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Diputados atribuyen tres de 17 muertes de neonatos en Maternidad La Altagracia a infecciones
Comisión de Salud señala prematuridad extrema y anomalías congénitas entre otras causas; sociedades médicas mantienen pedido de investigación independiente
SANTO DOMINGO.– La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados informó este martes que tres de las 17 muertes de recién nacidos registradas durante el pasado mes en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia estuvieron asociadas a infecciones bacterianas, mientras que los demás fallecimientos habrían estado vinculados principalmente a prematuridad y otras condiciones médicas graves.
Los legisladores acudieron al centro hospitalario como parte de las diligencias realizadas para conocer las circunstancias que rodearon las defunciones y recopilar informaciones sobre los procedimientos de atención aplicados a los neonatos.
El presidente de la comisión, Diomedes Rojas, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y médico de profesión, explicó ante el pleno de la Cámara de Diputados que, conforme a los datos examinados, únicamente tres casos presentaron asociación con hallazgos microbiológicos bacterianos.
Rojas sostuvo que la evaluación realizada por el hospital permite establecer las posibles causas de los fallecimientos, aunque el tema continúa generando preocupación entre organizaciones especializadas del sector salud.
Prematuridad extrema entre las principales causas
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el legislador, al menos seis de los recién nacidos presentaban condiciones relacionadas con prematuridad extrema, con edades gestacionales de entre 25 y 27 semanas.
Esta condición puede provocar complicaciones severas, entre ellas hemorragias pulmonares e intracraneales, especialmente en bebés nacidos con un desarrollo gestacional muy limitado.
Rojas explicó que se trataba de embarazos que no habían alcanzado el período necesario para que los órganos de los recién nacidos estuvieran completamente desarrollados, aumentando considerablemente los riesgos para su supervivencia.
Tres casos relacionados con anomalías congénitas
La comisión también identificó tres fallecimientos asociados a anomalías congénitas complejas, incluyendo dos casos de gastrosquisis.
Esta condición provoca que el bebé nazca con parte de los intestinos fuera de la cavidad abdominal y requiere atención quirúrgica inmediata. Además de la complejidad propia de la malformación, estos pacientes pueden enfrentar un elevado riesgo de complicaciones e infecciones.
Las demás defunciones analizadas estuvieron relacionadas, según las explicaciones presentadas, con otras condiciones neonatales de gravedad, entre ellas prematuridad moderada e hipertensión pulmonar.
Diputado destaca condiciones de unidad neonatal
Durante su intervención, Rojas defendió las condiciones de la unidad de perinatología neonatal de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia y aseguró que dispone de equipos modernos para atender a recién nacidos en condiciones críticas.
El legislador consideró que la unidad cuenta con capacidad tecnológica comparable con centros especializados de alto nivel y destacó las intervenciones realizadas para fortalecer los servicios.
Asimismo, señaló que el Servicio Nacional de Salud (SNS) desarrolló durante 2024 acciones dirigidas a reforzar los mecanismos de prevención y control de infecciones en esa maternidad y en otros centros materno-infantiles pertenecientes a la red pública.
Sociedades médicas reclaman investigación independiente
Las conclusiones presentadas por la comisión legislativa no han cerrado el debate en torno a las 17 muertes.
Las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría e Infectología mantienen su solicitud para que las autoridades dispongan una investigación independiente que permita establecer con precisión las causas de los fallecimientos y determinar si existió algún factor infeccioso común dentro del establecimiento hospitalario.
Los gremios médicos consideran necesario profundizar las investigaciones para despejar cualquier duda sobre la eventual presencia de bacterias o infecciones y evaluar los protocolos aplicados durante la atención de los recién nacidos.
El caso ha colocado nuevamente en el centro de la discusión pública la seguridad de la atención neonatal, los mecanismos de prevención de infecciones hospitalarias y la necesidad de transparencia ante acontecimientos que involucran la muerte de pacientes en centros públicos de salud.
