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Encuesta revela ventaja de David Collado en el PRM, Gonzalo Castillo en el PLD y Leonel Fernández entre militantes de la FP
El estudio de ACD Media muestra diferencias entre las preferencias de la población general y las de los miembros de los partidos políticos, especialmente en la Fuerza del Pueblo, donde Omar Fernández supera a Leonel entre los ciudadanos consultados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Las preferencias por las posibles candidaturas presidenciales de los principales partidos políticos dominicanos comienzan a mostrar tendencias diferenciadas, según una encuesta de ACD Media que coloca a David Collado al frente de las simpatías en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a Gonzalo Castillo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y al expresidente Leonel Fernández entre los miembros de la Fuerza del Pueblo (FP).
Los resultados corresponden a la Encuesta Nacional de Opinión Pública realizada entre el 9 y el 11 de octubre de 2026, en la que fueron consultadas 1,200 personas sobre sus preferencias para las candidaturas presidenciales de las distintas organizaciones políticas.
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la diferencia entre las opiniones expresadas por la población general y las de quienes se identifican como integrantes de los partidos, lo que evidencia que el respaldo ciudadano no necesariamente coincide con las preferencias internas de las organizaciones.
David Collado amplía ventaja sobre Carolina Mejía en el PRM
El ministro de Turismo, David Collado, aparece como el dirigente mejor posicionado entre los posibles aspirantes presidenciales del oficialista PRM.
En la población general, Collado obtiene un 39.4 % de las preferencias, frente al 18.3 % alcanzado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, lo que representa una diferencia de 21.1 puntos porcentuales.
En tercer lugar figura la vicepresidenta Raquel Peña, con un 6.5 %, seguida de Guido Gómez Mazara, con 4 %; Wellington Arnaud, con 2.3 %, y Tony Peña Guaba, con 1.6 %.
El estudio también revela que un 23.6 % de los entrevistados no identifica a ninguno de los aspirantes como su opción preferida o manifiesta desinterés, mientras que un 4.3 % no sabe o prefiere no responder.
La ventaja de Collado resulta más amplia cuando se consideran exclusivamente las respuestas de quienes se identifican como miembros del PRM.
En ese segmento, el funcionario alcanza un 49.9 %, mientras Carolina Mejía obtiene un 24.6 %, para una separación de 25.3 puntos porcentuales.
Raquel Peña registra un 9.5 %; Tony Peña Guaba, 4.4 %; Guido Gómez Mazara, 2.7 %, y Wellington Arnaud, 2.5 %.
Los resultados sitúan al ministro de Turismo como el aspirante con mayor respaldo declarado dentro de la organización oficialista, aunque las preferencias recogidas por la encuesta no equivalen a los resultados de un proceso interno de selección de candidaturas.
Gonzalo Castillo supera a Abel Martínez y Francisco Javier García
En el opositor Partido de la Liberación Dominicana, el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo encabeza las preferencias de la población consultada.
Castillo alcanza un 24.9 %, seguido por el excandidato presidencial y exalcalde de Santiago, Abel Martínez, quien obtiene un 20.7 %.
El dirigente Francisco Javier García ocupa la tercera posición, con 12.4 %, mientras Francisco Domínguez Brito registra 5.8 % y Manfred Mata, 0.3 %.
Sin embargo, la diferencia entre los principales aspirantes se amplía cuando las respuestas se limitan a las personas que se identifican como miembros del PLD.
Dentro de ese grupo, Gonzalo Castillo consigue el 45.5 % de las preferencias, frente al 25.7 % de Abel Martínez, una ventaja de 19.8 puntos porcentuales.
Francisco Javier García alcanza el 13.3 % y Francisco Domínguez Brito obtiene el 6.7 %.
Estas cifras reflejan que Castillo mantiene un posicionamiento más favorable entre los miembros consultados de su organización que entre la población general.
