La Primera Sala declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el exprocurador al considerar que no acreditó el interés casacional exigido por la Ley 2-23

SANTO DOMINGO.– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó vigente la condena que ordena al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez pagar una indemnización de RD$2 millones al periodista Marino Zapete Corniel, por concepto de daños morales relacionados con la salida del aire de su programa El Jarabe de Zapete.

La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por Justiniano Montero Montero e integrado por los magistrados Samuel Arias Arzeno, Édynson Alarcón y Miguelina Ureña Núñez, al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por Rodríguez Sánchez.

La Suprema Corte determinó que el recurrente no acreditó la existencia de interés casacional, requisito establecido por la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación.

Como consecuencia, permanece vigente la sentencia dictada el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó una decisión de primer grado y estableció la responsabilidad civil del exprocurador.

Condena incluye interés judicial

Además de los RD$2 millones por daños morales, la decisión contempla el pago de un interés judicial de 1.5 % mensual, computado desde la notificación de la sentencia hasta su ejecución total.

La Corte de Apelación había rechazado, sin embargo, la demanda interpuesta contra Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador, y determinó que tampoco fueron demostrados los daños materiales reclamados por Zapete.

El origen del conflicto

El litigio tiene su origen en informaciones difundidas por Marino Zapete el 25 de septiembre de 2019, durante una emisión de El Jarabe de Zapete, transmitido entonces por Teleradio América.

El periodista abordó contratos suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL, relacionados con el suministro de cemento asfáltico AC-30.

Dos de esos contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez en representación de la empresa.

Tras las informaciones divulgadas, Zapete solicitó que las contrataciones fueran investigadas. Maybeth Rodríguez respondió mediante una comunicación en la que negó ser o haber sido suplidora del Estado y posteriormente presentó una acusación penal privada por difamación contra el comunicador, acción de la que desistió en 2020.

Zapete sostuvo en su demanda que Jean Alain Rodríguez ejerció presiones para que se retractara de sus señalamientos y que, ante su negativa, posteriormente se produjo la salida del aire de su programa. El periodista atribuyó a esos hechos los daños reclamados judicialmente.

Demanda fue rechazada inicialmente

En 2022, el tribunal de primera instancia rechazó la demanda al considerar insuficientes las pruebas presentadas.

La decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Apelación, que estableció responsabilidad civil a cargo de Jean Alain Rodríguez y fijó en RD$2 millones la indemnización por daños morales.

Rodríguez recurrió la sentencia en casación alegando, entre otros aspectos, violaciones a su derecho de defensa, deficiencias en la motivación y valoración de las pruebas y cuestionamientos relacionados con la participación de una magistrada en la decisión de apelación.

SCJ no encontró acreditado el interés casacional

Al examinar los requisitos de admisibilidad, la Primera Sala concluyó que Rodríguez Sánchez no demostró que la sentencia impugnada contradijera jurisprudencia establecida por esa jurisdicción, que existieran criterios contradictorios entre tribunales sobre el asunto planteado o que fuera necesario establecer doctrina respecto de normas jurídicas inéditas.

Por esas razones, el recurso fue declarado inadmisible, sin que la Suprema Corte modificara la condena impuesta por la Corte de Apelación.

La SCJ también examinó el cuestionamiento relacionado con la magistrada Maritza Elupina Capellán Araujo. Determinó que la jueza había integrado el tribunal durante el conocimiento del proceso y que no fue recusada durante el trámite correspondiente.

Asimismo, estableció que su ausencia como firmante de la sentencia definitiva respondió a un error material, circunstancia que, según la Primera Sala, no afectó la validez de la decisión recurrida.

Los jueces revisan las decisiones dictadas en primera instancia mientras el órgano acusador busca aumentar las penas y obtener condenas contra imputados que fueron descargados

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La corte continúa este martes el conocimiento de los recursos de apelación relacionados con el caso Antipulpo, proceso mediante el cual condenados, el Ministerio Público y otras partes procuran la revisión de decisiones adoptadas en primera instancia.

Las audiencias se desarrollan los martes, en horario aproximado de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, como parte de una fase judicial que deberá determinar si las decisiones recurridas son confirmadas, modificadas o revocadas conforme a los argumentos y pruebas sometidos por las partes.

El Ministerio Público mantiene su pretensión de que sean incrementadas algunas de las condenas impuestas y que se establezca responsabilidad penal respecto de personas que resultaron descargadas en primera instancia.

El órgano persecutor ha sostenido durante el proceso que el entramado investigado habría ocasionado al Estado dominicano un perjuicio económico superior a RD$5,000 millones, planteamiento que corresponde a la tesis de la acusación.

Tribunal retoma audiencia tras aplazamiento

La corte está integrada por los magistrados Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, quienes tienen a su cargo la revisión de los recursos interpuestos contra la sentencia.

La audiencia anterior fue aplazada a solicitud de la defensa de José Idelfonso Correa, luego de que fuera presentado un certificado médico indicando que se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica.

Superado ese aplazamiento, el tribunal retoma el conocimiento de los recursos y continuará escuchando los planteamientos de las diferentes partes involucradas.

Ministerio Público mantiene petición de penas mayores

En representación del Ministerio Público participan Wilson Camacho, director general de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.

La acusación busca que la jurisdicción de alzada modifique parcialmente las decisiones adoptadas en primera instancia.

