La Fiscalía asegura que espera experticias financieras y periciales antes de presentar su acto conclusivo; defensas se oponen y reclaman revisar las medidas de coerción

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional una extensión de cuatro meses para completar las investigaciones relacionadas con el presunto entramado de corrupción investigado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) antes de presentar su acto conclusivo.

Durante la audiencia, la fiscal Rosa Alba García explicó ante el juez Deiby Timoteo que todavía están pendientes informes y experticias solicitados a distintas instituciones públicas y entidades privadas, cuyos resultados serían necesarios para completar el expediente.

Entre los organismos mencionados figuran la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

De acuerdo con lo expuesto por la representante del órgano acusador, el volumen de evidencias recopiladas ha provocado que el procesamiento de algunas informaciones requiera más tiempo del inicialmente previsto.

Fiscalía espera análisis financiero

Uno de los componentes que permanece pendiente está relacionado con el análisis de información financiera.

Con esos estudios, el Ministerio Público procura reconstruir el recorrido de los recursos objeto de investigación y determinar eventuales responsabilidades patrimoniales vinculadas a las operaciones examinadas.

García explicó que algunas de las instituciones requeridas comunicaron a la Fiscalía que todavía no han concluido sus trabajos y necesitan tiempo adicional para entregar los resultados.

El órgano persecutor sostiene que disponer de esas experticias antes de presentar el acto conclusivo resulta necesario debido a la posible relevancia de sus hallazgos para las decisiones procesales que deberá adoptar.

Abren nueva línea de investigación

Durante la audiencia, la fiscal también reveló la existencia de una nueva línea investigativa relacionada con varios centros de salud, aunque en la información suministrada no se ofrecen mayores detalles sobre los establecimientos involucrados ni sobre el alcance específico de las indagatorias.

El planteamiento constituye otro de los argumentos presentados por el Ministerio Público para justificar la necesidad de ampliar el período de investigación.

La solicitud de prórroga no equivale a la presentación de una acusación definitiva. El Ministerio Público procura precisamente disponer de un período adicional para completar las diligencias pendientes antes de depositar el correspondiente acto conclusivo.

Defensas rechazan extensión y piden variar coerción

La petición encontró oposición entre algunas de las defensas.

Los abogados de Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiker rechazaron que se concedan los cuatro meses adicionales solicitados por el Ministerio Público.

De manera subsidiaria, plantearon que, si el tribunal decide otorgar la prórroga, sean revisadas las medidas de coerción que actualmente pesan sobre sus representados.

Por su parte, Francisco Minaya no presentó oposición a que el Ministerio Público reciba tiempo adicional para completar las investigaciones, pero también solicitó al tribunal una modificación de la medida de coerción que le fue impuesta.

El tribunal deberá ponderar los argumentos del órgano acusador y las objeciones formuladas por las defensas para determinar si procede conceder el plazo adicional requerido para concluir las investigaciones.

Caso entra en una etapa procesal decisiva

La discusión sobre la prórroga adquiere especial importancia debido a que el Ministerio Público deberá definir, una vez concluida la investigación, el acto procesal correspondiente con relación a las personas sometidas al proceso.

Mientras la Fiscalía sostiene que necesita completar experticias y análisis financieros antes de cerrar esta fase, las defensas cuestionan la prolongación del plazo y procuran que cualquier extensión esté acompañada de una revisión de las restricciones impuestas a sus representados.

Será ahora el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el que determine si concede los cuatro meses adicionales solicitados y qué decisión adopta respecto de las peticiones formuladas sobre las medidas de coerción.

Leonardo Reyes Madera declaró que la cubierta soportaba cargas muy superiores a las previstas y señaló que una capa de mortero alcanzó hasta 37.5 centímetros, frente a unos siete contemplados originalmente

SANTO DOMINGO.– El director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, atribuyó el colapso del techo de la discoteca Jet Set a una acumulación de peso que, según explicó ante el tribunal, terminó superando ampliamente la capacidad de resistencia de la estructura.

El especialista compareció como testigo del Ministerio Público durante el juicio de fondo seguido contra Antonio y Maribel Espaillat ante la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, donde presentó las principales conclusiones del peritaje realizado para determinar las causas del desplome.

La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas.

Mortero mucho más grueso que el previsto

Uno de los principales elementos señalados por Reyes Madera fue el espesor del mortero de arena y cemento colocado sobre el techo con el propósito de crear la pendiente necesaria para el drenaje de las aguas pluviales.

De acuerdo con su declaración, el proyecto contemplaba aproximadamente siete centímetros de espesor, pero durante las inspecciones realizadas entre los restos de la edificación se encontraron puntos donde la capa alcanzaba hasta 37.5 centímetros.

El perito sostuvo que esa diferencia produjo un incremento considerable de la carga permanente que debía soportar la cubierta.

