El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, informó que las presuntas irregularidades fueron detectadas mediante una investigación financiera y abarcan operaciones realizadas entre 2018 y 2025.

Santo Domingo, República Dominicana.– El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció la detección de presuntas irregularidades financieras por un monto de RD$64,576,829.23, que habrían afectado los recursos económicos pertenecientes al gremio y al Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS).

El presidente de la organización, Luis Peña Núñez, informó que fue presentada una querella formal ante el Ministerio Público contra el excontador Luis Pérez, señalado como presunto responsable de las operaciones investigadas.

De acuerdo con el dirigente gremial, las irregularidades fueron identificadas después de que la actual directiva asumiera sus funciones y comenzara a examinar la situación administrativa y financiera de la institución.

La detección de inconsistencias en los registros económicos motivó la apertura de una investigación técnica destinada a determinar el origen de los movimientos cuestionados y reunir los elementos probatorios necesarios para sustentar las acciones judiciales correspondientes.

Investigación abarca siete años de operaciones financieras

Peña Núñez explicó que el expediente presentado ante las autoridades comprende hechos que presuntamente ocurrieron entre los años 2018 y 2025.

Según indicó, durante la revisión se identificaron operaciones que generaron preocupación entre la presidencia del CMD y la dirección ejecutiva del IPPS, lo que condujo a profundizar las verificaciones contables.

El presidente del gremio aseguró que el proceso permitió reunir documentación y elementos técnicos que fueron incorporados a la querella presentada contra el antiguo responsable de contabilidad.

Corresponderá ahora al Ministerio Público examinar las evidencias depositadas, realizar las diligencias de investigación necesarias y determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación penal.

CMD promete proteger los recursos de los médicos

Ante la gravedad de los hallazgos, la directiva del Colegio Médico Dominicano expresó su compromiso de fortalecer los mecanismos de supervisión y control de los fondos institucionales.

Peña Núñez reconoció que la denuncia representa una situación delicada para la credibilidad del gremio, especialmente por tratarse de recursos destinados al patrimonio colectivo y a la protección social de sus miembros.

El dirigente aseguró que la administración tiene la responsabilidad de impedir nuevas irregularidades y garantizar que los activos económicos sean utilizados conforme a sus finalidades institucionales.

También manifestó que la investigación constituye una medida para enfrentar las inconsistencias detectadas y procurar la recuperación de los recursos que pudieran haber sido sustraídos.

Ministerio Público deberá establecer responsabilidades

La presentación de la querella abre una nueva etapa en el proceso, durante la cual las autoridades judiciales deberán determinar las circunstancias en que ocurrieron los movimientos financieros denunciados.

Aunque el CMD sostiene que los resultados de su investigación identifican un perjuicio económico superior a RD$64 millones, la responsabilidad penal del excontador deberá establecerse mediante las investigaciones y procedimientos judiciales correspondientes.

La existencia de una querella no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que deberá garantizarse el derecho de defensa y la presunción de inocencia del señalado.

Caso plantea interrogantes sobre controles institucionales

El presunto desfalco también pone sobre la mesa la importancia de los mecanismos de auditoría, fiscalización y rendición de cuentas en organizaciones que administran aportaciones y recursos de sus afiliados.

La investigación deberá ayudar a esclarecer cómo se realizaron las operaciones cuestionadas, qué controles administrativos estaban vigentes durante el período señalado y si existieron otras responsabilidades relacionadas con el manejo de los fondos.

El Colegio Médico Dominicano afirmó que continuará colaborando con las autoridades para lograr el esclarecimiento del caso y salvaguardar el patrimonio institucional.

La denuncia representa uno de los mayores cuestionamientos financieros recientes dentro del gremio médico dominicano y coloca bajo atención judicial el manejo de recursos destinados a la protección y el bienestar de sus integrantes.

Juan Ramón Sánchez Brios, de 39 años y padre de seis hijos, habría viajado con una oferta de empleo como mecánico. Sus familiares denuncian que las condiciones encontradas fueron distintas y solicitan la intervención de las autoridades dominicanas para lograr su regreso.

Santo Domingo, República Dominicana.– La incertidumbre y la desesperación se apoderan de una familia dominicana que reclama ayuda para conseguir el retorno de Juan Ramón Sánchez Brios, un mecánico de 39 años que viajó a Rusia en busca de mejores oportunidades económicas y que, según denuncian sus familiares, podría terminar involucrado en el conflicto militar que ese país mantiene con Ucrania.

