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Justiniano Montero es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia.
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia defendió su trayectoria de 28 años en el sistema judicial, destacó los avances en la reducción de los tiempos de respuesta y advirtió sobre los riesgos del uso indiscriminado de la inteligencia artificial en los tribunales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El magistrado Justiniano Montero Montero fue escogido este lunes 2 de noviembre como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), luego de una evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), durante la cual expuso su visión sobre los principales desafíos del sistema judicial dominicano.
Durante una comparecencia de aproximadamente 50 minutos, Montero presentó los resultados de su gestión, defendió la importancia de la independencia judicial y planteó la necesidad de fortalecer la ética, agilizar los procesos y aprovechar las herramientas tecnológicas sin comprometer el papel fundamental de los jueces.
El nuevo titular del máximo tribunal ordinario cuenta con 28 años de experiencia en la administración de justicia, de los cuales siete corresponden a su desempeño en la Suprema Corte.
Graduado de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1990, inició su carrera judicial como juez de paz en 1998 y posteriormente ocupó distintas responsabilidades dentro del Poder Judicial.
Destaca productividad y reducción de retrasos judiciales
Uno de los aspectos centrales de su exposición fue la necesidad de enfrentar la mora judicial, considerada uno de los principales obstáculos para garantizar una justicia oportuna y efectiva.
Montero informó que, desde abril de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte ha emitido 27,482 decisiones, de las cuales participó como ponente en 7,108, equivalentes aproximadamente al 26 %.
También resaltó los resultados alcanzados desde que asumió la presidencia de esa sala, en enero de 2026, particularmente en expedientes relacionados con arbitraje, embargos inmobiliarios, referimientos, asuntos familiares y particiones.
Según explicó, el tiempo de respuesta en determinados procesos de arbitraje se redujo de 162 a 28 días, mientras que las solicitudes de suspensión pasaron de 60 a 11 días.
El magistrado sostuvo que una administración judicial eficiente no debe limitarse a producir sentencias, sino garantizar que las decisiones lleguen oportunamente a quienes procuran justicia.
Asimismo, destacó la implementación de mecanismos digitales que permiten remitir automáticamente las sentencias a los correos electrónicos de los abogados, reduciendo las demoras administrativas que anteriormente podían extenderse durante varias semanas.
Independencia judicial y desafíos de la inteligencia artificial
Durante el intercambio con los integrantes del CNM, Montero abordó los riesgos que representa la utilización de inteligencia artificial en la administración de justicia.
Ante una pregunta de la magistrada Nancy Salcedo Fernández, sostuvo que el principio del juez natural debe mantenerse como una garantía innegociable del sistema judicial.
Advirtió que las herramientas de inteligencia artificial pueden producir informaciones falsas con apariencia de veracidad, razón por la cual su utilización debe estar sometida al control humano y a criterios rigurosos de responsabilidad.
Su planteamiento apunta a que la transformación digital facilite el trabajo de los tribunales, sin sustituir la valoración jurídica, la independencia de criterio ni la sensibilidad humana que exige la función jurisdiccional.
Ética judicial como fundamento de la confianza pública
Otro de los temas relevantes de su evaluación fue el fortalecimiento de la ética dentro del Poder Judicial.
Montero, quien ha desarrollado una amplia trayectoria en la formación ética de jueces y servidores judiciales, defendió la importancia de promover una cultura institucional sustentada en la integridad, la transparencia y el respeto a las normas.
Al responder una pregunta del presidente Luis Abinader, planteó la necesidad de fortalecer la enseñanza de la ética en la Escuela Nacional de la Judicatura y extender esa formación a otros actores del sistema de justicia.
También se refirió a la utilización de redes sociales por parte de los magistrados, señalando que su participación en estos espacios debe mantenerse dentro de parámetros de prudencia y responsabilidad.
Aborda controversias jurídicas y criterios constitucionales
Durante su evaluación, el nuevo presidente de la Suprema Corte también respondió preguntas relacionadas con el interés casacional, el control difuso de constitucionalidad y la relación entre los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional.
Sobre el interés casacional, explicó que constituye un mecanismo para delimitar los asuntos que pueden ser examinados por la Suprema Corte, conforme a los requisitos legales establecidos.
En cuanto al control constitucional, distinguió entre los efectos de una decisión que declara inconstitucional una disposición legal y aquellos casos en los que el Tribunal Constitucional rechaza una acción directa, manteniendo vigente la norma cuestionada.
