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Tribunal descarga a Santiago Matías de acusación por difamación presentada por Manolo Ozuna
La defensa del empresario y comunicador asegura que se trata de la quinta decisión judicial favorable en la controversia legal que mantiene con el actor y humorista dominicano.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El empresario y productor de contenido digital Santiago Matías García, conocido popularmente como Alofoke, obtuvo una nueva decisión judicial favorable en el conflicto legal que sostiene con el comunicador y humorista Manolo Ozuna, quien lo había acusado de presunta difamación e injuria.
Según informaciones ofrecidas por sus representantes legales, un tribunal dominicano dispuso el descargo de Matías en el proceso penal iniciado a raíz de la querella presentada por Ozuna.
La defensa del propietario de Alofoke Media Group afirmó que esta constituye la quinta decisión favorable obtenida por su representado en los procedimientos judiciales derivados de la controversia.
Durante el proceso, los abogados de Matías cuestionaron la suficiencia de los elementos probatorios aportados por la parte acusadora para sustentar las imputaciones.
El equipo jurídico estuvo integrado por Manuel Alejandro Bordas Nina, Franklin Abreu, Winston Báez, Carlos Iván Bordas, Natalia Aristy y Manuel Durán.
Origen del conflicto judicial
La disputa llegó formalmente al Ministerio Público en junio de 2025, cuando la Fiscalía del Distrito Nacional citó a Santiago Matías para responder a una querella presentada por Manolo Ozuna.
La acción penal fue interpuesta mediante el abogado José Valdez Fernández e incluyó una constitución en actor civil.
Ozuna fundamentó su reclamación en presuntas violaciones de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relacionados con conductas de difamación e injuria cometidas mediante medios electrónicos.
La controversia adquirió notoriedad pública debido a la trayectoria de ambos protagonistas dentro de la comunicación y el entretenimiento dominicano.
Defensa destaca resultado del proceso
Los representantes legales de Matías valoraron la decisión judicial como un resultado favorable para su cliente, tras cuestionar las pruebas que sustentaban la acusación.
No obstante, hasta el momento no se han ofrecido detalles completos sobre los fundamentos jurídicos de la sentencia ni se ha establecido públicamente, en la información disponible, si la decisión ha adquirido carácter definitivo.
Alofoke prepara nueva temporada de su reality
En medio del proceso judicial, Santiago Matías continúa desarrollando sus proyectos empresariales y audiovisuales.
El comunicador tiene previsto estrenar el próximo 23 de noviembre la tercera temporada de La Casa de Alofoke, producción de entretenimiento digital con la que busca ampliar el alcance de sus contenidos y fortalecer su presencia en las plataformas internacionales.
La nueva decisión judicial representa otro capítulo en la disputa entre Matías y Ozuna, dos figuras conocidas de los medios de comunicación dominicanos.
Hasta que se conozca íntegramente la sentencia y su situación procesal, el alcance definitivo del fallo deberá establecerse conforme a lo dispuesto por el tribunal y los recursos que legalmente pudieran corresponder.
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Tribunal Constitucional dispone presentación obligatoria de fiscal de Duarte tras faltar a audiencia judicial
La magistrada Smaily Rodríguez deberá comparecer el viernes 30 de octubre ante la alta corte, que notificará a la Procuraduría General de la República para garantizar el cumplimiento de la orden.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ordenó la conducencia de la fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, luego de que la representante del Ministerio Público no asistiera a una audiencia pública para la cual había sido formalmente citada.
La decisión fue adoptada este lunes 26 de octubre, durante el conocimiento de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo en el que la funcionaria figura como parte recurrente.
De acuerdo con la información oficial, Rodríguez no compareció ante la alta corte ni presentó una justificación por su ausencia, situación que motivó la adopción de una medida destinada a garantizar su presencia en la próxima audiencia.
El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, dispuso que la fiscal sea presentada ante el órgano jurisdiccional el viernes 30 de octubre de 2026.
Procuraduría deberá ejecutar disposición judicial
El Tribunal Constitucional informó que la orden será comunicada formalmente a la procuradora general de la República, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes para garantizar su ejecución.
