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Yeni Berenice insta a empresas a prepararse ante nuevo régimen de responsabilidad penal
La procuradora general afirma que el nuevo marco legal no debe generar temor en el sector productivo, pero advierte que las compañías tendrán que fortalecer sus programas de cumplimiento, prevención de riesgos y controles internos.
SANTO DOMINGO.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llamó este jueves al sector empresarial dominicano a prepararse para la aplicación de las nuevas disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, asegurando que las empresas que operan dentro de la legalidad no tienen motivos para temer.
Durante un encuentro con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Reynoso sostuvo que el nuevo esquema obliga a las compañías a prestar mayor atención a sus mecanismos internos de prevención, supervisión y cumplimiento normativo.
La procuradora explicó que la responsabilidad de una persona jurídica no surgiría simplemente porque uno de sus empleados cometa una infracción, sino cuando, además del hecho punible, pueda establecerse una falla corporativa relacionada con el deber de prevención.
En ese sentido, destacó la importancia de que las empresas adopten verdaderos programas de cumplimiento normativo o compliance, capaces de identificar riesgos, establecer controles y generar respuestas ante posibles actuaciones ilícitas.
Prevención pasa a ocupar un lugar central
El nuevo escenario supone un cambio importante para la cultura empresarial dominicana. Según lo planteado durante el encuentro, ya no será suficiente contar formalmente con manuales o protocolos internos si estos no se traducen en mecanismos efectivos de prevención y vigilancia.
Reynoso señaló que el propósito de la legislación no es provocar la desaparición de empresas productivas, sino impedir que las estructuras societarias sean utilizadas para facilitar actividades delictivas.
La titular del Ministerio Público consideró que un sistema de responsabilidad empresarial claramente definido puede contribuir, además, a crear condiciones de competencia más saludables entre las compañías que cumplen con la ley.
También manifestó la disposición del Ministerio Público de colaborar con programas gratuitos de formación y capacitación, incluyendo aspectos relacionados con derechos humanos, inclusión y autonomía de los órganos internos encargados del control empresarial.
Cerca de cien empresas disueltas desde 2020
La procuradora diferenció las empresas que desarrollan actividades económicas legítimas de aquellas estructuras creadas esencialmente para servir como instrumentos de actividades criminales.
Indicó que cerca de un centenar de compañías han sido disueltas judicialmente desde 2020 y sostuvo que, en su mayoría, se trataba de las denominadas “empresas de carpeta”, vinculadas al crimen organizado.
Según explicó, entre las características detectadas en ese tipo de estructuras figuran la ausencia de pago de impuestos y la inexistencia o escasa presencia de trabajadores registrados ante la Tesorería de la Seguridad Social.
Ministerio Público prepara instructivo para fiscales
Reynoso informó además que el Ministerio Público trabaja en la elaboración de un instructivo general que deberá estar preparado antes del 7 de noviembre, fecha señalada para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal empresarial referido durante el encuentro.
La directriz establecerá criterios para orientar a los fiscales en la investigación y persecución de las infracciones relacionadas con las personas jurídicas.
La procuradora consideró que las reglas establecidas son claras y señaló que modelos similares de responsabilidad empresarial existen en otros ordenamientos jurídicos, particularmente en países iberoamericanos.
AIRD pide pasar de los manuales a controles efectivos
Por su parte, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, sostuvo que la adaptación empresarial al nuevo escenario legal requerirá mucho más que la existencia formal de códigos, manuales y protocolos.
Brache planteó la necesidad de identificar riesgos, establecer controles internos, capacitar al personal, disponer de canales de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procedimientos.
Consideró que las nuevas obligaciones pueden convertirse también en una oportunidad para fortalecer la administración de las empresas, reducir riesgos legales y reputacionales y generar mayor confianza entre empleados, clientes, proveedores e inversionistas.
