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Diputado reclama investigación del Congreso por actuación policial contra legisladora en Elías Piña
Eugenio Cedeño considera que la Policía Nacional no debe investigar por sí sola el incidente en el que fue esposada la diputada Millys Martínez y propone una comisión legislativa para establecer responsabilidades.
SANTO DOMINGO, RD. — El incidente protagonizado por agentes de la Policía Nacional y la diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha provocado cuestionamientos en el Congreso Nacional, donde se reclama una investigación independiente para esclarecer las circunstancias en que la legisladora fue esposada durante una intervención policial.
El diputado oficialista Eugenio Cedeño planteó que el Poder Legislativo asuma directamente las investigaciones mediante una comisión bicameral, al considerar que los hechos afectan no solamente a una de sus integrantes, sino también las prerrogativas constitucionales del Congreso Nacional.
Cedeño sostuvo que no corresponde dejar exclusivamente en manos de la Policía Nacional las indagatorias sobre una actuación ejecutada por miembros de esa misma institución.
A través de su cuenta en la red social X, el congresista solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, impulsar la conformación de una comisión integrada por representantes de ambas cámaras legislativas, con la finalidad de esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y promover las sanciones que correspondan.
Cuestionamientos por actuación de comandante policial
La controversia surgió después de que circularan en las redes sociales varios videos en los que se observa a Martínez rodeada por aproximadamente diez agentes policiales durante un operativo realizado en Elías Piña.
Entre los uniformados presentes figuraba el teniente coronel Ernesto de León Olivero, comandante del Departamento Operativo de la Policía Nacional en esa provincia, señalado como responsable de dirigir la intervención.
En las grabaciones se escucha a la diputada reclamar que los agentes dejaran de presionarla físicamente mientras era sujetada. También se observa que fue esposada junto a otro hombre.
La actuación ha generado reacciones de rechazo entre legisladores de distintas organizaciones políticas, quienes cuestionan el procedimiento y reclaman que se determinen las circunstancias que condujeron a la inmovilización de la congresista.
Cedeño criticó particularmente la conducta del oficial que dirigió el operativo, al considerar que el uso de las esposas contra una integrante del Congreso, sin que se hubiera establecido una situación de flagrante delito, constituye una actuación que amerita una investigación rigurosa.
Policía ordena investigación interna
Ante la repercusión del incidente, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso que la Inspectoría General se trasladara a Elías Piña para investigar los acontecimientos.
Según la explicación ofrecida por la institución, el procedimiento se produjo en un lugar donde se desarrollaba una actividad festiva con música y expendio de bebidas alcohólicas, presuntamente sin las autorizaciones correspondientes.
Sin embargo, esta versión no ha detenido los cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad de la actuación policial.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también condenó lo ocurrido y recordó las garantías constitucionales que protegen a los miembros del Congreso Nacional frente a detenciones arbitrarias.
Debate sobre la inmunidad parlamentaria
El incidente ha colocado nuevamente en discusión el alcance de la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 86 de la Constitución dominicana, que contempla garantías especiales para los legisladores durante el período constitucionalmente protegido.
La normativa establece límites a la privación de libertad de los congresistas, particularmente cuando no existe una situación de flagrante delito, y contempla procedimientos constitucionales específicos para autorizar determinadas actuaciones contra ellos.
Esta protección no constituye una exención de responsabilidad penal, sino una garantía institucional destinada a preservar el ejercicio de las funciones legislativas frente a actuaciones que puedan comprometer su independencia.
En consecuencia, uno de los aspectos centrales de cualquier investigación será determinar si existían circunstancias legales que justificaran la intervención contra Martínez y si los agentes actuaron conforme a las disposiciones constitucionales y los protocolos policiales.
Congreso enfrenta reclamo de investigación independiente
La propuesta de Cedeño abre la posibilidad de que el Congreso Nacional examine directamente las circunstancias del incidente, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias o penales que puedan desarrollar los organismos competentes.
Hasta el momento, la información divulgada no establece que se haya constituido formalmente la comisión bicameral solicitada por el diputado.
El caso mantiene abierto un debate sobre los límites de la autoridad policial, la protección constitucional de los representantes legislativos y la obligación de los organismos del Estado de actuar con apego a la legalidad y al respeto de los derechos fundamentales.
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Migración anuncia operativos en fincas y construcciones para detectar contratación de extranjeros indocumentados
La Dirección General de Migración reforzará las inspecciones en establecimientos productivos con apoyo de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, mientras reporta más de 800 mil deportaciones en los últimos dos años.
SANTO DOMINGO, RD. — La Dirección General de Migración (DGM) anunció que ampliará sus operativos de supervisión en fincas, proyectos de construcción y empresas agropecuarias de República Dominicana, con el objetivo de identificar establecimientos que empleen a ciudadanos extranjeros sin la documentación migratoria requerida.
