La investigación se inició tras un reporte de Google y permitió localizar 818 archivos con material de abuso y explotación sexual infantil en dispositivos vinculados al imputado

La Vega.– El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra Jairo Federico Núñez Abreu, acusado de agredir sexualmente a menores de entre tres y cinco años y de producir, almacenar y conservar material de abuso y explotación sexual infantil.

La solicitud de medida de coerción será conocida por un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega.

De acuerdo con el expediente presentado por el órgano acusador, durante el análisis de dispositivos electrónicos vinculados al imputado fueron localizados 818 archivos, entre imágenes y videos, relacionados con presuntos actos de abuso y explotación sexual contra menores.

Las autoridades sostienen que parte del material habría sido producido y almacenado mediante varias cuentas digitales y dos teléfonos móviles.

Investigación comenzó con reporte de Google

El proceso investigativo se inició después de que Google detectara contenido sospechoso almacenado en sus plataformas y remitiera un reporte a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

A partir de esa información, los investigadores realizaron cruces de cuentas electrónicas, números telefónicos, dispositivos y otros datos técnicos que permitieron identificar y arrestar a Núñez Abreu.

Los peritos analizaron posteriormente los equipos incautados y determinaron, según el Ministerio Público, que contenían cientos de archivos con material ilícito relacionado con víctimas infantiles.

Parte del contenido habría sido guardado en servicios de almacenamiento en la nube, mientras que otros archivos presuntamente fueron generados con dispositivos asociados al imputado.

Metadatos ubicaron archivos en La Vega

La investigación también incluyó el análisis de los metadatos incorporados en varios archivos digitales.

Según la solicitud de coerción, algunos contenían información de geolocalización que situaba la creación del material en zonas de La Vega vinculadas con el imputado o con las víctimas.

El Ministerio Público sostiene que los resultados de las experticias digitales, unidos a la información de las cuentas y los números telefónicos, permitieron establecer una presunta relación directa entre Núñez Abreu y el contenido investigado.

El órgano acusador entiende que los hallazgos no se limitan al almacenamiento de archivos, sino que existen indicios de que parte del material habría sido producido directamente por el imputado.

Calificación jurídica

Los hechos son investigados conforme a la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley núm. 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Será responsabilidad del tribunal determinar la medida de coerción correspondiente, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa.

El imputado está amparado por la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria definitiva.

La procuradora rechazó que el Ministerio Público solicite prisión para todos los imputados y anunció avances en el catastro penitenciario y la asistencia jurídica gratuita para víctimas

Ana Rodríguez

Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, cuestionó varias afirmaciones que se repiten sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal dominicano sin contar, según sostuvo, con estadísticas que las respalden.

Durante su participación en el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Reynoso rechazó la versión de que el Ministerio Público solicita prisión preventiva para todos los imputados y que los jueces conceden esa medida de manera automática.

La magistrada consideró necesario diferenciar entre la proporción de prisiones preventivas impuestas dentro del total de medidas de coerción y el porcentaje de personas que permanecen en prisión preventiva dentro de la población penitenciaria.

Explicó que este último indicador también está relacionado con el tiempo que necesita un proceso penal para alcanzar una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Por esta razón, entiende que no debe atribuirse exclusivamente a la medida adoptada durante la fase inicial del proceso.

Reynoso también puso en duda los porcentajes de 60 % y 70 % de presos preventivos citados con frecuencia en el debate público y exhortó a comprobar la procedencia y actualidad de esas cifras antes de utilizarlas para tomar decisiones relacionadas con el sistema de justicia.

Rechaza encarcelamientos exclusivos por consumo

La procuradora negó que las cárceles dominicanas estén llenas de personas privadas de libertad únicamente por consumir sustancias controladas.

Aseguró que el Ministerio Público aplica desde hace más de seis años el criterio de oportunidad en los casos relacionados exclusivamente con el consumo de drogas.

De acuerdo con su planteamiento, cuando una persona vinculada al consumo se encuentra encarcelada, la privación de libertad responde a la imputación de otra infracción y no solamente al consumo.

Menos del 10 % de las denuncias fue judicializado

Reynoso también respondió a las críticas de que el Ministerio Público lleva indiscriminadamente todos los conflictos ante los tribunales.