Fuerza del Pueblo presenta diferencias entre simpatía ciudadana y respaldo partidario
Uno de los resultados más llamativos de la investigación aparece en la Fuerza del Pueblo, donde las preferencias cambian dependiendo del segmento de entrevistados.
Entre la población general, el senador Omar Fernández obtiene un 43.7 %, superando al expresidente Leonel Fernández, quien alcanza el 34.7 %.
La diferencia de nueve puntos porcentuales favorece al legislador cuando se consulta a ciudadanos sin limitar las respuestas a la militancia de la organización.
No obstante, el panorama se invierte entre quienes se identifican como miembros de la Fuerza del Pueblo.
En ese grupo, Leonel Fernández consigue un 57.4 % de las preferencias, mientras Omar Fernández obtiene el 42.3 %, una distancia de 15.1 puntos porcentuales a favor del expresidente.
La diferencia entre ambos segmentos muestra que el liderazgo interno de una organización política puede presentar características distintas a su nivel de aceptación entre el conjunto de los ciudadanos.
Resultados anticipan debate sobre candidaturas presidenciales
Los datos de ACD Media permiten identificar el posicionamiento de distintas figuras políticas ante los procesos de selección de candidaturas presidenciales de sus respectivas organizaciones.
En el PRM, David Collado presenta una ventaja considerable frente a los demás aspirantes incluidos en la medición.
Dentro del PLD, Gonzalo Castillo registra las preferencias más elevadas tanto entre la población general como entre los miembros consultados de esa organización.
Mientras tanto, en la Fuerza del Pueblo se observa una diferencia significativa entre el respaldo externo a Omar Fernández y las preferencias internas favorables a Leonel Fernández.
No obstante, los resultados deben interpretarse como una medición de opinión pública correspondiente a un momento determinado y no como una definición anticipada de las candidaturas presidenciales.
Encuesta incluye 1,200 participantes
La investigación fue realizada del 9 al 11 de octubre de 2026 y comprende 1,200 entrevistados, con un nivel de confianza declarado del 95 %.
Sin embargo, la información metodológica divulgada no especifica el margen de error, la modalidad de las entrevistas ni el tamaño de las submuestras correspondientes a cada partido político.
Estos elementos son importantes para determinar la precisión estadística de las diferencias registradas, particularmente cuando se comparan las preferencias entre miembros de una misma organización.
Los resultados constituyen una referencia sobre el posicionamiento de los posibles aspirantes, en un escenario donde las decisiones internas, las alianzas políticas y la evolución de la opinión ciudadana podrían modificar las preferencias en los próximos meses.
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Caso Jean Alain vuelve a paralizarse y acumula casi seis años sin una decisión definitiva
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió las audiencias hasta el 26 de octubre debido a una licencia médica de uno de los imputados, mientras continúa pendiente el conocimiento de 21 incidentes procesales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El proceso judicial seguido contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros 14 imputados por presunta corrupción administrativa sufrió una nueva interrupción, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispusiera suspender las audiencias hasta el lunes 26 de octubre de 2026.
La decisión fue adoptada este lunes 19 de octubre, tras la presentación de una licencia médica correspondiente al imputado Juan Asael Martínez, quien enfrenta una situación de salud relacionada con una afección renal.
El aplazamiento se produce en medio de un proceso que acumula cinco años y diez meses desde las primeras actuaciones señaladas por el tribunal, sin que hasta el momento se haya producido una sentencia definitiva sobre las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.
Incidentes procesales mantienen estancado el juicio
Uno de los principales obstáculos para el avance del expediente ha sido el conocimiento de múltiples solicitudes e incidentes planteados durante el proceso.
La semana pasada, las magistradas Yissel Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo Castillo dispusieron que fueran examinadas nuevamente 21 peticiones presentadas por las defensas de los acusados.
La decisión estuvo relacionada con la incorporación de una nueva integrante al tribunal, luego del ascenso de la magistrada Claribel Nívar, quien anteriormente presidía la sala.
Según explicó Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los incidentes están vinculados principalmente con solicitudes de inclusión y exclusión de elementos probatorios.