El director general de la institución, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, explicó que las intervenciones estarán orientadas a comprobar la situación legal de los trabajadores extranjeros y detectar posibles incumplimientos de las disposiciones migratorias vigentes.
Las inspecciones se desarrollarán de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado, como parte de las medidas anunciadas para fortalecer los controles migratorios en diferentes actividades económicas.
Operativos estarán precedidos de labores de inteligencia
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por Migración, las autoridades realizarán investigaciones y levantamientos de inteligencia para localizar lugares de concentración de extranjeros en condición irregular, así como las rutas utilizadas para su desplazamiento.
Estas labores permitirán organizar intervenciones focalizadas y sostenidas, especialmente en establecimientos donde se sospeche que existe contratación de mano de obra extranjera sin los permisos correspondientes.
La institución señaló que las verificaciones incluirán la revisión de los documentos migratorios de los trabajadores, con la finalidad de determinar si cumplen los requisitos establecidos para permanecer y trabajar legalmente en el territorio nacional.
Más de 1,100 agentes capacitados para reforzar las intervenciones
Como parte de la ampliación de su capacidad operativa, la DGM informó que ha formado a 1,187 agentes de reacción rápida, mientras otros 300 jóvenes participan en un programa de capacitación especializada.
Según explicó Lee Ballester, la incorporación de este personal permitirá extender la cobertura de los operativos, principalmente en el Gran Santo Domingo y la región Este del país.
El reforzamiento de los equipos de intervención se enmarca en la estrategia institucional destinada a incrementar la vigilancia y el control de la migración irregular.
Migración reporta más de 800 mil deportaciones
El funcionario también informó que durante los últimos dos años las autoridades dominicanas han deportado a más de 800,000 extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular.
La cifra fue presentada por la institución como parte de los resultados de las operaciones de interdicción y repatriación desarrolladas en el territorio nacional.
Con las nuevas inspecciones, Migración busca fortalecer la aplicación de las disposiciones legales relacionadas con la permanencia de extranjeros y las obligaciones de quienes recurren a mano de obra procedente de otros países.
Las autoridades no precisaron una fecha específica para el inicio de todas las intervenciones ni identificaron las empresas que serán objeto de las inspecciones anunciadas.
La ejecución de estas medidas deberá realizarse conforme a la legislación migratoria dominicana y con respeto a los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso.
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Capturan en La Vega a presunto integrante de organización criminal buscado por 22 delitos en Curazao
El extranjero, identificado como Reyno Martin Cijntje, alias Bomba, es requerido por las autoridades de Curazao por su presunta vinculación con narcotráfico internacional, asesinatos, sicariato y lavado de activos.
SANTO DOMINGO, RD. — Un ciudadano de Curazao, señalado como presunto integrante de una organización criminal transnacional y requerido por su vinculación con 22 delitos graves, fue capturado en la provincia de La Vega durante una operación conjunta del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El detenido fue identificado como Reyno Martin Cijntje, conocido como Bomba, de 39 años, quien era buscado por las autoridades de Curazao en relación con investigaciones sobre narcotráfico, asesinatos, sicariato, lavado de activos y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
Su arresto se produjo en una residencia de La Vega, luego de un proceso de inteligencia y seguimiento que incluyó varios allanamientos en diferentes propiedades.
La intervención fue ejecutada en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia dominicana, a requerimiento de las autoridades judiciales de Curazao.
Investigado por sus presuntos vínculos con No Limit Soldiers
De acuerdo con el Ministerio Público, Martin Cijntje figura entre las personas investigadas en el expediente denominado Stratego, desarrollado por las autoridades curazoleñas contra integrantes de la organización criminal No Limit Soldiers.
Esta estructura es señalada por organismos de investigación de mantener operaciones delictivas en Curazao y San Martín, relacionadas con el tráfico internacional de sustancias controladas y otras manifestaciones del crimen organizado.
Entre los hechos que las autoridades extranjeras atribuyen al detenido figuran presuntas participaciones en asesinatos y homicidios, tentativas de estos delitos, instigación criminal, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, extorsión, amenazas, coacción y blanqueo de capitales.
Las investigaciones también incluyen señalamientos relacionados con supuestas amenazas de muerte e intentos de intimidación contra una expareja sentimental y otras personas.
Las autoridades dominicanas no especificaron cuáles de las 22 infracciones investigadas corresponden a imputaciones formalizadas contra el extranjero.
Ocupación de vehículos y otras evidencias
Durante los allanamientos realizados para localizar y capturar al sospechoso, los equipos actuantes ocuparon dos vehículos y otros elementos que, según los investigadores, guardan relación con el proceso desarrollado por las autoridades de Curazao.