La medida de conducencia constituye un mecanismo procesal mediante el cual una autoridad judicial dispone la presentación de una persona cuya comparecencia resulta necesaria para el desarrollo de una actuación jurisdiccional.
En este caso, la disposición responde específicamente a la ausencia de la fiscal en una audiencia para la cual había sido convocada.
La orden no constituye una condena penal ni implica, por sí misma, que la funcionaria haya cometido un delito. Su finalidad es asegurar la comparecencia requerida por el tribunal.
Proceso corresponde a recurso de revisión de amparo
La audiencia está relacionada con el expediente TC-05-2023-0240, mediante el cual se conoce un recurso de revisión constitucional contra una decisión judicial emitida en materia de amparo.
El procedimiento tiene su origen en la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte.
Esa decisión fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, órgano encargado de examinar los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo conforme a las competencias que le atribuyen la Constitución y la legislación correspondiente.
La fiscal Smaily Rodríguez figura como recurrente en el expediente, razón por la cual fue convocada a la audiencia pública celebrada este lunes.
Alta corte exige cumplimiento de las citaciones
La decisión coloca en primer plano la importancia de atender las convocatorias judiciales, especialmente cuando se trata de funcionarios vinculados directamente con la administración de justicia.
La comparecencia de las partes permite desarrollar las actuaciones procesales correspondientes y facilita que los tribunales ejerzan sus competencias.
En ese sentido, la orden emitida por el Tribunal Constitucional busca garantizar la continuidad del procedimiento y evitar que la ausencia de una de las partes impida el desarrollo de la audiencia.
Magistrados presentes en la audiencia
La sesión estuvo encabezada por el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, acompañado por los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
Los magistrados conocieron las actuaciones correspondientes al expediente y dispusieron las medidas necesarias para continuar el procedimiento.
Audiencia continuará el próximo viernes
Con la nueva convocatoria fijada para el 30 de octubre, se espera que la fiscal titular de Duarte comparezca ante el Tribunal Constitucional para participar en el conocimiento del recurso.
La Procuraduría General de la República tendrá a su cargo gestionar la ejecución de la orden comunicada por la alta corte.
Hasta el momento, la información oficial difundida no establece las razones por las cuales Rodríguez dejó de asistir a la audiencia.
El caso continuará bajo conocimiento del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre el recurso de revisión de amparo conforme a las disposiciones constitucionales y procesales aplicables.
Fuente: Comunicado oficial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 26 de octubre de 2026.
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Defensa de Jean Alain Rodríguez cuestiona legalidad de pruebas y reclama restitución de propiedades incautadas
El exprocurador sostiene que el Ministerio Público incorporó documentos fuera de los plazos procesales y solicita al tribunal levantar las medidas que afectan varios inmuebles y otros bienes de su propiedad.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó nuevas solicitudes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mediante las cuales procura que sean excluidos numerosos elementos probatorios aportados por el Ministerio Público y que se ordene la devolución de propiedades ocupadas durante la investigación por presuntos actos de corrupción administrativa.
Los planteamientos fueron formulados durante la continuación de las audiencias del denominado caso Medusa, proceso en el que el exfuncionario y otros 14 imputados enfrentan acusaciones relacionadas con supuestas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, entre 2016 y 2020.
Rodríguez, quien participa activamente en su defensa junto a sus representantes legales, sostiene que parte de la documentación utilizada para sustentar la acusación fue incorporada después de vencidos los plazos establecidos judicialmente.
Según sus abogados, determinadas pruebas fueron depositadas cuando el órgano acusador ya había presentado formalmente su acusación, circunstancia que consideran relevante para determinar su admisibilidad en el juicio.
Cuestionan auditoría de la Cámara de Cuentas
Entre los elementos cuya exclusión solicita la defensa figura un informe de auditoría elaborado por la Cámara de Cuentas.
El exprocurador cuestionó el contenido de ese documento, al considerar que presenta contradicciones que, a su juicio, afectan su validez como medio probatorio.
Sus representantes legales argumentan que la incorporación de pruebas debe ajustarse a las disposiciones procesales y a los plazos fijados por las autoridades judiciales.