El nuevo conocimiento de estas peticiones implica que el tribunal deberá volver a pronunciarse sobre cuestiones procesales que ya habían sido debatidas, situación que incide en el calendario de las audiencias.
Más de dos años en etapa de juicio de fondo
De acuerdo con las informaciones ofrecidas durante el proceso, el expediente lleva aproximadamente cinco años y diez meses desde que se produjo una alerta migratoria contra el exprocurador en 2020.
De ese período, alrededor de dos años y cuatro meses corresponden a la etapa de juicio de fondo, que todavía no ha logrado avanzar de manera sostenida debido a los incidentes y otras circunstancias procesales.
La prolongación del caso vuelve a colocar en discusión la duración de los procesos penales complejos y la necesidad de garantizar que las actuaciones judiciales se desarrollen dentro de un plazo razonable.
Sin embargo, la extensión de un proceso no significa necesariamente que exista una vulneración automática de derechos, ya que su evaluación jurídica requiere examinar las circunstancias particulares, la complejidad del expediente y las actuaciones de las partes y del tribunal.
Ministerio Público atribuye perjuicio superior a RD$6,000 millones
Jean Alain Rodríguez y los demás procesados enfrentan acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción administrativa cometidos durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público sostiene que las operaciones investigadas habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado dominicano superior a los RD$6,000 millones.
Entre los hechos atribuidos a los acusados figuran supuestas irregularidades en procesos de compras y contrataciones, sobornos, desfalco, estafa contra el Estado, extorsión y lavado de activos.
La acusación también incluye señalamientos sobre el presunto uso de recursos públicos para fines particulares y actividades políticas.
Estas imputaciones forman parte de la tesis presentada por el órgano persecutor y deberán ser examinadas por el tribunal conforme a las pruebas admitidas durante el proceso.
Exfuncionarios y particulares figuran entre los acusados
Además del exprocurador, en el expediente aparecen antiguos funcionarios de la Procuraduría General de la República y otras personas vinculadas a las operaciones investigadas.
Entre ellos figuran Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la institución; Javier Alejandro Forteza Ibarra, antiguo encargado del área de Tecnología de la Información y Comunicación; y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero.
También aparecen Jonathan Loanders Medina, quien ocupó funciones en la División de Compras; Altagracia Guillén Calzado, excoordinadora administrativa y financiera; Rafael Antonio Mercedes Marte, excontador del Ministerio Público, e Isis Tapia Stefanni, antigua integrante del Comité de Compras y Contrataciones.
Otros nombres incluidos en la acusación son Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias y Miguel José Moya.
Asimismo, el expediente comprende sociedades comerciales señaladas por el Ministerio Público, entre ellas Desarrollo, Individuo y Organización (DIO), S.R.L., Fire Control Systems, S.R.L., y Lirtec, S.R.L., vinculada a José Luis Liriano.
Duración del proceso plantea desafíos para la administración de justicia
La prolongación del juicio constituye un desafío para el sistema judicial dominicano, particularmente por la naturaleza de las acusaciones, el volumen de pruebas y la cantidad de personas involucradas.
Por un lado, el Ministerio Público procura que los hechos denunciados sean examinados y que se establezcan las responsabilidades penales que correspondan.
Por otro, los imputados tienen derecho a ejercer plenamente su defensa, cuestionar las pruebas y presentar los incidentes permitidos por la legislación procesal penal.
El reto para el tribunal consiste en compatibilizar esas garantías con la obligación de administrar justicia dentro de un tiempo razonable, evitando dilaciones indebidas.
La próxima audiencia está prevista para el lunes 26 de octubre, fecha en la que se espera que el tribunal retome el conocimiento del expediente.
Mientras tanto, Jean Alain Rodríguez y los demás acusados mantienen la presunción de inocencia, hasta que sus responsabilidades individuales sean establecidas mediante una sentencia condenatoria irrevocable.
