El presidente de la SCJ confirmó que no buscará permanecer en el cargo y afirmó que, tras concluir esta etapa institucional, dedicará mayor tiempo a su familia y a su vida espiritual

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, confirmó que su decisión de no someterse al proceso de evaluación para continuar en el cargo es definitiva y anunció que, una vez concluya sus funciones, iniciará una nueva etapa centrada principalmente en su familia y su vida espiritual.

Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el magistrado recurrió a la metáfora de “subir y bajar la montaña” para explicar el momento personal e institucional que atraviesa, al considerar que ha llegado la hora de cerrar un ciclo en el Poder Judicial.

Molina indicó que a partir del próximo día 23 dejará atrás las exigencias cotidianas propias de sus funciones para dedicar más tiempo a espacios familiares que, según expresó, desea recuperar.

Una decisión que califica de personal

El presidente de la Suprema Corte manifestó que su salida responde a una decisión personal y que entre sus prioridades estará compartir más tiempo con sus hijos.

Al referirse a su hija Ana Carolina, relató que desea realizar actividades tan sencillas como sentarse a jugar muñecas con ella, una expresión con la que mostró el aspecto más familiar de su decisión de abandonar el cargo.

También señaló su interés en dedicar tiempo al cultivo de su espiritualidad.

La explicación ofrecida por Molina coloca su salida de la Suprema Corte fuera de las especulaciones sobre posibles diferencias institucionales y la presenta como el resultado de una decisión vinculada a una nueva etapa de su vida.

Nancy Salcedo tampoco se someterá a evaluación

Durante su intervención, Molina se refirió además a la magistrada Nancy Salcedo, quien tampoco participará en el proceso de evaluación.

Según explicó, la decisión de Salcedo responde igualmente a razones familiares y personales, entre ellas su interés de disponer de mayor tiempo para compartir con su nieto y atender a su madre.

Las declaraciones buscan despejar las versiones surgidas alrededor de la decisión de ambos magistrados de no someterse al proceso correspondiente para permanecer en sus funciones.

Molina defiende el legado de su gestión

Más allá de sus motivaciones personales, el todavía presidente de la Suprema Corte aprovechó el encuentro para hacer un balance de los años durante los cuales ha encabezado el Poder Judicial dominicano.

Molina sostuvo que deja una institución fortalecida y destacó las transformaciones tecnológicas y estructurales impulsadas durante su administración, así como la optimización de diferentes procesos judiciales.

Afirmó, además, que entrega un Poder Judicial sin escándalos institucionales y reivindicó los cambios implementados durante su gestión.

El magistrado asumió personalmente la responsabilidad de las transformaciones realizadas, procurando con ello desvincular a su equipo de las críticas que algunas de esas medidas pudieron generar.

El cierre de una etapa en el Poder Judicial

La salida de Molina marcará el cierre de una etapa caracterizada por una amplia agenda de transformación institucional y tecnológica del sistema judicial.

Su gestión también ha estado acompañada de debates dentro de la comunidad jurídica sobre los cambios implementados, el funcionamiento de los tribunales y el proceso de modernización de la administración de justicia.

Ahora, mientras se aproxima el momento de abandonar la presidencia de la Suprema Corte, Molina procura colocar el énfasis de su despedida en dos dimensiones: el legado institucional que asegura dejar y la recuperación de espacios familiares después de años dedicado a responsabilidades públicas.

Con su decisión de no someterse a evaluación, corresponderá al Consejo Nacional de la Magistratura desarrollar el proceso institucional correspondiente para la conformación de la Suprema Corte de Justicia en esta nueva etapa.

La defensa busca anular la declaración de culpabilidad, mientras el Ministerio Público pretende que sea revocado el perdón judicial otorgado al pelotero

PUERTO PLATA.– La Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata fijó para el próximo 22 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que serán conocidos los recursos presentados contra la sentencia dictada en el proceso judicial seguido al pelotero de Grandes Ligas Wander Samuel Franco Aybar.

La nueva etapa del caso enfrenta dos pretensiones distintas. Por un lado, la defensa del jugador procura que sea revocada la declaración de culpabilidad; por otro, el Ministerio Público cuestiona el perdón judicial que permitió al beisbolista quedar exento del cumplimiento de una pena de prisión.

La decisión recurrida fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Puerto Plata durante un segundo juicio, en el cual Franco volvió a ser declarado culpable de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad.

Sin embargo, en esa ocasión los jueces decidieron concederle un perdón judicial, por lo que no fue enviado a prisión.

Defensa cuestiona las pruebas

Los abogados de Franco sostienen en su recurso que los elementos probatorios presentados durante el proceso no son suficientes para mantener la declaración de culpabilidad.

La defensa pretende que la Corte de Apelación revoque la decisión adoptada por el tribunal de primer grado respecto de la responsabilidad penal del jugador.

El Ministerio Público mantiene una posición diferente. Aunque busca preservar la declaración de culpabilidad, pretende que sea eliminado el beneficio del perdón judicial.

El órgano acusador considera que esa figura jurídica no resulta aplicable en un proceso relacionado con abuso infantil.

