Nacionales
Código Penal cambia reglas para empresas que deberán reforzar controles internos
La responsabilidad penal de las personas jurídicas obliga al sector empresarial dominicano a revisar sus mecanismos de prevención, supervisión y cumplimiento normativo
SANTO DOMINGO.– Las empresas dominicanas enfrentan un cambio significativo en su régimen de responsabilidad con las disposiciones del nuevo Código Penal, que introduce mecanismos para atribuir consecuencias penales a las personas jurídicas por determinados hechos cometidos en el marco de sus actividades.
La transformación obliga a sociedades comerciales y otras organizaciones a prestar mayor atención a sus sistemas internos de supervisión, prevención de riesgos y cumplimiento normativo, ante la posibilidad de que una falla corporativa tenga consecuencias que trasciendan la responsabilidad individual de un empleado, gerente o administrador.
De acuerdo con el análisis sobre la Ley 74-25, las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas están contenidas principalmente en los artículos 8 al 11.
El nuevo escenario representa un cambio relevante para el sector empresarial dominicano, acostumbrado a que la persecución penal se concentrara fundamentalmente en las personas físicas involucradas directamente en una conducta delictiva.
Una empresa también puede enfrentar consecuencias penales
La nueva normativa contempla la responsabilidad de las personas jurídicas cuando determinadas infracciones sean cometidas por administradores, representantes o subordinados que actúen en su nombre y concurran las condiciones establecidas por la legislación.
Uno de los aspectos centrales será determinar si dentro de la organización existían mecanismos adecuados de vigilancia, supervisión y control destinados a prevenir conductas ilícitas.
Esto coloca la prevención en un lugar mucho más importante dentro de la administración empresarial.
Ya no se tratará únicamente de reaccionar después de una irregularidad, sino de poder demostrar que previamente existían controles efectivos para identificar y reducir los riesgos.
Multas, clausura e inhabilitación entre las consecuencias
El nuevo régimen puede tener importantes repercusiones para las compañías involucradas en procesos penales.
Entre las consecuencias contempladas para las personas jurídicas figuran multas, clausura temporal o definitiva, restricciones para contratar con el Estado y otras medidas que dependerán de la naturaleza y gravedad de cada caso.
La dimensión del riesgo tampoco se limita a los tribunales.
Una investigación penal puede afectar la reputación de una empresa, sus relaciones comerciales, acceso al financiamiento y confianza entre clientes, inversionistas y proveedores.
Contratistas del Estado bajo mayor escrutinio
Uno de los sectores que deberá prestar particular atención a las nuevas reglas es el de las empresas que mantienen relaciones contractuales con instituciones públicas.
El Código Penal contempla infracciones vinculadas con la administración pública que pueden involucrar tanto a funcionarios como a particulares y empresas.
Situaciones relacionadas con sobornos, tráfico de influencias, conflictos de intereses u otras irregularidades en contrataciones públicas pueden generar consecuencias para los actores privados que participen en ellas.
Por esa razón, las compañías proveedoras del Estado tendrán que fortalecer los procedimientos utilizados para participar en licitaciones, ejecutar contratos y documentar sus operaciones.
Relaciones laborales también generan riesgos
El ámbito laboral constituye otro frente que las empresas deberán observar.
El análisis de la nueva legislación identifica conductas vinculadas con lesiones u homicidios culposos derivados de negligencia, acoso sexual laboral, acoso laboral y determinados usos no consentidos de datos personales.
Esto implica que áreas que tradicionalmente podían ser gestionadas principalmente desde Recursos Humanos, seguridad ocupacional o tecnología también pueden adquirir una dimensión penal cuando concurran las condiciones establecidas por la ley.
Compliance cobra protagonismo
Ante este escenario, los programas de cumplimiento normativo o compliance adquieren especial relevancia.
Estos sistemas buscan identificar previamente los riesgos legales existentes dentro de una organización y establecer mecanismos para prevenir, detectar y responder frente a posibles irregularidades.
Un programa efectivo puede incluir análisis periódicos de riesgos, códigos de conducta, controles internos, capacitación del personal, canales para denunciar irregularidades y órganos con suficiente independencia para supervisar su cumplimiento.
