El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones advierte que una importación masiva del cereal podría afectar a los agricultores nacionales y propone autorizar únicamente las cantidades necesarias para cubrir la demanda interna.

Por Rosa Hernández

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Ante las preocupaciones que genera la apertura del mercado dominicano al arroz procedente de Estados Unidos, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan preservar la producción nacional sin comprometer el abastecimiento ni la estabilidad de los precios.

La organización considera que las compras del cereal en el exterior deben responder a las necesidades reales del mercado, evitando importaciones superiores a los volúmenes requeridos para cubrir posibles déficits en la oferta local.

Mario Esteban Calderón, secretario general del CNCP, explicó que la propuesta busca conciliar los intereses de agricultores, comerciantes y consumidores, en medio de las implicaciones comerciales derivadas del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

El dirigente manifestó preocupación ante la posibilidad de que la entrada de grandes cantidades de arroz estadounidense, beneficiado por las disposiciones arancelarias del acuerdo comercial, genere dificultades para la colocación de la cosecha dominicana.

Producción nacional y seguridad alimentaria

Calderón sostuvo que cualquier decisión relacionada con el comercio del arroz debe tomar en consideración la importancia estratégica que representa este alimento para la economía agropecuaria y el consumo de los hogares dominicanos.

Desde la perspectiva del gremio, garantizar la seguridad alimentaria requiere mantener una producción nacional capaz de responder a las necesidades de la población y, al mismo tiempo, asegurar precios accesibles.

En ese sentido, el CNCP favorece que las importaciones se utilicen como mecanismo complementario cuando la disponibilidad del cereal producido en territorio dominicano resulte insuficiente.

El planteamiento abre nuevamente el debate sobre cómo proteger a los productores locales dentro de los compromisos internacionales asumidos por República Dominicana, particularmente en lo relativo a las condiciones de acceso al mercado previstas en el DR-CAFTA.

Cualquier mecanismo de restricción o administración de las importaciones tendría que examinarse conforme a las obligaciones comerciales vigentes.

Comerciantes señalan estabilidad de precios

El representante del sector provisiones indicó que los precios del arroz se mantenían estables al momento de sus declaraciones, aunque precisó que todavía no se había producido la llegada del arroz importado al que hacía referencia.

Aseguró que la organización busca evitar situaciones que puedan alterar el equilibrio del mercado, tanto por sus consecuencias para los agricultores como por el impacto que eventualmente pudieran experimentar comerciantes y consumidores.

Asimismo, informó que el CNCP mantiene conversaciones con el Gobierno en el marco de la mesa de alimentos de la Presidencia, espacio en el que procura identificar alternativas para enfrentar los desafíos derivados de la apertura comercial.

Calderón manifestó la disposición del gremio de respaldar medidas que contribuyan a preservar la producción arrocera nacional y mantener el abastecimiento del mercado.

Propuesta surge durante aniversario del gremio

Las declaraciones fueron ofrecidas durante las actividades conmemorativas del 25 aniversario del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones y del Día del Comercio.

La celebración incluyó una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, presidida por el arzobispo Carlos Tomás Morel Diplán.

El pronunciamiento del CNCP se produce en un contexto de preocupación por las consecuencias que la competencia del arroz importado podría tener sobre la sostenibilidad del sector arrocero dominicano.

La discusión coloca sobre la mesa un desafío para las autoridades: conciliar el cumplimiento de los acuerdos internacionales, la competitividad de la agricultura nacional y el derecho de los consumidores a disponer de alimentos a precios razonables.

La propuesta del gremio plantea, en definitiva, la necesidad de encontrar un equilibrio entre la apertura comercial y la preservación de la capacidad productiva del país, sin desconocer las obligaciones asumidas por República Dominicana en sus acuerdos de libre comercio.

El Gobierno evalúa los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y analiza nuevas acciones para fortalecer la prevención del delito, con la participación de autoridades policiales, militares y representantes del Ministerio Público de distintas provincias.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El presidente Luis Abinader encabezó este lunes 19 de octubre una reunión de alto nivel con funcionarios del área de seguridad, organismos militares y representantes del Ministerio Público, con el propósito de revisar las medidas aplicadas contra la delincuencia y evaluar las próximas acciones del Plan de Seguridad Ciudadana.

El encuentro se desarrolló en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde las autoridades pasaron balance a las estrategias implementadas y analizaron nuevas iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad de la población en todo el territorio nacional.