Mientras la comisión de diputados considera que existen elementos suficientes para diferenciar las causas clínicas de las 17 defunciones, las organizaciones médicas esperan que una evaluación externa permita ofrecer respuestas definitivas y contribuya a fortalecer los protocolos destinados a proteger a madres y recién nacidos.
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CNM perfila ratificación de tres jueces de la Suprema mientras evalúa continuidad de otros cuatro
Justiniano Montero, Francisco Jerez Mena y Rafael Vásquez Goico contarían con consenso para permanecer en la SCJ; decisión sobre otros magistrados seguía pendiente
SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) habría alcanzado consenso para ratificar a los magistrados Justiniano Montero, Francisco Jerez Mena y Rafael Vásquez Goico como jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mientras permanecía abierta la evaluación sobre la continuidad de otros cuatro integrantes de la alta corte.
La información trascendió este martes antes de que el organismo concluyera formalmente el proceso de evaluación de desempeño de los siete magistrados de la Suprema sometidos al escrutinio del Consejo.
De confirmarse oficialmente, Montero, Jerez Mena y Vásquez Goico continuarían desempeñando sus funciones durante un nuevo período en el máximo tribunal del Poder Judicial.
La situación sería diferente para Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras y Fran Euclides Soto Sánchez, sobre quienes todavía no existía una decisión definitiva al momento de conocerse las informaciones.
El CNM tenía previsto concluir las evaluaciones durante la noche de este martes y posteriormente comunicar los resultados.
Siete magistrados defendieron su desempeño
Como parte del proceso, los jueces comparecieron individualmente ante los integrantes del Consejo para responder preguntas relacionadas con su desempeño, productividad, independencia y criterios sobre distintos aspectos del sistema de justicia.
Las entrevistas permitieron a los magistrados explicar su trabajo dentro de la Suprema Corte y presentar sus consideraciones sobre los principales retos que enfrenta actualmente el Poder Judicial dominicano.
La sesión estuvo encabezada por el presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader.
Jerez Mena habla sobre independencia frente a influencias externas
Durante su comparecencia, Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, explicó algunas de las medidas personales que adopta para preservar la independencia de sus criterios.
El magistrado manifestó que no utiliza redes sociales y que limita considerablemente el consumo de televisión, como una manera de reducir la exposición a opiniones externas que pudieran interferir con su valoración de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Sus planteamientos pusieron sobre la mesa uno de los aspectos esenciales del ejercicio judicial: la necesidad de que las decisiones sean adoptadas a partir del expediente, las pruebas y el ordenamiento jurídico, al margen de presiones externas.
Montero plantea necesidad de fortalecer defensa del Estado
El magistrado Justiniano Montero centró parte de su intervención en la protección jurídica de los intereses públicos.
Durante su evaluación sostuvo que el Estado no puede permanecer indefenso y planteó la necesidad de que su defensa sea asumida y fortalecida institucionalmente.
La posición del juez abrió espacio a consideraciones sobre la representación jurídica del Estado y la protección de los intereses públicos dentro de los procesos judiciales.
Vásquez Goico: productividad no es solo cantidad de sentencias
Por su parte, Rafael Vásquez Goico, integrante de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, abordó el criterio utilizado para medir la productividad de los tribunales y sus magistrados.
Vásquez Goico planteó que el desempeño judicial no debe evaluarse exclusivamente tomando en consideración el número de decisiones dictadas.
A su juicio, también deben ponderarse elementos como la calidad de las sentencias, su fundamentación jurídica y los efectos que producen las decisiones dentro del sistema de justicia.
El planteamiento introduce una distinción entre productividad cuantitativa y calidad jurisdiccional, particularmente relevante cuando se evalúa el desempeño de jueces pertenecientes a una alta corte.
CNM tiene la decisión final
La evaluación de los siete magistrados forma parte de las atribuciones constitucionales conferidas al Consejo Nacional de la Magistratura respecto de la Suprema Corte de Justicia.
