La defensa de Ángel Luis Guzmán Vásquez y su familia asegura que existe disposición de cooperar con las autoridades y explorar una salida alterna dentro del proceso

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una estructura investigada por un supuesto fraude superior a RD$41 millones contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), estaría dispuesto, junto a miembros de su familia vinculados al expediente, a explorar una solución alterna con el órgano acusador.

Así lo informó el abogado Billy Gerónimo, representante legal de Guzmán Vásquez y de su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, quien también figura entre las personas investigadas en el caso.

“Estamos cooperando con el Ministerio Público”, manifestó el jurista, al indicar que sus representados están dispuestos a considerar mecanismos legales que permitan una eventual salida alterna al proceso.

Ángel Luis cumple prisión preventiva

Ángel Luis Guzmán Vásquez se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.

Su detención se produjo en abril pasado cuando, de acuerdo con las autoridades, intentaba salir del país.

Mientras tanto, su hermano Angeury Guzmán Vásquez fue detenido el pasado viernes y está a la espera del conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada en su contra.

La defensa adelantó que solicitará el aplazamiento de la audiencia para disponer de tiempo suficiente para preparar y presentar la documentación con la que pretende demostrar el arraigo del imputado y sostener que este no representa peligro de fuga.

Ministerio Público señala a otros familiares

La investigación también menciona a otros integrantes de la familia de Ángel Luis Guzmán Vásquez, aunque algunos de ellos no se encuentran detenidos.

Según la solicitud de medida de coerción, entre las personas señaladas se encuentra Adonay María Carrasco Heredia, esposa de Ángel Luis.

El expediente también identifica a sus padres, Ángel Guzmán Patricio y Milagros Vásquez Gálvez.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Guzmán Patricio habría sido utilizado para la presunta triangulación de recursos, mientras que a Vásquez Gálvez se le atribuye participación en determinadas transacciones financieras cuya naturaleza y justificación forman parte de la investigación.

Estas imputaciones corresponden a la versión presentada por el órgano acusador y deberán ser debatidas y demostradas ante los tribunales.

Investigación incluye supuestas consultas no realizadas

Otro familiar mencionado en el expediente es Víctor Winerbi Aybar Vásquez, primo del principal investigado.

Según sostiene el Ministerio Público, Aybar Vásquez figura dentro del sistema de la aseguradora estatal relacionado con autorizaciones de servicios y consultas médicas que presuntamente no fueron realizadas.

La investigación busca establecer si se solicitaron y cobraron autorizaciones correspondientes a procedimientos, estudios o consultas que los afiliados de SeNaSa aseguran no haber recibido.

Un total de 25 personas imputadas

El Ministerio Público imputa en este proceso a 25 personas, entre ellas 21 médicos, por su presunta participación en un esquema mediante el cual se habrían solicitado autorizaciones de estudios y consultas especializadas a nombre de afiliados de SeNaSa sin que, según la acusación, esos servicios fueran efectivamente prestados.

El órgano persecutor sostiene que las operaciones investigadas habrían generado un perjuicio superior a RD$41 millones a la aseguradora estatal.

La eventual disposición de algunos imputados a negociar con el Ministerio Público no supone por sí sola la existencia de un acuerdo. Cualquier salida alterna deberá realizarse conforme a los mecanismos establecidos por la legislación procesal penal y, cuando corresponda, quedar sometida al control del tribunal.

Las imputaciones contenidas en el expediente constituyen hasta el momento la tesis del Ministerio Público. Corresponderá a los tribunales valorar las pruebas, los argumentos de las defensas y determinar las responsabilidades individuales respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Autoridades realizaron 14 allanamientos y 387 intervenciones; también ocuparon equipos de comunicación, balanzas, motocicletas y dinero en efectivo

Por Isabel Rodriguez

SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, informó la detención de 61 personas y la ocupación de 27,836 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas durante una serie de operativos desarrollados en el Gran Santo Domingo.

Las acciones incluyeron 14 allanamientos y 387 intervenciones realizadas en diferentes barrios y sectores señalados por las autoridades como puntos de interés dentro de las operaciones contra el microtráfico.

Más de 2,000 porciones ocupadas

Según el reporte de la DNCD, durante las intervenciones fueron confiscadas 2,203 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 25,196.7 gramos.

También fueron ocupados 640 envoltorios de un vegetal que se presume marihuana, con un peso de 1,903.3 gramos, así como 200 porciones de un material rocoso presumiblemente crack, que alcanzaron los 736 gramos.

Las sustancias fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes, que deberán establecer oficialmente su naturaleza y composición.

Ocupan equipos y otros objetos

Como parte de las operaciones, las autoridades también reportaron la incautación de 18 balanzas digitales, 20 teléfonos celulares, ocho radios de comunicación y dos motocicletas, además de dinero en efectivo en moneda dominicana y extranjera.

Asimismo, fueron ocupadas seis armas blancas, una computadora portátil, un chaleco antibalas y un fusil de hidrogel.

Las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes para continuar con los procedimientos legales.

Operativos contra el microtráfico

La DNCD indicó que las intervenciones forman parte de las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta para combatir la venta y distribución de sustancias controladas en distintos sectores del Gran Santo Domingo.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes conforme avance el proceso de investigación.

Mientras tanto, los resultados del Inacif serán determinantes para establecer oficialmente qué tipo de sustancias fueron decomisadas durante las operaciones.

Investigación atribuye al grupo un presunto esquema de facturación de servicios médicos no realizados; perjuicio preliminar rondaría los RD$40 millones

Por José Rodríguez

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Senasa 2.0-A, una investigación sobre un presunto esquema mediante el cual se habrían facturado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) consultas, cirugías y otros procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados.

Entre los imputados se encuentran exempleados de la aseguradora estatal, médicos y particulares.

La solicitud de medida de coerción está contenida en un expediente de aproximadamente 525 páginas, depositado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por representantes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitaron que el proceso sea declarado complejo.

Presunto esquema afectaba fondos y cobertura de afiliados

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el presunto mecanismo consistía en gestionar autorizaciones y posteriormente facturar servicios, consultas y procedimientos médicos que los afiliados aseguraban no haber recibido.

La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que estas operaciones presuntamente no solo generaban un perjuicio económico para Senasa, sino que también podían reducir la disponibilidad de cobertura de los afiliados cuyos seguros eran utilizados para realizar las reclamaciones.

Las autoridades califican esta etapa como una nueva fase de las investigaciones y no descartan que las pesquisas puedan extenderse hacia otras personas o entidades.

Investigación comenzó tras denuncia de Senasa

Las pesquisas se remontan a una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones de servicios médicos.

Según la tesis presentada por el órgano acusador, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 habrían sido utilizados diferentes números telefónicos para gestionar aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de la aseguradora.

Los afiliados cuyos seguros habrían sido utilizados presuntamente no reconocían esas autorizaciones ni los servicios médicos registrados a su nombre.

El Ministerio Público estima de manera preliminar en aproximadamente RD$40 millones el perjuicio económico atribuido al esquema investigado.

25 personas bajo investigación

Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.

También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

La solicitud incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Los 25 imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.

Los allanamientos y arrestos fueron autorizados judicialmente como parte de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.

La solicitud de prisión preventiva y los hechos atribuidos a los investigados corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinados por el tribunal. Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.