Asimismo, recordó algunos de sus votos particulares, entre ellos uno relacionado con la imprescriptibilidad de determinadas acciones sobre inmuebles registrados.
Una nueva etapa para la Suprema Corte
La designación de Justiniano Montero se produce en un contexto en el que la sociedad dominicana continúa reclamando mayor celeridad judicial, decisiones oportunas, transparencia y fortalecimiento de la confianza en las instituciones.
Junto con la elección del nuevo presidente, el Consejo Nacional de la Magistratura designó a seis nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia: Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.
La nueva composición del tribunal representa una oportunidad para impulsar transformaciones institucionales y consolidar los mecanismos de acceso a la justicia.
El principal desafío de Montero será convertir los resultados que presentó durante su evaluación en mejoras sostenibles para todo el sistema judicial, especialmente en materia de reducción de retrasos, calidad de las decisiones y garantía de los derechos fundamentales.
Su gestión será evaluada no solamente por la cantidad de sentencias dictadas, sino por la capacidad de la justicia dominicana para responder con independencia, transparencia y eficacia a las necesidades de los ciudadanos.
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Suprema Corte incorpora seis nuevos jueces, pero representación femenina permanece por debajo del 30 %
Cinco de los magistrados seleccionados provienen de la carrera judicial y tres son mujeres. La renovación del máximo tribunal mantiene abierta la discusión sobre la participación femenina en los principales órganos de justicia del país.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó este lunes 2 de noviembre a seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un proceso de renovación que fortalece la presencia de jueces de carrera, pero mantiene la representación femenina por debajo de un tercio de la composición del máximo tribunal ordinario.
De los seis magistrados seleccionados, cinco cuentan con trayectoria dentro del Poder Judicial, mientras que una procede del ejercicio privado de la abogacía y la docencia universitaria.
La elección incluye a tres mujeres y tres hombres, con lo cual la Suprema Corte tendrá cinco magistradas entre sus 17 integrantes, equivalentes al 29.4 % del total.
Aunque esta composición restablece el número de mujeres que tenía el tribunal antes del proceso de renovación, no representa un incremento de su participación porcentual, pese a las propuestas de distintos sectores que planteaban una mayor presencia femenina.
Experiencia judicial predomina entre los seleccionados
Los nuevos integrantes de la Suprema Corte proceden de distintas jurisdicciones y especialidades del derecho, incluyendo las materias penal, civil, comercial, administrativa y de familia.
Entre los designados figura Julio César Emilio Canó Alfau, quien presidía la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y acumula más de cuatro décadas de trayectoria en la administración de justicia.
También fue seleccionada Antonia Josefina Grullón Blandino, magistrada de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes del Distrito Nacional, cuya experiencia se concentra en asuntos relacionados con la protección de menores y conflictos familiares.
Otro de los escogidos es Amauri Antonio Pimentel Fabián, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega.
A la lista se suma Arelis Socorro Ricourt Gómez, quien presidía la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, así como Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, procedente de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo.
La sexta integrante es Ylona María de la Rocha Camilo, profesional del derecho vinculada al ejercicio privado y a la enseñanza universitaria en Santiago de los Caballeros.
Su incorporación representa la participación de profesionales externos a la carrera judicial en la integración del máximo tribunal.
Constitución establece equilibrio en la procedencia de los jueces
La selección de los nuevos magistrados se enmarca en las disposiciones del artículo 180 de la Constitución dominicana, que establece criterios para la integración de la Suprema Corte de Justicia.
La disposición constitucional contempla que las tres cuartas partes de sus integrantes procedan del sistema de carrera judicial, mientras que la cuarta parte restante puede ser seleccionada entre profesionales del derecho, académicos y miembros del Ministerio Público.
Este mecanismo procura combinar la experiencia acumulada en el ejercicio de la judicatura con conocimientos provenientes de otros ámbitos de la práctica jurídica.
La procedencia de cinco de los seis nuevos miembros de la carrera judicial refleja el peso otorgado a la experiencia jurisdiccional en el proceso de selección.
Participación femenina continúa siendo un desafío
Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es la proporción de mujeres dentro de la nueva composición de la Suprema Corte.
A pesar de que tres de las seis personas seleccionadas son magistradas, la representación femenina global permanecerá en un 29.4 %, frente a un 70.6 % correspondiente a los hombres.