En consecuencia, solicitaron que los elementos cuestionados sean apartados del debate judicial.
Corresponderá al tribunal determinar si las circunstancias denunciadas constituyen irregularidades procesales y si estas justifican la exclusión de alguna de las pruebas.
Solicitan devolución de viviendas y otros inmuebles
Además de cuestionar la documentación presentada por el Ministerio Público, Rodríguez reclamó el levantamiento de las medidas de incautación que afectan varias propiedades.
La solicitud comprende cuatro solares o mejoras, entre los cuales figura una vivienda localizada en Casa de Campo, junto con sus mobiliarios y demás pertenencias.
El exfuncionario sostiene que ese inmueble constituye una propiedad familiar adquirida lícitamente y que era utilizado habitualmente por sus hijos.
De acuerdo con sus argumentos, los menores permanecían en la vivienda durante varios días de la semana antes de que se produjeran las actuaciones judiciales.
La defensa también solicitó la revocación de órdenes de allanamiento e incautación relacionadas con los bienes reclamados.
Los abogados Carlos Balcácer y Nelys Rivas explicaron que determinadas propiedades, incluidos apartamentos y un vehículo del año 2018, habrían sido adquiridas hasta diez años antes de que Rodríguez asumiera funciones públicas.
Con ese planteamiento, procuran demostrar que los bienes tienen un origen patrimonial anterior a los hechos investigados.
Los representantes del exprocurador también señalaron que algunas propiedades presentan deterioro debido a la falta de mantenimiento, cuyos costos, según afirmaron, ascienden a millones de pesos.
Tribunal vuelve a examinar incidentes procesales
Las solicitudes forman parte de una serie de incidentes que han ocupado las audiencias del proceso judicial.
El Segundo Tribunal Colegiado dispuso que fueran presentados nuevamente 21 incidentes previamente debatidos, debido a modificaciones en la integración del órgano jurisdiccional.
De ese conjunto, 18 corresponden a planteamientos formulados por Jean Alain Rodríguez.
La decisión de volver a escuchar las solicitudes se produjo tras la incorporación de una nueva magistrada, circunstancia que llevó a las defensas a reclamar que los planteamientos pendientes fueran conocidos por la actual composición del tribunal.
Durante la jornada de este lunes, los representantes legales continuaron exponiendo sus argumentos sobre la exclusión de pruebas y la situación de los bienes incautados.
Juicio continúa sin entrar plenamente al debate de fondo
El proceso judicial permanece concentrado en el conocimiento de cuestiones incidentales, mientras las partes esperan avanzar hacia el examen de las pruebas y los argumentos centrales de la acusación.
El tribunal está integrado por las magistradas Yissel Soto Peña, quien lo preside; Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López.
El Ministerio Público acusa a Rodríguez y a otros exfuncionarios y particulares de participar en un presunto entramado de corrupción administrativa que habría ocasionado pérdidas millonarias al Estado dominicano.
Según la acusación, las supuestas irregularidades se habrían desarrollado durante la administración de Rodríguez al frente del Ministerio Público.
Sin embargo, tanto el exprocurador como los demás encartados conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.
Decisiones pendientes serán determinantes
Las solicitudes de exclusión probatoria y devolución de bienes constituyen aspectos importantes de esta etapa del proceso, debido a sus posibles consecuencias sobre el desarrollo del juicio.
Una eventual exclusión de documentos podría modificar el conjunto de elementos que el Ministerio Público tendría disponible para sustentar determinadas imputaciones, dependiendo del alcance de la decisión judicial.
De igual manera, cualquier levantamiento de incautaciones dependerá de que el tribunal examine los fundamentos jurídicos y probatorios que justificaron las medidas sobre los bienes reclamados.
Por el momento, los planteamientos de Rodríguez constituyen peticiones de su defensa y no decisiones acogidas por el tribunal.
El desarrollo de las próximas audiencias permitirá establecer cuáles solicitudes serán admitidas y en qué condiciones continuará el conocimiento del proceso penal.
