñe o de cualquier modo trafique con objetos, nuevos o usados» a otra persona o de origen ilícito, con cinco a 10 años de prisión menor y multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público.
Estafas piramidal e inmobiliaria, también agravada
Durante el taller «Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación», la procuradora general explicó a los periodistas que las estafas piramidales «se sancionan de forma especial» por los recurrentes casos que tienen que someter con hasta 4,000 víctimas en un solo expediente.
En cuanto al que tiene que ver con el inmobiliario, la funcionaria citó que la gran cantidad de casos que son sometidos por el Ministerio Público a los tribunales les causa «muchísima preocupación» y porque ocurren cuando el ciudadano compra su primera vivienda.
Reynoso aclaró que las penas que prevé el Código Penal en el ejercicio médico no son nuevas y lo que «cambió es el artículo, el 319 del vigente va a ser el 112 del nuevo».
De igual manera se refirió al robo de identidad, ya que en la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en vigencia hace casi veinte años, lo sanciona.
Preparados y con presupuesto
Reynoso subrayó que el nuevo Código Penal incorpora avances significativos, como la tipificación del feminicidio, el hostigamiento, el sicariato y la igualdad de penas para autores intelectuales y materiales. Aunque resaltó sus aportes, aclaró que «no es un código perfecto», pero recordó que «nada lo es en la vida».
Aseguró que el Ministerio Público se preparó para la entrada en vigencia de la nueva ley penal y que también ese órgano persecutor tiene los recursos suficientes para enfrentar los nuevos delitos y crímenes.
«La Procuraduría se fue preparando desde el punto de vista de las víctimas y nos fuimos preparando desde el punto de vista de nuestro personal técnico y desde el punto de vista de los fiscales, porque el Código era una necesidad de la sociedad, y la respuesta es sí: el Ministerio Público tiene los recursos para hacer una persecución», enfatizó Reynoso.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.