En la operación participaron representantes de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de la Procuraduría Especializada Antidrogas, con el respaldo de unidades especiales de la DNCD.
El Ministerio Público explicó que las actuaciones se desarrollaron mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional, a partir de una solicitud formulada por la Fiscalía de Primera Instancia de Curazao.
Preparan procedimiento de extradición
Tras su captura, Martin Cijntje será puesto a disposición de las autoridades judiciales dominicanas para dar inicio al procedimiento de extradición solicitado por Curazao.
La DNCD indicó que las actuaciones se realizarán conforme a las disposiciones legales aplicables y los acuerdos de cooperación internacional, con respeto a las garantías del debido proceso.
La institución también informó que, como parte de las investigaciones coordinadas, las autoridades curazoleñas arrestaron esta misma semana a otra persona presuntamente vinculada con la organización criminal.
Sin embargo, no fueron revelados el nombre ni los detalles de la participación que se atribuye al segundo detenido.
La operación forma parte de los esfuerzos de cooperación entre organismos dominicanos y autoridades extranjeras para localizar a personas requeridas por la justicia internacional.
La eventual entrega de Martin Cijntje a Curazao dependerá de las decisiones que adopten los órganos judiciales competentes, mientras se mantiene vigente la presunción de inocencia respecto de los hechos que se le atribuyen.
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Autoridades desmantelan centro clandestino de medicamentos e incautan mercancías valoradas en RD$532 millones
Durante operativos en Santo Domingo Este fueron confiscadas más de 46.9 millones de unidades de medicamentos e insumos médicos, entre ellos productos vencidos, adulterados, falsificados y sin registro sanitario.
SANTO DOMINGO, RD. — Una operación conjunta de organismos de seguridad y entidades reguladoras permitió desarticular una estructura dedicada al almacenamiento y comercialización irregular de medicamentos y materiales hospitalarios en Santo Domingo Este, donde fueron decomisados productos valorados en aproximadamente RD$532 millones.
De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), las autoridades ocuparon unas 2,200 cajas que contenían 46,957,123 unidades de medicamentos e insumos médicos, cuyo valor comercial fue estimado en RD$531,993,450.
Las investigaciones condujeron a los sectores Los Tres Ojos y Los Frailes II, donde los organismos participantes realizaron labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento para identificar los lugares utilizados por la presunta red.
Uno de los principales puntos intervenidos fue una vivienda de dos niveles situada en Los Tres Ojos, que presuntamente funcionaba como depósito clandestino de los productos.
Entre las mercancías confiscadas figuran medicamentos vencidos, falsificados, adulterados y sin los correspondientes registros sanitarios, así como guantes, mascarillas, batas médicas, jeringas y fajas.
Riesgos para la salud y perjuicios económicos
El MICM advirtió que la distribución de estos productos constituye una amenaza para la salud pública, debido a los riesgos asociados al consumo de medicamentos cuya procedencia, composición, calidad y condiciones de conservación no cuentan con las garantías exigidas por las autoridades sanitarias.
La institución también señaló que las operaciones comerciales investigadas se desarrollaban bajo condiciones de contrabando, lo que habría provocado evasión fiscal y perjuicios económicos al Estado dominicano.
Para movilizar el volumen de mercancías decomisadas hasta las instalaciones centrales del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), fue necesario utilizar dos furgones de 45 pies, un camión de 22 pies y seis camionetas.
El operativo contó con la participación del MICM, la Procuraduría General de la República, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) y el Ceccom.
Gobierno anuncia seguimiento a las investigaciones
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, aseguró que las instituciones que integran la Mesa de Ilícitos mantendrán las acciones contra las redes vinculadas al comercio ilegal de productos regulados.
El funcionario indicó que la estrategia gubernamental no se limitará a la confiscación de mercancías, sino que contempla dar seguimiento a las investigaciones hasta establecer las responsabilidades correspondientes.
Las autoridades identificaron posibles infracciones a la Ley General de Salud núm. 42-01 y a la Ley núm. 17-19, relativa a la erradicación del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados.
Estas actuaciones forman parte de los mecanismos de coordinación institucional impulsados mediante el Decreto núm. 405-22, que creó el Consejo Público-Privado de Combate al Comercio Ilícito.
Hasta el momento de divulgarse los resultados del operativo, los organismos participantes no habían informado sobre personas detenidas ni precisado si se habían solicitado medidas judiciales contra los presuntos responsables.
El decomiso pone nuevamente de relieve los desafíos que enfrenta el país para impedir la circulación de medicamentos de procedencia irregular y fortalecer los controles destinados a proteger la seguridad sanitaria de la población.