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Tribunal envía a prisión preventiva a tres acusados de fraude financiero en La Romana; aumentan las denuncias
La investigación del Ministerio Público abarca operaciones realizadas entre 2020 y 2026, con pérdidas denunciadas que inicialmente superaban los RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros. Otras 100 presuntas víctimas se han sumado al proceso.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Tres personas investigadas por su presunta participación en un esquema de fraude financiero que habría perjudicado económicamente a numerosos inversionistas deberán permanecer durante un año en prisión preventiva, por disposición de un tribunal de La Romana.
La medida fue impuesta contra Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de operaciones irregulares realizadas mediante las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
La decisión fue adoptada por la jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, quien acogió la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador y declaró el expediente de tramitación compleja.
Denuncias por pérdidas millonarias continúan aumentando
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es el crecimiento del número de personas que afirman haber resultado perjudicadas por las operaciones investigadas.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio Público, las primeras denuncias establecían pérdidas superiores a RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros.
Sin embargo, las autoridades informaron que otras 100 presuntas víctimas han presentado denuncias, por lo que las cantidades inicialmente identificadas podrían aumentar conforme avance la investigación.
Los investigadores procuran determinar el monto total de los recursos recibidos por las empresas, la cantidad definitiva de perjudicados y el destino del dinero entregado por los denunciantes.
Empresas ofrecían operaciones cambiarias y rendimientos de inversión
De acuerdo con la investigación, los hechos atribuidos a los imputados se habrían desarrollado entre diciembre de 2020 y abril de 2026.
Durante ese período, las sociedades comerciales investigadas supuestamente recibieron y administraron recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros.
Las operaciones estaban relacionadas con compromisos de cambio de divisas, devolución de capital y obtención de beneficios económicos derivados de inversiones.
El Ministerio Público sostiene que los tres procesados habrían actuado de manera coordinada mediante las referidas entidades comerciales para captar y canalizar los fondos de las personas afectadas.
Una de las compañías carecía de autorización financiera
Las investigaciones también identificaron diferencias en la situación regulatoria de las dos empresas vinculadas al caso.
Según el órgano persecutor, Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. disponía de autorización para desarrollar actividades de intermediación cambiaria.
En cambio, AERR Group, S.R.L. no figuraba registrada ni autorizada para efectuar operaciones de intermediación financiera o cambiaria.
Esta circunstancia forma parte de los elementos examinados por las autoridades para establecer si las operaciones realizadas se ajustaban a las disposiciones legales aplicables al sistema financiero y al mercado de valores dominicano.
Imputados enfrentan varias acusaciones penales
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los tres investigados hechos que podrían constituir asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos e infracciones a las legislaciones monetaria, financiera y del mercado de valores.
Los procesados fueron detenidos durante septiembre de 2026, mediante órdenes judiciales emitidas en el marco de las investigaciones.
Tras conocer la solicitud de coerción, el tribunal dispuso que Alejandro Rodríguez Reyes y Alex Ernesto Rodríguez Rondón cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, ubicado en Higüey, provincia La Altagracia.
Mientras tanto, Ámbar Melissa Rodríguez Ellis deberá permanecer recluida en la cárcel pública de esa misma provincia, conforme a lo establecido en la decisión judicial.
Ministerio Público busca establecer destino del dinero
El proceso investigativo permanece abierto, debido a que las autoridades todavía procuran identificar los movimientos financieros relacionados con las operaciones denunciadas.
Entre las diligencias pendientes figuran la localización de activos, el análisis de las transacciones y la identificación de otras personas que pudieran haber resultado perjudicadas.
El órgano acusador también busca determinar si existen otros bienes o participantes vinculados a los hechos investigados.
La declaratoria de complejidad permitirá tramitar el expediente conforme a las reglas procesales aplicables a esa categoría de casos, tomando en consideración la multiplicidad de operaciones, las distintas monedas involucradas y el número creciente de denunciantes.
Aunque el tribunal acogió la petición del Ministerio Público para imponer prisión preventiva, esta decisión no constituye una sentencia condenatoria.
