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Caso Jet Set: representante de víctimas cuestiona apelación de los Espaillat y defiende revisión del dolo eventual
El abogado Juan Tomás Vargas de Camps sostiene que la resolución que modificó la calificación jurídica no puso fin al proceso penal. La defensa de los imputados alega violaciones al debido proceso y solicita la anulación de la decisión.
SANTO DOMINGO, RD. – El abogado Juan Tomás Vargas de Camps, representante legal de una de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, solicitó que sea declarado inadmisible el recurso de apelación presentado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del expediente para incorporar la figura del dolo eventual.
El jurista argumentó que la resolución impugnada no constituye una sentencia condenatoria ni absolutoria, tampoco concluye el proceso judicial, sino que permite continuar el conocimiento de los hechos ante un tribunal colegiado.
Durante una entrevista en el programa Reseñas, Vargas de Camps explicó que, desde su interpretación jurídica, la apelación no reúne las condiciones de admisibilidad necesarias, debido a la naturaleza procesal de la decisión recurrida.
Defensa de los Espaillat denuncia vulneración de derechos
Los abogados de Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera solicitaron a la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar y declarar nula la resolución que modificó la calificación jurídica de los hechos investigados.
Entre sus argumentos figuran alegadas violaciones al principio de legalidad penal, la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.
La controversia gira en torno a si la decisión judicial podía ser impugnada inmediatamente y si durante el procedimiento se garantizaron las oportunidades necesarias para que todas las partes presentaran sus argumentos.
Vargas de Camps rechazó los señalamientos de la defensa y afirmó que los abogados de los imputados conocieron la solicitud de modificación y tuvieron oportunidad de responder antes de que el magistrado adoptara su decisión.
No obstante, los representantes legales de los Espaillat sostienen que se produjeron irregularidades procesales que justifican la intervención de la Corte.
La decisión sobre la admisibilidad y, de corresponder, sobre el fondo de la apelación dependerá del tribunal competente.
Dolo eventual abre debate sobre la responsabilidad penal
Uno de los aspectos más importantes del caso es la discusión sobre la posible existencia de dolo eventual en los acontecimientos que provocaron el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridas, convirtiéndose en uno de los sucesos más dolorosos registrados en la historia reciente de la República Dominicana.
Inicialmente, el proceso se desarrollaba bajo una calificación relacionada con el homicidio involuntario. Sin embargo, durante las actuaciones judiciales surgieron planteamientos para examinar los hechos desde una perspectiva penal distinta.
En términos jurídicos, el debate sobre el dolo eventual se relaciona con la posibilidad de atribuir responsabilidad dolosa cuando una persona se representa un resultado ilícito y, pese a ello, actúa aceptando su eventual producción.
Esta figura se diferencia de la imprudencia o negligencia, aunque su delimitación constituye una cuestión compleja que exige examinar las circunstancias concretas, los elementos subjetivos y las pruebas incorporadas al expediente.
La modificación de una calificación jurídica no significa, por sí misma, que se haya demostrado la existencia de dolo eventual ni que los imputados sean culpables.
Esa determinación deberá realizarse mediante una decisión judicial sustentada en las pruebas y en el respeto de las garantías procesales.
Testigos, peritajes y documentos forman parte del expediente
Vargas de Camps explicó que, antes de adoptar la decisión cuestionada, el magistrado escuchó aproximadamente 15 testigos y tres peritos, además de conocer distintos elementos documentales.
Entre las evidencias mencionadas por el jurista figuran comunicaciones de WhatsApp y materiales audiovisuales incorporados al proceso.
Según su apreciación, esos elementos permitieron al juez considerar que las circunstancias investigadas podían requerir una valoración jurídica distinta de la inicialmente planteada.
El abogado insistió en que la decisión solamente abre la posibilidad de discutir esa calificación durante el juicio y no representa una conclusión definitiva sobre los hechos.
De igual manera, destacó que la valoración de las pruebas deberá realizarse conforme a los principios que rigen el proceso penal dominicano.
Responsabilidad individual de los imputados
Otro elemento destacado por el representante de las víctimas es la necesidad de establecer separadamente la eventual responsabilidad penal de cada uno de los hermanos Espaillat.