No bastaría, por tanto, con disponer de un código de ética archivado o políticas internas que no sean aplicadas.
Las empresas necesitarán demostrar que los mecanismos preventivos funcionan realmente dentro de su estructura.
Procuradora llama a empresas a organizarse
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha planteado al sector empresarial la necesidad de prepararse para la aplicación de la nueva normativa.
Durante una intervención ante representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Reynoso sostuvo que las empresas deben organizarse y aplicar las disposiciones establecidas.
La responsabilidad corporativa, según la explicación ofrecida, estará estrechamente relacionada con la existencia de un hecho punible y una falla atribuible a la organización.
El Ministerio Público también ha expresado disposición de participar en iniciativas de capacitación para facilitar la adaptación de las organizaciones al nuevo marco.
Empresas deberán revisar sus controles
Entre las medidas recomendadas para prepararse ante el nuevo escenario se encuentran realizar una auditoría de riesgos penales, revisar los controles existentes, capacitar al personal y establecer procedimientos internos para responder ante posibles irregularidades.
También cobra importancia contar con canales confiables para comunicar o denunciar conductas que puedan comprometer a la organización.
Los riesgos pueden presentarse en ámbitos tan diversos como corrupción, manejo de información personal, relaciones laborales, operaciones financieras y cumplimiento ambiental.
Un cambio en la cultura empresarial dominicana
Más allá de las sanciones, la nueva legislación podría impulsar una transformación en la cultura corporativa del país.
El principio que comienza a adquirir mayor relevancia es que una organización no solo debe evitar participar directamente en actividades ilícitas, sino establecer mecanismos razonables para prevenirlas, detectarlas y actuar cuando ocurran.
Para las empresas dominicanas, el nuevo Código Penal convierte así la prevención jurídica y el cumplimiento normativo en componentes cada vez más importantes de la administración y la gobernanza corporativa.
Nacionales
Caso Lobo entra en fase decisiva: juez evaluará acusación por presuntos sobornos de RD$108 millones
Militares, civiles y un empresario figuran en el expediente del Ministerio Público sobre una presunta estructura que habría intervenido en contratos de seguridad privada con instituciones estatales
SANTO DOMINGO.– El denominado caso Lobo entrará este lunes en una etapa determinante cuando el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inicie la audiencia preliminar contra los imputados de integrar una presunta estructura dedicada al pago y recepción de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.
El proceso estará a cargo del juez Deiby Peguero, quien deberá examinar la acusación presentada por el Ministerio Público y determinar si las pruebas aportadas justifican la apertura de un juicio de fondo contra los encartados.
El órgano acusador atribuye a la supuesta estructura operaciones que habrían involucrado RD$108,080,359.92 en sobornos, relacionados con procesos de contratación de servicios de seguridad.
La audiencia preliminar no determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados. En esta fase, el tribunal deberá establecer si la acusación reúne los requisitos y elementos probatorios suficientes para que el expediente avance a juicio.
Ministerio Público asegura contar con decenas de pruebas
La acusación fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Según el expediente, la investigación se originó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
A partir de esa información, los investigadores habrían identificado una presunta estructura que operaba mediante la manipulación de procesos de contratación y el pago de sobornos para favorecer empresas proveedoras de servicios de seguridad privada.
El Ministerio Público sostiene que cuenta con decenas de elementos probatorios para respaldar las imputaciones.
Militares y civiles figuran entre los acusados
Entre las personas incluidas en la acusación se encuentra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, junto a varios oficiales de diferentes instituciones militares y policiales.
También figuran los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz.
La acusación incluye además al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien se desempeñó como encargado de Seguridad de Edenorte Dominicana.
Las imputaciones corresponden a la tesis presentada por el Ministerio Público y deberán ser debatidas ante los tribunales, por lo que los acusados conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
Contratos públicos en el centro de la investigación
De acuerdo con la acusación, el supuesto esquema habría funcionado mediante pagos destinados a obtener ventajas en procesos relacionados con contratos de seguridad privada y garantizar posteriormente su permanencia.
