Los detenidos están vinculados a un tiroteo ocurrido el 5 de octubre en Santo Domingo Este, donde murió un joven de 20 años y resultó herido un ciudadano de 62.

SANTO DOMINGO ESTE, República Dominicana.– Dos hombres señalados por la Policía Nacional como presuntos participantes en un enfrentamiento armado que dejó un muerto y un herido en el sector Los Mina se entregaron voluntariamente a las autoridades, acompañados de dos pistolas que serán incorporadas a las investigaciones del caso.

Los involucrados fueron identificados como José Nicolás Gómez Ortiz, conocido como «Miller», de 22 años, y Josué Jiménez, alias «Randy», de 26, quienes eran requeridos mediante la orden judicial de arresto núm. RAJ-2026-17031.

La institución del orden informó que ambos se presentaron ante las autoridades el miércoles 7 de octubre, luego de ser identificados como sospechosos del incidente en el que perdió la vida Yohan Bladimir Fría Tavárez, de 20 años.

El hecho también dejó lesionado a Celso Paredes Pérez, de 62 años, quien, según la versión policial, transitaba por el lugar cuando se produjo el intercambio de disparos.

Una disputa personal habría originado el tiroteo

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 7:05 de la mañana del lunes 5 de octubre, cuando los dos señalados habrían protagonizado una confrontación relacionada con diferencias personales.

La disputa habría derivado en un intercambio de disparos en plena vía pública, poniendo en peligro a personas que se encontraban en los alrededores.

La Policía explicó que Fría Tavárez se desplazaba en una motocicleta al momento de producirse el enfrentamiento armado, durante el cual recibió las heridas que le ocasionaron la muerte.

Mientras tanto, Paredes Pérez resultó alcanzado por disparos cuando circulaba por el área.

Cámaras de vigilancia y casquillos forman parte de las evidencias

Durante el procesamiento de la escena, los investigadores recolectaron 17 casquillos de municiones calibre 9 milímetros, los cuales forman parte de los indicios materiales relacionados con el suceso.

Asimismo, las autoridades examinaron grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, cuyo contenido habría permitido reconstruir parte del incidente e identificar a los presuntos participantes.

Según el informe policial, estas evidencias contribuyeron a establecer la vinculación preliminar de Gómez Ortiz y Jiménez con el tiroteo.

Entregaron dos pistolas calibre 9 milímetros

Al ponerse a disposición de las autoridades, ambos hombres entregaron las armas de fuego que tenían en su poder.

José Nicolás Gómez Ortiz depositó una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, serie NHL4712, acompañada de un cargador sin municiones.

Por su parte, Josué Jiménez entregó una segunda pistola del mismo calibre, con marca ilegible y serie C397003, también provista de un cargador vacío.

Las armas quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las evidencias relacionadas con la investigación.

Permanecen bajo custodia para los procedimientos legales

La Policía Nacional informó que los dos hombres permanecen bajo control de las autoridades para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

El proceso deberá establecer las circunstancias exactas del enfrentamiento, la participación individual de los involucrados y la relación de las armas ocupadas con los disparos efectuados.

Corresponderá al Ministerio Público determinar las imputaciones que procedan conforme a los resultados de las investigaciones, mientras que cualquier responsabilidad penal deberá ser establecida por los tribunales competentes, respetando las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.

La información fue divulgada el 8 de octubre de 2026, a partir de un reporte de la Policía Nacional.

Durante su evaluación como aspirante a la Suprema Corte de Justicia, la fiscal del Distrito Nacional sostuvo que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre la rapidez de los procesos judiciales.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, defendió este jueves las modificaciones introducidas en el nuevo Código Penal dominicano, al considerar que permitirán al sistema de justicia responder con sanciones más proporcionales a la gravedad de determinados delitos y superar las limitaciones que presentaba la legislación anterior.

Sus planteamientos fueron expuestos durante las vistas públicas celebradas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo ante el cual compareció como aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La representante del Ministerio Público destacó la acumulación de penas como uno de los cambios relevantes de la nueva normativa, al entender que proporcionará mayores posibilidades para solicitar condenas que reflejen la magnitud de los hechos delictivos.

Cuestiona condenas insuficientes frente a delitos graves

Para explicar su posición, Ramos recordó el caso de Yocairi Amarante, la joven que sufrió un ataque con una sustancia química corrosiva por encargo de su expareja, en un hecho que provocó graves lesiones y consecuencias permanentes para su vida.