El dirigente empresarial defendió igualmente un modelo de competencia en el cual las ventajas empresariales provengan de la productividad, innovación, calidad y eficiencia, y no del incumplimiento de las normas.
Un cambio en la cultura corporativa
La aplicación del nuevo régimen coloca el cumplimiento normativo en una posición cada vez más relevante dentro de la administración empresarial dominicana.
Más allá de evitar sanciones, el desafío para las compañías será demostrar que cuentan con mecanismos reales para prevenir, detectar, denunciar y responder frente a posibles conductas ilícitas desarrolladas dentro de sus estructuras.
De esta manera, la responsabilidad penal empresarial abre una nueva etapa en la relación entre actividad económica, prevención del delito y gobierno corporativo en la República Dominicana.
Fuente base: información suministrada de Diario Libre sobre las declaraciones de Yeni Berenice Reynoso durante el encuentro con la AIRD, 3 de septiembre de 2026.
Los informes abarcarán el período agosto de 2020-agosto de 2024 y serán divulgados progresivamente conforme la Contraloría General concluya los procesos de revisión.
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader anunció que, a partir del próximo 1 de octubre, el Gobierno comenzará a hacer públicos los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a diferentes instituciones estatales durante los primeros cuatro años de su administración.
La medida abarcará las auditorías correspondientes al período comprendido entre agosto de 2020 y agosto de 2024, y forma parte, según explicó el mandatario, de las iniciativas gubernamentales destinadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Los informes no serán publicados necesariamente de manera simultánea. Su divulgación se realizará de forma gradual, conforme la Contraloría vaya concluyendo los procesos de auditoría y revisión correspondientes a cada institución.
Ciudadanía podrá conocer los hallazgos
La decisión permitirá que ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a las observaciones y hallazgos contenidos en los informes elaborados por el órgano de control interno.
Abinader sostuvo que hacer públicos estos documentos contribuirá a ampliar el acceso de la sociedad a informaciones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones estatales y la administración de los fondos públicos.
El mandatario vinculó la iniciativa con el compromiso de su Gobierno de promover una mayor transparencia en la gestión pública, así como fortalecer la rendición de cuentas, el ejercicio democrático y las libertades públicas.
Contraloría y Cámara de Cuentas mantienen funciones distintas
El presidente aclaró que los informes que comenzarán a publicarse corresponden a auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, por lo que no deben confundirse con las fiscalizaciones que realiza la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Ambas instituciones desempeñan funciones de control diferentes. En consecuencia, la divulgación de los informes de la Contraloría no sustituye ni excluye las auditorías que, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, pueda realizar la Cámara de Cuentas.
Una medida que también estará bajo escrutinio público
La publicación anunciada colocará bajo mayor observación pública no solamente a las instituciones auditadas, sino también el alcance y contenido de los propios informes.
A partir de octubre, la atención estará centrada en determinar cuáles instituciones serán las primeras cuyos resultados se harán públicos, qué irregularidades u observaciones fueron identificadas, cuáles recomendaciones formularon los auditores y qué medidas adoptará el Gobierno frente a eventuales hallazgos.
La efectividad de la iniciativa dependerá, además, de que la publicación permita a la ciudadanía acceder a información suficientemente clara y completa para conocer cómo fueron administrados los recursos públicos durante el período auditado.
Con la divulgación de los informes correspondientes a sus primeros cuatro años de gestión, el Gobierno abre así una nueva etapa de escrutinio sobre la administración pública, en la que los resultados concretos de las auditorías determinarán el verdadero alcance de la medida anunciada.
El ejercicio se realizará el próximo martes a las 10:00 de la mañana e involucrará a instituciones públicas, empresas, trabajadores y ciudadanos. También se pondrá a prueba un sistema de alertas mediante mensajes a teléfonos móviles.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana pondrá a prueba su capacidad de reacción ante un eventual terremoto con la realización de un Simulacro Nacional de Evacuación, programado para las 10:00 de la mañana del próximo martes, como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno.