Los tres imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia, mientras continúa el proceso penal y se determina su eventual responsabilidad mediante una decisión judicial definitiva.
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Más de 53 mil órdenes de arresto pendientes mientras 314 personas se entregan voluntariamente a la Policía
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que las entregas se produjeron desde mediados de agosto y que los casos están bajo la responsabilidad del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — La Policía Nacional mantiene registradas 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución, mientras que 314 personas requeridas por las autoridades han optado por entregarse voluntariamente desde mediados de agosto hasta el 19 de octubre de 2026.
Los datos fueron ofrecidos por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien explicó que las entregas forman parte de las acciones dirigidas a localizar a ciudadanos vinculados a investigaciones y procesos judiciales por diferentes hechos delictivos.
Entre las infracciones relacionadas con las órdenes de arresto figuran homicidios, robos, asaltos, agresiones físicas y violencia intrafamiliar, además de otras conductas perseguidas por las autoridades.
La cantidad de órdenes pendientes pone de manifiesto la dimensión del trabajo que enfrentan los organismos responsables de localizar y presentar ante la justicia a las personas requeridas por los tribunales.
Entregas voluntarias como parte de las acciones policiales
Durante sus declaraciones, Raful precisó que, hasta el lunes 19 de octubre, las autoridades habían contabilizado 314 entregas voluntarias de personas buscadas por diferentes casos.
La funcionaria explicó que esta modalidad forma parte de las estrategias institucionales desarrolladas para facilitar que los ciudadanos requeridos comparezcan ante las autoridades sin necesidad de recurrir a procedimientos de captura.
Sin embargo, las entregas voluntarias constituyen solo una parte de los esfuerzos necesarios para atender el elevado volumen de órdenes judiciales registradas.
Ministerio Público asume los procedimientos judiciales
La ministra indicó que corresponde al Ministerio Público realizar las actuaciones procesales pertinentes en los expedientes de quienes se han presentado voluntariamente ante la Policía Nacional.
En ese sentido, recordó que el órgano persecutor tiene autonomía funcional para dirigir las investigaciones y ejercer la acción penal conforme al ordenamiento jurídico dominicano.
Raful señaló que las acusaciones deben ser formuladas por el Ministerio Público, independientemente de que las personas investigadas sean civiles, miembros de la institución policial u otros ciudadanos.
La funcionaria insistió en que el fortalecimiento institucional debe garantizar que las actuaciones de las autoridades se desarrollen dentro del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales.
Personas buscadas acumulan múltiples registros policiales
De acuerdo con las informaciones suministradas por las autoridades, entre las personas requeridas por órdenes de arresto figuran individuos que registran numerosos antecedentes o señalamientos policiales.
Algunos de ellos acumulan decenas de registros, situación que forma parte de las informaciones utilizadas por los organismos de investigación para dar seguimiento a diferentes casos.
No obstante, la existencia de registros policiales o de una orden de arresto no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad, debido a que toda persona conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria irrevocable.
Desafío para la ejecución de las órdenes judiciales
La existencia de decenas de miles de órdenes de arresto pendientes plantea interrogantes sobre la capacidad operativa del sistema para localizar a las personas requeridas y ejecutar oportunamente las decisiones judiciales.
Aunque las autoridades destacan los avances registrados mediante las entregas voluntarias, todavía resulta necesario determinar cuántas de las órdenes contabilizadas permanecen activas, cuántas corresponden a personas con múltiples requerimientos y cuáles han sido resueltas mediante otras actuaciones.
La ministra Faride Raful sostuvo que el propósito de las acciones institucionales es consolidar el Estado de derecho y promover transformaciones que se mantengan en el tiempo, garantizando que los procesos judiciales se desarrollen conforme a la ley.
Las cifras divulgadas reabren el debate sobre la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales para mejorar la efectividad de las actuaciones judiciales y contribuir a la seguridad ciudadana.