El Consejo Nacional de la Magistratura acumula más de seis meses desde el vencimiento del período de su actual presidente, Luis Henry Molina, mientras continúa sin definir los seis nuevos integrantes del alto tribunal.

Santo Domingo, República Dominicana.– La renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) continúa pendiente, luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) postergara nuevamente las deliberaciones para escoger a seis magistrados, incluida la persona que asumirá la presidencia del máximo tribunal judicial del país.

La situación se produce cuando han transcurrido más de seis meses desde el vencimiento del período de siete años para el cual fue designado Luis Henry Molina, cuya gestión inició en 2019 y cuyo mandato llegó a su término el pasado 5 de abril.

El organismo constitucional, presidido por el mandatario Luis Abinader, tenía previsto reunirse el miércoles 21 de octubre para completar el proceso de selección. Sin embargo, el encuentro fue suspendido debido a compromisos de la agenda presidencial, sin que hasta el momento de los reportes consultados se anunciara una nueva fecha.

La demora prolonga la incertidumbre sobre la nueva integración del alto tribunal y mantiene pendiente una decisión de especial relevancia para el funcionamiento institucional del sistema judicial dominicano.

Seis vacantes esperan decisión del CNM

Durante las jornadas de evaluación desarrolladas a principios de octubre, el Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó a decenas de aspirantes interesados en ocupar las posiciones disponibles en la Suprema Corte.

Concluida esa etapa, corresponde al organismo deliberar sobre los perfiles y seleccionar a los seis nuevos magistrados, tomando en consideración los requisitos constitucionales y legales establecidos para desempeñar esas funciones.

Además de completar las vacantes, el CNM deberá designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a quienes ocuparán las funciones de primer y segundo sustituto.

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, explicó que, una vez seleccionados y juramentados los nuevos integrantes, corresponderá al pleno de la SCJ determinar su distribución entre las diferentes salas y escoger las respectivas presidencias.

Transparencia y méritos profesionales bajo atención

La escogencia de los nuevos magistrados representa una decisión de particular importancia para la independencia judicial, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.

Diversos sectores han planteado la necesidad de que el proceso se desarrolle con transparencia y que prevalezcan la capacidad profesional, la trayectoria, la integridad y la independencia de los aspirantes.

El retraso también coloca en discusión la importancia de respetar los cronogramas institucionales y garantizar que la renovación de los órganos judiciales se produzca oportunamente.

Aunque la postergación fue atribuida oficialmente a compromisos presidenciales, la ausencia de una nueva fecha mantiene abierta la expectativa sobre cuándo quedará definida la composición del tribunal.

Henry Molina destaca resultados de su gestión

En medio del proceso de renovación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presentó un balance de su gestión durante una ceremonia de graduación de profesionales del derecho celebrada el pasado 15 de octubre.

El magistrado destacó avances relacionados con la reducción de la mora judicial, la modernización tecnológica y la ampliación del acceso a los servicios judiciales.

Según las cifras expuestas por Molina, al cierre de 2025 el 87 % de los tribunales dominicanos se encontraba al día en la tramitación de sus procesos.

También afirmó que durante su administración fueron resueltos más de 63,000 recursos de casación y que el tiempo promedio de tramitación de estos expedientes experimentó una reducción significativa.

El presidente saliente sostuvo que los resultados alcanzados evidencian avances en la transformación del sistema judicial, aunque reconoció que todavía existen desafíos pendientes.

Durante su intervención dejó entrever el cierre de su etapa al frente del Poder Judicial y expresó confianza en quienes asumirán la continuidad de los trabajos institucionales.

Renovación judicial sigue siendo una tarea pendiente

La designación de los nuevos integrantes de la Suprema Corte constituye una responsabilidad constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura y representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del país.

Más allá de los nombres que resulten seleccionados, el proceso plantea la necesidad de preservar la independencia de los jueces, asegurar la continuidad administrativa y consolidar una justicia accesible, eficiente y confiable.

Mientras el CNM no concluya las deliberaciones, permanecerá pendiente la definición de una nueva etapa en la dirección del Poder Judicial dominicano.

La expectativa se concentra ahora en el anuncio de la próxima convocatoria, de la cual dependerá que finalmente se complete la renovación de la Suprema Corte de Justicia.