Entre sus pretensiones se encuentra conseguir penas superiores para determinados condenados, además de revertir los descargos pronunciados respecto de otros procesados.

Las defensas, por su parte, ejercen los recursos y medios correspondientes para cuestionar aquellos aspectos de la sentencia que consideran desfavorables a sus representados.

Los principales procesados

Entre las personas que recibieron condenas en primera instancia figura Juan Alexis Medina Sánchez, a quien el Ministerio Público ha señalado como principal responsable del entramado investigado.

También fueron condenados Magaly Medina Sánchez; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

La etapa de apelación no constituye un nuevo juicio desde cero, sino una revisión jurisdiccional de los aspectos de la sentencia que han sido impugnados por las partes, conforme a las reglas del proceso penal.

Un proceso que continúa abierto

El denominado caso Antipulpo ha sido uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa de mayor dimensión económica presentados en los últimos años en República Dominicana.

Sin embargo, el proceso todavía no ha concluido definitivamente.

La corte deberá ponderar individualmente los argumentos contenidos en los recursos, las respuestas de las demás partes y los fundamentos de la sentencia recurrida antes de adoptar sus decisiones.

Por tanto, será la jurisdicción de apelación la que determine cuáles condenas permanecen, cuáles podrían ser modificadas y qué decisión corresponde respecto de las personas descargadas cuya absolución fue recurrida por el Ministerio Público.

Dos mujeres presuntamente contactaban a las víctimas en establecimientos de diversión y las acompañaban a hoteles o apartamentos, donde supuestamente les suministraban una sustancia para dejarlas inconscientes y sustraer sus pertenencias

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra tres ciudadanos colombianos investigados por su presunta participación en varios robos cometidos contra hombres que habrían sido sedados antes de ser despojados de dinero, prendas, dispositivos electrónicos y tarjetas bancarias.

Los imputados son Diego Armando González, también identificado como Jain Zhou Xiao; Natali Valera Castillo González, conocida como Andrea o Tati, y Laura Valentina Villegas, alias Tatiana.

La petición de medida de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por la fiscal Roxanna Campusano, de la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco.

Según la acusación preliminar, los hechos investigados se habrían producido entre finales de agosto y los primeros días de septiembre de 2026 en diferentes sectores del Distrito Nacional.

Contactaban a hombres en establecimientos de diversión

De acuerdo con la versión presentada por el Ministerio Público, las dos mujeres supuestamente identificaban y contactaban a hombres en centros de diversión y posteriormente los acompañaban a apartamentos u hoteles.

La investigación sostiene que, una vez en esos lugares, las víctimas habrían recibido una sustancia todavía no identificada que les provocaba pérdida del conocimiento.

Presuntamente, esa situación era aprovechada para sustraer teléfonos celulares, computadoras, relojes, joyas, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, entre otros objetos de valor.

Varias denuncias correspondientes a hechos ocurridos entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre sirvieron de punto de partida para las investigaciones.

Compras con tarjetas sustraídas condujeron la investigación

Las autoridades comenzaron a rastrear operaciones comerciales presuntamente efectuadas con algunas de las tarjetas bancarias denunciadas como robadas.

Como parte de las pesquisas fueron examinadas grabaciones de cámaras de seguridad de establecimientos comerciales.

El Ministerio Público sostiene que en algunas de esas imágenes aparecen las imputadas realizando compras en compañía de Diego Armando González.

Las investigaciones condujeron posteriormente a las autoridades hasta un apartamento localizado en el Residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este, donde el 11 de septiembre fue ejecutado un allanamiento.

Incautan dispositivos, dinero y otras evidencias

Durante el operativo, fiscales y agentes policiales ocuparon teléfonos celulares, computadoras, tabletas, relojes, gafas, prendas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentos y comprobantes de diferentes transacciones.

Entre los objetos incautados figura además un gotero que contenía un líquido cuya composición no ha sido determinada, por lo que deberá ser sometido a análisis.

La Fiscalía considera que parte de los artículos encontrados podría estar relacionada con los hechos denunciados, aspecto que deberá ser establecido durante el proceso judicial.

Investigan compra de cinco iPhone por más de RD$623 mil

Uno de los elementos señalados por el órgano acusador corresponde a las operaciones presuntamente realizadas con las tarjetas de las víctimas.

Según el expediente, con una de las tarjetas denunciadas como sustraída se habrían comprado cinco teléfonos iPhone 17 Pro Max por un monto superior a RD$623,000.

Las autoridades también investigan adquisiciones de prendas y otros artículos de alto valor realizadas en establecimientos comerciales.

Los comprobantes y facturas encontrados durante el allanamiento forman parte de las evidencias presentadas por el Ministerio Público para sustentar su solicitud de medida de coerción.

Audiencia será este miércoles

La audiencia para conocer la medida de coerción estaba pautada inicialmente para el 13 de septiembre, pero fue aplazada por el juez Rigoberto Sena.

El conocimiento de la solicitud quedó fijado para este miércoles 16 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, cuando el tribunal deberá evaluar los argumentos y elementos presentados por el Ministerio Público y las defensas.

La Fiscalía atribuye provisionalmente a los tres imputados infracciones relacionadas con robo agravado, conforme a disposiciones de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal dominicano.

La solicitud de prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica una declaración de culpabilidad. Corresponderá a los tribunales determinar, conforme avance el proceso y a partir de las pruebas sometidas, la eventual responsabilidad penal de los imputados.