La reunión forma parte del mecanismo de seguimiento establecido por el Gobierno para coordinar las actuaciones de las instituciones responsables de la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y la persecución de las infracciones penales.

Gobierno examina resultados de las estrategias de seguridad

Durante la sesión, los funcionarios evaluaron las acciones desarrolladas hasta la fecha y revisaron las medidas que podrían incorporarse para mejorar la respuesta de las instituciones frente a la criminalidad.

Entre los principales objetivos del encuentro figura reforzar la coordinación entre los organismos de seguridad y las autoridades encargadas de investigar los delitos.

El seguimiento también permite identificar dificultades operativas y examinar las necesidades institucionales relacionadas con las labores de prevención y control de la delincuencia.

Aunque se informó que fueron evaluados los resultados de las estrategias aplicadas, en la comunicación divulgada no se ofrecieron cifras específicas sobre la reducción de delitos ni detalles de las nuevas medidas discutidas.

Participan principales responsables de seguridad del Estado

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

También participaron el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández.

A la reunión asistieron igualmente el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el representante del Comando Conjunto Unificado, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

La presencia de estas autoridades refleja la participación de diferentes instituciones del Estado en la coordinación de las políticas de seguridad ciudadana.

Organismos especializados se incorporan a las evaluaciones

En el encuentro también estuvieron presentes Roger Pujols, representante del Ministerio de la Presidencia; Alejandro Abreu, del Consejo Nacional de Drogas, y el coronel Jorge Rivera López.

Asimismo, participaron el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga, y el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez.

La representación institucional incluyó al director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz, y a la titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

Fiscales de distintas provincias participan en la reunión

Uno de los aspectos relevantes del encuentro fue la incorporación de representantes del Ministerio Público procedentes de diferentes jurisdicciones del país.

Entre los participantes figuraron Ramona Santana, de San Cristóbal; Aura Luz García, de La Vega; Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez; Claudia Garrido, de La Altagracia; Suleyka Mateo, de San Pedro de Macorís, y Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte.

También asistieron los fiscales titulares Milcíades Guzmán, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Eduard López, de Santo Domingo Oeste; Víctor Mejía, de Valverde, y Zoila Rodríguez Ynfante, de Hermanas Mirabal.

La representación del Ministerio Público se completó con Wellington Matos Espinal, de Barahona; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Yeisin Alcántara, de Dajabón; Yorelbin Rivas, de Espaillat; Quirsa Abreu, de Santiago, y Kevin Santana, de La Romana.

La participación de estos funcionarios permite incorporar al seguimiento del plan la perspectiva de las jurisdicciones donde se investigan y persiguen los hechos delictivos.

Coordinación institucional y prevención del delito

La presencia conjunta de autoridades policiales, militares y representantes del Ministerio Público pone de relieve la necesidad de mantener mecanismos de coordinación entre las instituciones vinculadas con la seguridad.

Sin embargo, las funciones de prevención e investigación policial deben desarrollarse respetando las competencias constitucionales y legales de cada organismo, particularmente la autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones.

La efectividad de una política de seguridad ciudadana no depende únicamente de la cantidad de operativos realizados, sino también de la capacidad de prevenir delitos, investigar las infracciones, proteger a las víctimas y garantizar los derechos fundamentales.

Seguridad ciudadana sigue entre los desafíos nacionales

El seguimiento de las estrategias contra la delincuencia constituye una de las responsabilidades prioritarias de las autoridades, ante la necesidad de proteger la vida, la integridad física y los bienes de la población.

Las reuniones periódicas del Plan de Seguridad Ciudadana buscan facilitar la evaluación de las acciones gubernamentales y la articulación de respuestas entre los organismos participantes.

No obstante, para determinar el impacto real de las medidas resulta fundamental disponer de estadísticas verificables sobre homicidios, robos, asaltos, violencia intrafamiliar y otros delitos, así como de indicadores que permitan comparar los resultados en diferentes períodos.

La jornada encabezada por Abinader concluye como parte del proceso de seguimiento institucional, mientras permanece pendiente conocer cuáles serán las nuevas medidas concretas y los indicadores que utilizará el Gobierno para evaluar su efectividad.