La fiscal manifestó que la condena de 30 años de prisión impuesta por ese crimen resultaba insuficiente frente a la gravedad de la agresión y sus efectos sobre la víctima.

Explicó que el antiguo Código Penal, que permaneció vigente durante más de un siglo, contemplaba disposiciones que dificultaban imponer sanciones más severas en determinadas circunstancias.

También mencionó las estafas piramidales, una modalidad delictiva que puede perjudicar económicamente a numerosas personas y que, según su explicación, enfrentaba penas de apenas dos años de prisión bajo disposiciones anteriores.

A su juicio, el nuevo régimen penal amplía las herramientas disponibles para que los fiscales soliciten condenas ajustadas a la naturaleza y gravedad de cada infracción.

Advierte sobre los riesgos de conciliar en casos de violencia de género

Uno de los aspectos más relevantes de su intervención estuvo relacionado con la protección de las mujeres víctimas de violencia.

Ramos manifestó su oposición a promover acuerdos que puedan comprometer la seguridad de quienes denuncian agresiones por parte de sus parejas o exparejas.

La fiscal explicó que algunas mujeres, después de acudir ante las autoridades, expresan su intención de retirar las denuncias o reconciliarse con sus agresores, incluso cuando persisten condiciones que podrían colocarlas nuevamente en peligro.

Sostuvo que las víctimas no siempre disponen de las condiciones necesarias para tomar decisiones completamente libres de presiones, especialmente cuando existen relaciones de dependencia emocional, económica o situaciones de intimidación.

Por esa razón, afirmó que prefiere asumir el riesgo de perder un proceso judicial antes que aceptar una conciliación que pueda facilitar nuevos episodios de violencia.

Acuerdos judiciales deben respetar los derechos de las víctimas

La aspirante a jueza reconoció que los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden contribuir a disminuir la carga de trabajo de los tribunales y reducir los costos de los procedimientos penales.

Sin embargo, advirtió que su aplicación debe responder a criterios jurídicos y a las circunstancias particulares de cada expediente.

Explicó que la Fiscalía del Distrito Nacional contempla acuerdos en determinados procesos, siempre que se considere la gravedad del delito y se respete la posición de las personas perjudicadas.

En los casos de robo, señaló que resulta fundamental tomar en cuenta el consentimiento de la víctima para evitar que esta perciba que sus derechos fueron desatendidos.

No obstante, defendió un tratamiento más riguroso cuando los hechos involucren violencia grave, mutilaciones o personas menores de edad.

Destaca incorporación de nuevas figuras delictivas

Durante su comparecencia, Ramos señaló que el nuevo Código Penal incorpora 70 delitos y modifica el tratamiento de diversas conductas, lo que, desde su perspectiva, permitirá fortalecer la respuesta institucional frente a nuevas manifestaciones de criminalidad.

Asimismo, destacó la responsabilidad que tendrá el Ministerio Público en la investigación y presentación de los casos, así como la función de los tribunales en la interpretación y aplicación de las disposiciones legales.

La fiscal reconoció que corresponderá a los jueces desarrollar los criterios jurisprudenciales necesarios para orientar la aplicación de la legislación, conforme a los principios constitucionales y las garantías del debido proceso.

Inteligencia artificial no debe sustituir las decisiones judiciales

Otro de los asuntos abordados durante su evaluación fue la incorporación de herramientas tecnológicas en la administración de justicia.

Ramos consideró que la inteligencia artificial puede facilitar determinadas tareas de apoyo en los tribunales, pero advirtió que no debe reemplazar la responsabilidad de los magistrados de examinar las pruebas, interpretar las normas y fundamentar sus decisiones.

Explicó que la función jurisdiccional exige una valoración humana, particularmente cuando los jueces deben resolver conflictos entre derechos fundamentales o ponderar principios constitucionales.

En ese contexto, defendió la importancia de preservar la dignidad de las personas y garantizar que las decisiones judiciales respondan a una motivación jurídica adecuada.

