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Es la tercera vez que no se realiza rueda de prensa tras reunión de Seguridad Ciudadana
Santo Domingo, R.D.-La reunión de seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta se hizo sin la rueda de prensa prevista para informar sobre los temas abordados y las decisiones adoptadas, lo cual ocurre de esa manera por tercera semana, cuyas autoridades se retiraron sin ofrecer el acostumbrado balance a los medios de comunicación.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien funge como vocera de este espacio de coordinación, no ofreció declaraciones al concluir la sesión celebrada en el Palacio de la Policía Nacional, prolongando la falta de información pública que se registra desde hace tres encuentros.
La funcionaria abandonó el salón para oficiales del cuerpo del orden por la parte trasera del recinto, sin establecer contacto con los medios.
Ante la ausencia de una comparecencia oficial sin que se explicaran los motivos por los que se dejó sin efecto la rueda de prensa, la atención se concentró en la salida de los funcionarios.
El director del cuerpo policial fue abordado por Diario Libre sobre la transformación de la Policía Nacional y los avances del proceso de reforma de la institución. Sin embargo, se retiró sin ofrecer respuestas a los periodistas.
A su vez, la procuradora general de la República, Yeni Berenice, también evitó hablar a la prensa. En la reunión anterior, la funcionaria había sido abordada por los reporteros sobre distintos casos de interés público y tampoco ofreció respuestas.
El encuentro se produce a pocos días del 16 de agosto, fecha en que se conmemora la Restauración de la República y que marca el inicio de un nuevo período de sesiones legislativas.
La proximidad de esta fecha también mantiene la atención sobre la posibilidad de cambios en el Gobierno, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre eventuales movimientos en el gabinete ni sobre cuáles instituciones podrían estar involucradas.
Mientras tanto, tampoco se han divulgado las conclusiones de la reunión ni las medidas que pudieran derivarse de los asuntos discutidos por las instituciones que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.
Santo Domingo, R.D.-Este martes se podrían generar aguaceros a partir del mediodia en todo el territorio nacional como consecuencia de una vaguada y la aproximación de una onda tropical.
De acuerdo con el informe meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la llegada de una onda tropical por la porción oriental, en combinación con una vaguada ubicada al oeste del territorio nacional, favoreciendo nublados con aguaceros locales, de intensidad moderada a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y La Vega.
En horas de la noche los aguaceros se sentirán en María Trinidad Sánchez, Duarte y otras cercanas.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) vigila un área de baja presión en el Océano Atlántico el cual se podría convertir en un disturbio tropical en los próximos días.
De acuerdo con el informe, el NHC señala que el área de baja presión, actualmente situada a unas 500 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde, tiene un 70% de probabilidades de convertirse en una tormenta tropical en los próximos siete días.
“Se prevé que las condiciones ambientales se vuelvan gradualmente más propicias para su desarrollo durante el próximo día o dos, y es probable que se forme una depresión tropical en la segunda mitad de esta semana mientras el sistema se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central”, reseña el informe meteorológico.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) la solicitud de medida cautelar incidental que buscaba suspender la Resolución 01-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), mediante la cual se establecen los montos de distribución de la contribución económica que el Estado otorga a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2026.
La decisión fue adoptada por el presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo; Lourdes de Jesús Salazar, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán.
Los jueces admitieron en cuanto a la forma la solicitud de medida cautelar incoada por Proyecto Visión Nación (PVN) y José Cristopher Ramírez en fecha 3 de agosto del 2026, por haber sido incoada de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Sin embargo, el Tribunal determinó que no se verificaron los presupuestos exigidos por el artículo 160 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.
Dicho artículo establece que los órganos contenciosos electorales solo pueden adoptar medidas cautelares cuando concurran tres condiciones: que se acredite de forma fehaciente la verosimilitud del derecho invocado por quien solicita la medida; que exista un perjuicio o daño inminente de difícil o imposible reparación que comprometa la efectividad de una eventual sentencia definitiva; y que exista identidad entre el objeto de la pretensión cautelar y el de la acción de fondo.
Durante el proceso, la Junta Central Electoral (JCE), parte demandada, planteó dos medios de inadmisión que también fueron rechazados por el Tribunal.
En este caso, los solicitantes forman parte de la demanda principal contenida en el expediente TSE-01-0021-2026, por lo que dicha condición quedó satisfecha.
El segundo medio de inadmisión, basado en la alegada falta de objeto bajo el argumento de que la Resolución 01-2026 ya había producido sus efectos y que su ejecución para el año en curso estaba consumada en su totalidad, también fue rechazado.
