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Economía

Gobierno somete exportaciones de azúcar a mayores controles y prioriza abastecimiento nacional

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El Decreto 719-26, emitido por el presidente Luis Abinader, regula la zafra 2026-2027 y establece obligaciones de información, permisos de exportación y posibles sanciones a los ingenios que incumplan las disposiciones.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — La industria azucarera dominicana estará sometida a nuevas disposiciones de supervisión estatal durante la zafra 2026-2027, luego de que el presidente Luis Abinader emitiera el Decreto núm. 719-26, que regula la producción y comercialización del azúcar, con prioridad en el abastecimiento del mercado nacional.

La medida también busca garantizar el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por República Dominicana en los mercados internacionales, particularmente aquellos que ofrecen condiciones preferenciales para la exportación del producto.

El Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) tendrá una participación fundamental en la aplicación de las disposiciones, al asumir funciones de autorización y vigilancia sobre las operaciones de los productores.

Producción deberá cubrir necesidades del mercado interno

La normativa dispone que una parte de la producción correspondiente a la zafra 2026-2027, junto con las existencias acumuladas del período anterior, deberá destinarse a satisfacer las necesidades de consumo de la población dominicana.

El objetivo es mantener el suministro del producto en el territorio nacional, sin desconocer los compromisos de exportación establecidos con Estados Unidos y otros destinos comerciales.

En caso de que resulte necesario importar azúcar para complementar la oferta disponible, el INAZUCAR será la institución responsable de emitir las licencias correspondientes.

Ningún embarque podrá realizarse sin autorización

Entre las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo figura la obligación de obtener un permiso del INAZUCAR antes de exportar azúcar, melaza o cualquier otro subproducto comprendido en la regulación.

El decreto también restringe la emisión de los Certificados de Elegibilidad sobre Cuota (CQE), documentos utilizados para acceder al mercado preferencial estadounidense.

Estos certificados solamente podrán concederse a los ingenios y empresas productoras autorizadas, quedando prohibida su expedición a terceros que no reúnan las condiciones establecidas.

Empresas tendrán plazos para reportar ventas internacionales

Las nuevas disposiciones contemplan obligaciones específicas de información para las compañías dedicadas a la producción y exportación de azúcar.

Las empresas deberán comunicar sus ventas internacionales dentro de los ocho días posteriores a cada operación, tanto cuando se realicen hacia Estados Unidos como hacia la Unión Europea u otros mercados.

Asimismo, tendrán que remitir una copia de los contratos comerciales en un plazo de ocho días hábiles después de recibirlos.

Otra exigencia consiste en entregar los certificados relativos a las cantidades comercializadas, la polarización del azúcar y la presencia de materias extrañas, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción del informe de desembarque.

Estas obligaciones permitirán a las autoridades disponer de información periódica sobre las operaciones comerciales de los ingenios y el cumplimiento de los compromisos de exportación.

Incumplimientos podrían reducir cuotas futuras

El decreto establece que las empresas azucareras deberán comunicar mensualmente cualquier modificación en sus estimaciones de producción o en las cantidades disponibles para atender las cuotas de exportación.

Cuando un ingenio no informe oportunamente sobre posibles déficits, el Poder Ejecutivo podrá aplicar reducciones proporcionales a la cuota que le corresponda durante la siguiente zafra.

La disposición introduce una consecuencia administrativa destinada a promover el cumplimiento de las obligaciones de información y la planificación de los compromisos comerciales.

Sector azucarero bajo mayor vigilancia institucional

La aplicación del Decreto 719-26 representa una medida de ordenamiento para una actividad vinculada con el empleo rural, la agroindustria y la generación de divisas.

La intervención del Estado procura mantener un equilibrio entre el consumo nacional y las exportaciones, en un sector cuya producción depende de factores agrícolas, industriales y comerciales.

Con este nuevo marco regulatorio, los ingenios deberán ajustar sus programas de molienda, producción y comercialización a las condiciones establecidas para el período 2026-2027.

El alcance de la medida dependerá de su ejecución efectiva y de la capacidad de las autoridades para supervisar las operaciones de la industria, preservar el abastecimiento interno y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales.

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Economía

Crisis energética elevaría a RD$100 mil millones el subsidio eléctrico del Gobierno en 2026

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El presidente Luis Abinader advierte que el encarecimiento de los combustibles y el aumento del consumo de electricidad obligarán al Estado a destinar RD$14,000 millones adicionales a los recursos inicialmente previstos para el sector.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El Gobierno dominicano enfrenta una creciente presión sobre sus finanzas públicas debido al incremento de los costos de generación eléctrica y la mayor demanda de energía, situación que podría elevar el subsidio estatal al sector hasta los RD$100,000 millones al finalizar 2026.