El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel para el pelotero, mientras su defensa cuestiona la sentencia que lo declaró culpable. La decisión será anunciada este martes 20 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

SANTIAGO, República Dominicana. — La Corte de Apelación de Puerto Plata dará a conocer este martes 20 de octubre de 2026 una decisión determinante en el proceso judicial seguido contra el pelotero Wander Franco, luego de examinar los recursos presentados por el Ministerio Público y las defensas de los procesados.

El tribunal deberá pronunciarse sobre la sentencia que declaró culpable al jugador de abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero le concedió el beneficio del perdón judicial, eximiéndolo del cumplimiento de una pena privativa de libertad.

La decisión también abarcará el recurso interpuesto en favor de Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente, quien recibió una condena de diez años de prisión.

Ministerio Público busca revocar beneficio otorgado al pelotero

El órgano acusador solicitó a los jueces de la Corte modificar parcialmente la sentencia emitida el 25 de mayo de 2026 por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Los representantes del Ministerio Público consideran que la concesión del perdón judicial a Franco no se corresponde con la gravedad de los hechos por los cuales fue declarado penalmente responsable.

Por esa razón, solicitaron que el tribunal de alzada deje sin efecto ese beneficio e imponga al deportista una condena de cinco años de prisión.

Los fiscales sostienen que durante el proceso fueron presentadas pruebas suficientes para sustentar la responsabilidad penal establecida en la sentencia recurrida.

En cuanto a Martha Vanessa Chevalier, el Ministerio Público pidió mantener los diez años de prisión impuestos en su contra, alegando que las evidencias conocidas durante el juicio respaldan la decisión condenatoria.

Defensa cuestiona motivaciones utilizadas por los jueces

Los abogados de Wander Franco también recurrieron la sentencia, pero con argumentos dirigidos a cuestionar la valoración de las pruebas y la fundamentación jurídica utilizada por el tribunal que conoció el segundo juicio.

La defensa sostiene que la decisión contiene más de quince párrafos reproducidos de una sentencia anterior que había sido anulada.

A juicio de los representantes legales del jugador, esa circunstancia plantea dudas sobre si los magistrados efectuaron una valoración independiente de las pruebas sometidas a su consideración.

Los abogados aclararon que su cuestionamiento no se refiere a la utilización de precedentes judiciales, sino a la incorporación de motivaciones provenientes de una decisión previamente anulada.

Madre de adolescente también solicita revisión de condena

Por su parte, la representación legal de Martha Vanessa Chevalier pidió revocar la sentencia condenatoria, alegando que durante el conocimiento del proceso se produjeron irregularidades que deben ser examinadas por el tribunal de alzada.

Entre los puntos cuestionados figuran aspectos relacionados con las imputaciones sobre comercialización y explotación sexual.

La defensa argumenta que las modificaciones realizadas a los cargos formulados contra Wander Franco debieron ser tomadas en consideración al momento de examinar la responsabilidad penal atribuida a Chevalier.

En consecuencia, sus abogados consideran necesario revisar la condena de diez años impuesta a la procesada.

Tres jueces conocerán el desenlace de las apelaciones

La Corte de Apelación de Puerto Plata, integrada por los magistrados Miguelina Beard, quien la preside, Germán Martínez y Manuel Ureña, se reservó el fallo después de escuchar las conclusiones de las partes.

La lectura de la decisión fue fijada para las 9:00 de la mañana de este martes.

El tribunal tendrá que pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados a la sentencia y determinar si procede mantenerla, modificarla o adoptar otra decisión conforme a los recursos sometidos a su consideración y las disposiciones procesales aplicables.

Decisión tendrá importantes consecuencias jurídicas

El pronunciamiento de la Corte constituye una etapa relevante del proceso, debido a que están en discusión tanto la aplicación del perdón judicial como la valoración de las pruebas y la motivación de la sentencia impugnada.

El perdón judicial es una figura prevista en el ordenamiento procesal penal dominicano que permite, bajo determinadas condiciones legales, dispensar el cumplimiento de una pena pese a haberse establecido responsabilidad penal.

Su aplicación en este expediente ha sido objetada por el Ministerio Público, que considera improcedente conceder ese beneficio atendiendo a la naturaleza y gravedad de los delitos juzgados.

Mientras tanto, las defensas mantienen sus cuestionamientos sobre distintos aspectos de las actuaciones judiciales y buscan que sean revisados por la Corte.

La decisión prevista para este martes permitirá conocer la respuesta del tribunal de alzada a los recursos presentados, sin perjuicio de las vías de impugnación que legalmente pudieran corresponder a las partes.