Santo Domingo. — El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) rechazó este martes la única objeción presentada contra postulantes preseleccionados dentro del proceso destinado a cubrir vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y anunció que este miércoles 30 de septiembre publicará la convocatoria oficial para las vistas públicas.

La decisión fue adoptada durante una sesión virtual encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader.

Durante el encuentro, los integrantes del órgano constitucional conocieron el reparo sometido contra uno de los aspirantes y, tras evaluarlo, determinaron rechazarlo.

Convocatoria será publicada este miércoles

El CNM informó que este miércoles hará pública la convocatoria correspondiente a las vistas públicas del proceso de selección.

En esa comunicación serán anunciadas las fechas en que los candidatos deberán comparecer ante el organismo para ser evaluados, conforme a las disposiciones del Reglamento núm. 1-25.

Este reglamento establece que las objeciones y reparos deben ser decididos y notificados antes del inicio de las vistas públicas.

Participaron todos los miembros del Consejo

Además de Raquel Peña, participaron en la sesión el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

La participación de todos los miembros permitió continuar formalmente con la fase previa a las entrevistas públicas de los aspirantes.

Proceso entra en una nueva etapa

El proc

Rosa Hernández

Santo Domingo. — La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segunda discusión, un proyecto de ley que establece sanciones de hasta cinco años de prisión y multas que podrían alcanzar los RD$5 millones para quienes utilicen de manera inadecuada plaguicidas y otros productos agrícolas, provocando daños a terceros o contaminación ambiental.

La iniciativa, propuesta por el diputado Adelso Rubén Contreras, representante de la provincia Dajabón, busca fortalecer la regulación de los mecanismos destinados a la prevención y control de plagas que puedan afectar los recursos vegetales y la producción agrícola de la República Dominicana.

Tras recibir el respaldo de los diputados, el proyecto deberá ser conocido ahora por el Senado de la República.

Uso incorrecto de plaguicidas sería considerado falta grave

El artículo 79 de la propuesta establece como falta grave la utilización de plaguicidas, nutrientes para vegetales y coadyuvantes sin observar las indicaciones recomendadas, cuando dicha actuación ocasione perjuicios a otras personas o contaminación del medioambiente.

Los coadyuvantes son sustancias empleadas para facilitar o mejorar la efectividad de los plaguicidas durante su aplicación.

Para este tipo de infracciones, el proyecto contempla penas que podrían alcanzar los cinco años de prisión, además de multas de hasta RD$5 millones y las indemnizaciones correspondientes a favor de las personas afectadas.

Intoxicaciones de estudiantes colocan el tema bajo atención

La discusión de la iniciativa se produce en un contexto en el que se han reportado episodios de intoxicaciones de niños y adolescentes asociados a fumigaciones realizadas en terrenos agrícolas cercanos a centros educativos.

Uno de los casos citados ocurrió el pasado 23 de septiembre en Azua, donde dos estudiantes de la escuela Amiama Gómez, de 11 y 15 años, resultaron afectados.

Estas situaciones han generado preocupación por los riesgos que representa para la salud humana la aplicación de determinados productos químicos en zonas próximas a escuelas y comunidades.

Sanciones por productos vencidos y otras infracciones

El proyecto también contempla sanciones similares para quienes importen o comercialicen plaguicidas y otros productos regulados después de haber vencido su fecha de caducidad.

Otras conductas serían castigadas con penas de hasta dos años de prisión y multas equivalentes a 300 salarios mínimos, estimadas en unos RD$3 millones, según el texto de la iniciativa.

Entre esas infracciones se encuentra obstaculizar las inspecciones realizadas por las autoridades en áreas de cultivo, explotaciones agrícolas, establecimientos de agroservicios, domicilios u otros lugares donde sean almacenados productos relacionados con la protección fitosanitaria.

También podría ser sancionado quien oculte, omita o suministre deliberadamente información falsa sobre la presencia de plagas.

Productores tendrían deber de informar sobre situación sanitaria

La propuesta dispone además que agricultores y silvicultores colaboren con las autoridades y comuniquen oportunamente el estado sanitario de sus cultivos.

El objetivo sería facilitar la detección temprana de organismos o enfermedades capaces de afectar la agricultura nacional y reforzar las medidas de prevención.

Contreras sostiene que una legislación de esta naturaleza permitiría fortalecer la capacidad del país para responder ante posibles amenazas fitosanitarias provenientes del exterior.

El legislador advierte en uno de los considerandos de la iniciativa que en países con los cuales la República Dominicana mantiene relaciones comerciales existen plagas que representan riesgos de introducción al territorio nacional.

De convertirse en ley, la normativa establecería un régimen más riguroso de control y sanciones en materia de protección vegetal, particularmente frente al manejo inadecuado de productos utilizados para combatir plagas en la producción agrícola.

Por redacción

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.

El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.

“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.

El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.

Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas

Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.

Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.

El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.

La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.

Cuestiona exhibición de armas en redes sociales

Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.

El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.

Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.

Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.

Policía también exhorta a entregarse

Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.

Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.

La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.

Debate por actuaciones policiales

El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.

Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.

El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.

Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.