Desde el punto de vista jurídico, la vinculación de dos personas con una misma empresa o establecimiento comercial no significa automáticamente que ambas deban responder penalmente por los mismos hechos.
Para una eventual condena, corresponderá a la acusación demostrar las conductas atribuidas a cada imputado, su relación con los acontecimientos y los elementos necesarios para configurar el delito correspondiente.
Esto implica examinar las funciones ejercidas, las decisiones adoptadas, el conocimiento de los riesgos y las obligaciones concretas que pudieran corresponder a cada persona.
La responsabilidad penal es personal y debe establecerse mediante pruebas suficientes, sin presumir culpabilidad por vínculos familiares, empresariales o administrativos.
Juicio de fondo comenzará el 10 de diciembre
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 10 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, el inicio del juicio de fondo contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera.
El tribunal, presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, recibió el expediente después de que el juez Franny González Castillo modificara la calificación jurídica y declinara su competencia.
La decisión de remitir el caso al tribunal colegiado abrió una nueva etapa procesal, en la cual deberán examinarse las pruebas, los argumentos de las acusaciones y los planteamientos de las defensas.
Durante el juicio, el Ministerio Público y los abogados querellantes tendrán la responsabilidad de sustentar sus imputaciones, mientras que los acusados podrán ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción.
La audiencia fijada podría verse afectada por decisiones pendientes sobre los recursos interpuestos.
Seguridad de establecimientos y deber de prevención
El proceso también plantea interrogantes de interés público sobre las obligaciones de quienes administran establecimientos destinados a recibir grandes concentraciones de personas.
La existencia de mecanismos de supervisión estructural, mantenimiento preventivo, identificación de riesgos y cumplimiento de normas de seguridad constituye un aspecto fundamental para proteger la integridad de empleados, clientes y visitantes.
Vargas de Camps considera que el proceso podría contribuir a delimitar el alcance de las obligaciones de propietarios y administradores frente a situaciones que representen peligro para la vida humana.
Sin embargo, cualquier responsabilidad penal deberá establecerse conforme a las disposiciones legales aplicables a los hechos y a las circunstancias particulares acreditadas durante el juicio.
Un proceso observado por la sociedad dominicana
La tragedia del Jet Set continúa generando atención nacional debido a la magnitud de las pérdidas humanas y a las interrogantes sobre las circunstancias que hicieron posible el colapso del establecimiento.
La discusión en torno al dolo eventual representa una de las cuestiones jurídicas más relevantes del expediente, especialmente por sus implicaciones sobre la calificación de los hechos y el alcance de la eventual responsabilidad penal.
Mientras los representantes de las víctimas reclaman que el proceso avance hacia una decisión definitiva, la defensa de los Espaillat insiste en que deben respetarse las garantías constitucionales y procesales de sus representados.
Ambas cuestiones —el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho de los imputados a un proceso con todas las garantías— forman parte de las obligaciones del sistema judicial.
El desafío para los tribunales será determinar, mediante una valoración rigurosa de las pruebas, si los hechos constituyeron una conducta imprudente o si existen elementos jurídicos suficientes para establecer una responsabilidad penal dolosa, sin anticipar conclusiones sobre la culpabilidad de los procesados.
El alto tribunal determinó que la resolución impugnada no puso fin al proceso penal. Mientras tanto, el Ministerio Público se prepara para defender su apelación contra el no ha lugar que favoreció a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
SANTO DOMINGO, RD. – El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el recurso de revisión constitucional presentado por el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo Terrero, contra la decisión judicial que rechazó apartar a la magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz del conocimiento del denominado caso Calamar, expediente relacionado con presuntos actos de corrupción administrativa.
La decisión, adoptada el 1 de septiembre de 2026 y divulgada recientemente, establece que la resolución cuestionada no reunía las condiciones necesarias para ser examinada mediante el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, debido a que resolvía un incidente procesal sin poner término definitivo al litigio.
Defensa había cuestionado la imparcialidad de la magistrada
La controversia surgió cuando la defensa de Castillo solicitó la recusación de la jueza Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, alegando presuntas irregularidades en el manejo del proceso y cuestionamientos relacionados con las garantías del debido proceso.
