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Dicrim registra vivienda de joven investigado por desaparición de adolescente en Navarrete

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Santiago, RD.– Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaron un allanamiento en la residencia de Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, joven que permanece bajo investigación por el caso de Josnely Álvarez, de 14 años, desaparecida tras un incidente ocurrido en las inmediaciones del río Yaque del Norte, en Navarrete.

La intervención forma parte de las diligencias desarrolladas por las autoridades para recolectar evidencias que permitan reconstruir lo sucedido y establecer el paradero de la adolescente, cuya búsqueda continúa activa.

Rodríguez Cruz se entregó a la Policía Nacional y permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el teniente coronel José Bautista, encargado del Departamento de Homicidios en Santiago, en el hecho están involucradas dos menores de edad, una de 16 años y otra de 14.

La adolescente de 16 años se encuentra recibiendo atenciones médicas luego de que presuntamente fuera agredida, mientras que Josnely continúa desaparecida.

Investigado ofreció su versión de los hechos

Según las informaciones ofrecidas por las autoridades, Rodríguez Cruz admitió haber estado con ambas adolescentes en las proximidades del río Yaque del Norte.

En su versión de los hechos, manifestó que durante una discusión utilizó un cuchillo para agredirlas. Posteriormente, según su relato, una de las menores se marchó del lugar mientras la otra se lanzó al río.

Esa versión forma parte de los elementos que actualmente son investigados y deberá ser contrastada con las evidencias que recolecten los organismos actuantes.

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento una conclusión definitiva sobre las circunstancias en que desapareció la adolescente.

Ministerio Público dará seguimiento al caso

La Policía Nacional informó que el proceso investigativo continúa abierto y que al detenido se le garantizarán sus derechos fundamentales durante las diligencias correspondientes.

Una vez recopilados los elementos de prueba, corresponderá al Ministerio Público determinar las acciones judiciales que procedan.

Mientras avanzan las investigaciones de carácter penal, la prioridad de los familiares continúa siendo localizar a Josnely Álvarez.

La mañana de este lunes, parientes de la adolescente retomaron las labores de búsqueda ante la preocupación generada por su desaparición, mientras organismos de socorro y autoridades mantienen operativos en diferentes puntos del río Yaque del Norte y sus alrededores.

El caso ha generado consternación en Navarrete, mientras familiares y autoridades permanecen atentos a cualquier información que pueda contribuir a establecer el paradero de la menor y esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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Abinader propone sustituir el término “doméstica” y ampliar derechos de quienes trabajan en los hogares

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El mandatario entiende que esa denominación resulta despectiva y aboga por mayores garantías laborales y de seguridad social para las personas dedicadas al cuidado y las tareas del hogar

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader planteó la necesidad de dejar atrás el uso del término “doméstica” para referirse a las personas que trabajan en los hogares, al considerar que la expresión posee una connotación despectiva que no se corresponde con la importancia de las funciones que desempeñan.

El mandatario formuló la consideración durante las vistas públicas celebradas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), mientras participaba en la evaluación de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, aspirante a ocupar una posición como jueza de la Suprema Corte de Justicia.

Durante el intercambio, Abinader resaltó la relevancia social y familiar del trabajo que realizan quienes se dedican al cuidado de niños, mantenimiento del hogar y otras labores de asistencia dentro de las familias.

El presidente destacó que, en muchos casos, estas personas llegan a desempeñar una función determinante en la formación de los menores, al punto de convertirse prácticamente en una segunda figura materna dentro del hogar.

“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante, eso hay que ir eliminando esa palabra. Un término totalmente despectivo”, expresó el jefe de Estado.

Abinader recuerda intento de regulación

El gobernante recordó que su administración había impulsado anteriormente una disposición administrativa orientada a establecer condiciones diferenciadas para las personas dedicadas a este tipo de trabajo.

Sin embargo, explicó que la medida fue posteriormente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Abinader sostuvo que, luego de esa decisión, el tema fue incorporado a las discusiones relacionadas con el nuevo marco laboral, con el propósito de establecer reglas destinadas a proteger las condiciones de trabajo de quienes prestan servicios en los hogares.

Aspirante a la SCJ plantea fortalecer protección

Durante su intervención ante el CNM, Úrsula Josefina Carrasco Márquez también abordó la situación de este sector laboral y consideró necesario revisar su régimen jurídico para ampliar las garantías de quienes desarrollan estas actividades.

Carrasco Márquez puso énfasis en la necesidad de fortalecer el acceso a la seguridad social, de manera que estas personas puedan obtener derechos laborales y beneficios que les permitan contar con mejores condiciones durante su vida activa y al momento de su retiro.

La aspirante planteó igualmente estudiar mecanismos de contratación mediante empresas especializadas.

Según su propuesta, este modelo podría contribuir a que los trabajadores del hogar acumulen derechos, prestaciones y aportes que les permitan acceder posteriormente a una jubilación en condiciones más favorables.

Debate sobre dignificación laboral

El planteamiento realizado durante las vistas públicas vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la dignificación del trabajo en los hogares y la necesidad de garantizar que quienes desempeñan estas labores cuenten con mecanismos efectivos de protección social.

El tema abarca no solamente la denominación utilizada para identificar este tipo de trabajo, sino también aspectos como contratación, seguridad social, acumulación de derechos, protección laboral y acceso a una eventual pensión.

Integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura

En las vistas públicas participaron, además del presidente Abinader, quien encabeza el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

También estuvieron presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la jueza de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández, y el diputado Tobías Crespo.