Tras escuchar a los jueces y examinar sus respectivos desempeños, corresponde al organismo determinar quiénes continuarán integrando la alta corte.
Aunque las informaciones conocidas apuntaban a un escenario favorable para Montero, Jerez Mena y Vásquez Goico, la decisión adquiere carácter oficial únicamente después de ser adoptada y comunicada por el Consejo Nacional de la Magistratura.
La atención permanecía concentrada principalmente en los restantes cuatro magistrados evaluados, cuya continuidad dependería de la decisión definitiva del CNM.
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Alarmas sorprenden a usuarios y empleados durante simulacro de terremoto en Jurisdicción Inmobiliaria
El ejercicio obligó a suspender momentáneamente las labores judiciales y puso a prueba el nuevo sistema de alertas de emergencia Cell Broadcast
SANTO DOMINGO.– Momentos de sorpresa y tensión se registraron este martes en la sede de la Jurisdicción Inmobiliaria, cuando las alarmas y sirenas comenzaron a sonar alrededor de las 10:00 de la mañana, provocando la interrupción de las actividades que se desarrollaban en tribunales y otras dependencias del complejo judicial.
Lo que inicialmente generó preocupación entre empleados, abogados y usuarios formaba parte del Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, desarrollado para evaluar los protocolos de actuación y la capacidad de respuesta de las instituciones ante una eventual emergencia sísmica.
La incertidumbre fue mayor entre algunas de las personas que se encontraban dentro de las instalaciones y que, al momento de activarse las alarmas, desconocían que se trataba de un ejercicio preventivo.
El personal procedió entonces a aplicar los protocolos establecidos y comenzó el desalojo organizado del edificio hacia las áreas previamente identificadas como puntos de reunión.
Celulares recibieron alerta de emergencia
Uno de los elementos novedosos de la jornada fue la utilización del sistema Cell Broadcast, puesto a prueba a nivel nacional para transmitir mensajes de emergencia directamente a los teléfonos celulares.
Empleados, jueces, abogados y otras personas presentes recibieron las notificaciones mientras se desarrollaba la evacuación.
Las alertas electrónicas fueron complementadas con sirenas, silbatos y altavoces utilizados por el personal responsable de orientar el desplazamiento de las personas hacia las zonas de seguridad.
El ejercicio permitió comprobar no solamente los mecanismos tradicionales de evacuación, sino también el funcionamiento de una herramienta tecnológica concebida para comunicar advertencias de manera masiva ante situaciones de emergencia.
Actividades judiciales fueron interrumpidas
La evacuación provocó una suspensión temporal de las actividades desarrolladas dentro del complejo.
Entre los procesos que se encontraban en curso figuraba la audiencia correspondiente al recurso de apelación presentado por Alexis Medina y otros condenados en el denominado caso Antipulpo, celebrada en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Una vez concluido el protocolo de evacuación y comprobado que las personas habían llegado a los puntos establecidos, las actividades comenzaron a restablecerse progresivamente.
Evalúan capacidad de respuesta ante un terremoto
El simulacro tuvo como propósito medir la capacidad de reacción ante un eventual movimiento sísmico y reforzar entre ciudadanos y servidores públicos los procedimientos que deben seguirse durante una emergencia.
La jornada involucró instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos y comunidades, cuyos participantes pusieron en práctica sus respectivos planes de evacuación.
Este tipo de ejercicios permite evaluar aspectos como el tiempo necesario para abandonar los edificios, la organización de las rutas de salida, la efectividad de los sistemas de alerta y la capacidad del personal responsable de dirigir a las personas hacia lugares seguros.
En el caso de la Jurisdicción Inmobiliaria, la activación inesperada de las alarmas evidenció además la reacción que puede generar una emergencia cuando parte de las personas presentes desconoce previamente la naturaleza del evento.
