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Tren gubernamental en alerta por posible remedión del presidente Abinader.
Santo Domingo, R.D.-Muchas expectativas hay entre los funcionarios del Gobierno por la llegada del 16 de agosto, fecha en la que regularmente se producen cambios en el tren gubernamental.
Una de las miradas está puesta en el canal de WhatsApp del mandatario, que actualmente cuenta con 278,038 seguidores, una plataforma que el jefe de Estado ha utilizado para mantener comunicación directa con la ciudadanía y divulgar informaciones de interés. El uso de este canal forma parte de la estrategia digital desarrollada por Abinader para conectar directamente con la población.
Y hay un antecedente reciente que alimenta las expectativas. El 17 de agosto de 2025, un día después de la conmemoración de la Restauración, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 461-25, mediante el cual realizó importantes cambios en instituciones estratégicas del Gobierno.
Fue entonces cuando, como se dice popularmente, “se remeneó la mata”.
Entre los movimientos estuvo la designación de Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas, mientras que Samuel Pereyra Rojas, quien hasta ese momento encabezaba Banreservas, pasó a presidir el Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).
Los cambios también alcanzaron áreas sensibles de la administración pública. Rafael Adolfo Pérez de León fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), posición en la que fue juramentado al día siguiente de emitirse el decreto.
En el área de comunicación, Abinader nombró a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) y a Carlos Alberto Caminero Sánchez al frente de la Dirección de Prensa del Presidente.
Otro de los movimientos de mayor impacto fue la designación de Edward Rafael Guzmán Padilla como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El decreto también incluyó cambios en otras dependencias gubernamentales.
La experiencia de agosto de 2025 explica por qué, al llegar nuevamente este mes, aumenta la atención sobre cualquier señal procedente del Palacio Nacional y, especialmente, sobre las publicaciones que puedan aparecer en las plataformas oficiales del mandatario.
Por ahora, no existe confirmación de que el presidente Abinader vaya a realizar nuevos cambios en agosto de 2026. Sin embargo, el antecedente inmediato mantiene viva la expectativa y convierte cada publicación en su canal de WhatsApp, especialmente al caer la tarde, en motivo de atención para quienes siguen de cerca los movimientos del Gobierno.
Agosto apenas comienza su segunda semana y, en los pasillos políticos, vuelve la misma pregunta: ¿se remeneará otra vez la mata?
Santo Domingo, R.D.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este martes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán alias «Jochi Gómez» y demás imputados en el denominado caso Camaleón.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana.
El proceso inicia luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenará la apertura a juicio contra los encartados.
Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar introdujo ajustes a la acusación original, y mantuvo de manera definitiva los cargos por asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.
Mientras que fueron descartadas las imputaciones de terrorismo y contrabando formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al considerarse que existían inconsistencias técnicas en su formulación.
El juicio de fondo sentará en el banquillo de los acusados a los implicados, quienes cuentan con un amplio equipo de abogados para sus medios de defensa.
Gómez Canaán , Aurix S.A.S. y OML Inversiones S.R.L, serán defendidos por Carlos Balcácer, Juan Hirohito Reyes Cruz y Johanny Elizabeth Castillo Sabari.
Mientras que Hugo Beras, será asistido por Laura Acosta Lora, Nassef Roberto Perdomo Cordero, Luis Rivas, Olianna García Mateo, Jennifer Gómez Caraballo e Ivan Chevaleár.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden (Excoordinador de Despacho del Intrant), asistido por Nolasco Rivas Fermín y Michelle Pérez.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (Exdirector de Tecnología del Intrant), defendido por Ingrid Melania Hidalgo Martínez y Joaquín Jáquez.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia (Exdirector Administrativo del Intrant), asistid por Juan Francisco Álvarez Guzmán, Jhon Manuel Frías Frías y Jossy Mariel Pimentel Rodríguez.
Pedro Vinicio Padovani Báez y Transcore Latam S.R.L, defendidos por Cristian Jesús Cabrera Heredia y Jorge Abraham Morilla Holguín.
Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y PagoRD Xchange S.R.L, asistidos por Eduardo Núñez, Mario Guilera y Nicole Espinal.
Carlos José Peguero Vargas e Inprosol S.R.L.: representados por Ricardo Alcántara Méndez y Milagros Reyes Rocha.
Henry Darío Féliz Casso, asistido por Emmanuel Martínez Acevedo y Carlos Olivares.
Empresa Dekolor S.R.L, defendida por Vicmary García y Marino Féliz Rodríguez.
Santo Domingo.- La acusacion formal y solicitud de apertura a juicio presentó el Ministerio Público en contra de Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal procesado por pedir un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada.