El Tribunal señaló que la JCE no aportó constancia alguna que acreditara que la totalidad de los fondos públicos dispuestos en la resolución hubiese sido efectivamente entregada a los partidos beneficiarios durante el año en curso.
Los jueces dispusieron que la ordenanza correspondiente sea notificada a las partes por vía de la Secretaría del Tribunal y publicada en el portal institucional del TSE, para los fines correspondientes.
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Se presenta el primer caso de homicidio feminicidio que permite la aplicabion del Nuevo Codigo Penal.
Santo Domingo, R.D.-El nuevo Codigo Penal a una semana de entrar en vigencia podría estrenarse en los tribunales con distintos hechos violentos ocurridos en el territorio nacional recientemente, entre ellos un homicidio feminicidio.
La legislación, promulgada por el presidente Luis Abinader mediante la ley 74-25, entró en vigor el pasado lunes 3 de agosto después de un año de vacatio legis, por lo que todos los delitos ocurridos a partir de esa fecha, serán juzgados conforme a las disposiciones de la nueva normativa, que contempla sanciones por violar órdenes de alejamiento, tipifican el feminicidio y endurecen las condenas por corrupción administrativa.
Entre los casos registrados después de esa fecha figuran un doble homicidio ocurrido en Villa Jaragua, un feminicidio reportado en Montecristi y un incidente durante un torneo de baloncesto en Santo Domingo Este que dejó a un adolescente herido de bala.
Sin embargo, los hechos ocurridos antes del 3 de agosto serán juzgados con el código viejo, ese que data de 1884, en virtud del principio de irretroactividad establecido en la Constitución Dominicana.
Uno de los primeros casos que podría quedar bajo las disposiciones de la nueva ley ocurrió la madrugada del sábado 8 de agosto en Villa Jaragua, provincia Bahoruco.
En el hecho otras dos personas resultaron heridas de bala.
Por el caso fue señalado como responsable Durvín Méndez Peña, alias «Kekero», quien quedó a disposición de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), tras entregarse a las autoridades, acompañado de familiares, en el municipio Jimaní, provincia Independencia.
Por ello, si el Ministerio Público logra demostrar que el imputado es responsable de las dos muertes y que concurren los elementos previstos en este artículo, podría recibir una condena dentro de ese rango.
Otro de los hechos que podría ser analizado bajo el nuevo régimen penal ocurrió en Montecristi, donde Nelqui Alejandra Rodríguez García, de 28 años, habría muerto tras ser apuñalada por su pareja.Por el caso fue apresado por la Policía Nacional Alan de Jesús Guzmán Castellanos, de 30 años, señalado como presunto responsable.El Código Penal reconoce por primera vez de manera autónoma el feminicidio. El artículo 93 establece que comete este delito quien cause la muerte de una mujer en razón de ser mujer, independientemente de su edad, de que exista o no una relación de pareja y del lugar donde ocurra el hecho.
La pena prevista es de 30 a 40 años de prisión mayor, además de una multa de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público.
La legislación también contempla el feminicidio agravado, sancionado con 40 años de prisión mayor y una multa de 1,000 salarios mínimos del sector público, cuando concurren determinadas circunstancias.
Entre estas se encuentran que la víctima sea menor de edad, envejeciente o tenga una discapacidad; que el crimen sea cometido frente a niños, niñas o adolescentes; que la víctima esté embarazada o en los tres meses posteriores al parto; que intervengan dos o más personas, o que exista una relación de confianza o poder aprovechada por el agresor, entre otras circunstancias previstas por la ley.
Adolescente herido
La noche del viernes 7 de agosto, un adolescente de 14 años resultó herido de bala durante un conflicto ocurrido en un polideportivo del sector Villa Carmen, Invivienda, en el municipio de Santo Domingo Este.
De acuerdo con informaciones de la Policía Nacional, el menor recibió un disparo en el hombro derecho mientras presenciaba un partido de baloncesto. En el mismo incidente resultó herido el Carlos Alberto Rodríguez Cáceres, de 55 años, quien sufrió múltiples heridas de arma blanca.
El vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, informó que mantienen abierta las investigaciones para identificar a los involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes.
Para los disparos imprudentes que causen lesiones, el artículo 161 del Código Penal establece de dos a cinco años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. Pero si la investigación determina que fue realizado intencionalmente, el responsable podría ser juzgado por tentativa de homicidio.
Asimismo, el artículo 147 de la ley también dispone que cuando la víctima de golpes, heridas o violencias preterintencionales que no causen la muerte es un niño, niña o adolescente, se eleven las penas a 10 o 20 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos.
Para Carlos Alberto Rodríguez Cáceres, quien sufrió múltiples heridas arma blanca, el responsable podría enfrentar una condena de cinco a 10 años de cárcel.