Superada la tensión inicial y completado el procedimiento de seguridad, las labores judiciales y administrativas retornaron paulatinamente a la normalidad, concluyendo una jornada concebida para preparar a las instituciones y a la ciudadanía frente a un escenario sísmico real.
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Diputados aprueban proyecto que establece enseñanza obligatoria de Moral y Cívica en las escuelas
La iniciativa abarcaría desde el nivel inicial hasta secundaria y deberá ser conocida ahora por el Senado; aplicaría tanto a centros públicos como privados
SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segunda discusión, un proyecto de ley que procura establecer de manera obligatoria la enseñanza de Moral y Cívica en el sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana, como parte de una estrategia para fortalecer la formación ciudadana de niños y adolescentes.
Tras recibir el respaldo de los diputados, la iniciativa deberá pasar al Senado de la República para continuar el procedimiento constitucional correspondiente.
La propuesta busca que la educación en valores, ciudadanía y principios democráticos forme parte de la preparación académica de los estudiantes dominicanos, incluyendo contenidos relacionados con el respeto a la Constitución, los derechos humanos y los símbolos patrios.
También persigue fomentar una cultura de paz y convivencia social, así como estimular la participación democrática y el ejercicio responsable de la ciudadanía.
Formación desde el nivel inicial hasta secundaria
Uno de los aspectos de mayor alcance de la iniciativa es que la enseñanza de Moral y Cívica estaría presente desde la educación inicial hasta el nivel secundario.
La disposición alcanzaría tanto a las escuelas públicas como a los colegios privados.
Para convertirse definitivamente en ley, el proyecto deberá obtener la aprobación del Senado y posteriormente ser remitido al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación u observación, conforme al procedimiento establecido constitucionalmente.
¿Qué aprenderían los estudiantes?
El proyecto contempla una formación que no estaría limitada a la memorización de conceptos. La metodología propuesta procura incorporar la participación de los estudiantes, la reflexión, el análisis crítico y la aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida cotidiana.
Entre los contenidos previstos figuran principios éticos y valores morales, derechos y deberes ciudadanos, conocimientos básicos de la Constitución dominicana y funcionamiento del Estado.
La propuesta procura que los alumnos conozcan no solamente los derechos que les corresponden como ciudadanos, sino también las responsabilidades derivadas de vivir dentro de una sociedad organizada bajo principios democráticos.
MINERD tendría responsabilidad de supervisar aplicación
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) tendría a su cargo garantizar la implementación de la asignatura y supervisar su aplicación en los centros educativos públicos y privados.
La institución también tendría que desarrollar programas destinados a la capacitación y actualización de los docentes responsables de impartir los contenidos.
La preparación del profesorado constituiría uno de los componentes fundamentales para garantizar que la enseñanza no se reduzca a conocimientos teóricos, sino que contribuya a desarrollar valores y competencias ciudadanas entre los estudiantes.
Proyecto surge de tres iniciativas legislativas
El texto aprobado es producto de una fusión realizada por la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, luego de estudiar iniciativas sometidas por los legisladores Onavel Aristy, Jorge Zorrilla y Liz Mieses.
La comisión decidió integrar las propuestas en un solo proyecto para establecer un marco común sobre la enseñanza de Moral y Cívica dentro del sistema educativo.
Formación ciudadana vuelve al centro del debate educativo
La aprobación coloca nuevamente sobre la mesa el papel de las escuelas en la formación integral de los ciudadanos y la importancia de que los estudiantes conozcan desde edades tempranas el funcionamiento de las instituciones, sus derechos y sus obligaciones.
De completar exitosamente el proceso legislativo y ser promulgada, la nueva legislación implicaría que los centros educativos del país incorporen obligatoriamente esta formación dentro de sus programas académicos.
El próximo paso estará en manos del Senado de la República, que deberá conocer la iniciativa y decidir si respalda, modifica o rechaza el texto aprobado por la Cámara de Diputados.