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Autoridades desmantelan presunto esquema de falsificación de puros y ocupan mercancías por RD$40.1 millones
Durante operativos realizados en Higüey y La Otra Banda fueron incautados más de 76 mil cigarros premium, miles de botellas de mamajuana y materiales utilizados para falsificar marcas comerciales.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – Las autoridades dominicanas ejecutaron una serie de operativos contra el comercio ilícito en la provincia La Altagracia, donde ocuparon mercancías valoradas en más de RD$40.1 millones, vinculadas a presuntas irregularidades de falsificación, contrabando y comercialización de productos sin los registros sanitarios correspondientes.
Las intervenciones fueron desarrolladas de manera conjunta por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).
Según el informe oficial, durante las actuaciones fueron decomisados 76,859 cigarros premium y 2,549 botellas de mamajuana que se encontraban en establecimientos comerciales de Higüey y del distrito municipal La Otra Banda.
Las autoridades también ocuparon 8,518 anillos utilizados para identificar cigarros de marcas comerciales, materiales que presuntamente eran empleados en la falsificación de productos.
Gobierno advierte sobre perjuicios a la industria tabacalera
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó la magnitud de las incautaciones y consideró que representan un importante resultado en la lucha contra las operaciones ilícitas que afectan al sector tabacalero dominicano.
El funcionario calificó el decomiso como histórico y sostuvo que las acciones buscan enfrentar estructuras dedicadas a falsificar productos de gran relevancia para la economía nacional.
La industria de cigarros premium constituye uno de los sectores representativos de la producción dominicana, debido a su posicionamiento en los mercados internacionales y su vinculación con la identidad productiva del país.
Por esa razón, las autoridades consideran que la falsificación de marcas no solamente ocasiona perjuicios económicos a las empresas legalmente establecidas, sino que también puede afectar la reputación comercial del tabaco dominicano.
Comercio ilegal genera riesgos fiscales y sanitarios
El MICM advirtió que las operaciones relacionadas con productos falsificados o introducidos irregularmente al mercado pueden provocar pérdidas fiscales y generar condiciones de competencia desleal frente a los comerciantes que cumplen sus obligaciones legales.
Asimismo, señaló que la distribución de mercancías sin los controles correspondientes representa un peligro potencial para los consumidores.
En el caso de las bebidas alcohólicas, la ausencia de registros y verificaciones sanitarias impide garantizar que los productos cumplan las condiciones exigidas para su comercialización.
Las instituciones participantes destacaron que las acciones de fiscalización forman parte de una estrategia orientada a prevenir la venta de bebidas adulteradas o de procedencia irregular.
Según las informaciones suministradas por las autoridades, República Dominicana no registra desde 2022 fallecimientos asociados al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas o clandestinas, resultado que atribuyen a los controles implementados.
Operativos contaron con autorización judicial
Las intervenciones se realizaron en establecimientos de Higüey y La Otra Banda, con la participación de miembros del Ejército de República Dominicana y representantes del Ministerio Público.
Los procedimientos contaron con el acompañamiento de fiscales vinculados a la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito, dirigida por la magistrada Isis de la Cruz Duarte.
Entre los representantes del Ministerio Público que participaron figuran Bony Suriel García, Lauridelissa Jiménez, Silveria Poueriet Rodríguez, Dennis Guerrero, Yeuri Rodríguez y Neliveth Guerrero.
De acuerdo con el informe institucional, las actuaciones fueron ejecutadas mediante órdenes judiciales autorizadas por la magistrada Francis Reyes Diloné.
Mantendrán vigilancia contra la falsificación
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ceccom anunciaron que continuarán desarrollando acciones de inspección y persecución contra las actividades comerciales que incumplan las disposiciones legales.
Las instituciones señalaron que la estrategia busca proteger la recaudación tributaria, garantizar condiciones de competencia para las empresas formales y preservar la confianza de los consumidores.
También resaltaron la importancia de impedir que productos falsificados o sin los controles sanitarios necesarios circulen en establecimientos comerciales, especialmente cuando se trata de mercancías destinadas al consumo humano.
El decomiso de más de RD$40 millones en productos y materiales evidencia la dimensión económica de las presuntas actividades ilícitas detectadas y refuerza la preocupación de las autoridades por proteger la industria tabacalera y la salud pública.