Durante el proceso de evaluación y selección, representantes de organizaciones de la sociedad civil y sectores vinculados al sistema judicial habían planteado la conveniencia de aumentar el número de mujeres designadas.
La discusión sobre la participación femenina en los órganos superiores de justicia forma parte de un debate más amplio sobre igualdad de oportunidades, representación institucional y acceso a posiciones de dirección dentro del Estado.
Justiniano Montero encabezará la nueva etapa
La renovación de la Suprema Corte coincide con la elección de Justiniano Montero Montero como nuevo presidente del tribunal, en sustitución de Luis Henry Molina.
Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura designó a Diomede Ydelfo Villalona Guerrero como primer sustituto del presidente y a Arelis Socorro Ricourt Gómez como segunda sustituta.
Con estas designaciones, el máximo tribunal inicia una nueva etapa institucional marcada por expectativas relacionadas con la reducción de la mora judicial, la modernización de sus procedimientos, la independencia de los jueces y el fortalecimiento de la seguridad jurídica.
Los magistrados seleccionados deberán ser juramentados el próximo 10 de noviembre, antes de asumir formalmente sus nuevas responsabilidades.
La renovación de la Suprema Corte no solamente supone un cambio en su integración, sino también una oportunidad para examinar los desafíos pendientes en materia de eficiencia, acceso a la justicia y confianza ciudadana.
La verdadera dimensión de esta nueva composición se reflejará en la calidad de sus decisiones, el respeto a las garantías constitucionales y la capacidad del tribunal para responder a las demandas de una sociedad que reclama una justicia independiente, transparente y oportuna.
Los magistrados exhortaron a Smaily Rodríguez a respetar las decisiones judiciales y garantizar los derechos fundamentales, al tiempo que recordaron que el Ministerio Público también tiene la responsabilidad de proteger las libertades de los ciudadanos.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Tribunal Constitucional (TC) hizo un llamado de atención a la fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, por situaciones relacionadas con el presunto incumplimiento de decisiones judiciales, durante una audiencia pública celebrada el pasado viernes 30 de octubre.
Los magistrados insistieron en que el respeto a las sentencias constituye una obligación fundamental de las autoridades públicas y una condición indispensable para preservar la seguridad jurídica y el Estado de derecho.
La comparecencia de Rodríguez se produjo luego de que el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, ordenara su conducencia ante la alta corte, tras no presentarse a una audiencia convocada para el 26 de octubre, sin que se informara una justificación para su ausencia.
Jueces cuestionan resistencia al cumplimiento de decisiones
Durante la audiencia, la magistrada Alba Luisa Beard Marcos expresó su preocupación por situaciones en las que decisiones judiciales relacionadas con procesos conocidos en la provincia Duarte no habrían sido ejecutadas.
La jueza hizo referencia a nueve casos en los que había intervenido y respecto de los cuales señaló dificultades relacionadas con el cumplimiento de las decisiones de los tribunales.
Beard Marcos exhortó a la representante del Ministerio Público a reflexionar sobre la importancia de respetar las resoluciones judiciales, independientemente de que las autoridades compartan o no su contenido.
En ese sentido, recordó que la fortaleza del sistema democrático depende de que las instituciones respeten los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
La libertad personal debe garantizarse
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, recordó que las decisiones judiciales mantienen sus efectos mientras no hayan sido revocadas o modificadas por los mecanismos legalmente establecidos.
El magistrado enfatizó que las autoridades encargadas de ejecutar las sentencias no pueden supeditar su cumplimiento a criterios personales o desacuerdos con lo decidido por los tribunales.
Asimismo, solicitó que el Ministerio Público incluya información precisa sobre la situación de los imputados en los expedientes remitidos al Tribunal Constitucional, particularmente cuando se trate de personas privadas de libertad.
Estévez Lavandier subrayó que la protección de la libertad individual constituye una responsabilidad esencial de la jurisdicción constitucional y que cualquier dificultad para ejecutar una orden judicial debe abordarse conforme a los procedimientos legales.
Recuerdan doble responsabilidad del Ministerio Público
La magistrada Sonia Díaz también intervino para destacar que las funciones del Ministerio Público no se limitan a investigar y perseguir infracciones penales.
Explicó que, como representante de la sociedad, esa institución tiene igualmente el deber de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas sometidas a procesos judiciales.
Su intervención puso de relieve la necesidad de mantener un equilibrio entre la persecución penal y la protección de las garantías constitucionales, especialmente cuando están comprometidos derechos como la libertad personal y el debido proceso.