La proyección fue presentada este lunes por el presidente Luis Abinader durante el encuentro La Agenda Semanal, desarrollado bajo el tema «El costo de lo esencial», donde explicó las medidas adoptadas por su administración para enfrentar las repercusiones económicas de las tensiones internacionales.

El mandatario indicó que inicialmente se habían contemplado RD$86,000 millones para cubrir las necesidades del sector eléctrico, pero las nuevas condiciones económicas podrían obligar a incrementar esa cantidad en aproximadamente RD$14,000 millones.

Conflictos internacionales presionan las finanzas públicas

Abinader atribuyó parte del aumento de los gastos energéticos a las tensiones internacionales relacionadas con la guerra de Irán, que han provocado un encarecimiento de determinados combustibles utilizados en la producción de electricidad.

Según las estimaciones presentadas por el jefe de Estado, el incremento del precio del fuel oil y, en menor proporción, del gas natural, representa un impacto cercano a los US$100 millones.

A esta situación se agregan otras presiones económicas que podrían alcanzar RD$11,000 millones, como resultado del comportamiento de la demanda y de los costos asociados al funcionamiento del sistema.

El gobernante sostuvo que la administración ha tenido que realizar modificaciones presupuestarias para evitar que la totalidad de esos incrementos sea transferida directamente a los consumidores.

Gobierno mantiene tarifas sin aumentos desde 2022

Pese al encarecimiento de la generación eléctrica, el presidente aseguró que las tarifas no han experimentado aumentos desde 2022, debido a la política de subsidios implementada por el Estado.

Sin embargo, explicó que las facturas pueden experimentar incrementos cuando los hogares consumen mayores cantidades de electricidad, particularmente durante los períodos de altas temperaturas.

Esta situación puede provocar que determinados usuarios pasen a bloques tarifarios con menores niveles de subsidio, aumentando el monto que deben pagar mensualmente.

El fenómeno evidencia que mantener sin cambios los precios regulados de la electricidad no necesariamente implica que las familias paguen siempre la misma cantidad por el servicio.

Dependencia del fuel oil se reduce de 88 % a 9 %

El mandatario destacó que uno de los avances alcanzados en materia energética ha sido la transformación de las fuentes utilizadas para producir electricidad.

Recordó que en el año 2000 aproximadamente el 88 % de la generación eléctrica nacional dependía del fuel oil, mientras que actualmente esa proporción ronda el 9 %.

Explicó que la incorporación del gas natural, el carbón, la energía solar, la eólica y la biomasa ha permitido diversificar la matriz energética y disminuir parcialmente la exposición del país a los cambios internacionales de los precios del petróleo.

No obstante, reconoció que República Dominicana continúa dependiendo de combustibles importados, lo que mantiene al sistema vulnerable ante conflictos geopolíticos y fluctuaciones de los mercados internacionales.

Subsidios a combustibles superan RD$40,200 millones

La presión fiscal no se limita al sector eléctrico.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Gobierno, hasta el 16 de octubre de 2026 se habían destinado más de RD$40,200 millones a subsidiar combustibles, con el propósito de evitar aumentos más pronunciados en los precios pagados por consumidores y sectores productivos.

A estos recursos se suman RD$2,200 millones destinados a fertilizantes para contener los costos de la producción agropecuaria y reducir las presiones sobre los precios de los alimentos.

El presidente también recordó que se mantienen mecanismos de apoyo relacionados con el trigo, materia prima esencial para la elaboración de pan, pastas y otros productos de consumo cotidiano.

Abinader aseguró que su administración ha realizado tres ajustes presupuestarios, acompañados de medidas de ahorro, con la finalidad de sostener los compromisos gubernamentales dentro de las proyecciones fiscales establecidas.

Mayor demanda eléctrica exige nuevas inversiones

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que el incremento de los gastos del sector también responde al crecimiento del consumo eléctrico, especialmente durante los períodos de temperaturas elevadas.

El funcionario señaló que esta situación obliga a fortalecer la infraestructura nacional mediante la construcción de subestaciones, instalación de transformadores y modernización de las redes de distribución.

Las inversiones previstas deberán ejecutarse durante 2026 y continuar en los años 2027 y 2028, con el propósito de adaptar el sistema a una demanda creciente.

Santos aclaró que los US$100 millones estimados corresponden específicamente al encarecimiento de determinados combustibles, mientras que las necesidades de expansión y las inversiones de capital representan compromisos financieros adicionales.