Fuentes: Listín Diario, Diario Libre e informaciones oficiales del Consejo Nacional de la Magistratura, octubre de 2026.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también ordenó el pago de una indemnización de cinco millones de pesos por la muerte de la menor de siete años.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una condena de 30 años de prisión a Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, tras encontrarlos culpables de la muerte de una niña de siete años, sobrina de la condenada, en un hecho ocurrido en el sector Los Guandules, de la capital dominicana.

La decisión judicial establece la responsabilidad penal de ambos procesados por las infracciones atribuidas durante el juicio, relacionadas con la muerte de la menor y la vulneración de las disposiciones legales destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.

Las magistradas acogieron las pruebas presentadas durante el proceso y dispusieron que los condenados cumplan las penas impuestas en los centros penitenciarios donde permanecen recluidos.

Tribunal establece responsabilidad penal de los acusados

De acuerdo con la decisión, los jueces encontraron a Coronado de la Cruz y Montero Medina culpables de infringir los artículos 295, 304 y 303, numerales 1 y 4, del Código Penal dominicano, así como el artículo 396, literales A y B, de la legislación sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

Estas disposiciones constituyeron la base jurídica de la condena pronunciada por el tribunal, luego de examinar los elementos probatorios incorporados al expediente.

El caso involucró a una menor que mantenía un vínculo familiar directo con una de las personas procesadas, circunstancia que ha generado especial atención por la gravedad de los hechos y la obligación de protección que corresponde a los adultos responsables del cuidado de los niños.

Ordenan indemnización de RD$5 millones

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal acogió la acción civil presentada durante el proceso y condenó a los responsables al pago de una indemnización de cinco millones de pesos dominicanos.

La compensación económica fue establecida a favor de la parte civil constituida en el expediente, como consecuencia de los daños reclamados por la muerte de la menor.

Las magistradas también impusieron a los condenados el pago de las costas civiles, con distracción en beneficio de los abogados que representaron a la parte demandante.

En cuanto a Yokeiry Coronado de la Cruz, las costas penales fueron declaradas de oficio, debido a que estuvo representada durante el proceso por una profesional de la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Pruebas permanecerán bajo custodia del Ministerio Público

Como parte de las disposiciones contenidas en la sentencia, el tribunal ordenó el decomiso de las pruebas materiales incorporadas al expediente.

Estos elementos permanecerán bajo la custodia del Ministerio Público hasta que la decisión judicial adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, conforme a las reglas procesales correspondientes.

La medida forma parte de las actuaciones destinadas a preservar los elementos materiales relacionados con el caso mientras se agotan las etapas judiciales pertinentes.

Lectura íntegra de la sentencia será el 12 de noviembre

El tribunal fijó para el próximo 12 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la lectura íntegra de la sentencia, oportunidad en la que se conocerán formalmente los fundamentos completos de la decisión.

La lectura permitirá conocer con mayor detalle las valoraciones jurídicas y probatorias que sustentaron la condena de los dos procesados.

La decisión judicial constituye un pronunciamiento de primera instancia sobre un caso de violencia contra una menor de edad, sin perjuicio de los recursos que las partes puedan ejercer conforme a la legislación procesal.

El proceso vuelve a colocar en la atención pública la importancia de la protección integral de la niñez, particularmente frente a situaciones de violencia que pueden producirse dentro del entorno familiar.

La condena también pone de relieve la responsabilidad de las instituciones encargadas de investigar, perseguir y sancionar las vulneraciones graves de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico dominicano.

La propuesta fue aprobada de urgencia con 21 votos favorables y pretende conceder más tiempo a las compañías para implementar controles internos y mecanismos de prevención de delitos.

Por Ana Rodríguez

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El Senado aprobó este miércoles 21 de octubre, en dos lecturas consecutivas y bajo un procedimiento de urgencia, una iniciativa legislativa que procura extender hasta 2028 la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal dominicano.

La propuesta, presentada por el senador Rafael Barón Duluc, recibió 21 votos favorables y fue conocida sin pasar por el procedimiento ordinario de evaluación en comisiones, pese a tratarse de una modificación con implicaciones para la responsabilidad penal de las empresas.

La legislación vigente contempla que las disposiciones especiales sobre responsabilidad penal empresarial comiencen a aplicarse el próximo 5 de noviembre de 2026. Sin embargo, el proyecto aprobado busca conceder un período adicional para que las compañías adapten sus estructuras administrativas y mecanismos de supervisión.