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Ministerio Público lleva a juicio a 13 personas y cinco empresas por millonaria red de estafas electrónicas

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La Operación Discovery 3.0 atribuye a la estructura criminal haber defraudado a 141 personas en Estados Unidos por unos US$5 millones

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público presentó acusación formal contra 13 personas y cinco empresas señaladas como integrantes de una estructura dedicada presuntamente a cometer estafas electrónicas, lavado de activos y otras actividades vinculadas al crimen organizado, desarticulada mediante la Operación Discovery 3.0.

El órgano persecutor solicitó la apertura a juicio contra los imputados, a quienes atribuye haber perjudicado a 141 víctimas residentes en Estados Unidos, provocándoles pérdidas calculadas en aproximadamente US$5 millones.

De acuerdo con la acusación, la organización utilizaba diferentes métodos para obtener dinero de sus víctimas, entre ellos centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades y familiares.

La investigación fue desarrollada con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional dominicana.

Solicitan apertura a juicio

El expediente acusatorio fue depositado ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.

Entre las personas incluidas en la acusación se encuentran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez y José Ramón López Tavárez, además de otros seis imputados.

Las cinco empresas señaladas por las autoridades son INVERDOSA, JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.

Dinero habría sido enviado a República Dominicana

Según la investigación, una vez obtenido el dinero de las víctimas, los fondos eran trasladados hacia República Dominicana utilizando diferentes mecanismos financieros.

El Ministerio Público sostiene que la estructura recurrió a transferencias bancarias, empresas remesadoras, criptomonedas e intermediarios para movilizar los recursos.

Posteriormente, de acuerdo con la acusación, parte del dinero habría sido incorporado al sistema económico dominicano mediante inversiones y operaciones relacionadas con empresas, bienes inmuebles y vehículos.

Las pesquisas financieras permitieron identificar operaciones que oscilaban entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, además de movimientos que, según el expediente, superaron los RD$134.8 millones.

Cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos

Cuatro personas identificadas por las autoridades como principales líderes de la estructura ya fueron extraditadas hacia Estados Unidos.

Se trata de Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez.

Los cuatro enfrentan actualmente un proceso judicial en Boston, Massachusetts, relacionado con las operaciones atribuidas a la organización.

Con la presentación de la acusación, corresponde ahora al tribunal conocer el proceso preliminar para determinar si las pruebas aportadas por el Ministerio Público son suficientes para disponer la apertura a juicio contra los imputados y las empresas señaladas en el expediente.

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Tribunal fija para el 29 de octubre continuación del juicio por tiroteo mortal en la UASD

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Santo Domingo, RD.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reprogramó para el próximo 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la continuación del juicio de fondo contra Alexander Jiménez Galván, acusado por el tiroteo ocurrido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el que perdió la vida el agente de seguridad Lyedgers Encarnación.

El aplazamiento fue dispuesto luego de que la defensa del imputado solicitara un plazo adicional para preparar los incidentes que pretende presentar dentro del proceso.

La petición fue acogida por las juezas Yiseel Bienvenida Soto Peña, Clara Castillo y Elizabeth Rosario López, esta última nueva integrante del tribunal.

El abogado Werlirng Miguel Mercedes Novoa, representante legal de los familiares de la víctima, explicó que la audiencia no pudo avanzar debido a que permanecen abiertos los plazos correspondientes a la presentación de incidentes previstos en el artículo 310 del Código Procesal Penal.

Familia reclama mayor agilidad en el proceso

Tras concluir la audiencia, Gerónimo Encarnación, hermano de Lyedgers Encarnación, expresó preocupación por el ritmo con el que se ha desarrollado el caso.

Recordó que durante octubre se cumplirá un año del hecho ocurrido el 16 de octubre de 2025 y señaló que este lunes su hermano habría cumplido 37 años.

“Entendemos que las cosas marchan despacio, en este mes ya se va a cumplir un año de que mi hermano fuera asesinado”, manifestó.

Encarnación indicó además que esperaba que la audiencia de este lunes permitiera algún avance importante y manifestó su deseo de que el proceso pueda continuar de manera efectiva cuando el tribunal vuelva a reunirse el día 29.

También llamó la atención sobre la ausencia durante la audiencia de otras personas vinculadas al incidente, entre ellas uno de los hombres que resultó herido y otro que, de acuerdo con su versión, habría sido amenazado antes del tiroteo.

Acusación por muerte y tentativa de homicidio

Según la acusación del Ministerio Público, Jiménez Galván habría intentado quitarles la vida a Juan Manuel Méndez, Lyedgers Encarnación y Miguel Ángel Claudio Chacón.

Méndez sobrevivió luego de recibir una herida de proyectil en el antebrazo izquierdo, mientras que Claudio Chacón resultó ileso.

La investigación estableció que el acusado llegó a bordo de un vehículo Mazda de color gris hasta las proximidades de la oficina donde se encontraba trabajando Chacón, integrante del personal de seguridad de la universidad.

Luego de producirse un primer altercado, el imputado se habría retirado temporalmente del lugar.

Posteriormente fue interceptado en los alrededores del economato de la UASD por Méndez, Lyedgers y otra persona identificada como Angomás, quienes habrían intervenido para impedir que continuara la agresión.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, durante ese enfrentamiento Jiménez Galván habría realizado varios disparos después de proferir amenazas de muerte.

Uno de los proyectiles alcanzó a Méndez en el antebrazo izquierdo, mientras que Lyedgers Encarnación sufrió heridas toracoabdominales que posteriormente le provocaron la muerte.

El informe recoge que Encarnación presentó shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca.

Imputado cumple prisión preventiva

El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2025 dentro del entorno universitario y provocó la intervención de las autoridades investigativas.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2025, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso a Jiménez Galván tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Ahora, el proceso continuará el 29 de octubre, fecha en la que el tribunal espera avanzar con el conocimiento del juicio de fondo y las incidencias planteadas por las partes.

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