Antecedentes del expediente
La comparecencia de la fiscal estuvo vinculada al expediente TC-05-2023-0240, correspondiente a un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo.
El proceso tiene como antecedente la sentencia número 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte.
Durante el conocimiento del asunto, las intervenciones de los magistrados estuvieron orientadas a recordar la obligatoriedad de las decisiones jurisdiccionales y las responsabilidades constitucionales de los funcionarios encargados de ejecutarlas.
Un llamado al respeto de la autoridad judicial
El episodio coloca nuevamente en el debate público la importancia de garantizar que las sentencias sean ejecutadas oportunamente, especialmente cuando involucran derechos fundamentales.
En un Estado social y democrático de derecho, las decisiones judiciales no pueden quedar sujetas a la voluntad de los funcionarios responsables de cumplirlas, pues ello comprometería la eficacia de la tutela judicial y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Las observaciones formuladas por los jueces del Tribunal Constitucional constituyen una advertencia institucional sobre la necesidad de fortalecer el cumplimiento de las resoluciones judiciales y preservar el equilibrio entre las facultades del Ministerio Público y las garantías individuales.
El mensaje central de los magistrados fue que ninguna autoridad está por encima de las decisiones de los tribunales y que el respeto a la justicia debe prevalecer incluso cuando sus resoluciones resulten contrarias a los intereses o criterios de quienes tienen la obligación de ejecutarlas.
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Caso Jet Set: representante de víctimas cuestiona apelación de los Espaillat y defiende revisión del dolo eventual
El abogado Juan Tomás Vargas de Camps sostiene que la resolución que modificó la calificación jurídica no puso fin al proceso penal. La defensa de los imputados alega violaciones al debido proceso y solicita la anulación de la decisión.
SANTO DOMINGO, RD. – El abogado Juan Tomás Vargas de Camps, representante legal de una de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, solicitó que sea declarado inadmisible el recurso de apelación presentado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del expediente para incorporar la figura del dolo eventual.
El jurista argumentó que la resolución impugnada no constituye una sentencia condenatoria ni absolutoria, tampoco concluye el proceso judicial, sino que permite continuar el conocimiento de los hechos ante un tribunal colegiado.
Durante una entrevista en el programa Reseñas, Vargas de Camps explicó que, desde su interpretación jurídica, la apelación no reúne las condiciones de admisibilidad necesarias, debido a la naturaleza procesal de la decisión recurrida.
Defensa de los Espaillat denuncia vulneración de derechos
Los abogados de Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera solicitaron a la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar y declarar nula la resolución que modificó la calificación jurídica de los hechos investigados.
Entre sus argumentos figuran alegadas violaciones al principio de legalidad penal, la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.
La controversia gira en torno a si la decisión judicial podía ser impugnada inmediatamente y si durante el procedimiento se garantizaron las oportunidades necesarias para que todas las partes presentaran sus argumentos.
Vargas de Camps rechazó los señalamientos de la defensa y afirmó que los abogados de los imputados conocieron la solicitud de modificación y tuvieron oportunidad de responder antes de que el magistrado adoptara su decisión.
No obstante, los representantes legales de los Espaillat sostienen que se produjeron irregularidades procesales que justifican la intervención de la Corte.
La decisión sobre la admisibilidad y, de corresponder, sobre el fondo de la apelación dependerá del tribunal competente.
Dolo eventual abre debate sobre la responsabilidad penal
Uno de los aspectos más importantes del caso es la discusión sobre la posible existencia de dolo eventual en los acontecimientos que provocaron el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridas, convirtiéndose en uno de los sucesos más dolorosos registrados en la historia reciente de la República Dominicana.
Inicialmente, el proceso se desarrollaba bajo una calificación relacionada con el homicidio involuntario. Sin embargo, durante las actuaciones judiciales surgieron planteamientos para examinar los hechos desde una perspectiva penal distinta.
En términos jurídicos, el debate sobre el dolo eventual se relaciona con la posibilidad de atribuir responsabilidad dolosa cuando una persona se representa un resultado ilícito y, pese a ello, actúa aceptando su eventual producción.
Esta figura se diferencia de la imprudencia o negligencia, aunque su delimitación constituye una cuestión compleja que exige examinar las circunstancias concretas, los elementos subjetivos y las pruebas incorporadas al expediente.