A esa solicitud se sumaron representantes legales de otros imputados, entre ellos los vinculados a los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
Sin embargo, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación mediante la Resolución núm. 502-01-2025-SRES-00136, del 30 de abril de 2025.
El tribunal de alzada consideró que la magistrada había actuado dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
En desacuerdo con esa decisión, las defensas acudieron al Tribunal Constitucional, argumentando que la corte no examinó adecuadamente sus planteamientos ni las pruebas presentadas para sustentar la recusación.
También cuestionaron la motivación de la resolución, al considerar que los jueces no ofrecieron explicaciones suficientes para justificar el rechazo de sus argumentos.
TC establece límites de la revisión constitucional
Al examinar el expediente, el Tribunal Constitucional determinó que el recurso no cumplía con los presupuestos de admisibilidad exigidos para revisar decisiones jurisdiccionales.
El organismo recordó que esta vía extraordinaria requiere, entre otras condiciones, que la resolución impugnada tenga carácter definitivo y que el Poder Judicial haya quedado desapoderado del asunto.
En el presente caso, la controversia se relacionaba con una recusación judicial, considerada una cuestión incidental dentro de un proceso penal todavía en desarrollo.
Por consiguiente, el TC concluyó que no correspondía admitir el recurso, acogiendo la petición formulada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La inadmisibilidad no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, ni implica que el Tribunal Constitucional haya decidido el fondo de los cuestionamientos formulados contra la magistrada.
Su decisión se concentra en los requisitos procesales que regulan el acceso a la revisión constitucional.
Jueza posteriormente favoreció a Castillo y Peralta
Un elemento significativo del desarrollo judicial es que la magistrada cuya imparcialidad había sido cuestionada terminó dictando un auto de no ha lugar en favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
Mediante esa resolución, el Cuarto Juzgado de la Instrucción rechazó la acusación del Ministerio Público contra ambos exfuncionarios durante la etapa preliminar del proceso.
Esta decisión impidió su envío a juicio de fondo en esa fase, aunque no cerró definitivamente la controversia judicial, debido a que el órgano acusador interpuso un recurso de apelación.
En consecuencia, será la jurisdicción de segundo grado la encargada de determinar si el fallo que favoreció a los exministros debe mantenerse o ser modificado conforme a los argumentos y elementos procesales sometidos a su consideración.
Apelación será conocida el 16 de noviembre
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene programada para el próximo 16 de noviembre de 2026 la primera audiencia del recurso presentado por el Ministerio Público contra el no ha lugar.
La audiencia representa una nueva etapa en el proceso judicial, pues permitirá examinar los cuestionamientos del órgano persecutor contra la decisión que excluyó a Castillo y Peralta del juicio de fondo.
En tanto, más de treinta imputados fueron enviados a juicio por su presunta vinculación con los hechos investigados en el caso Calamar, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero.
Las acusaciones están relacionadas con un supuesto entramado de corrupción administrativa y manejo irregular de recursos públicos, hechos que deberán ser establecidos mediante las actuaciones judiciales correspondientes.
Una decisión con importancia para el procedimiento constitucional
Desde el punto de vista jurídico, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional reafirma la distinción entre las resoluciones que deciden incidentes durante un proceso y aquellas que ponen término definitivo a una controversia judicial.
Esta diferenciación resulta esencial para comprender el alcance del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, que no está concebido para sustituir los mecanismos ordinarios de impugnación ni para intervenir indiscriminadamente en todas las actuaciones de los tribunales.
Asimismo, el caso vuelve a colocar en el debate jurídico la importancia de la motivación de las decisiones judiciales, el derecho al juez imparcial y las garantías del debido proceso.
La independencia de los jueces, la posibilidad de cuestionar actuaciones cuando existan fundamentos jurídicos y el respeto a las vías procesales constituyen aspectos esenciales del sistema de administración de justicia.
Con la inadmisibilidad del recurso constitucional, queda concluida esta impugnación específica contra la resolución que mantuvo a la magistrada en el expediente, mientras continúa pendiente la apelación sobre el no ha lugar que favoreció a los dos exministros.
El próximo 16 de noviembre será una fecha importante para el desarrollo del caso Calamar, cuando la Corte de Apelación examine el recurso del Ministerio Público y determine el curso procesal de las acusaciones rechazadas en la fase preliminar.
