El presidente informó que la DGII mantiene más de 40 auditorías a negocios de capital chino en medio de reclamos de comerciantes por presunta competencia desleal

SANTIAGO.– El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que todas las empresas que desarrollan actividades comerciales en República Dominicana están obligadas a cumplir las leyes del país, independientemente de que sus propietarios sean dominicanos o extranjeros.

El mandatario abordó el tema al ser cuestionado sobre las denuncias formuladas por sectores del comercio nacional en torno a una supuesta competencia desleal atribuida a determinados establecimientos de capital chino.

Abinader sostuvo que el Gobierno garantizará la aplicación de las normas sin establecer diferencias por la nacionalidad de los propietarios de los negocios.

“Todos van a tener que cumplir la ley”, afirmó el jefe de Estado durante una visita a Santiago.

DGII realiza más de 40 auditorías

Como parte de las acciones desarrolladas por las autoridades, Abinader reveló que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mantiene actualmente más de 40 auditorías a empresas de capital chino.

Las verificaciones buscan establecer la situación fiscal de esos establecimientos y determinar su nivel de cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes.

La realización de las auditorías ocurre en momentos en que organizaciones y representantes del comercio dominicano han elevado sus reclamos por lo que consideran condiciones desiguales para competir frente a determinados negocios de capital extranjero.

Comerciantes denuncian competencia desleal

Sectores comerciales han planteado incluso la posibilidad de realizar una huelga nacional como mecanismo de protesta ante la situación.

Los reclamos se concentran en denuncias de presuntas irregularidades que, según los comerciantes, podrían generar ventajas competitivas frente a los negocios que cumplen regularmente con sus obligaciones fiscales y otras disposiciones legales.

Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones y auditorías correspondientes si las empresas señaladas han incurrido efectivamente en incumplimientos.

Gobierno promete aplicación de la ley sin distinción

La posición expresada por Abinader establece que el criterio del Gobierno será exigir el cumplimiento de las normas a todas las empresas que operan en territorio dominicano, sin importar el origen de su capital.

Las declaraciones coinciden además con un fortalecimiento de los controles de los organismos recaudadores y fiscalizadores sobre diferentes operaciones comerciales.

El mandatario reiteró que las empresas extranjeras pueden desarrollar sus actividades económicas en República Dominicana, pero deben hacerlo bajo las mismas disposiciones legales y tributarias aplicables al resto del sector empresarial del país.

El mandatario aseguró que las autoridades mantienen activa la búsqueda de los demás involucrados y exhortó a entregarse a los responsables de otro hecho violento ocurrido en Boca Chica

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader informó este lunes que las autoridades apresaron a uno de los presuntos responsables del ataque con arma blanca contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, hecho que ha generado preocupación y atención pública durante las últimas horas.

El jefe de Estado ofreció la información al referirse a varios episodios violentos registrados durante el fin de semana y aseguró que los organismos de seguridad mantienen abiertas las investigaciones para localizar a las demás personas vinculadas.

Aunque confirmó la captura, Abinader no ofreció la identidad del detenido ni otros detalles relacionados con las circunstancias en que se produjo el arresto.

Autoridades mantienen búsqueda

El mandatario indicó que la Policía Nacional y los demás organismos competentes continúan trabajando para esclarecer completamente el ataque contra Mejía-Ricart Risk, determinar las circunstancias en que ocurrió e identificar a todos los responsables.

Abinader insistió en que las investigaciones no se detendrán hasta que las personas vinculadas a estos hechos sean localizadas y puestas a disposición de la justicia.

El presidente también se refirió al tiroteo ocurrido en Boca Chica, atribuido por la Policía Nacional a integrantes de una banda que actualmente son buscados por las autoridades.

En ese sentido, exhortó a los señalados a entregarse voluntariamente lo antes posible y advirtió que los organismos policiales continuarán tras su localización.

“Porque como en todos los casos, la Policía va a dar con ellos”, expresó el mandatario al referirse a las labores de búsqueda.

Seguridad ciudadana

Abinader sostuvo que para el Gobierno cada hecho en el que se pierde una vida representa una situación que debe ser enfrentada con determinación y reiteró el compromiso de fortalecer las acciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, señaló que los organismos de seguridad mantienen una labor coordinada tanto en el caso de Mejía-Ricart Risk como en el incidente registrado en Boca Chica.

Las autoridades procuran establecer las responsabilidades individuales, localizar a los demás involucrados y someterlos a los procedimientos correspondientes ante la justicia.

El Gobierno reiteró que la prevención y persecución de los hechos delictivos continúa siendo una de sus prioridades dentro de las políticas dirigidas a preservar la seguridad y tranquilidad de la población.