La modificación de una calificación jurídica no significa, por sí misma, que se haya demostrado la existencia de dolo eventual ni que los imputados sean culpables.
Esa determinación deberá realizarse mediante una decisión judicial sustentada en las pruebas y en el respeto de las garantías procesales.
Testigos, peritajes y documentos forman parte del expediente
Vargas de Camps explicó que, antes de adoptar la decisión cuestionada, el magistrado escuchó aproximadamente 15 testigos y tres peritos, además de conocer distintos elementos documentales.
Entre las evidencias mencionadas por el jurista figuran comunicaciones de WhatsApp y materiales audiovisuales incorporados al proceso.
Según su apreciación, esos elementos permitieron al juez considerar que las circunstancias investigadas podían requerir una valoración jurídica distinta de la inicialmente planteada.
El abogado insistió en que la decisión solamente abre la posibilidad de discutir esa calificación durante el juicio y no representa una conclusión definitiva sobre los hechos.
De igual manera, destacó que la valoración de las pruebas deberá realizarse conforme a los principios que rigen el proceso penal dominicano.
Responsabilidad individual de los imputados
Otro elemento destacado por el representante de las víctimas es la necesidad de establecer separadamente la eventual responsabilidad penal de cada uno de los hermanos Espaillat.
Desde el punto de vista jurídico, la vinculación de dos personas con una misma empresa o establecimiento comercial no significa automáticamente que ambas deban responder penalmente por los mismos hechos.
Para una eventual condena, corresponderá a la acusación demostrar las conductas atribuidas a cada imputado, su relación con los acontecimientos y los elementos necesarios para configurar el delito correspondiente.
Esto implica examinar las funciones ejercidas, las decisiones adoptadas, el conocimiento de los riesgos y las obligaciones concretas que pudieran corresponder a cada persona.
La responsabilidad penal es personal y debe establecerse mediante pruebas suficientes, sin presumir culpabilidad por vínculos familiares, empresariales o administrativos.
Juicio de fondo comenzará el 10 de diciembre
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 10 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, el inicio del juicio de fondo contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera.
El tribunal, presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, recibió el expediente después de que el juez Franny González Castillo modificara la calificación jurídica y declinara su competencia.
La decisión de remitir el caso al tribunal colegiado abrió una nueva etapa procesal, en la cual deberán examinarse las pruebas, los argumentos de las acusaciones y los planteamientos de las defensas.
Durante el juicio, el Ministerio Público y los abogados querellantes tendrán la responsabilidad de sustentar sus imputaciones, mientras que los acusados podrán ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción.
La audiencia fijada podría verse afectada por decisiones pendientes sobre los recursos interpuestos.
Seguridad de establecimientos y deber de prevención
El proceso también plantea interrogantes de interés público sobre las obligaciones de quienes administran establecimientos destinados a recibir grandes concentraciones de personas.
La existencia de mecanismos de supervisión estructural, mantenimiento preventivo, identificación de riesgos y cumplimiento de normas de seguridad constituye un aspecto fundamental para proteger la integridad de empleados, clientes y visitantes.
Vargas de Camps considera que el proceso podría contribuir a delimitar el alcance de las obligaciones de propietarios y administradores frente a situaciones que representen peligro para la vida humana.
Sin embargo, cualquier responsabilidad penal deberá establecerse conforme a las disposiciones legales aplicables a los hechos y a las circunstancias particulares acreditadas durante el juicio.
Un proceso observado por la sociedad dominicana
La tragedia del Jet Set continúa generando atención nacional debido a la magnitud de las pérdidas humanas y a las interrogantes sobre las circunstancias que hicieron posible el colapso del establecimiento.
La discusión en torno al dolo eventual representa una de las cuestiones jurídicas más relevantes del expediente, especialmente por sus implicaciones sobre la calificación de los hechos y el alcance de la eventual responsabilidad penal.
Mientras los representantes de las víctimas reclaman que el proceso avance hacia una decisión definitiva, la defensa de los Espaillat insiste en que deben respetarse las garantías constitucionales y procesales de sus representados.
Ambas cuestiones —el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho de los imputados a un proceso con todas las garantías— forman parte de las obligaciones del sistema judicial.
El desafío para los tribunales será determinar, mediante una valoración rigurosa de las pruebas, si los hechos constituyeron una conducta imprudente o si existen elementos jurídicos suficientes para establecer una responsabilidad penal dolosa, sin anticipar conclusiones sobre la culpabilidad de los procesados.