Las investigaciones abarcan contrataciones relacionadas con instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edeeste y Edesur.
El Ministerio Público sostiene que funcionarios y responsables de seguridad institucional habrían exigido o recibido pagos vinculados con esas contrataciones.
Entre los mecanismos investigados figuran transferencias bancarias y presuntas entregas de dinero en efectivo.
Más de RD$108 millones bajo investigación
El monto identificado por los fiscales asciende específicamente a RD$108,080,359.92, según la acusación.
Para el Ministerio Público, estos recursos formarían parte de un mecanismo sistemático de pagos destinado a beneficiar intereses privados dentro de diferentes instituciones estatales.
La defensa de cada uno de los imputados tendrá la oportunidad durante el proceso de cuestionar las pruebas, presentar incidentes y argumentos jurídicos y solicitar al tribunal el rechazo de la acusación cuando considere que no existen elementos suficientes para sustentarla.
Juez decidirá si el expediente llega a juicio
La audiencia de este lunes representa, por tanto, un filtro fundamental dentro del proceso penal.
Después de examinar las pruebas y escuchar los planteamientos del Ministerio Público y de las defensas, el juez podrá decidir cuáles imputaciones continúan y si procede dictar auto de apertura a juicio contra uno o varios de los acusados.
También podrá adoptar otras decisiones procesales respecto de aquellos contra quienes considere insuficientes los elementos presentados por la acusación.
Con el inicio de la audiencia preliminar, el caso Lobo entra así en una fase clave: por primera vez, un juez deberá valorar formalmente la acusación con la que el Ministerio Público pretende llevar a juicio a los señalados por un supuesto entramado de corrupción que habría movilizado más de RD$108 millones en sobornos vinculados a contratos de seguridad del Estado.
El mandatario encabezará la organización oficialista durante el período 2026-2030 y asegura que no utilizará su posición para imponer al próximo candidato presidencial
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, asumió este domingo la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el período 2026-2030, una nueva responsabilidad política que lo coloca simultáneamente al frente del Gobierno y de la principal estructura partidaria del oficialismo.
La proclamación se produjo durante la XXIV Convención Nacional Ordinaria del PRM, luego de que la organización acordara previamente una plancha unitaria para escoger a sus nuevas autoridades, sin que se presentaran candidaturas opositoras.
Con esta decisión, Abinader pasa a dirigir formalmente el partido que lo llevó por primera vez a la Presidencia de la República en las elecciones de 2020 y con el cual conquistó un segundo mandato en 2024.
Abinader proyecta nuevas victorias del PRM
Al pronunciar su primer discurso como presidente de la organización, el mandatario manifestó confianza en el futuro electoral del PRM y planteó que el partido tiene condiciones para continuar obteniendo victorias en los próximos procesos electorales.
Su llegada a la dirección partidaria ocurre en un momento particularmente importante para el oficialismo, debido a que durante los próximos años deberá organizar su estrategia con miras a las elecciones de 2028, en las que Abinader no podrá optar nuevamente por la Presidencia bajo las actuales disposiciones constitucionales.
En ese escenario, uno de los principales desafíos internos será administrar las aspiraciones de los dirigentes que buscan convertirse en el próximo candidato presidencial del partido.
Promete no imponer candidato presidencial
Abinader abordó directamente el tema de la sucesión y aseguró que su condición de presidente del PRM no será utilizada para favorecer o imponer una candidatura determinada.
El gobernante reconoció como legítimas las aspiraciones existentes dentro de la organización y defendió que la escogencia de las futuras candidaturas debe producirse respetando los mecanismos democráticos internos.
La posición del mandatario adquiere especial relevancia ante el proceso político que deberá desarrollarse dentro del PRM para determinar quién encabezará la boleta presidencial oficialista en 2028.
Gobierno y partido bajo un mismo liderazgo
La elección de Abinader también modifica la distribución del poder interno dentro del oficialismo, al quedar bajo su liderazgo tanto la administración gubernamental como la conducción política del PRM.