Explicó que para ese componente se habían contemplado aproximadamente 160 libras por metro cuadrado, mientras que las condiciones encontradas representaban más de 650 libras por metro cuadrado.

Equipos e instalaciones aumentaron con los años

A esa situación, según el especialista, se sumaron diferentes equipos y estructuras colocados progresivamente sobre el techo, incluyendo unidades de aire acondicionado, tanques de agua y casetas.

El equipo investigador recurrió a imágenes satelitales de Google Earth correspondientes al período comprendido entre 2011 y 2025 para documentar las transformaciones.

Reyes Madera declaró que en imágenes correspondientes a 2011 podían identificarse siete elementos sobre la cubierta, mientras que entre 2022 y 2025 fueron contabilizadas hasta 17 instalaciones.

También indicó que la normativa establece una carga viva máxima de 100 kilogramos, aproximadamente 220 libras, por metro cuadrado para un techo.

A juicio del perito, la incorporación progresiva de equipos y otros elementos incrementó sustancialmente las cargas que debía soportar la estructura.

De sala de cine a centro nocturno

Durante su exposición, Reyes Madera explicó que el inmueble fue concebido originalmente como una sala de cine de un solo nivel, equipada con una estructura metálica liviana a dos aguas.

Con posterioridad, la edificación sufrió modificaciones y cambios de uso hasta convertirse en un establecimiento de entretenimiento nocturno.

El especialista indicó que el techo original fue sustituido por un sistema de losas de concreto postensadas, elaboradas y vaciadas en el lugar.

Además, durante la reconstrucción de la edificación fueron identificadas modificaciones efectuadas a través de los años, incluyendo cortes de columnas para transformar áreas del escenario y aperturas destinadas a barras y otros espacios.

Investigación descartó otras hipótesis

Antes de atribuir el desplome a una sobrecarga, el equipo técnico investigó otras posibles causas.

Según el testimonio, se solicitaron informaciones a organismos especializados para determinar si fenómenos atmosféricos o movimientos sísmicos pudieron tener alguna relación con lo ocurrido.

También fueron requeridos informes al Cuerpo de Bomberos, ante versiones relacionadas con un supuesto incendio previo, y a una unidad especializada de la Policía Nacional para determinar si existían indicios de una explosión.

Reyes Madera sostuvo ante el tribunal que esas hipótesis fueron descartadas y que las documentaciones obtenidas fueron incorporadas al expediente pericial.

Análisis de demanda y capacidad

Luego de examinar las diferentes posibilidades, los especialistas aplicaron un análisis de “demanda-capacidad”.

El ingeniero explicó que los componentes de una estructura poseen una determinada capacidad de resistencia y que puede producirse una falla cuando las cargas o demandas que reciben superan esa capacidad.

Según las conclusiones expuestas por el perito, los cálculos efectuados sobre los elementos horizontales del techo indicaron que las cargas existentes eran superiores a aquellas para las cuales habían sido diseñados.

Para complementar los estudios, el equipo utilizó el programa especializado ELS (Extreme Loading for Structures), con el cual realizó simulaciones sobre la secuencia del colapso.

De acuerdo con Reyes Madera, esa herramienta permitió analizar tanto la trayectoria de fragmentos de concreto encontrados después del desplome como el patrón de agrietamiento de las vigas postensadas, particularmente en las proximidades de la esquina sureste de la cubierta.

Columna removida no habría provocado el desplome

Otro de los hallazgos abordados durante la investigación fue la existencia de una columna que había sido removida de una de las zapatas.

Reyes Madera reconoció la importancia estructural de las columnas para transmitir las cargas hacia la cimentación. Sin embargo, sostuvo que, conforme a las conclusiones del peritaje, la ausencia de esa columna no fue la causa del colapso.

El especialista insistió en que el factor determinante habría sido la acumulación de cargas permanentes y vivas sobre la estructura.

Reconstrucción digital del Jet Set

Para desarrollar el estudio, arquitectos e ingenieros de la ONESVIE realizaron una reconstrucción digital de la edificación en las condiciones en que se encontraba antes de la tragedia.

El levantamiento se apoyó en mediciones efectuadas sobre las partes que permanecieron en pie e incluyó plantas, elevaciones y la identificación de modificaciones realizadas a la estructura durante distintos períodos.

Al presentar sus conclusiones ante el tribunal, Reyes Madera sostuvo que el techo terminó cediendo porque el peso acumulado superó la capacidad de resistencia de sus elementos estructurales.

De acuerdo con la tesis pericial presentada por el Ministerio Público, la combinación del mortero colocado sobre la losa, los equipos, tanques y demás instalaciones habría incrementado progresivamente la demanda sobre la estructura hasta provocar su falla.

