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CONEP advierte sobre urgencia de aplazar responsabilidad penal de empresas antes del 5 de noviembre
El sector empresarial solicita al Congreso Nacional aprobar una extensión de dos años para permitir que las personas jurídicas adapten sus controles internos y mecanismos de prevención a las exigencias del nuevo Código Penal dominicano.
SANTO DOMINGO, RD. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó al Congreso Nacional acelerar el proceso legislativo para aplazar hasta noviembre de 2028 la aplicación de las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ante la proximidad del plazo establecido para su entrada en vigencia.La organización empresarial expresó preocupación porque el próximo jueves 5 de noviembre de 2026 está previsto que comiencen a aplicarse las nuevas disposiciones, mientras el proyecto que propone extender el período de adecuación todavía necesita completar su trámite legislativo.
El gremio considera que las empresas requieren un plazo adicional para implementar mecanismos de cumplimiento normativo, fortalecer sus controles administrativos y prepararse frente a las nuevas responsabilidades contempladas en la legislación penal.
Proyecto fue aprobado por el Senado y llegó a la Cámara de Diputados
La iniciativa legislativa fue presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y aprobada de urgencia por el Senado de la República el pasado 21 de octubre.
La propuesta plantea aplazar por 24 meses la entrada en vigor de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, vinculados al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
De acuerdo con informaciones publicadas este domingo, el proyecto fue recibido por la Cámara de Diputados el sábado 31 de octubre, por lo que corresponde ahora a ese órgano conocer la iniciativa y decidir sobre su aprobación.
En caso de completar favorablemente el trámite legislativo y ser promulgada la modificación, la aplicación de las disposiciones quedaría diferida hasta el 5 de noviembre de 2028.
Empresarios reclaman seguridad jurídica
Mediante comunicaciones dirigidas al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al titular de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el CONEP insistió en la importancia de garantizar una implementación organizada del nuevo régimen penal.
La entidad sostuvo que las obligaciones contempladas en la legislación requieren modificaciones en los procedimientos de supervisión, administración de riesgos y prevención de posibles conductas ilícitas dentro de las organizaciones empresariales.
El gremio también argumentó que la aplicación de las disposiciones debe considerar las particularidades de cada entidad, especialmente su tamaño, actividad económica, estructura administrativa y capacidad técnica.
En ese sentido, planteó la necesidad de establecer criterios objetivos que permitan evaluar el cumplimiento de las obligaciones legales sin generar incertidumbre sobre las responsabilidades atribuibles a las empresas.
Nuevas exigencias para prevenir delitos corporativos
Uno de los principales argumentos del CONEP es que las organizaciones necesitan desarrollar mecanismos internos adecuados para prevenir infracciones penales relacionadas con sus actividades.
Entre los instrumentos señalados por el sector empresarial se encuentran los programas de cumplimiento normativo, los sistemas de supervisión, las políticas de prevención, los canales internos de denuncia y los procedimientos de identificación de riesgos.
Estas herramientas, conocidas en el ámbito corporativo como mecanismos de compliance, buscan promover una cultura institucional orientada al respeto de las normas y la prevención de prácticas ilegales.
Sin embargo, la efectividad de esos programas depende de su aplicación real y no solamente de la existencia formal de manuales o documentos administrativos.
La implementación de controles también requiere formación del personal, mecanismos de evaluación y procedimientos que permitan detectar y corregir posibles irregularidades.
Sistema de justicia también necesitaría preparación
El organismo empresarial considera que el aplazamiento permitiría fortalecer la preparación de fiscales, jueces y demás operadores del sistema judicial encargados de aplicar las nuevas disposiciones.
Según su planteamiento, el régimen de responsabilidad penal corporativa requiere criterios claros para determinar en qué circunstancias una persona jurídica puede responder penalmente por determinadas actuaciones.
La preparación institucional también resulta relevante para garantizar una aplicación coherente de la legislación y preservar las garantías procesales de las entidades sometidas a investigación.
El CONEP sostiene que un período adicional contribuiría a armonizar las capacidades del sistema judicial con las obligaciones que deberán asumir las empresas.
Prórroga no implica suspender todo el Código Penal
Un aspecto fundamental de la propuesta es que el aplazamiento solicitado no comprende la totalidad del Código Penal dominicano.
La iniciativa modifica el calendario de entrada en vigencia de cuatro artículos específicos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mediante una reforma al artículo 31 de la Ley núm. 44-26, que modificó disposiciones de la Ley núm. 74-25.
Por consiguiente, las demás disposiciones del Código Penal conservarían sus respectivos efectos y plazos de aplicación.
Esta distinción resulta importante porque la discusión legislativa se concentra en el momento a partir del cual las empresas estarán sujetas al régimen específico de responsabilidad penal previsto en esos artículos.