Informó que durante el último año la institución recibió 236,783 denuncias formales y que menos del 10 % de esos casos fue judicializado. Señaló que numerosos expedientes reciben soluciones diferentes al proceso penal tradicional.

La titular del Ministerio Público relacionó el volumen de denuncias con los niveles de conflictividad social registrados en el país. Indicó que seis de cada diez homicidios se originan en conflictos sociales y mencionó la recepción de más de 26,000 denuncias por amenazas de muerte y unas 73,000 vinculadas con violencia intrafamiliar y de género.

Asimismo, sostuvo que no existe una resistencia institucional a los acuerdos ni a las salidas alternas. A su juicio, uno de los principales obstáculos es la limitada cultura de conciliación entre las personas involucradas en los conflictos.

Defiende el derecho de las víctimas a recibir reparación

Durante su conferencia, titulada “Derecho de las víctimas en el proceso penal”, Reynoso afirmó que la aceptación de una indemnización económica no significa que una víctima haya renunciado indebidamente a sus derechos o que “se haya vendido”.

Explicó que la reparación constituye un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y cuestionó que el debido proceso sea analizado únicamente desde la perspectiva de la persona imputada.

La procuradora sostuvo que las víctimas también son titulares de garantías constitucionales y deben recibir protección, acompañamiento y representación adecuada durante el proceso penal.

Anuncia catastro penitenciario biométrico

Reynoso informó que la Procuraduría General de la República trabaja desde hace 14 meses en la elaboración del primer catastro penitenciario biométrico del país.

El levantamiento comprende a más de 30,000 personas privadas de libertad e incluye información biométrica y la digitalización de sus expedientes.

Según explicó, la plataforma estará conectada en tiempo real con el Poder Judicial y permitirá obtener datos más precisos sobre la población penitenciaria y la situación procesal de cada interno.

También anunció la apertura simultánea de 37 oficinas de representación legal gratuita para víctimas en diferentes localidades del país. La iniciativa busca ofrecer asistencia a quienes carecen de recursos para contratar un abogado y reducir la desigualdad entre la representación disponible para los imputados y la que reciben las víctimas.

La exposición formó parte de la tercera jornada del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional y dedicado este año al debido proceso en materia penal.

Uno de los investigados era una persona de extrema confianza del merenguero y conocía cuándo recibía pagos y el lugar donde guardaba dinero, según informó la Policía Nacional

Por Rosa Hernández

Santo Domingo.– El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, identificó ante investigadores de la Policía Nacional a dos hombres de su entorno señalados por su presunta vinculación con el ataque cometido en su residencia.

Durante el hecho fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, mientras que el artista resultó herido y permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el merenguero identificó a Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias “Leandro”, y a Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como “Chiquito”, de 18 años.

Según las informaciones ofrecidas por la institución, Tejeda Vásquez era una persona de extrema confianza del artista, mientras que Liranzo Marcos realizaba trabajos en una villa que Julián Oro Duro mantiene en construcción en el municipio San Antonio de Guerra.

Conocía los movimientos del artista

De acuerdo con Pesqueira, Tejeda Vásquez acompañaba al merenguero durante sus viajes a diferentes puntos del país, especialmente cuando acudía a amenizar actividades artísticas.

Además, realizaba distintas labores para Julián Oro Duro, quien lo habría descrito ante los investigadores como una especie de “todólogo”.

La cercanía con el artista le habría permitido conocer aspectos privados de su vida y sus movimientos económicos, incluido el lugar donde guardaba dinero y los momentos en que recibía pagos por sus presentaciones, conforme a la versión ofrecida por la Policía Nacional.

Entre los trabajos atribuidos a Tejeda Vásquez figura la reparación del portón de la vivienda del merenguero, situada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este. También habría conseguido el dispositivo utilizado para abrir dicho portón.

Asimismo, habría realizado labores relacionadas con la instalación de equipos de aire acondicionado en la habitación del artista y en la villa que este construye en San Antonio de Guerra.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque, determinar la participación individual de las personas señaladas e identificar a cualquier otro posible implicado.

Hasta que exista una decisión judicial definitiva, las personas investigadas están amparadas por la presunción de inocencia.