El ejercicio busca comprobar qué tan preparados se encuentran organismos estatales, empresas, trabajadores y ciudadanos para responder ante una emergencia sísmica, además de identificar posibles debilidades en los procedimientos establecidos.
Durante el anuncio realizado en el Palacio Nacional, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, destacó la importancia de adoptar medidas preventivas antes de que ocurra una situación de emergencia.
Bautista sostuvo que ante un fenómeno de esta naturaleza no existe espacio para la improvisación, razón por la cual entiende necesario preparar previamente a las instituciones y a la población.
Pondrán a prueba protocolos y comunicaciones
El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Olivares, explicó que el simulacro no estará limitado al simple desalojo de edificios.
El ejercicio permitirá evaluar los planes de evacuación, protocolos de actuación, mecanismos de comunicación y coordinación entre las diferentes instituciones que tendrían responsabilidades frente a una emergencia de grandes proporciones.
La preparación resulta especialmente relevante debido a que los movimientos sísmicos ocurren sin previo aviso, por lo que la capacidad de respuesta depende en buena medida de las acciones adoptadas antes de producirse el fenómeno.
Las autoridades también utilizarán la jornada para probar una herramienta tecnológica destinada a fortalecer el sistema nacional de alertas, mediante el envío instantáneo de mensajes a teléfonos móviles.
Esta iniciativa permitiría evaluar la efectividad de las comunicaciones masivas en una eventual situación de emergencia.
Capacidad de respuesta ante una catástrofe
Olivares indicó además que el país dispone de diferentes vías de acceso que podrían utilizarse para recibir asistencia en caso de producirse una catástrofe, mientras los organismos de socorro cuentan con recursos destinados a responder ante situaciones de emergencia.
No obstante, reconoció que ningún país puede considerarse completamente preparado frente a un escenario de colapso generalizado.
Según explicó, los ejercicios preventivos permiten fortalecer progresivamente la capacidad nacional de respuesta. Como parte de ese proceso, señaló la movilización de más de tres millones de personas y la certificación de más de 300 empresas en materia de seguridad.
Atención especial a las edificaciones privadas
Otro de los puntos abordados durante el anuncio fue la vulnerabilidad de las edificaciones.
El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, informó que continúan las evaluaciones de edificaciones públicas, aunque actualmente existe especial interés en ampliar estas revisiones al sector privado.
Reyes Madera señaló que se han realizado levantamientos en sectores de Santo Domingo como Naco y Piantini, cuyos resultados permiten informar a las juntas de vecinos sobre las deficiencias identificadas.
El funcionario exhortó a propietarios y administradores de edificaciones privadas a solicitar evaluaciones de vulnerabilidad y destacó que estas revisiones se realizan gratuitamente.
Empresas y trabajadores también serán integrados
El Gobierno pretende que el ejercicio alcance tanto al sector público como al privado.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, exhortó a empleadores y trabajadores a participar, bajo el criterio de que cualquier lugar donde se concentren personas debe contar con mecanismos adecuados de respuesta frente a un terremoto.
Las autoridades informaron que ya han sostenido conversaciones con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para procurar la incorporación del empresariado.
También está previsto un encuentro con representantes de los trabajadores para ampliar su participación.
La prevención como responsabilidad colectiva
Más allá de medir cuánto tarda una persona en abandonar una edificación, el simulacro permitirá observar cómo reaccionan simultáneamente instituciones, empresas y ciudadanos ante una situación que exigiría coordinación inmediata.
El ejercicio adquiere importancia debido a que una respuesta efectiva ante un terremoto depende no solamente de los organismos especializados, sino también del conocimiento que tengan las personas sobre cómo evacuar, hacia dónde dirigirse y qué hacer durante los primeros minutos de una emergencia.
La iniciativa gubernamental procura, en consecuencia, fortalecer una cultura de prevención frente a un fenómeno natural cuya ocurrencia no puede predecirse con exactitud.