La Ley 97-25 mantiene una distribución de competencias que abarca desde las actuaciones urgentes y la investigación hasta el juicio, los recursos y la ejecución de la condena

SANTO DOMINGO.– Un proceso penal en República Dominicana puede pasar por las manos de distintos jueces y tribunales antes de alcanzar una decisión definitiva. Cada uno interviene en una etapa determinada y tiene competencias específicas para controlar la legalidad de las actuaciones, proteger los derechos de las partes y garantizar el debido proceso.

Con la entrada en vigencia de la Ley núm. 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, se mantiene esa separación de funciones dentro de la jurisdicción penal.

El sistema comprende desde los jueces que conocen actuaciones urgentes y controlan la investigación hasta los tribunales que celebran el juicio de fondo, las cortes que conocen los recursos y los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de las sentencias.

Atención Permanente interviene en asuntos que no pueden esperar

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente tiene una función particularmente importante durante las primeras actuaciones de un proceso.

Estos tribunales atienden casos urgentes de la jurisdicción penal que requieren una respuesta judicial sin demora, incluyendo solicitudes de medidas de coerción y determinadas diligencias investigativas que necesitan autorización judicial inmediata.

Las oficinas prestan servicio todos los días, incluidos fines de semana y feriados.

Por esta razón, cuando una persona es arrestada y el Ministerio Público solicita una medida de coerción, este órgano puede tener una participación determinante en esa fase inicial.

El juez de la instrucción controla la etapa preparatoria

El juez de la instrucción ejerce el control judicial durante el procedimiento preparatorio y participa en aquellas actuaciones para las cuales la legislación exige autorización de un juez.

Entre sus responsabilidades se encuentran vigilar la legalidad de determinadas actuaciones investigativas del Ministerio Público, proteger los derechos fundamentales y decidir solicitudes judiciales formuladas durante esta etapa.

Una de sus actuaciones más relevantes ocurre cuando concluye la investigación y el Ministerio Público presenta formalmente una acusación.

Es entonces cuando se celebra la audiencia preliminar.

En esta fase se examinan la acusación, los elementos probatorios presentados y los planteamientos de las partes para determinar si existen fundamentos suficientes para que el expediente avance hacia un juicio.

El juez puede disponer un auto de apertura a juicio o, cuando jurídicamente corresponda, dictar una decisión de no ha lugar.

El tribunal de fondo determina responsabilidad penal

Superada la etapa preliminar, el expediente puede llegar al tribunal de juicio o de fondo.

Dependiendo de la competencia establecida legalmente, este puede estar integrado por un solo magistrado o por varios jueces.

Aquí se desarrolla el juicio oral, público y contradictorio: las partes presentan sus argumentos, se producen las pruebas y el tribunal debe valorarlas respetando las garantías procesales.

Al concluir el debate, corresponde al tribunal decidir si dicta una sentencia absolutoria o condenatoria, atendiendo a los hechos y las pruebas acreditadas durante el juicio.

La Corte de Apelación revisa decisiones impugnadas

El proceso no necesariamente termina con la decisión del tribunal de primera instancia.

Las cortes de apelación funcionan como órganos jurisdiccionales de segundo grado y conocen los recursos que la legislación permite interponer contra determinadas decisiones.

Pueden examinar los argumentos planteados por las partes y, según corresponda jurídicamente, confirmar, modificar o revocar la decisión impugnada.

El nuevo Código Procesal Penal también contempla facultades de las cortes relacionadas con el examen de actuaciones y registros de las audiencias para determinar la procedencia de los motivos invocados en los recursos.

Suprema Corte conoce casación y otros procedimientos

En la parte superior de la estructura judicial se encuentra la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En materia penal, entre sus atribuciones se encuentran el conocimiento del recurso de casación, así como competencias relacionadas con revisión, conflictos de competencia, extradición y otros asuntos que expresamente le atribuyen la Constitución y las leyes.

La Suprema Corte también conoce determinadas causas penales en única instancia cuando involucran a funcionarios que poseen privilegio de jurisdicción, conforme al régimen constitucional.

Ejecución de la pena también tiene control judicial

Cuando existe una sentencia condenatoria firme, entra en escena el juez de ejecución de la pena.

Su responsabilidad no consiste en volver a decidir si la persona es culpable o inocente, sino en controlar la correcta ejecución de la condena y velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

También resuelve cuestiones surgidas durante el cumplimiento de la pena y supervisa las modalidades de ejecución que correspondan conforme al ordenamiento jurídico.

Una división de funciones para garantizar el debido proceso

La existencia de diferentes jueces a lo largo del procedimiento responde a una lógica esencial: no todas las decisiones de un caso penal corresponden al mismo órgano judicial.

Desde las actuaciones urgentes y el control de la investigación hasta el juicio, los recursos y la ejecución de una eventual condena, cada tribunal posee atribuciones delimitadas.

La distribución de competencias procura fortalecer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales, estableciendo controles judiciales en las diferentes etapas que atraviesa un expediente penal.