La iniciativa todavía deberá ser examinada por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Argumentan necesidad de preparar a las empresas

Durante el conocimiento del proyecto, el senador Rafael Barón Duluc y el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, defendieron la ampliación del plazo al considerar que las organizaciones empresariales necesitan condiciones adecuadas para cumplir las nuevas exigencias legales.

Los legisladores señalaron que la implementación de programas de prevención de delitos, procedimientos disciplinarios, controles internos y sistemas de vigilancia requiere inversiones económicas, capacitación y cambios en los mecanismos de dirección empresarial.

Duluc explicó que la contratación de determinados servicios especializados para diseñar e instalar sistemas de cumplimiento y supervisión puede alcanzar costos de hasta 20,000 dólares.

A juicio de los promotores, aplicar las disposiciones sin un período suficiente de adecuación podría generar dificultades operativas y controversias jurídicas.

Nuevo Código Penal incorpora responsabilidad de las personas jurídicas

Uno de los cambios relevantes de la reforma penal dominicana es el reconocimiento de supuestos en los cuales las empresas pueden responder penalmente por actuaciones relacionadas con su actividad institucional.

El artículo 8 contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas por determinados hechos cometidos por sus órganos, representantes o subordinados, bajo las condiciones establecidas en la normativa.

La disposición permite examinar si una infracción estuvo vinculada con deficiencias en los controles internos, ausencia de supervisión o incumplimiento de deberes empresariales.

Esto supone que, además de investigar a las personas físicas involucradas en una conducta delictiva, las autoridades judiciales podrán determinar si existen elementos que comprometan la responsabilidad de la entidad.

La responsabilidad de una empresa no se configura automáticamente por cualquier infracción cometida por sus empleados, sino que debe establecerse conforme a los requisitos previstos por la legislación penal.

Aplazamiento genera interrogantes sobre la prevención de delitos

La decisión legislativa también plantea interrogantes acerca de las consecuencias de retrasar la aplicación del régimen de responsabilidad penal empresarial.

Entre los aspectos que adquieren relevancia se encuentran los mecanismos de prevención de hechos delictivos relacionados con actividades comerciales, las obligaciones de supervisión y los procedimientos destinados a reducir riesgos dentro de las organizaciones.

La nueva legislación contempla supuestos relacionados con conductas imprudentes o negligentes que pueden ocasionar daños graves, incluso pérdidas de vidas humanas, cuando se cumplen los elementos exigidos para atribuir responsabilidad penal.

En ese sentido, la discusión no se limita a los costos que representa la adaptación empresarial, sino que también comprende la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de prevención y determinación de responsabilidades.

No obstante, la eventual prórroga del nuevo régimen no significa que las empresas queden exentas de las responsabilidades civiles, administrativas o de otras obligaciones previstas en la legislación vigente.

Proyecto plantea mantener vigentes las demás disposiciones penales

En su justificación, la iniciativa sostiene que el aplazamiento busca evitar contradicciones e interpretaciones jurídicas diferentes durante la implementación de las nuevas disposiciones.

Los legisladores promotores afirman que la modificación no afectaría la aplicación general del Código Penal, cuyas demás disposiciones entraron en vigor en agosto de 2026.

El propósito sería establecer un período de transición específico para las personas jurídicas, mientras continúa aplicándose el resto del ordenamiento penal.

La propuesta fue aprobada después de permanecer menos de un mes en el registro de iniciativas del Senado, circunstancia que evidencia la rapidez con que fue tramitada.

Cámara de Diputados tendrá la última palabra legislativa

Concluida su aprobación en el Senado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, donde deberá ser conocido conforme al procedimiento legislativo correspondiente.

Si recibe el respaldo de ambas cámaras y posteriormente es promulgado por el Poder Ejecutivo, el nuevo plazo permitirá diferir hasta 2028 la aplicación del régimen penal empresarial contemplado en la reforma.

De no aprobarse la modificación, permanecerá vigente la fecha establecida para noviembre de 2026.

La decisión del Senado reabre así el debate sobre el tiempo que necesitan las empresas para cumplir las exigencias del nuevo Código Penal y la importancia de garantizar que la transición hacia el régimen de responsabilidad corporativa no comprometa los objetivos de prevención, supervisión y protección jurídica establecidos por la legislación dominicana.