El costo de los subsidios plantea desafíos económicos

La posibilidad de que el subsidio eléctrico alcance RD$100,000 millones vuelve a colocar en el debate nacional la sostenibilidad financiera del sistema energético dominicano.

Aunque las transferencias estatales permiten amortiguar los efectos de los aumentos internacionales sobre los consumidores, también comprometen una cantidad considerable de recursos públicos que deben financiarse mediante el presupuesto nacional.

El desafío para las autoridades consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los hogares, la estabilidad de las tarifas, el fortalecimiento de las redes. eléctricas y la reducción de las necesidades de financiamiento del sector.

La proyección anunciada por el presidente Abinader refleja que, a pesar de los avances en la diversificación de la matriz energética, la República Dominicana continúa expuesta a factores externos que inciden directamente sobre los costos de producción de electricidad y las finanzas del Estado

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Economía

Denuncian pérdida de decenas de contenedores lanzados al mar durante traslado de mercancías hacia República Dominicana

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El incidente habría afectado a empresas consolidadoras de carga y a cientos de familias dominicanas. FECODECA anunció reclamaciones formales contra la naviera y gestiones ante las aseguradoras.

Puerto Plata, República Dominicana.– Decenas de contenedores pertenecientes a empresas consolidadoras de carga dominicanas habrían sido lanzados al mar durante una travesía desde Brooklyn, Nueva York, hacia el puerto de Río Haina, en República Dominicana, provocando pérdidas millonarias y afectando a cientos de familias que esperaban recibir mercancías enviadas desde Estados Unidos.

La situación ha generado preocupación entre empresas del sector, varias de ellas establecidas en Puerto Plata, así como reclamos de personas que remitieron electrodomésticos, ropa, alimentos y otros artículos para sus familiares residentes en el país.

De acuerdo con un comunicado de la Federación de Consolidadores de Carga (FECODECA), el incidente ocurrió durante el transporte de mercancías a bordo del buque M.V. Seaboard Explorer v77SB, perteneciente a la empresa Seaboard Marine.

La organización indicó que, según una comunicación remitida por la naviera, la embarcación habría enfrentado condiciones marítimas adversas durante las primeras horas del 26 de septiembre, situación relacionada con la pérdida de los contenedores.

FECODECA aclara responsabilidades

La Federación de Consolidadores de Carga precisó que la documentación recibida hasta el momento no atribuye la pérdida de las mercancías a los pequeños negocios consolidadores ni demuestra que estos se hayan apropiado de los artículos enviados por sus clientes.

La entidad explicó que estas empresas recibieron las mercancías y gestionaron su transporte hacia República Dominicana, pero no tenían control sobre la navegación, la estiba ni las operaciones del buque durante la travesía.

Asimismo, advirtió que también se han recibido informaciones sobre contenedores que sí fueron descargados en el puerto de Río Haina, por lo que consideró necesario examinar cada caso de manera individual.

En ese sentido, recomendó verificar las facturas, los recibos, los conocimientos de embarque, los números de contenedores y los inventarios correspondientes para determinar el destino de cada envío y establecer las responsabilidades pertinentes.

Anuncian reclamaciones formales

Ante las pérdidas reportadas, FECODECA informó que está encaminando reclamaciones formales ante la naviera, notificando a las compañías aseguradoras y recopilando la documentación necesaria para determinar las responsabilidades legales derivadas del incidente.

Hasta el momento, no se ha establecido el monto exacto de los daños económicos. Sin embargo, por la cantidad de contenedores presuntamente afectados y el volumen de mercancías transportadas, las pérdidas podrían ascender a millones de pesos.

Entre los artículos enviados habitualmente por esta vía figuran televisores, neveras, estufas, lavadoras, ropa, alimentos y otros enseres domésticos adquiridos por dominicanos residentes en Estados Unidos para sus familiares en el país.

Los envíos proceden principalmente de comunidades dominicanas establecidas en Nueva York y Nueva Jersey, donde numerosas familias utilizan los servicios de consolidación de carga para hacer llegar bienes a sus hogares.

Afectados esperan respuestas

La situación ha generado inquietud entre los propietarios de las empresas consolidadoras y las familias que aún desconocen el paradero de sus mercancías o cómo serán compensadas por las pérdidas.

Según la información difundida, hasta el momento no se había ofrecido una respuesta oficial de la Dirección General de Aduanas ni de la Autoridad Portuaria Dominicana sobre los reclamos de los afectados.

Mientras avanzan las gestiones ante la naviera y las aseguradoras, los perjudicados esperan que se esclarezcan las circunstancias del incidente, se identifiquen los embarques afectados y se determinen los mecanismos para responder por las mercancías perdidas.