Esta doble responsabilidad podría otorgarle mayor capacidad para impulsar la cohesión partidaria, pero al mismo tiempo coloca sobre sus hombros el reto de mantener el equilibrio entre los diferentes sectores que integran la organización.
El PRM deberá enfrentar durante el período 2026-2030 un proceso de renovación y reorganización interna, mientras procura conservar la unidad entre dirigentes con proyectos políticos propios y preparar su estructura territorial para la próxima competencia electoral.
El reto de la sucesión de cara a 2028
La sucesión presidencial se perfila desde ahora como uno de los temas centrales de la vida interna del partido gobernante.
Aunque Abinader ha planteado que garantizará condiciones democráticas para quienes aspiren a la candidatura, el proceso obligará al PRM a gestionar una competencia interna que podría intensificarse conforme se acerquen las elecciones.
La nueva dirección tendrá, por tanto, el desafío de combinar la defensa de la gestión gubernamental con la preparación del relevo presidencial y la preservación de la cohesión que permitió al partido alcanzar el poder en 2020 y mantenerse en él tras las elecciones de 2024.
Con Abinader al frente hasta 2030, el PRM inicia una etapa en la que la unidad interna, la sucesión presidencial y la estrategia electoral hacia 2028 ocuparán buena parte de su agenda política.
El endurecimiento de las responsabilidades por negligencia lleva a especialistas a ser más cautelosos con las orientaciones digitales, mientras pacientes temen mayores costos y dificultades para dar seguimiento a sus tratamientos
SANTO DOMINGO.– El nuevo Código Penal dominicano no prohíbe que médicos y pacientes se comuniquen mediante WhatsApp, ni impide expresamente el envío de resultados, recetas u otras informaciones de carácter médico por medios digitales. Sin embargo, las nuevas responsabilidades contempladas para determinadas actuaciones profesionales están comenzando a modificar una práctica que durante años se hizo habitual en los consultorios del país.
Preguntar sobre un medicamento, enviar los resultados de un análisis indicado previamente, solicitar una orientación sobre la evolución de un tratamiento o aclarar una duda mediante el teléfono son acciones comunes entre médicos y pacientes.
Ahora, algunos especialistas están estableciendo mayores límites a este tipo de comunicación y prefieren que determinadas orientaciones sean realizadas durante una consulta presencial.
La razón no está en una prohibición de WhatsApp, sino en la preocupación de los profesionales ante las posibles consecuencias jurídicas de una actuación que posteriormente pueda ser cuestionada como negligente.
Los mensajes no sustituyen la historia clínica
El abogado Juan Medina ha explicado que el intercambio de mensajes entre un médico y un paciente no constituye por sí mismo un delito.
Sin embargo, una conversación realizada mediante una aplicación de mensajería tampoco sustituye la documentación que debe respaldar adecuadamente la atención de un paciente.
Esta diferencia adquiere especial relevancia frente al nuevo escenario jurídico, debido a que una conversación digital puede dejar constancia de las orientaciones ofrecidas por el profesional y eventualmente adquirir importancia dentro de una controversia.
El nuevo contexto está llevando a algunos especialistas a documentar con mayor rigurosidad sus actuaciones y a determinar qué situaciones pueden manejarse mediante una comunicación electrónica y cuáles requieren necesariamente una evaluación presencial.
Temor a una “medicina defensiva”
Desde el Colegio Médico Dominicano (CMD) existe preocupación por el impacto que la legislación podría tener sobre el ejercicio cotidiano de la medicina.
Máximo Báez, presidente regional del Distrito Nacional del gremio, considera que el nuevo escenario podría conducir a una denominada “medicina defensiva”, caracterizada por mayores precauciones de los profesionales para reducir su exposición a eventuales reclamaciones.
El CMD ha identificado entre las disposiciones que generan preocupación las relacionadas con la responsabilidad penal, responsabilidad compartida, comisión por omisión y certificación falsa del estado de salud.
Para el gremio, una de las consecuencias podría ser que los especialistas reduzcan las consultas mediante WhatsApp, Facebook y otras plataformas digitales y privilegien la evaluación presencial.
La preocupación aumenta ante las sanciones previstas para determinadas conductas culposas y para la emisión de certificaciones falsas.