Debate entre adaptación empresarial y aplicación de la ley
La petición del sector privado también plantea un debate sobre la necesidad de equilibrar la seguridad jurídica de las empresas con los objetivos de prevención y persecución de los delitos.
Desde la perspectiva empresarial, un plazo más amplio facilitaría la implementación de procedimientos internos de prevención, especialmente en organizaciones pequeñas y medianas que disponen de recursos administrativos limitados.
Por otra parte, cualquier aplazamiento de normas destinadas a establecer responsabilidades penales debe evaluarse cuidadosamente, tomando en consideración sus efectos sobre la eficacia del sistema de justicia y la rendición de cuentas.
La decisión del Congreso determinará si prevalece el calendario actualmente establecido o si se concede una nueva etapa de preparación institucional y corporativa.
Congreso enfrenta plazo decisivo
Con la fecha del 5 de noviembre cada vez más próxima, la Cámara de Diputados tendrá un papel determinante en el futuro inmediato de la reforma.
La sesión legislativa prevista para el martes 3 de noviembre podría resultar decisiva para conocer la pieza y establecer si existe respaldo suficiente para aprobar la extensión solicitada por el sector empresarial.
De no producirse una modificación legal oportuna, las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las empresas comenzarían a aplicarse conforme al calendario vigente.
El CONEP reiteró su disposición de colaborar en los procesos de adecuación normativa y fortalecimiento de una cultura empresarial basada en la integridad, la transparencia y el cumplimiento de la ley.
La controversia coloca sobre la mesa un desafío para el Estado dominicano: garantizar que la modernización de la legislación penal avance acompañada de mecanismos efectivos de prevención, seguridad jurídica y responsabilidad corporativa, sin debilitar la capacidad de las instituciones para perseguir y sancionar las conductas delictivas.
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República Dominicana fortalece controles militares y migratorios en la frontera sur ante escalada de violencia en Haití
Las autoridades mantienen vigilancia en Jimaní y Pedernales mientras aumentan las operaciones de seguridad contra las bandas armadas haitianas y continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos.
JIMANÍ, República Dominicana. – Las autoridades dominicanas mantienen activos los dispositivos de vigilancia militar, control migratorio e inteligencia en las provincias fronterizas de Independencia y Pedernales, como parte de las medidas preventivas adoptadas ante el agravamiento de la crisis de seguridad que enfrenta Haití.La vigilancia adquiere especial importancia en el municipio de Jimaní, donde se encuentra el paso fronterizo de Mal Paso, uno de los principales puntos de comunicación terrestre entre República Dominicana y territorio haitiano.
Las operaciones de seguridad buscan prevenir posibles repercusiones de los enfrentamientos entre fuerzas policiales haitianas y organizaciones criminales que operan en distintas comunidades del vecino país.
Jimaní y Pedernales bajo vigilancia preventiva
En la provincia Independencia, las unidades militares mantienen presencia en áreas estratégicas de Jimaní, especialmente en los accesos fronterizos y las rutas utilizadas para el intercambio de personas y mercancías.
La ubicación geográfica del municipio reviste importancia debido a su conexión con las vías que conducen hacia Puerto Príncipe, donde las operaciones contra las bandas armadas han intensificado las tensiones de seguridad.
En Pedernales, las autoridades también desarrollan labores de vigilancia, inspección y control migratorio, con participación de organismos de seguridad del Estado.
Los reportes disponibles señalan distintos niveles de despliegue según la provincia, por lo que no se ha confirmado que todas las localidades hayan recibido refuerzos extraordinarios de igual magnitud.
Los controles forman parte de las acciones orientadas a preservar la seguridad nacional y mantener la vigilancia sobre los movimientos registrados en la zona fronteriza.
Migración intensifica operativos de identificación
De manera paralela, la Dirección General de Migración (DGM) mantiene operativos de interdicción dirigidos a identificar extranjeros en condición migratoria irregular.
Estas intervenciones incluyen procedimientos de identificación, verificación documental y depuración de información, así como los trámites de repatriación que correspondan conforme a la legislación dominicana.
El pasado 26 de octubre, Migración reportó la detención de 294 extranjeros durante una jornada desarrollada en seis provincias de la región sur.
Según ese informe, las intervenciones incluyeron 40 personas detenidas en Pedernales y 38 en Independencia, además de operativos en Elías Piña, San Juan, Bahoruco y Azua.
Las acciones contaron con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).
Despliegue salvadoreño aumenta tensión regional
El fortalecimiento de la vigilancia dominicana coincide con la movilización de fuerzas militares salvadoreñas hacia Haití, después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación de El Salvador el 18 de octubre de 2026.
Los integrantes de la misión internacional fueron emboscados por individuos armados cuando transitaban por una zona de Croix-des-Bouquets, en las proximidades de Puerto Príncipe.