Las autoridades reiteraron el llamado a instituciones públicas, empresas privadas, trabajadores y ciudadanos a integrarse al simulacro nacional.
La jornada está pautada para las 10:00 de la mañana del próximo martes.
Nacionales
Operación Armum pone bajo investigación a 18 armerías por presunto comercio ilegal de armas
Un amplio operativo desplegado en varias provincias dejó cerca de 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones ocupadas. El Ministerio Público informó que hubo arrestos y que solicitará medidas de coerción contra los implicados.
SANTO DOMINGO.– Un amplio operativo contra el presunto comercio irregular de armas de fuego y municiones fue desplegado por las autoridades dominicanas en distintos puntos del país, donde 18 armerías quedaron bajo investigación por supuestas violaciones a las normas que regulan este tipo de establecimientos.
La intervención, denominada Operación Armum, fue encabezada por el Ministerio Público en coordinación con los ministerios de Interior y Policía y de Defensa, así como con la Policía Nacional.
Los allanamientos abarcaron establecimientos ubicados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, y movilizaron a 25 fiscales, 190 agentes policiales y 38 inspectores pertenecientes a los ministerios de Defensa e Interior y Policía.
Autoridades investigan múltiples irregularidades
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el Ministerio Público, durante el proceso investigativo fueron identificadas distintas modalidades de presuntas irregularidades.
Entre ellas se encuentran establecimientos que supuestamente funcionaban sin las correspondientes licencias o con permisos vencidos, así como negocios que presuntamente realizaban trabajos de taller sin contar con autorización.
Las investigaciones también abarcan alegadas operaciones de intermediación para la comercialización de armas sin licencia y la presunta retención ilegal de armas pertenecientes a terceros.
Cerca de 200 armas bajo custodia de las autoridades
Uno de los principales resultados del operativo fue la ocupación de aproximadamente 200 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres y armas largas.
Según el órgano persecutor, una cantidad considerable de esas armas carecía de documentación que permitiera establecer adecuadamente su procedencia.
Las autoridades también reportaron el decomiso de alrededor de 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje. El Ministerio Público sostiene que esa circunstancia constituye un elemento indicativo de que habrían sido introducidas o comercializadas ilícitamente en República Dominicana, aspecto que deberá ser determinado durante la investigación.
Entre los objetos ocupados figuran, además, armas de guerra y de uso prohibido, miras telescópicas, dispositivos láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas que habrían sido modificadas o alteradas.
Asimismo, las autoridades informaron sobre el hallazgo de pertrechos pertenecientes a organismos de investigación del Estado que presuntamente se encontraban en esos establecimientos sin las autorizaciones correspondientes.
Propietarios y representantes fueron arrestados
Los hallazgos producidos durante los allanamientos dieron lugar al arresto en flagrante delito de propietarios o representantes de algunas de las armerías intervenidas, según informó el Ministerio Público.
El órgano persecutor adelantó que los detenidos serán sometidos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, donde se solicitará la imposición de las correspondientes medidas de coerción.
Las imputaciones específicas y el grado de responsabilidad individual de cada investigado deberán ser establecidos durante el proceso judicial, por lo que los involucrados conservan la presunción de inocencia hasta que intervenga una sentencia definitiva conforme al debido proceso.
Investigación continuará abierta
La investigación se encuentra bajo la responsabilidad de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, dirigida por la procuradora de corte Maura Martínez, junto al director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), mayor general del Ejército Francisco Antonio Ovalle Pichardo.
Las instituciones involucradas indicaron que las investigaciones continuarán con el propósito de determinar el origen de las armas y municiones ocupadas, establecer eventuales responsabilidades y profundizar sobre posibles operaciones ilícitas relacionadas con su comercialización.
El Ministerio Público enmarca la Operación Armum dentro de los esfuerzos institucionales destinados a fortalecer los controles sobre las armas de fuego, municiones y demás pertrechos que circulan en territorio dominicano.