El Ministerio Público, representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, depositó la acusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El órgano acusador solicitó fijar la audiencia preliminar a los fines de conocer el acto conclusivo consistente en acusación y solicitud de auto de apertura a juicio en contra del acusado Valdez Alcántara por su participación en el hecho punible al que se contrae la acusación.
También, que se mantenga la medida de coerción impuesta al acusado Aurelio Valdez Alcántara, a través de la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001 y que se mantengan además todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes.
Aurelio Valdez Alcántara al momento en que ocurrieron los hechos formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Señala que en el marco del proceso judicial la persona que hizo la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado Aurelio Valdez en el mes de diciembre del pasado año. Después de concluido el interrogatorio el ahora acusado le solicitó el número de teléfono al investigado, procediendo después a escribirle un mensaje vía la aplicación WhatsApp.
Establece que, luego de una serie de acciones intimidatorias relacionadas al proceso judicial, el acusado le dijo al investigado que podía ayudarlo y a estos fines le propuso de manera explícita que le buscara 200 mil dólares, suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz. Posteriormente, acordaron la entrega de los 10 mil dólares el pasado mes de marzo, tras lo cual se le ejecutó una orden de arresto.
Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia y le fue impuesta el pasado mes de mayo prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La prisión le fue ratificada el pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.
El Ministerio Público establece en la acusación que Valdez Alcántara incurrió en conducta típica a las disposiciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Santo Domingo.- En este mes habrá tres procesos judiciales de gran relevancia con el conocimiento del juicio de fondo en República Dominicana de los casos de corrupcion administrativa y por homicidio involuntario, relacionado el último con el derrumbe de la discoteca Jet Set, tragedia que conmocionó a la sociedad dominicana y que dejó 236 personas fallecidas y cientos de heridos.
Se trata de los expedientes de los casos denominados Camaleón, Calamar y Jet Set, que entran en la fase de juicio de fondo, en la que serán discutidas las pruebas aportadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los imputados.
En el caso Jet Set también se escucharán las declaraciones de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe del centro de diversión, quienes narrarán lo que vivieron durante el hecho y el proceso de rescate realizado por los organismos competentes.
En esta fase, el Ministerio Público pedirá condenas contra los implicados en los casos Camaleón, Calamar y Jet Set por los hechos que se les atribuyen.
Los involucrados en el caso Camaleón, encabezados por el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), enfrentarán el juicio de fondo por su presunta participación en un proceso de adjudicación fraudulenta de un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Además, figuran como empresas involucradas en el expediente Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
El miércoles 19, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Arlyn Ventura, iniciará el conocimiento del juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el abogado Ángel Lockward y los demás implicados en el caso Calamar, acusados de integrar un presunto esquema de expropiaciones fraudulentas mediante el cual habrían sustraído más de RD$19,000 millones del Estado dominicano.
Se recuerda que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, envió a juicio a un grupo de imputados, mientras que otros fueron favorecidos con un auto de no ha lugar.
También enfrentarán el juicio los imputados Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Manuel Milcíades Morilla Soto, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón y Marino Cabrera Ramón.
Asimismo, enfrentarán el proceso Daniel de Jesús Caamaño Santana, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Claudio Silver Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete, Omar Manuel Miqui Arias, Edwin Óscar Brito Martínez y Manuel Milcíades Morilla Gil, al considerar el tribunal que existen suficientes elementos de prueba que los vinculan con los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
Mientras tanto, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación con el objetivo de revocar el auto de “no ha lugar” emitido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como de otros tres acusados en el caso Calamar.
Los recursos de apelación fueron notificados también a Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien fue enviado a juicio de fondo, así como a Marcial Reyes y Rosa Arias, antes de remitir el expediente a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esto ocurrió antes de remitir los recursos de apelación a la Presidencia de la Sala Penal, para que apodere a una de las tres cortes de apelación para conocer los recursos interpuestos por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
Ambas instancias buscan que se revoque el auto de “no ha lugar” y que los acusados sean enviados a juicio.
Los recursos fueron interpuestos con el propósito de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque la resolución emitida el pasado 29 de mayo por la jueza Altagracia Ramírez y ordene la apertura de un juicio de fondo contra los exfuncionarios.
El próximo 28, el juez de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Franny González, iniciará el juicio contra los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas y las lesiones sufridas por cientos de afectados durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril de 2025.
Se recuerda que el pasado 15 de junio, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, envió a juicio de fondo a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat.
Ambos están acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas y las lesiones sufridas por cientos de afectados durante el derrumbe del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025, además de otros delitos.