Ante esta situación, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó el envío de un amplio contingente militar para apoyar las operaciones de búsqueda.
De acuerdo con reportes internacionales del 29 de octubre, El Salvador había desplegado aproximadamente 2,000 efectivos, en una operación que ha generado expectativas y preocupaciones por sus posibles repercusiones sobre la seguridad de la población civil haitiana.
Helicópteros militares utilizaron instalaciones dominicanas
La importancia estratégica del territorio dominicano quedó reflejada el pasado 29 de octubre, cuando siete helicópteros militares hicieron escala en la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, antes de continuar hacia Haití.
Según informes de seguridad difundidos por medios nacionales, entre las aeronaves se encontraban cinco helicópteros salvadoreños que realizaron labores de abastecimiento.
Este movimiento evidenció el papel logístico de República Dominicana en el traslado de recursos utilizados por las operaciones internacionales relacionadas con la crisis haitiana.
La colaboración logística no significa, por sí misma, que tropas dominicanas estén participando directamente en las operaciones militares desarrolladas dentro de Haití.
Comercio fronterizo se mantiene pese a la incertidumbre
A pesar del incremento de la vigilancia, los reportes procedentes de la región indican que las actividades comerciales en los mercados binacionales han continuado desarrollándose.
En Independencia, Pedernales y Elías Piña se registró movimiento de compradores y comerciantes durante las jornadas recientes, sin que se reportaran incidentes significativos en los mercados observados.
No obstante, la situación haitiana genera incertidumbre entre residentes y comerciantes, particularmente por la posibilidad de que los enfrentamientos se extiendan hacia comunidades próximas a la frontera.
Las autoridades dominicanas han mantenido una política de vigilancia y coordinación de seguridad sin anunciar un cierre general de los pasos fronterizos oficiales.
Seguridad nacional y estabilidad regional
La crisis haitiana representa uno de los desafíos más complejos para la seguridad de la región del Caribe, debido a la expansión de organizaciones criminales, el debilitamiento institucional y el desplazamiento de numerosas familias.
Para República Dominicana, esta realidad plantea la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre su territorio, fortalecer las capacidades de inteligencia y coordinar las actuaciones de las instituciones responsables del control fronterizo.
Al mismo tiempo, las medidas migratorias y de seguridad deben ejecutarse dentro del marco legal, respetando las garantías fundamentales y los compromisos internacionales aplicables.
La protección de la soberanía nacional, el mantenimiento del comercio formal y la prevención de actividades delictivas transfronterizas constituyen objetivos importantes para las autoridades dominicanas.
Frontera sur continúa bajo observación
Mientras las fuerzas de seguridad haitianas y los contingentes internacionales desarrollan operaciones para enfrentar a las bandas armadas, los organismos dominicanos mantienen atención sobre los acontecimientos del otro lado de la frontera.
La evolución de la crisis determinará si resulta necesario ajustar los dispositivos de vigilancia y adoptar medidas adicionales de carácter preventivo.
La situación evidencia que la seguridad de la frontera dominico-haitiana no depende exclusivamente de los controles militares, sino también de la evolución de la estabilidad política, institucional y social en Haití.
En ese contexto, República Dominicana enfrenta el desafío de proteger su territorio, preservar el orden público y garantizar que sus actuaciones se desarrollen conforme a la legislación nacional y el respeto a los derechos humanos
Una mujer de 34 años perdió la vida tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su expareja, quien posteriormente falleció por una herida de bala. Las autoridades recuperaron el arma utilizada y trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.
AZUA, República Dominicana. – Un nuevo hecho de violencia contra la mujer conmociona a la provincia de Azua, luego de que una mujer de 34 años muriera a causa de heridas de bala presuntamente ocasionadas por su expareja, quien posteriormente se habría quitado la vida.
El suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre de 2026, en la calle Duarte del municipio de Las Yayas, según las informaciones ofrecidas por la Policía Nacional.
La víctima fue identificada como Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos, de 34 años, mientras que el presunto agresor fue identificado como Rafael Antonio Ramírez, quien también falleció en el lugar.
De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre habría disparado contra su expareja y posteriormente utilizado la misma arma de fuego para provocarse la muerte.
Policía Nacional profundiza las investigaciones
El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el arma de fuego vinculada al incidente fue recuperada por las autoridades y permanece bajo custodia de los organismos investigadores.
Asimismo, indicó que se realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrieron ambas muertes y establecer los detalles del caso.
Pesqueira señaló que la institución ofrecerá informaciones adicionales conforme avancen las investigaciones.
Hasta el momento, no se han establecido públicamente las causas que habrían desencadenado el hecho ni se ha informado sobre posibles antecedentes de denuncias por violencia intrafamiliar entre las personas involucradas.
Violencia de género: una problemática que exige atención
El caso vuelve a colocar en el debate público la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y atención frente a la violencia contra las mujeres en la República Dominicana.