Será ahora responsabilidad de la Corte examinar los argumentos de ambas partes y determinar si mantiene, modifica o revoca los aspectos cuestionados de la sentencia.

Tribunal consideró actuación de la madre

Al emitir la segunda sentencia, los jueces determinaron que Franco habría resultado una víctima colateral de las actuaciones atribuidas a la madre de la menor, consideración que incidió en el otorgamiento del perdón judicial.

En ese mismo proceso, Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, fue condenada a 10 años de prisión.

La controversia sobre el perdón judicial constituye uno de los puntos centrales que deberá analizar la Corte durante esta nueva fase.

Caso ya tuvo un primer juicio

La decisión que será examinada el 22 de septiembre es la segunda sentencia dictada en el proceso contra Franco.

En el primer juicio de fondo, el pelotero fue condenado a dos años de prisión suspendida bajo determinadas condiciones.

Posteriormente, la Corte de Apelación anuló esa sentencia y dispuso la celebración de un nuevo juicio.

Tras repetirse el proceso, el tribunal volvió a declarar culpable a Franco por abuso sexual y psicológico contra la menor, pero esta vez decidió concederle el perdón judicial y eximirlo del cumplimiento de una pena privativa de libertad.

La audiencia del 22 de septiembre abrirá ahora una nueva etapa procesal en un expediente que ha pasado en dos ocasiones por un juicio de fondo y que vuelve a manos de la jurisdicción de apelación.

La imputada asegura que atraviesa dificultades económicas y niega haber trabajado o recibido pagos de Senasa; su defensa sostiene que todavía no existe una determinación de culpabilidad

SANTIAGO.– La Corte de Apelación de Santiago ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra Luisa Yasiris Guzmán, una de las personas investigadas en la denominada Operación Onco14, proceso relacionado con una presunta estructura de corrupción que habría operado en el entorno del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Guzmán, esposa del empresario Héctor Lora Cruceta, reaccionó a la decisión judicial asegurando que enfrenta dificultades económicas como consecuencia del proceso y que actualmente no dispone de recursos suficientes para cubrir los gastos de su defensa.

“Yo no tengo dinero ni para pagarles a los abogados”, manifestó al salir de la audiencia.

Niega haber recibido recursos de Senasa

La imputada rechazó haber trabajado para el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y negó haber recibido pagos procedentes de esa institución.

Según su versión, tampoco pertenecía laboralmente al Instituto Oncológico Regional del Cibao y las actividades que realizaba estaban dirigidas a colaborar con pacientes afectados por cáncer.

Guzmán cuestionó además la manera en que públicamente se ha manejado el expediente y sostuvo que algunas personas podrían estar siendo utilizadas como “chivos expiatorios” durante las investigaciones.

Sus declaraciones constituyen su posición frente a las imputaciones y no representan una decisión judicial sobre los hechos investigados.

Defensa cuestiona mantenimiento de la prisión

El abogado Pantaleón Mieses, representante de Guzmán, informó que la Corte entendió que existen razones para mantener la prisión preventiva mientras el Ministerio Público continúa desarrollando las investigaciones.

Aunque manifestó su desacuerdo con la decisión, señaló que la defensa la acata y continuará utilizando los mecanismos legales correspondientes.

Mieses insistió en que su representada no era empleada del Instituto Oncológico ni recibía directamente recursos de Senasa.

Explicó, sin embargo, que dentro de los elementos considerados en el proceso figura la relación de Guzmán con su esposo, Héctor Lora, quien se desempeñaba como director del centro, así como su vinculación con la Fundación TÓCATE, organización que, según lo expuesto por el abogado, recibía recursos del instituto.

El jurista recalcó que la condición de investigada no equivale a una declaración de responsabilidad penal.

Defensa había solicitado variar coerción

La representación legal de Guzmán recurrió la decisión adoptada en primera instancia al considerar que existían condiciones para imponer una medida de coerción menos gravosa.

Según Mieses, durante el proceso se habían establecido elementos de arraigo que, a juicio de la defensa, permitían considerar una alternativa a la prisión preventiva.

No obstante, finalmente fueron impuestos los 18 meses de privación de libertad que ahora fueron confirmados por la Corte de Apelación.

El abogado sostuvo que el mantenimiento de la medida estaría relacionado principalmente con la naturaleza y gravedad de los hechos investigados y con el hecho de que las pesquisas todavía se encuentran en desarrollo.

Ministerio Público investiga supuesto desvío de recursos

El Ministerio Público sostiene que mediante la Operación Onco14 investiga una presunta estructura de corrupción que habría utilizado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao para realizar operaciones irregulares.

De acuerdo con la tesis del órgano persecutor, se habrían desviado recursos públicos destinados a servicios de atención para pacientes con cáncer, generando un supuesto perjuicio al Estado, al Seguro Nacional de Salud y a beneficiarios del régimen subsidiado.

Dentro de las investigaciones figuran varias personas relacionadas con las instituciones intervenidas, entre ellas antiguos directivos y personas vinculadas a su administración.

La ratificación de la prisión preventiva contra Guzmán no constituye una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público sustentar sus imputaciones y a los tribunales determinar las responsabilidades individuales conforme avance el proceso judicial.