El organismo presidido por Luis Abinader retomará este lunes las deliberaciones para seleccionar nuevos magistrados y abordar la presidencia del alto tribunal, en medio de expectativas sobre la independencia judicial, la transparencia y los méritos de los aspirantes.
SANTO DOMINGO, RD. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) celebrará este lunes 2 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, una sesión en el Palacio Nacional para continuar el proceso de escogencia de seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuya renovación constituye una de las decisiones institucionales más importantes para el sistema judicial dominicano.
La reunión será encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de titular del CNM, y tendrá lugar después de la conclusión de las vistas públicas en las que fueron evaluados los profesionales del derecho que aspiran a formar parte del máximo tribunal del Poder Judicial.
Seis posiciones pendientes de designación
Entre las plazas que deberán ser cubiertas figura la correspondiente al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, cuyo período se encuentra dentro del proceso de renovación.
También están pendientes las posiciones ocupadas por Nancy Salcedo Fernández, Ramón Herrera Carbuccia y María Garabito, quienes decidieron no aspirar a un nuevo período.
A estas se suman las vacantes correspondientes a Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta, quienes fueron evaluados por el organismo, pero no recibieron la ratificación para continuar en sus funciones.
La renovación de estas seis plazas permitirá completar la composición de la alta corte y definir una nueva etapa en su dirección institucional.
Presidencia de la Suprema, una decisión de especial trascendencia
Uno de los asuntos que concentra mayor atención es la definición de quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, posición fundamental para la dirección administrativa e institucional del Poder Judicial.
La escogencia tendrá consecuencias relevantes para la continuidad de las políticas de modernización judicial, la gestión de los tribunales y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
Diversos sectores jurídicos y organizaciones de la sociedad civil han expresado interés en que el proceso privilegie la trayectoria profesional, la independencia, la capacidad técnica y la integridad de los aspirantes.
Entre las propuestas planteadas en el debate público se encuentra que la presidencia del alto tribunal sea ocupada por un magistrado proveniente de la carrera judicial, así como una mayor representación femenina en las vacantes disponibles.
No obstante, corresponderá al Consejo adoptar sus decisiones conforme a los requisitos constitucionales y legales aplicables.
Deliberaciones aplazadas
La reunión se produce después de que el CNM pospusiera las deliberaciones previstas durante octubre, lo que prolongó la espera por las designaciones.
Las vistas públicas se desarrollaron durante la semana del 5 al 9 de octubre, como parte del procedimiento de evaluación de los aspirantes.
Previamente, el organismo había avanzado en la revisión del desempeño de magistrados que podían optar por un nuevo período y en la determinación de las vacantes que debían cubrirse.
Con la convocatoria de este lunes, el Consejo retoma una etapa determinante, aunque la celebración de la sesión no garantiza que todas las designaciones sean anunciadas ese mismo día.
Proceso sustentado en la legislación vigente
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, explicó que la convocatoria fue realizada en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento núm. 1-25, relativo a la aplicación de la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley núm. 1-25.
Esta disposición establece que corresponde al presidente de la República, en su condición de presidente del organismo, convocar las reuniones y especificar el objeto de cada sesión.
Peralta aseguró que el Consejo mantiene su compromiso de desarrollar un procedimiento organizado, transparente y ajustado a las normas que regulan su funcionamiento.
Independencia judicial y confianza ciudadana
Más allá de los nombres que finalmente sean seleccionados, el proceso representa una oportunidad para examinar la importancia de la independencia judicial y de los mecanismos de designación de quienes administran justicia desde las más altas instancias del Estado.
La Suprema Corte de Justicia desempeña funciones esenciales dentro del ordenamiento jurídico dominicano, particularmente en la interpretación y aplicación de las leyes y en el conocimiento de los asuntos atribuidos a su competencia.
Por esta razón, la selección de sus integrantes tiene implicaciones que trascienden el ámbito de los profesionales del derecho y alcanzan directamente a los ciudadanos que acuden a los tribunales en procura de protección de sus derechos.
La transparencia en las evaluaciones, la motivación de las decisiones y la valoración objetiva de los méritos profesionales constituyen elementos importantes para fortalecer la legitimidad del proceso.