Los hechos de violencia en relaciones de pareja o expareja constituyen una preocupación social que demanda respuestas coordinadas de las autoridades, las comunidades y los organismos responsables de brindar asistencia a las víctimas.
La prevención, la identificación temprana de situaciones de riesgo y el acceso oportuno a los mecanismos de protección resultan fundamentales para evitar que los conflictos derivados de relaciones afectivas desemboquen en consecuencias irreparables.
Autoridades ofrecerán nuevos detalles
Mientras continúan las investigaciones, se espera que los organismos competentes puedan aportar mayores precisiones sobre los acontecimientos registrados en Las Yayas.
Las circunstancias y la secuencia exacta de los hechos permanecen sujetas a los resultados de las diligencias oficiales.
El caso deja dos personas fallecidas y pone nuevamente de manifiesto las graves consecuencias que puede alcanzar la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja.
Información verificada: Otros medios nacionales identifican al hombre como Rafael Antonio Ramírez Ramírez, de 44 años, y confirman que la Policía mantiene abierta la investigación.
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PRM amplía su padrón a más de 1.6 millones de afiliados con 64 mil nuevas inscripciones
La organización oficialista presentó los resultados de su jornada nacional «Verifícate», en la que destacó la participación juvenil y el uso de herramientas tecnológicas para validar la identidad de sus miembros.
SANTO DOMINGO, RD. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este domingo que su padrón supera los 1,623,000 afiliados, luego de incorporar más de 64,000 nuevos miembros durante una jornada nacional de inscripción y verificación desarrollada entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.Los resultados fueron presentados por la secretaria nacional de Organización, Gloria Reyes, quien destacó la movilización de las estructuras partidarias en distintas localidades del país y la utilización de una plataforma digital para facilitar el proceso de registro.
La iniciativa, denominada «Verifícate», permitió a los ciudadanos consultar su situación dentro del padrón e incorporarse a la organización mediante el portal oficial del partido.
Participación de jóvenes y mujeres
Uno de los aspectos resaltados por la dirigencia perremeísta fue la incorporación de nuevos integrantes de sectores juveniles y femeninos.
Según los datos ofrecidos por Reyes, el 43 % de los nuevos registros corresponde a personas de hasta 35 años, con una participación mayoritaria de mujeres dentro de ese grupo.
La funcionaria partidaria consideró que estos resultados representan una oportunidad para ampliar los espacios de participación y fortalecer los mecanismos de integración de nuevos liderazgos.
Asimismo, expresó que la organización tiene el compromiso de escuchar las propuestas de sus integrantes y facilitar su participación en las decisiones internas.
Estructuras territoriales y tecnología
La jornada contó con una amplia movilización de equipos organizativos distribuidos en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el balance presentado, participaron 50 comisionados nacionales, 11 responsables regionales, 378 enlaces provinciales y unas 1,500 comisiones territoriales, además de dirigentes municipales, distritales y zonales.
El proceso también contó con el respaldo de distintas dependencias internas vinculadas a organización, tecnología, asuntos electorales, educación y comunicación.
Reyes reconoció la participación de la dirigencia nacional del PRM, incluyendo a su presidente, Luis Abinader, al vicepresidente ejecutivo, Deligne Ascención, y al secretario general, Juan Garrigó.
En el componente tecnológico, la organización implementó mecanismos de inscripción en línea y validación de identidad mediante prueba de vida, con el propósito de reforzar la confiabilidad de los registros.
El secretario de Tecnología, Edgar Batista, explicó que las herramientas digitales facilitaron el seguimiento de las inscripciones y la coordinación de los equipos responsables del proceso.
Crecimiento partidario y retos de organización
La actualización del padrón constituye una etapa importante para el PRM en sus esfuerzos por consolidar su estructura organizativa y ampliar su base de afiliación.
No obstante, el número de inscritos en una organización política no representa necesariamente su caudal electoral, debido a que la afiliación partidaria y el comportamiento de los votantes responden a dinámicas diferentes.
En ese contexto, el desafío para la organización será mantener actualizados sus registros, garantizar la calidad de la información incorporada y promover mecanismos efectivos de participación interna.
Las cifras difundidas corresponden al balance ofrecido por el propio PRM y no constituyen una auditoría independiente de su padrón.
Inscripciones permanecerán abiertas
La dirigencia informó que el proceso de incorporación de nuevos miembros continuará habilitado a través de su plataforma digital, como parte de los esfuerzos dirigidos a mantener actualizado el registro de afiliados.
Con esta jornada, el partido oficialista busca fortalecer su organización territorial y desarrollar nuevos mecanismos de vinculación con sus integrantes, en un escenario donde la participación ciudadana, la transparencia y la institucionalidad interna siguen siendo elementos relevantes para el funcionamiento de las organizaciones políticas.