La comparecencia de Rosalba Ramos formó parte del proceso de evaluación de candidatos a la Suprema Corte de Justicia, durante el cual el Consejo Nacional de la Magistratura examina las trayectorias, competencias y criterios jurídicos de los aspirantes a ocupar posiciones en el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

El abogado Cándido Simón informó que recopilan evidencias para identificar a quienes estarían exigiendo dinero a cambio de modificar publicaciones que relacionan al artista con la muerte de su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

SANTIAGO, República Dominicana.– La defensa legal del merenguero Julián Oro Duro denunció una presunta operación de extorsión mediante la cual personas todavía no identificadas estarían reclamando el pago de RD$3 millones para detener o modificar señalamientos públicos que vinculan al artista con el asesinato de su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

La denuncia fue presentada por el abogado Cándido Simón, quien se trasladó a Santiago para coordinar diligencias investigativas junto al jurista Víctor Báez, con el objetivo de establecer la procedencia de los mensajes y determinar quiénes estarían detrás de las exigencias económicas.

De acuerdo con Simón, las comunicaciones recibidas plantean que, a cambio de entregar el dinero solicitado, disminuiría la intensidad de las publicaciones que atribuyen al merenguero alguna participación en la muerte de su pareja y en la agresión física de la que también fue víctima.

El representante legal calificó las actuaciones denunciadas como una posible modalidad de extorsión vinculada a la difusión de acusaciones y aseguró que trabajan en la recopilación de pruebas para sustentar las acciones judiciales correspondientes.

Investigan procedencia de los mensajes y posibles responsables

Como parte de las indagatorias, los abogados procuran determinar si las personas que estarían realizando las exigencias económicas mantienen alguna relación con plataformas digitales o medios de comunicación.

No obstante, Simón aclaró que todavía no cuentan con elementos suficientes para identificar públicamente a los presuntos responsables ni establecer de manera definitiva el origen de las comunicaciones.

El jurista reveló que una de las personas bajo investigación residiría en Estados Unidos y sostuvo que han obtenido informaciones que podrían contribuir a establecer su identidad.

Advirtió que la ubicación de los involucrados fuera del territorio dominicano no impediría que la defensa recurriera a los procedimientos legales disponibles, siempre que se obtengan pruebas que permitan atribuirles responsabilidad.

Piden presentar pruebas sobre acusaciones contra el artista

Simón también cuestionó que determinadas personas aseguren públicamente conocer circunstancias del asesinato de Zeneida Socorro Castillo y atribuyan participación al merenguero sin presentar las informaciones ante los organismos encargados de investigar el crimen.

En ese sentido, manifestó que quienes afirmen disponer de datos relevantes sobre el hecho podrían ser propuestos como testigos para explicar ante las autoridades el origen de sus señalamientos.

La defensa insistió en que cualquier información relacionada con el homicidio debe canalizarse a través del Ministerio Público y los organismos investigativos, para que pueda ser examinada y contrastada con las evidencias del expediente.

El abogado rechazó, además, que el sufrimiento de la familia sea utilizado como mecanismo de presión económica o para obtener beneficios mediante publicaciones en redes sociales.

El asesinato que originó las investigaciones

El caso se remonta al 20 de septiembre de 2026, cuando Zeneida Socorro Castillo fue asesinada durante un violento incidente ocurrido en la residencia que compartía con Julián Oro Duro, ubicada en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Según la versión preliminar ofrecida por la Policía Nacional, dos hombres ingresaron al inmueble aprovechando la confianza que mantenían con la familia.

Las investigaciones policiales establecen que la mujer recibió a los visitantes y les ofreció alimentos y bebidas antes de ser atacada mortalmente con golpes y heridas de arma blanca.

Los presuntos agresores habrían permanecido varias horas dentro de la vivienda hasta la llegada del artista, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del lunes 21 de septiembre, momento en que también fue agredido y resultó lesionado.

Las autoridades informaron que durante el hecho fueron sustraídos dinero en efectivo, prendas y otros objetos de valor.

La Policía Nacional y el Ministerio Público asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer la participación individual de los implicados.

Defensa anuncia acciones legales

Mientras continúan las investigaciones sobre el asesinato, los representantes legales de Julián Oro Duro buscan establecer si las exigencias económicas denunciadas constituyen hechos delictivos independientes.

La defensa sostiene que actuará judicialmente contra cualquier persona cuya participación pueda demostrarse mediante evidencias verificables.

Hasta el momento, la denuncia de extorsión corresponde a señalamientos de los abogados del artista y no constituye una determinación judicial sobre la responsabilidad de personas específicas.

El caso incorpora así una nueva línea de investigación relacionada con las acusaciones difundidas después del crimen y las presuntas exigencias económicas para modificar su contenido.