¿Se acabarán las consultas por WhatsApp?
No necesariamente.
La legislación no establece que un médico tenga prohibido responder un mensaje de WhatsApp. La decisión dependerá del profesional, del tipo de información solicitada y de las circunstancias particulares del paciente.
No es lo mismo confirmar una cita o recibir un resultado previamente indicado que emitir un diagnóstico, modificar un tratamiento o tomar una decisión clínica que requiera examinar directamente al paciente.
Esta distinción podría convertirse en uno de los principales desafíos de la relación médico-paciente bajo el nuevo marco jurídico.
Los especialistas tendrán que determinar hasta dónde puede llegar una orientación digital sin sustituir una evaluación clínica completa.
Pacientes comienzan a sentir los efectos
La mayor cautela de los profesionales ya genera inquietud entre algunos pacientes.
Personas acostumbradas a enviar resultados médicos o realizar preguntas sencillas mediante WhatsApp aseguran que algunos especialistas ahora les solicitan acudir nuevamente al consultorio.
El problema adquiere una dimensión económica y social.
Una pregunta que anteriormente podía resolverse mediante un breve intercambio de mensajes podría implicar ahora solicitar permiso en el trabajo, desplazarse hasta un centro médico, esperar una cita y asumir el costo de una nueva consulta.
La situación puede resultar particularmente compleja para quienes tienen bajo su responsabilidad adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o personas sometidas a tratamientos prolongados, para quienes el contacto con su especialista forma parte del seguimiento habitual.
Consulta presencial gana terreno
Ante las nuevas preocupaciones, representantes del sector médico favorecen que las evaluaciones clínicas sean realizadas de manera presencial siempre que las circunstancias lo requieran.
La consulta tradicional permite al profesional observar directamente al paciente, realizar el examen físico correspondiente, ordenar estudios complementarios y dejar constancia de las actuaciones realizadas.
También proporciona una documentación clínica más completa frente a cualquier cuestionamiento posterior.
Esto no significa que las herramientas digitales tengan que desaparecer de la medicina.
WhatsApp y otras plataformas pueden continuar desempeñando una función importante para coordinar citas, recibir determinadas informaciones, mantener comunicación y facilitar algunos aspectos del seguimiento médico.
El cambio estaría en los límites de esa comunicación.
Los mensajes también dejan evidencia
Otro elemento que adquiere importancia es la permanencia de las conversaciones digitales.
Los mensajes pueden registrar fechas, instrucciones, respuestas, fotografías, documentos y otras informaciones intercambiadas entre las partes.
Por esta razón, los médicos podrían ser cada vez más cuidadosos con las recomendaciones realizadas mediante aplicaciones de mensajería y procurar que las decisiones clínicas importantes queden incorporadas correctamente al expediente o historia médica del paciente.
Algunos especialistas incluso han establecido sistemas automáticos de respuesta para informar horarios y explicar qué tipo de comunicaciones atienden mediante WhatsApp.
El reto será encontrar un equilibrio
El debate que surge con el nuevo Código Penal enfrenta dos intereses que no necesariamente son incompatibles.
Por un lado, está el derecho del paciente a recibir una atención médica responsable y contar con mecanismos eficaces para reclamar cuando se produzca una actuación negligente.
Por otro, se encuentra la necesidad de que los profesionales puedan ejercer la medicina con seguridad jurídica, sin que el temor permanente a una acción penal termine condicionando innecesariamente sus decisiones.
Entre ambos intereses aparece un tercer elemento: la tecnología.
La comunicación digital se ha convertido en una herramienta cotidiana de la medicina y difícilmente desaparecerá de la relación entre profesionales y pacientes.
El desafío será establecer protocolos claros sobre qué puede manejarse mediante WhatsApp, qué debe incorporarse a la historia clínica y cuáles decisiones requieren obligatoriamente una evaluación presencial.
El nuevo Código Penal no ha eliminado WhatsApp de los consultorios dominicanos, pero sí está obligando a médicos y pacientes a replantearse hasta dónde puede llegar una conversación digital cuando de la salud y de la responsabilidad profesional se trata.