Asimismo, el debate sobre la participación de jueces de carrera, la representación de las mujeres y la diversidad de experiencias jurídicas plantea interrogantes sobre el perfil institucional que tendrá la Suprema Corte durante los próximos años.
Expectativas ante las decisiones del CNM
La sesión de este lunes genera expectativas dentro de la comunidad jurídica nacional, debido a que sus resultados podrían producir cambios significativos en la composición y dirección del máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial.
Las designaciones también representarán una prueba para los mecanismos institucionales de selección, cuyo propósito debe ser garantizar que los magistrados respondan a las exigencias de capacidad, integridad e independencia propias de la función judicial.
El desafío para el Consejo Nacional de la Magistratura será adoptar decisiones debidamente fundamentadas que contribuyan a fortalecer la confianza pública en la justicia dominicana.
La importancia de esta renovación no radica solamente en quiénes ocuparán los seis puestos disponibles, sino en la capacidad del proceso para consolidar una Suprema Corte de Justicia independiente, competente y comprometida con el Estado de derecho.
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Indomet pronostica disminución de las lluvias este sábado, pero advierte sobre chubascos y tronadas en varias provincias
Una masa de aire con menor contenido de humedad favorecerá condiciones meteorológicas más estables durante la mañana, aunque la incidencia de una vaguada provocará nuevas precipitaciones en horas de la tarde.
Santo Domingo, República Dominicana.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias disminuirán en intensidad y frecuencia durante este sábado 31 de octubre de 2026, debido a la influencia de una masa de aire con menor contenido de humedad sobre el territorio nacional.
Sin embargo, el organismo advirtió que persistirán condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos locales, aguaceros aislados y tronadas ocasionales en distintas provincias, principalmente durante las horas de la tarde.
De acuerdo con el informe meteorológico, las primeras precipitaciones podrían registrarse en localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y El Seibo, así como en áreas del mar Caribe.
Posteriormente, la actividad lluviosa podría extenderse hacia el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal, además de sectores de la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.
Vaguada continuará influyendo sobre las condiciones del tiempo
El Indomet explicó que las precipitaciones estarán asociadas al arrastre de nubosidad generado por los vientos del este y noreste, en combinación con la incidencia de una vaguada que continúa afectando las condiciones atmosféricas del país.
Aunque se espera una reducción generalizada de las lluvias respecto a jornadas anteriores, las condiciones meteorológicas podrían experimentar variaciones durante la tarde.
Los chubascos y las tronadas ocasionales podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche, especialmente en localidades montañosas y sectores donde se produzcan mayores concentraciones de nubosidad.
Gran Santo Domingo registrará lluvias durante la tarde
Para el Distrito Nacional, el organismo meteorológico prevé nubes dispersas durante las primeras horas del día, seguidas de incrementos nubosos que podrían generar chubascos o aguaceros puntuales acompañados de tronadas ocasionales.
En Santo Domingo Norte se esperan condiciones similares, con posibilidad de lluvias locales durante la tarde.
Mientras tanto, en Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este también podrían producirse precipitaciones aisladas y episodios de actividad eléctrica.
Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones atmosféricas, particularmente en sectores donde las lluvias recientes hayan provocado acumulaciones de agua.
Temperaturas continuarán calurosas
A pesar de la disminución gradual de las temperaturas máximas, el Indomet informó que el ambiente permanecerá caluroso en gran parte del territorio dominicano.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 y 23 grados Celsius, mientras que las máximas estarán comprendidas entre 30 y 32 grados.
Ante estas condiciones, el organismo recomendó ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Prevén incremento de las precipitaciones para el domingo
Para este domingo 1 de noviembre, los pronósticos indican que las lluvias podrían aumentar nuevamente debido a la combinación de una vaguada y el arrastre de humedad generado por los vientos.
Durante la tarde podrían registrarse aguaceros de moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.
Entre las zonas con probabilidades de nuevas precipitaciones figuran sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.
Aunque este sábado presenta una disminución de las precipitaciones, el Indomet exhorta a la ciudadanía a no descuidar las medidas preventivas y mantenerse atenta a los boletines meteorológicos, especialmente ante el pronóstico de nuevas lluvias para el domingo.