El caso ha generado preocupación por la situación de sus seis hijos menores, quienes permanecen en República Dominicana esperando noticias sobre el regreso de su padre.

Su hermana, Yanira Sánchez, relató que el hombre salió del país convencido de que desempeñaría labores relacionadas con su oficio, pero que, una vez en territorio ruso, descubrió una realidad diferente a las condiciones laborales que supuestamente le habían prometido.

De acuerdo con su testimonio, Sánchez Brios le comunicó que existía la posibilidad de que fuera enviado a una zona de combate, pese a no contar con experiencia militar.

La mujer expresó temor por la vida de su hermano y aseguró que toda la familia atraviesa momentos de profunda angustia ante la falta de respuestas definitivas sobre su situación.

Denuncian presuntas ofertas laborales engañosas

La situación de Sánchez Brios forma parte de las denuncias realizadas por familiares de varios ciudadanos dominicanos que viajaron a Rusia mediante propuestas de trabajo y que posteriormente habrían enfrentado presiones para vincularse con actividades militares.

Algunos parientes aseguran que las ofertas estaban relacionadas con trabajos de mecánica, electricidad, construcción y otros oficios técnicos.

Sin embargo, según sus testimonios, al llegar a Rusia determinados trabajadores habrían encontrado condiciones distintas de las anunciadas inicialmente, incluyendo la posibilidad de firmar contratos relacionados con el Ministerio de Defensa ruso.

Las denuncias han generado interrogantes sobre los mecanismos utilizados para contratar a ciudadanos extranjeros, las condiciones en que se suscribieron determinados documentos y el grado de conocimiento que tenían los viajeros sobre las obligaciones que podían asumir.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente que todos los dominicanos involucrados hayan sido reclutados mediante engaño, por lo que las circunstancias individuales requieren investigación y verificación documental.

Cancillería da seguimiento a los casos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) ha confirmado que mantiene seguimiento diplomático a las denuncias relacionadas con ciudadanos dominicanos que viajaron a Rusia y podrían encontrarse vinculados al conflicto armado.

El pasado 7 de octubre, la institución informó que había recibido documentación correspondiente a 20 dominicanos identificados formalmente por sus familiares, cuyos casos fueron comunicados a las autoridades rusas.

Yanira Sánchez indicó que, durante una reunión con funcionarios de la Cancillería, los familiares recibieron información sobre la presunta contratación de abogados en Rusia para examinar los contratos y facilitar las gestiones de asistencia.

No obstante, explicó que los parientes todavía esperan resultados concretos que permitan determinar las condiciones en que se encuentran sus familiares.

Cuatro dominicanos recibieron asistencia para regresar

En medio de las denuncias, la Cancillería dominicana informó el 25 de octubre sobre las gestiones realizadas para facilitar el retorno de cuatro ciudadanos que habían viajado a Rusia con la intención de incorporarse a sus Fuerzas Armadas, pero que posteriormente decidieron no firmar contratos militares.

Los dominicanos contactaron a la representación diplomática nacional el 23 de octubre para solicitar asistencia.

Según la información oficial, las autoridades rusas facilitaron su traslado hasta Moscú, mientras que la misión diplomática dominicana coordinó alojamiento, alimentación y otras necesidades logísticas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también adquirió los boletos aéreos para facilitar su regreso a República Dominicana.

Este caso evidencia que las circunstancias de los dominicanos que se encuentran en Rusia no necesariamente son iguales, ya que algunos habrían viajado con ofertas de empleo técnico, mientras otros manifestaron inicialmente interés en incorporarse a estructuras militares.

Familiares reclaman respuestas a las autoridades rusas

Las denuncias también han provocado reacciones frente a declaraciones del embajador ruso en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, quien rechazó los señalamientos que considera difamatorios sobre el supuesto reclutamiento irregular de dominicanos.

Familiares de ciudadanos que permanecen en Rusia cuestionaron esa posición y solicitaron explicaciones sobre los documentos utilizados para gestionar los viajes.

Raquel Santana, hermana de Raúlín Santana César, aseguró poseer documentación relacionada con el traslado de su familiar, incluida una invitación presentada bajo la modalidad de intercambio cultural.