Las conclusiones expuestas por el especialista forman parte de la prueba pericial sometida al debate contradictorio del juicio y deberán ser ponderadas por el tribunal junto con los cuestionamientos de la defensa y las demás pruebas incorporadas al proceso.

La procuradora general afirma que el nuevo marco legal no debe generar temor en el sector productivo, pero advierte que las compañías tendrán que fortalecer sus programas de cumplimiento, prevención de riesgos y controles internos.

SANTO DOMINGO.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llamó este jueves al sector empresarial dominicano a prepararse para la aplicación de las nuevas disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, asegurando que las empresas que operan dentro de la legalidad no tienen motivos para temer.

Durante un encuentro con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Reynoso sostuvo que el nuevo esquema obliga a las compañías a prestar mayor atención a sus mecanismos internos de prevención, supervisión y cumplimiento normativo.

La procuradora explicó que la responsabilidad de una persona jurídica no surgiría simplemente porque uno de sus empleados cometa una infracción, sino cuando, además del hecho punible, pueda establecerse una falla corporativa relacionada con el deber de prevención.

En ese sentido, destacó la importancia de que las empresas adopten verdaderos programas de cumplimiento normativo o compliance, capaces de identificar riesgos, establecer controles y generar respuestas ante posibles actuaciones ilícitas.

Prevención pasa a ocupar un lugar central

El nuevo escenario supone un cambio importante para la cultura empresarial dominicana. Según lo planteado durante el encuentro, ya no será suficiente contar formalmente con manuales o protocolos internos si estos no se traducen en mecanismos efectivos de prevención y vigilancia.

Reynoso señaló que el propósito de la legislación no es provocar la desaparición de empresas productivas, sino impedir que las estructuras societarias sean utilizadas para facilitar actividades delictivas.

La titular del Ministerio Público consideró que un sistema de responsabilidad empresarial claramente definido puede contribuir, además, a crear condiciones de competencia más saludables entre las compañías que cumplen con la ley.

También manifestó la disposición del Ministerio Público de colaborar con programas gratuitos de formación y capacitación, incluyendo aspectos relacionados con derechos humanos, inclusión y autonomía de los órganos internos encargados del control empresarial.

Cerca de cien empresas disueltas desde 2020

La procuradora diferenció las empresas que desarrollan actividades económicas legítimas de aquellas estructuras creadas esencialmente para servir como instrumentos de actividades criminales.

Indicó que cerca de un centenar de compañías han sido disueltas judicialmente desde 2020 y sostuvo que, en su mayoría, se trataba de las denominadas “empresas de carpeta”, vinculadas al crimen organizado.

Según explicó, entre las características detectadas en ese tipo de estructuras figuran la ausencia de pago de impuestos y la inexistencia o escasa presencia de trabajadores registrados ante la Tesorería de la Seguridad Social.

Ministerio Público prepara instructivo para fiscales

Reynoso informó además que el Ministerio Público trabaja en la elaboración de un instructivo general que deberá estar preparado antes del 7 de noviembre, fecha señalada para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal empresarial referido durante el encuentro.

La directriz establecerá criterios para orientar a los fiscales en la investigación y persecución de las infracciones relacionadas con las personas jurídicas.

La procuradora consideró que las reglas establecidas son claras y señaló que modelos similares de responsabilidad empresarial existen en otros ordenamientos jurídicos, particularmente en países iberoamericanos.

AIRD pide pasar de los manuales a controles efectivos

Por su parte, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, sostuvo que la adaptación empresarial al nuevo escenario legal requerirá mucho más que la existencia formal de códigos, manuales y protocolos.

Brache planteó la necesidad de identificar riesgos, establecer controles internos, capacitar al personal, disponer de canales de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procedimientos.

Consideró que las nuevas obligaciones pueden convertirse también en una oportunidad para fortalecer la administración de las empresas, reducir riesgos legales y reputacionales y generar mayor confianza entre empleados, clientes, proveedores e inversionistas.

El dirigente empresarial defendió igualmente un modelo de competencia en el cual las ventajas empresariales provengan de la productividad, innovación, calidad y eficiencia, y no del incumplimiento de las normas.

Un cambio en la cultura corporativa

La aplicación del nuevo régimen coloca el cumplimiento normativo en una posición cada vez más relevante dentro de la administración empresarial dominicana.

Más allá de evitar sanciones, el desafío para las compañías será demostrar que cuentan con mecanismos reales para prevenir, detectar, denunciar y responder frente a posibles conductas ilícitas desarrolladas dentro de sus estructuras.

De esta manera, la responsabilidad penal empresarial abre una nueva etapa en la relación entre actividad económica, prevención del delito y gobierno corporativo en la República Dominicana.

Fuente base: información suministrada de Diario Libre sobre las declaraciones de Yeni Berenice Reynoso durante el encuentro con la AIRD, 3 de septiembre de 2026.