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Economía

Ministro de Agricultura niega que Danilo Medina solicitara dispensa para extender protección arancelaria al arroz hasta 2035

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Oliverio Espaillat Bencosme afirma que los productores arroceros desconocían la supuesta gestión realizada en 2019 y defiende las medidas gubernamentales para proteger la producción nacional.

Santo Domingo, República Dominicana.– El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat Bencosme, negó que el expresidente Danilo Medina haya solicitado formalmente una dispensa a Estados Unidos para extender hasta 2035 la protección arancelaria del arroz dominicano, como parte de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

El funcionario sostuvo que los principales representantes del sector arrocero nacional desconocían la supuesta gestión atribuida al exmandatario, por lo que consideró poco creíble que una iniciativa de esa magnitud se realizara sin informar a los productores, las federaciones, los industriales y los demás actores de la cadena productiva.

Espaillat Bencosme explicó que, durante su gestión como dirigente del sector arrocero y asesor honorífico del entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez, solicitó en varias ocasiones reunirse con el presidente Medina para abordar los riesgos que representaba el calendario de desgravación arancelaria del DR-Cafta. Sin embargo, aseguró que ese encuentro nunca llegó a concretarse.

El ministro también recordó que en 2019 un alto funcionario estadounidense visitó el país para analizar la situación del arroz, pero afirmó que los representantes del sector productivo tampoco fueron informados sobre una eventual solicitud de dispensa en los términos planteados actualmente por Medina.

Gobierno defiende medidas de protección

El titular de Agricultura defendió las acciones del Gobierno del presidente Luis Abinader para preservar la producción arrocera nacional y rechazó las críticas que califican de populista el decreto 693-24, mediante el cual se establecieron medidas para proteger el cereal frente a las importaciones.

Explicó que la disposición se fundamentó en una interpretación del artículo 21.2 del DR-Cafta, relativo a la seguridad esencial, que contempla la facultad de los países de adoptar medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad.

En ese sentido, afirmó que República Dominicana considera la seguridad alimentaria un componente estratégico de la seguridad nacional, debido a la importancia del arroz en la dieta de la población, la economía rural y la estabilidad social.

“Estamos hablando de miles de productores, empleos rurales, factorías, financiamientos, comunidades completas y una cadena productiva que durante décadas ha garantizado alimento y estabilidad al pueblo dominicano”, sostuvo el ministro al defender la necesidad de proteger el sector.

Asimismo, aseguró que el Gobierno no abandonará a los productores arroceros y que continuará trabajando para garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.

Medina cuestiona actuación del Gobierno

Por su parte, el expresidente Danilo Medina afirmó que el Gobierno conocía que el 1 de enero de 2025 vencía la protección arancelaria del arroz contemplada en el DR-Cafta, pero que no adoptó oportunamente las medidas necesarias para proteger a los productores locales frente a las importaciones, principalmente procedentes de Estados Unidos.

Medina calificó de populista el decreto 693-24, al considerar que establecía una cuota de importación y un arancel de hasta un 99 % para las importaciones fuera de cuota, lo que, a su juicio, contravenía las disposiciones del acuerdo comercial.

El exmandatario también señaló que durante su Gobierno se realizaron gestiones en 2019 para abordar el problema y recordó que posteriormente la pandemia de COVID-19 y las elecciones presidenciales incidieron en el proceso, cuyo seguimiento, según afirmó, no recibió la debida continuidad de la administración entrante.

El arroz ante la apertura comercial

La eliminación progresiva de los aranceles al arroz forma parte de los compromisos asumidos por República Dominicana en el DR-Cafta, acuerdo firmado en 2004, ratificado en 2005 y puesto en vigor en 2006. El calendario de desgravación establecía la entrada plena del arroz estadounidense libre de aranceles a partir de 2025.

Ante este escenario, el Gobierno emitió el decreto 693-24 como mecanismo de protección para el sector arrocero, aunque posteriormente lo derogó.

Actualmente, las autoridades mantienen negociaciones y evalúan alternativas para proteger la producción nacional frente a la apertura comercial, mientras aseguran que continuarán ofreciendo acompañamiento técnico, mecanización, financiamiento y mejores condiciones para preservar la competitividad del sector.

La controversia entre Medina y el actual ministro de Agricultura pone nuevamente en el centro del debate la gestión de las medidas de protección comercial, el cumplimiento de los compromisos del DR-Cafta y el futuro de uno de los principales productos de la canasta básica dominicana.

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