Los parientes insisten en la necesidad de esclarecer las condiciones reales de los viajes, los compromisos contractuales y las posibilidades legales de retorno.

Una crisis que plantea interrogantes sobre la protección de los migrantes

Más allá del caso particular de Sánchez Brios, las denuncias plantean preocupaciones relacionadas con la contratación internacional, la protección consular y los riesgos que enfrentan personas que buscan oportunidades económicas fuera de su país.

La falta de información clara sobre determinados contratos y la posibilidad de que ciudadanos sin preparación militar terminen involucrados en un conflicto armado constituyen aspectos que requieren especial atención de las autoridades competentes.

También resulta necesario determinar si existieron prácticas de contratación engañosa, presiones indebidas o incumplimientos de las condiciones ofrecidas, sin anticipar conclusiones que todavía no han sido demostradas.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, seis hijos esperan el regreso de Juan Ramón Sánchez Brios, cuyo caso refleja la dimensión humana de una situación que trasciende las fronteras dominicanas.

Para su familia, la prioridad sigue siendo conocer su situación, garantizar su seguridad y conseguir que pueda regresar a República Dominicana.

La defensa de Steven Sandoval asegura que su cliente únicamente transportaba a un pasajero por RD$100 y niega que participara en el asesinato del agente José Ramón Henríquez Mejía.

Santiago, República Dominicana.– El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Steven Sandoval, conocido como «el Vico», de 21 años, investigado por su presunta participación en la muerte a tiros del sargento de la Policía Nacional José Ramón Henríquez Mejía, durante un incidente de tránsito ocurrido en esta ciudad.

La decisión judicial establece que el imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el homicidio.

El caso también involucra a un adolescente de 17 años, a quien las autoridades vinculan con el hecho y contra quien igualmente fue impuesta una medida de privación preventiva de libertad por tres meses.

Defensa niega participación directa en el homicidio

El abogado José Alberto Familia, representante legal de Sandoval, manifestó su desacuerdo con la decisión del tribunal, al considerar que su defendido ha mostrado disposición para colaborar con las investigaciones y compareció voluntariamente ante las autoridades.

Según el jurista, el joven trabaja como motoconchista y el día del incidente había sido contratado para transportar a una persona por un pago de RD$100, sin conocer que durante el trayecto se produciría un hecho violento.

De acuerdo con la versión presentada por la defensa, mientras Sandoval realizaba el servicio se produjo un roce entre su motocicleta y la que conducía el sargento policial.

Esta situación habría desencadenado una discusión entre el agente y el pasajero que viajaba en la motocicleta del imputado.

Posteriormente, Sandoval asegura haber escuchado una detonación, circunstancia que lo llevó a abandonar el lugar por temor, dejando su motocicleta en la escena.

El abogado sostiene que su representado no realizó disparos ni tenía conocimiento de las supuestas intenciones del pasajero.

Adolescente de 17 años también está vinculado

En relación con el mismo homicidio, las autoridades judiciales impusieron tres meses de privación preventiva de libertad a un adolescente de 17 años, señalado como presunto participante en los acontecimientos.

La defensa de Sandoval sostiene que el menor habría sido quien disparó contra el sargento Henríquez Mejía.

Asimismo, afirma que su cliente no conocía previamente al adolescente y que la relación entre ambos se habría limitado al servicio de transporte contratado.

Estas afirmaciones forman parte de la estrategia defensiva y deberán ser contrastadas con las evidencias recopiladas durante la investigación.

Investigación deberá determinar responsabilidad individual

El proceso judicial continuará con la recopilación y evaluación de los elementos probatorios destinados a establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál habría sido la participación de cada uno de los involucrados.

La imposición de prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad, sino una medida cautelar adoptada durante el desarrollo del procedimiento penal.

En ese sentido, corresponderá al Ministerio Público sustentar las imputaciones mediante pruebas que permitan determinar si existió participación material, complicidad u otra modalidad de intervención penalmente relevante.

La defensa, por su parte, podrá presentar los elementos que considere pertinentes para demostrar que Sandoval únicamente realizaba un servicio de transporte y que no tuvo intervención consciente en el homicidio.

La muerte del sargento José Ramón Henríquez Mejía mantiene abierto un proceso judicial en el que será determinante establecer la responsabilidad individual de los investigados, garantizando tanto el esclarecimiento del crimen como el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.